Absurdo proceso judicial contra Elkin Ramirez y el padre Javier Giraldo

El abogado Elkin Ramírez, miembro de la Corporación Jurídica Libertad con sede en Medellín ha sido denunciado judicialmente por el Coronel Néstor Iván Duque por el punible de falsa denuncia. La denuncia se hizo extensiva al Padre Javier Giraldo. El denunciante alto militar en el momento comandante de la Brigada 17 cuando se realizaron operaciones militares y paramilitares al mando de “Don Berna” en la cual ejecutaron a 8 personas entre ellos, al reconocido líder de la comunidad de Paz de San José, Luis Eduardo Guerra y su familia, un niño de 19 meses, el 21 de febrero de 2005.


La vinculación a un proceso judicial contra Elkin Ramírez y el Padre Javier significa el desarrollo de un mecanismo tendiente a controlar, criminalizar la legítima defensa y protección de derechos humanos y un aleccionamiento colectivo para abstenerse de denunciar, de promover y de actuar frente a los abusos y las prácticas sistemáticas de violaciones de derechos humanos. La judicialización es además un mecanismo de venganza y un mecanismo para evadir las responsabilidades militares en este caso de crímenes que ofenden la dignidad humana

Nos sumamos a las solicitudes para asegurar la plena libertad del abogado Elkin Ramírez como lo plantea la Corporación Jurídica Libertad en la denuncia que adjuntamos.

Bogotá, D.C. 10 de Marzo de 2009

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

EN RIESGO LA LIBERTAD DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS,
POR DENUNCIAR CRÍMENES

Desde su fundación en 1993, la Corporación Jurídica Libertad, interesada en cumplir su objetivo social, viene desarrollando actividades como defensa penal de personas sindicadas de pertenecer a grupos insurgentes, y de líderes sociales y comunitarios vinculados judicialmente por o con ocasión de sus actividades políticas o en razón de su opinión; instauración de procesos de responsabilidad del Estado por la violación de los Derechos Humanos; representación legal a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en busca de verdad, justicia y reparación; presentación de demandas ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos; asistencia y formación a las comunidades y organizaciones sociales para la apropiación y la exigencia de derechos y garantías ciudadanas; acompañamiento a las comunidades en sus procesos de resistencia, defensa del territorio y seguridad alimentaria; y elaboración de informes e investigaciones para divulgar la situación de Derechos Humanos.

Sin embargo, no ha contado con pleno reconocimiento de las instituciones públicas en el desarrollo de sus actividades, especialmente cuando se ha denunciado el compromiso de agentes estatales en la violación de los Derechos Humanos. En varias ocasiones sus miembros han sido acusados de actuar por encargo de la guerrilla, como ha ocurrido por las investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales que involucran a miembros de las autoridades oficiales.

En este contexto, tras las detenciones arbitrarias de algunos campesinos y líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 12 de marzo de 2004, el /defensor de derechos humanos y sacerdote jesuita Javier Giraldo, el director de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez, y el /defensor del Pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, trasladaron ante las autoridades políticas y ante organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos información que daba cuenta de graves irregularidades cometidas en desarrollo de esta actuación por personal perteneciente al Batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz, de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa. La información relacionada con tales hechos fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que había dispuesto medidas especiales de protección en favor de la Comunidad de Paz de San Jasé de Apartadó.

Las víctimas de estas detenciones arbitrarias denunciaron una serie de agresiones y amenazas cometidas por el Comandante de este Batallón, Coronel Néstor Iván Duque López.

En septiembre de 2005, el Coronel Duque formuló una denuncia contra Javier Giraldo, Elkin Ramírez y Miguel Ángel Afanador por los delitos de injuria, calumnia y falsa denuncia, motivada en la información presentada ante la CoIDH, que conllevó al inicio de una investigación preliminar, resuelta en primera instancia con inhibición y archivo de las diligencias, pero ante la apelación interpuesta por el representante del oficial, la segunda instancia revocó la decisión y ordenó la apertura formal de la investigación y la vinculación de Elkin Ramírez mediante indagatoria, asumida por el Fiscal 216 Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá. Diligencia que será realizada el 10 de marzo de 2009, con el consiguiente riesgo de la afectación del derecho a la libertad individual del defensor de derechos humanos en razón de una legítima actuación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Considerando la estigmatización por la labor que desempeña la Corporación Jurídica Libertad; el permanente riesgo contra la vida y la integridad personal con que se desenvuelve la actividad de defensa de los Derechos Humanos y acompañamiento a los diferentes procesos de las comunidades urbanas y rurales; el prejuicio por parte de los fiscales frente a los defensores de Derechos Humanos, y el uso frecuente de persecuciones, montajes judiciales mediante el uso de desertores y detenciones arbitrarias evidenciadas en el Informe de Human Rigths First “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamentos”; La Corporación Jurídica Libertad solicita:

* La aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe de Human Rigths First “Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamentos”.

* Que la investigación sea reasignada a un Fiscal Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

* Se solicite al Fiscal 216 Seccional de la ciudad de Bogotá abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra del defensor de Derechos Humanos Elkin Ramírez, director de la Corporación Jurídica Libertad.

Finalmente se hace un llamado a la solidaridad y apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales de defensa y promoción de los Derechos Humanos, para que extiendan sus pronunciamientos y comunicados al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, y al Fiscal 216 Seccional de la ciudad de Bogotá, en pos de que se garantice el otorgamiento pleno del debido proceso al defensor de Derechos Humanos Elkin Ramírez.

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD

Medellín, marzo 9 de 2009

Para sus comunicaciones

* Fiscalía General de la Nación, doctor Mario Iguarán

Diagonal 22 B # 52-01, Ciudad Salitre, Edificio C, pisos 5 y 6. Bogotá, Colombia

Teléfonos: 5702000 4149000

www.fiscalia.gov.co

contacto@fiscalia.gov.co

* Fiscal 216 Seccional de la ciudad de Bogotá, Unidad Primera Delitos Contra la Administración Pública

Carrera 29 # 18-45, bloque A, piso 5. Bogotá, Colombia

Teléfono: 2971000

Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamentos. Presos y señalados en Colombia. / Human Rights First. Febrero 2009, New York