Amenazas a reclamantes, abusos empresariales, medios de corrupción para incidir en elecciones en Jiguamiandó

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones de estructuras paramilitares con evidentes omisiones y tolerancia de las estructuras regulares en Mutatá y Pavarandó; ante sus amenazas y planes de atentados contra nuevos reclamantes de tierras la lideresa MARLENY BENÍTEZ y los líderes FELIPE TRIANA, LUIS LÓPEZ


Bogotá, D.C. 30 de septiembre de 2013

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
Ministro del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
Ministro de Justicia

LUZ HELENA SARMIENTO
Ministra de Ambiente

DARÍO LIZARRALDE
Ministro de Agricultura

EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación

JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo

SANDRA MORELLI RICO
Contralora General de la Nación

Ref: Amenazas a reclamantes, abusos empresariales, medios de corrupción para incidir en elecciones en Jiguamiandó

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones de estructuras paramilitares con evidentes omisiones y tolerancia de las estructuras regulares en Mutatá y Pavarandó; ante sus amenazas y planes de atentados contra nuevos reclamantes de tierras la lideresa MARLENY BENÍTEZ y los líderes FELIPE TRIANA, LUIS LÓPEZ; ante la continuidad de abusos empresariales contra legales y legítimos habitantes de predios colectivos en Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó y Pedeguita y Mansilla y el desarrollo de nuevas técnicas de corrupción para hacerse a la propiedad colectiva con la compra de votos de pobladores de Jiguamiandó para la Asamblea Eleccionario del representante legal de este territorio colectivo.

Nuestra Constancia Histórica ante la continuidad de hechos que indican a todas luces la ausencia de medidas estructurales para asegurar las libertades y derechos de las comunidades afromestizas, y el desarrollo de nuevas técnicas para el logro de los propósitos empresariales que usando y cooptando pobladores pretenden imponer en medio del temor y de las necesidades básicas insatisfechas su apuesta agroindustrial de palma, de banano, de yuca, de coca y de extensión ganadera bovina y bufalina.

A ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica:

* Miércoles 18 de septiembre hacia las 9:30 a.m. en Brisas de Curvaradó, el reconocido paramilitar JOSÉ DE JESÚS MOYA, llamado el “Cucho” supervisó la información del paramilitar que ejerce control en Brisas de Curvaradó.

Coincidencialmente, el puesto de control militar fue retirado minutos antes de que llegara el paramilitar, y una hora después de que este se retirara los efectivos regulares lo restablecieron.

* Viernes 20 de septiembre a las 2:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que persiste el plan para atentar contra la vida de los reclamantes de tierra, MARLENY BENÍTEZ y FELIPE TRIANA, integrantes del consejo comunitario de Pedeguita Mansilla.

El atentado se realizaría en horas de la noche por parte de dos paramilitares, de nombres, GUSTAVO y ALIRIO. Según la fuente, su objetivo es asesinar a alguna de las siete personas que se encuentran recuperando sus tierras en Santa María.

Como se recordará, los integrantes de la familia BENÍTEZ y TRIANA fueron desplazados por paramilitares, despojados de su propiedad en territorio comunitario y sus predios ocupados por empresarios ganaderos y palmeros.

Días atrás los reclamantes sostuvieron una reunión con el Inspector Policial de Belén de Bajirá y con la policía de Urabá solicitando su intervención para una acción preventiva ante las amenazas que pesan sobre los integrantes de la familia BENÍTEZ y TRIANA, sin recibir una respuesta eficaz.

En dicha reunión uno de los agentes policiales expresó su inquietud por que los trabajadores de los empresarios contaban con carabinas y changones con los que podrían atentar contra sus vidas.

* Domingo 22 de septiembre hacia las 4:30 p.m., en el puerto de Brisas de Curvaradó, el reconocido paramilitar JOSÉ DE JESÚS MOYA, insultó a uno de sus subalternos que descargaba una de las tracto mulas con cajas de cerveza.

Coincidencialmente, una hora antes y una después que MOYA estuvo en el caserío los militares del batallón de selva 54 adscrito a la brigada 17.

* Lunes 23 de septiembre hacia las 11:30 a.m. en el sitio conocido como Corbanzo, a 30 minutos de Mutatá, se pudo constatar la existencia de una base con cerca de 50 paramilitares portando armas largas, radio y camuflados.
En el cruce de Chontadural se instaló una base móvil del ejército sin que acción alguna se adelantara para evitar el cruce de los efectivos de este grupo armado.

* Lunes 23 de septiembre hacia las 2:00 p.m. en predios comunitario de Caño Manso continuaron los abusos empresariales con 11 trabajadores del ocupante de mala fe coronel (r) LUIS FELIPE MOLANO. Los operarios destruyeron bienes de supervivencia con el rompimiento de cercos, repoblamiento de un lugar de habitación conocido como La Mayoría y el ganado bufalino que invaden las áreas sembradas
Dentro de los hombres que realizan estas acciones se encuentra ENRIQUE MOLANO.

Los predios colectivos constituidas como Zonas de Biodiversidad de la familia SAYA y LANCE han sido los afectados por estos abusos empresariales.

A pesar del conocimiento de los permanentes hechos y de la solicitud de intervención a ustedes, conforme a las decisiones de la Corte Constitucional en sus autos y sus responsabilidades institucionales, no hay medidas efectivas de protección de los derechos de los integrantes de los consejos comunitarios.

* Lunes 23 de septiembre hacia las 9:00 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá conoció que sectores empresariales, entre ellos RAMIRO QUINTERO, con intereses en predios colectivos de Jiguamiandó están ofreciendo $ 400.000 pesos ($ US 220) por voto para elegir como representante legal de ese territorio colectivo a DANILO MURILLO.

* Martes 24 de septiembre hacia las 9:00 a.m. en predios del consejo comunitario de Bijao Onofre, territorio de Pedeguita y Mansilla, 207 hectáreas en los que ha habitado la familia de LUIS ALFREDO LÓPEZ TORO.

La familia LÓPEZ ocupó pacíficamente los predios durante más de 30 años hasta mediados de los noventa cuando fue obligada a desplazarse por operaciones paramilitares y luego despojado por empresarios.

Alrededor de las 11:00 a.m., el empresario ocupante de mala fe ENRIQUE MOLANO, familiar del coronel (r) LUIS FELIPE MOLANO, junto a 14 trabajadores más, procedieron a quemar la habitación provisional que estaba construyendo la familia LÓPEZ TORO.

Tres trabajadores persiguieron en caballo a YESID HERNÁNDEZ, familiar de los dueños legales y legítimos del predio colectivo, para arrebatarle una cámara con la cual registró imágenes de la quema del lugar de habitación y de uno de los vehículos en que los ocupantes de mala fe ingresaron. (Ver anexo 1 de fotos)

ENRIQUE MOLANO antes de retirarse amenazó a la familia afirmando que si no desocupaban “no responderían por lo que pasara”.

* Viernes 27 de septiembre a las 8.00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, recibió nuevas quejas de la continuidad de la instalación de la base militar en predios ocupados de mala fe por el empresario DARÍO MONTOYA, en predios comunales de Llano Rico, sin ningún tipo de consulta ni de consentimiento de los pobladores.

* Sábado 28 de septiembre hacia las 1:30 p.m. en Brisas de Curvaradó un hombre de las estructuras paramilitares tomó registros fotográficos a jóvenes estudiantes del colegio de la Asociación de Consejos Comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias.

Al reclamarle una de las jóvenes del consejo comunitarion el paramilitar respondió: “y si los hijueputas de Justicia y Paz y los gringos que nos toman fotos para identificarnos de paracos lo hacen, porque nosotros no podemos hacerlo”

* Lunes 30 de septiembre desde nuestra última Constancia Histórica, se constató la continuidad de las siembras ilegales de coca y la producción de cocaína por parte de actores privados, ajenos a los consejos comunitarios en predios límites entre Curvaradó y Jiguamiandó, y el transporte de cocaína por la carretera que conduce de Andalucía a Belén de Bajirá y Mutatá, atravesando retenes militares y policiales, sin que se haya presentado algún tipo de acción represiva y de control.

Ver anexo

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de operaciones paramilitares que comprometen la responsabilidad del Estado de manera directa y del desarrollo del conflicto armado que se convierten en factores que imposibilitan el uso y disfrute de la tierra de los tierra de los legales y legítimos dueños del territorio colectivo, y en particular, la continuidad de operaciones criminales empresariales, que no solo se han beneficiado de las operaciones paramilitares y de la complicidad de la fuerza pública, brigada 17 y policía de Urabá, si no de la vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades, ante la debilidad del poder civil que la totalidad de ustedes representan, para amparar los derechos de las víctimas del despojo.

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz, integral, en contexto, con una hipótesis que pretenda desestructurar el paramilitarismo empresarial, omisión evidente que ha posibilitado el fortalecimiento de actores privados de gran poder empresarial definiendo el uso de los predios comunitarios para la producción de cocaína, de palma, de banano, de yuca, y ganadería extensiva. Las investigaciones adelantadas hasta ahora no develan los beneficiarios empresariales e institucionales militares que han posibilitado un modelo de desarrollo basado en el crimen y la ilegalidad, y los daños ambientales y a la riqueza biológica en el bajo Atrato.

