Violencia Territorial
en Colombia:
Recomendaciones
para el Nuevo Gobierno

1. Este informe analiza el impacto del incremento de la violencia1
sobre el goce
de los derechos humanos debido a la expansión de distintos grupos armados
no estatales y organizaciones criminales en varias partes de Colombia en los
últimos dos años. El informe resalta también las acciones tomadas por el Estado
colombiano, como garante de los derechos humanos de todas las personas que
se encuentran en los territorios afectados por esta violencia.
2. La Oficina reconoce el papel central del Estado para enfrentar la situación de
violencia, y de manera inequívoca, deplora y condena la violencia de grupos
armados no estatales y organizaciones criminales, en particular aquella que
se dirige contra la población. Por lo tanto, el enfoque sobre la responsabilidad
del Estado, en el marco de derecho internacional de los derechos humanos, no
busca disminuir o minimizar la responsabilidad directa de los grupos armados no
estatales y organizaciones criminales por los actos que cometen, que deben ser
debidamente investigados y sancionados. Por lo contrario, a través del análisis y
las recomendaciones contenidas en este informe, se resalta el rol del Estado para
hacer frente a la violencia generada por estos grupos, y asegurar políticas públicas
que respondan eficaz y adecuadamente a esta violencia, con un enfoque desde
las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos
humanos.
3. El análisis contenido en este informe es producto de la observación directa de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Colombia y de la documentación de la situación de derechos humanos en
los lugares más afectados del país. Este análisis se respalda en informaciones
recogidas en reuniones con víctimas, autoridades estatales, organizaciones
internacionales y organizaciones de la sociedad civil a nivel local, regional y
nacional.

4. Previo a la publicación de este informe, la Oficina ha trasladado por escrito las
preocupaciones recogidas en el mismo a las entidades competentes del Estado.
5. La Oficina compartió con el Gobierno Nacional este informe para que pudiera
realizar sus observaciones al respecto. El documento de observaciones remitido
por el Gobierno se publica junto con este informe.
6. Después de la firma de la paz en noviembre de 2016, se observó una baja en
los niveles de violencia en el país como lo señala la Misión de Verificación de
Naciones Unidas en Colombia2
. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz (INDEPAZ), los homicidios con ocasión del conflicto, pasaron de 12.665 en
2012 a 1.238 en 20163
. En los territorios más afectados por el conflicto armado,
esta situación generó esperanza en la población. Sin embargo, en los últimos
dos años la Oficina ha observado que diversos grupos armados no estatales y
organizaciones criminales han expandido su presencia en varias regiones del
país, particularmente en aquellas donde se desmovilizaron las FARC-EP. Las
actividades de estos grupos y organizaciones afectan, de forma creciente, a la
población y sus derechos.
7. A pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar
para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia
que generan. Además, la debilidad del estado de derecho y de alternativas de
desarrollo en los territorios afectados por la violencia ha exacerbado la situación.
8. Las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o limitada
presencia de autoridades estatales civiles para enfrentar esta situación. En varios
territorios, la desconfianza en el Estado crece y en algunos casos se han denunciado
hechos de connivencia de autoridades con actores armados no estatales.
9. En este sentido, las recomendaciones formuladas tienen por objeto contribuir a
la implementación de soluciones urgentes para proteger la vida y los derechos
humanos a través de la consolidación del estado de derecho y la paz en los
territorios afectados por la violencia.
10. El informe concluye que es necesario revisar la estrategia del Estado para
enfrentar estos grupos y organizaciones y proteger a las poblaciones afectadas
y garantizar el disfrute y ejercicio de sus derechos. Con el fin de proteger los
derechos humanos y combatir la expansión violenta de los grupos, la Oficina
recomienda tres ejes principales de acción al Gobierno.
11. En primer lugar, reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia
de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en los territorios
afectados por la violencia, a través de un esfuerzo combinado en cuatro áreas: i)
la implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos – concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad; ii) la adopción de un marco legal y una estrategia para
el sometimiento colectivo de estos grupos como previsto en el Acuerdo de Paz;
iii) la implementación de una estrategia estatal de protección de civiles; y iv)
considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia
que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.
12. En segundo lugar, priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz,
en particular la reforma rural integral, consolidar la implementación de los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con la participación de
las comunidades afectadas, y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de
Cultivos Ilícitos (PNIS).
13. En tercer lugar, se recomienda consolidar el estado de derecho en las zonas más
afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia
y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de
control en los territorios. Así mismo reforzar las capacidades de los gobiernos
locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas
en estos territorios. Esto deberá ser acompañado por una campaña cuyo objetivo
sea restaurar la confianza en la institucionalidad del Estado, abriendo espacios
de diálogo y participación para las comunidades afectadas y la sociedad civil.

Fuente: ONU

Informe completo aquí: