Amenazas contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz
A la Campaña de desprestigio y la operación de persecución mediática en contra de defensores de derechos humanos, se suman las recientes amenazas en contra de Danilo Rueda, Padre Alberto Franco (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz) y Padre Javier Giraldo (director del Banco de Datos CINEP e integrante de base de la Comisión de Justicia y Paz).
Estas difamaciones guardan absoluta coincidencia con las operaciones adelantadas por el G3 en el 2003 y las operaciones del DAS con fecha de 2005, entre ellas, la Operación Transmilenio, Operación Europa, Operación Internet, Operación Intercambio, Operación Extranjeros.
Operaciones que pretenden: “neutralizar influencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Intercambio); “generar controversia en torno a las ONG, mediante la emisión de comunicados a través de la creación de las páginas” (Internet), este último evidente en el portal La Diáspora del Atrato.
A estos tres defensores de derechos humanos se les acusa de delitos inexistentes. A Danilo Rueda se le endilga asesinatos y fraude procesal, sin que haya pruebas jurídicas o fácticas, ni procesos abiertos tanto a nivel nacional como internacional, pues nunca ha cometido conductas punibles. A los padres Alberto Franco y Javier Giraldo se les acusa de terrorismo, discriminación racial y de haber participado en asesinatos.
Lo que de fondo evidencian estas difamaciones es una campaña, que busca desprestigiar la labor de promoción de los derechos humanos en el bajo Atrato, encubrir los responsables y los beneficiarios de las operaciones paramilitares ocurridas en esta región desde 1996, de la mano del General RITO ALEJO DEL RÏO.
Se pretende igualmente deslegitimar y destruir las iniciativas de protección de la Vida y del Territorio como las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. No hay que olvidar que la región se encuentra en conflicto armado interno y que las operaciones empresariales que destruyen los ecosistemas persiste.
Entre los beneficiarios de la violencia paramilitar se encuentran las empresas: Maderas del Darién-Pizano S.A; Mulitifruits Ltda en acuerdo comercial con Del Monte; Urapalma, Palmado, Palmas de Curvaradó, Extractora Bajirá, La Tukeka, Asoprobeba, la familia LÓPEZ, la familia del ex Coronel MOLANO, entre otras.
Contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz desde el 2003 se han realizado señalamientos y campañas mediática, amenazas de muerte, secuestro, seguimientos, planes de atentados, judicializaciones, interceptaciones ilegales de teléfonos y de correos electrónicos, producto de la política de seguridad instalada para sembrar dudas en las zonas humanitarias y de biodiversidad, en las que se busca impedir la restitución de las propiedades en las comunidades del bajo Atrato.
Más información constancia
Bogotá, D.C. abril 24 de 2010
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Comisión Intereclesial de Justicia y Paz