Nuestra Censura Ética ante las nuevas técnicas ilegales, arbitrarias y contra derecho que desarrollan los empresarios para imposibilitar un uso y disfrute de la tierra conforme al espíritu de la ley 70 y las disposiciones ambientales por tratarse de una Zona de Reserva Forestal a quiénes han sido reconocidos como legítimos y legales dueños de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó y Pedeguita y Mansilla imponiendo bajo formas legales un modelo de desarrollo.

Nuestra Censura Ética ante el vaciamiento y banalización de los contenidos de los Autos de la Corte Constitucional por parte de los sectores empresariales a través de técnicas de cooptación, de intimidación a través del paramilitarismo, de la tolerancia de la fuerza pública, de la cooptación de algunos líderes, de la compra de votos, y del temor y del silencio de funcionarios del gobierno, así como de expertos académicos, que desconociendo el contexto, la historia de ocupación de los predios colectivos, la convivencia pacífica y la adopción de costumbres, de usos africanos por parte de mestizos reconocidos por la Corte Constitucional como afromestizos, hoy están negando los derechos fundamentales a la participación y a la toma de decisiones sobre el uso del territorio a un alto porcentaje de integrantes de los consejos comunitarios.

Nuestra Censura Ética ante lo que viene a constituirse en un nuevo asalto empresarial, de los beneficiarios paramilitarismo, como iba a ocurrir durante el gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ en mayo de 2008, para evitar una devolución de predios conforme al derecho y posibilitar garantías para la libre decisión de las comunidades en la definición del uso de la tierra conforme a sus responsabilidades de administración definida en la ley 70 y por el hecho de habitar en una Zona de Reserva Forestal. Hoy hay que afirmar que los contenidos de los Autos de la Corte Constitucional están siendo desmoronados para dar paso a una burla a las víctimas del despojo y posibilitar que los empresarios que son parte de una estructura criminal continúen definiendo el futuro y uso de la tierra y se está poniendo en cuestión la posibilidad de la reconstrucción de un Estado de Derecho.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional esperamos su respuesta fáctica y precisa a estas preguntas:

1. ¿Ante las amenazas de muerte y los planes de atentado contra integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Pedeguita y Mansilla. MARLENY BENÍTEZ y FELIPE TRIANA y la FAMILIA LÓPEZ qué medidas se van adoptar de tipo preventivo?

2. ¿Ante la continuidad de operaciones paramilitares con una base a 30 minutos de Mutatá, en el sitio conocido como Corbanzo?

3. ¿Cuáles son los resultados operaciones contra el transporte de cocaína protegida por paramilitares y ante el conjunto de sus actuaciones en Mutatá, Belén de Bajirá, Barranquillita, Brisas de Curvaradó, Nuevo Oriente?

4. ¿Ante las actuaciones de compra de votos por parte del empresario RAMIRO QUINTERO, ocupante de mala fe, qué medidas se van a adoptar?

5. ¿Ante la continuidad de la instalación de una base militar en predios de Llano Rico, otorgadas por un empresario ocupante de mala fe, DARÍO MONTOYA a la brigada 17, sin que haya existido un proceso de devolución legal del predio, sin consulta previa y sin consentimiento de las comunidades, qué medidas administrativas, disciplinarias, preventivas de destitución han adoptado? ¿Cuáles son los resultados?, ¿Qué medidas se van a adoptar?

6. ¿Ante las actuaciones contra derecho del empresario ganadero, LUIS FELIPE MOLANO, qué medidas se van adoptar para proteger los derechos de los afrocolombianos?

7. ¿Ante las actuaciones contra derecho en predios colectivos de Bijao Onofre, de la empresa palmera Recife, propiedad de JAVIER RESTREPO GIRONA, representada legalmente por GUILLERMO GONZÁLEZ MORENO, qué medidas se van adoptar? ¿En qué plazos?

8. ¿Ante el vaciamiento de los contenidos de los autos de la Corte Constitucional, y el riesgo que los beneficiarios de las operaciones paramilitares, nuevamente, se beneficien de unas decisiones, que han excluido del derecho a voto y a la decisión sobre asuntos territoriales, qué medidas se van adoptar?

9. ¿Ante la ausencia de investigaciones que esclarezcan y sanciones las operaciones empresariales vinculadas a estructuras de poder criminal, qué medidas se van adoptar?

10. ¿Ante la solicitud de medidas cautelares de los integrantes de las comunidades de Bijao Onofre, territorio colectivo de Pedeguita y Mansilla, conforme a la ley 1448 y el decereto 4635y la Sentencia T 025, qué actuaciones se van a realizar y en qué período de tiempo?

De toda consideración,

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz