Violaciones de Derechos Humanos en el Ariari y un caso de Vista Hermosa
Nuevamente en sus despachos nuestra Constancia y Censura Moral por los daños irreparables a la vida e integridad personal de habitantes del Ariari por actuación de agentes estatales o a través de la estrategia paramilitar en las que se constata responsabilidad Institucional por OMISION, por ACCION, por TOLERANCIA y COMPLICIDAD
Bogotá, Julio 13 de 2005
Doctor
FRANCISCO SANTOS
VicePresidente de la República
Doctor
SABAS PRETEL DE LA VEGA
Ministro del Interior
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Referencia: Violaciones de Derechos Humanos en el Ariari y un caso de Vista Hermosa
Nuevamente en sus despachos nuestra Constancia y Censura Moral por los daños irreparables a la vida e integridad personal de habitantes del Ariari por actuación de agentes estatales o a través de la estrategia paramilitar en las que se constata responsabilidad Institucional por OMISION, por ACCION, por TOLERANCIA y COMPLICIDAD
Han pasado tres años, en los que hemos permanentemente, dejado constancia de la tragedia humana que sufren los pobladores campesinos del Ariari sometidos a una persecución sistemática con bloqueos, asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamiento forzoso, ametrallamientos, bombardeos indiscriminados desde enero de 2002. Hoy la situación no ha cambiado las estructuras paramilitares se mantienen incólumes, se extienden a lo largo y ancho del Ariari, partes bajas y medias; se consolidaron política y socialmente incidiendo en las decisiones de la administración pública, controlando los movimientos comerciales y la vida cotidiana de la población, pretendiendo dejar en el olvido su criminalidad. Situación que solo es sostenible y se ha posibilitado por la actuación de las Fuerzas Militares e incluso policiales, que conviven, a veces abiertamente, en el escenario del cinismo con los delicuentes.
En su despachos un esbozo de los casos, que hemos podido documentar.
* Domingo 29 de mayo, aproximadamente en horas de la mañana, FABIO EMILIO ESCUDERO QUICENO, de 20 años de edad fue desaparecido forzadamente en el caserío de La Cooperativa, jurisdicción del corregimiento Piñalito, municipio de Vistahermosa, departamento del Meta en desarrollo de operativos militares de la Brigada VII.
De acuerdo con los testimonios recibidos por nuestra Comisión de Justicia y Paz; por lo menos 20 personas fueron detenidas arbitrariamente en este sitio. En la localidad existe una fuerte y permanente presencia de “civiles” armados de la estrategia paramilitar.
* Lunes 30 de mayo, a las 7:00 a.m. a la casa de JAIME MORENO ingresaron seis “civiles” armados, vestidos con capas negras, pertenecientes a la estrategia paramilitar que se encuentran participando en el proceso de institucionalización que se desarrolla en Santafé de Ralito. Los paramilitares, lo insultaron, lo amenazaron y los señalaron como “sapo”, luego se retiraron del lugar. Cinco minutos después, volvieron los armados, le exigieron documento de identidad y se volvieron a retirar.
Minutos después, mientras JAIME se encontraba dentro de su habitación y conversaba con dos campesinos más, fue abordado por los paramilitares, quiénes lo obligaron a irse con ellos.
Luego de tres horas de espera, un grupo de campesinos fueron hasta el Puente de Caño Embarrado, sitio donde normalmente están los paramilitares a solicitar el respeto a la vida de JAIME, luego de negarse a responder, se soltaron a reír.
A las 3:30 p.m. otro grupo de campesinos inició la búsqueda, llegando a un kilómetro de la casa de JAIME en donde encontraron una excavación reciente. En la fosa encontraron una mano, luego, partes de las piernas, la cabeza, el estomago, la lengua y los testículos, del campesino allí enterrados.
Sus vecinos tomaron la decisión de recoger las partes del cuerpo en dos costales trasladándose luego al municipio de El Castillo, ubicado a 40 minutos del caserío de Caño Claro. Los campesinos lo levaron al cementerio, dieron aviso a la inspección de policía.
El cuerpo descuartizado de JAIME MORENO fue recogido por una funeraria y trasladado a Bogotá donde fue sepultado.
* Domingo 5 de junio, “civiles” armados de la estrategia paramilitar asesinaron a LUIS EDUARDO TANGARIFE en el barrio Ciudad Porfía. LUIS EDUARDO, oriundo de Medellín del Ariari, llegó el día viernes 3 de junio del municipio La Uribe, departamento de El Meta, a la casa de sus padres en el municipio de Acacias. Al llegar a Acacias recibió una llamada telefónica desde Villavicencio donde, al parecer los paramilitares lo conminaron a reunirse con ellos en la ciudad de Villavicencio: “suba mañana a Villavicencio para que hablemos”.
El día sábado 4 de junio, LUIS EDUARDO, llegó al barrio Ciudad Porfía en la ciudad de Villavicencio y se encontró con varias personas del municipio de La Uribe, entre los que se encontraban, según testimonios: SAUL RENGIFO, quien de acuerdo con las versiones recaudas es jefe de finanzas del denominado Bloque Villavicencio que tiene influencia hasta el municipio de Restrepo, entre otros, con quien estuvo departiendo durante la tarde hasta altas horas de la noche.
De acuerdo con los testigos LUIS EDUARDO fue llamado porque lo querían interrogar acerca de sus pretensiones de ser postulado como candidato a la Alcaldía de La Uribe para el próximo periodo electoral con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal – JAC, al tiempo que fue preguntado acerca del asesinato de HENRY RENGIFO, ocurrido el pasado mes de enero en La Uribe.
En horas de la noche, una de las personas que se encontraba con LUIS EDUARDO en el lugar recibió una llamada a un celular e inmediatamente apartó del grupo al líder campesino y lo llevó a una tienda cercana donde estuvieron tomando cerveza.
Hacia las 2:00 de la madrugada, del domingo 5 de junio, ingresó al establecimiento un “civil” armado de la estrategia paramilitar, se dirigió a LUIS EDUARDO y le disparó en repetidas ocasiones.
El hecho se presentó a pocas cuadras del puesto de Policía de Ciudad Porfía, cerca de la casa de SAUL RENGIFO, donde frecuentemente se reúnen paramilitares que operan en Villavicencio y en municipios vecinos como el de La Uribe.
* Domingo 5 de junio, hacia las 9:00 a.m., a una cuadra de la estación de policía del barrio Ciudad Porfía, un “civil” armado de la estrategia paramilitar a bordó a un menor de edad amenazándolo de muerte. El menor de edad al sentirse intimidado salió corriendo mientras era perseguido por el paramilitar, el cual logró alcanzarlo ocho cuadras después, asesinándolo frente al centro de salud del barrio.
* Domingo 5 de junio, desde las 7:00 a.m. en el sitio conocido como la “Y” de Puerto Unión, a la altura del puente de Caño Embarrado en la vía que comunica de Medellín del Ariari con Puerto Esperanza se instaló un retén por parte de unos 25 “civiles” armados y uniformados de la estrategia paramilitar al mando de un hombre de etnia negra, conocido con el alias “Sangre”.
Durante el día, los pobladores fueron objeto de registros y controles cuando se dirigían hacia Medellín del Ariari o los caseríos vecinos, los paramilitares exigieron documentos de identificación, y los lugares de su movilización.
En Medellín del Ariari “civiles” armados de la estrategia paramilitar se percataron de la presencia del campesino ALBERTO TAPIAS de 48 años de edad, a quien alias “Caballo” le hizo seguimiento mientras permaneció en el casco urbano hasta su salida en vehículo de servicio público en dirección hacia Puerto Esperanza.
Hacia las 4:30 p.m. en el retén de tipo paramilitar más o menos a 5 minutos de Medellín, el vehículo en que ALBERTO se movilizó fue obligado a detenerse, lo obligaron a bajarse. Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar ordenaron al resto de pasajeros quedarse dentro del vehículo y seguir su camino.
Minutos más tarde, los padres de ALBERTO se dirigieron a los paramilitares y preguntaron por el paradero de su familiar, a lo que uno de ellos respondió: “vayan y lo buscan por Caño Claro a ver si lo encuentran”. Los padres fueron al caserío Caño Claro, buscaron pero no encontraron rastros de ALBERTO.
* Lunes 6 de junio, hacia las 5:30 a.m. pobladores de la zona escucharon tres impactos de bala en cercanías a la “Y” de Puerto Unión, a la altura del puente de Caño Embarrado. En horas de la tarde, campesinos de la región encontraron el cadáver de ALBERTO TAPIAS, tirado a un lado del camino en cercanías a la vereda Caño Claro. El cadáver del poblador presentaba signos de tortura: las venas de los brazos cortadas, uno de los ojos extraídos, y degollado. ALBERTO presentaba tres impactos de bala en el cuerpo, uno de ellos en el rostro. Sus documentos de identidad no aparecieron.
Al encontrar su cuerpo, los pobladores informaron a las autoridades locales. De acuerdo con versiones de pobladores, el inspector de Policía de Medellín del Ariari expresó: “yo no voy por allá a mi me da miedo… que lo levante la
familia para que el médico acá lo mire”.
* Martes 7 de junio, hacia el medio día llegó un delegado de la Defensoría del Pueblo desde Villavicencio quien acompañó el levantamiento del cadáver, que se realizó horas después aproximadamente a las 4:30 p.m. por parte de las autoridades pertinentes.
Los restos sin vida de ALBERTO TAPIAS son dirigidos a la cabecera municipal de El Castillo, donde los funcionarios del Hospital no permitieron su traslado hacia Villavicencio, a pesar que el padre de ALBERTO se encontraba en el lugar reclamándolo.
Según testimonios, este mismo día apareció un nuevo cadáver sobre la vía que conduce a Caño Claro, de un poblador de la vereda Brisas de Yamanes, el que no ha podido ser identificado.
* Miércoles 8 de junio, al finalizar la tarde autorizaron el traslado del cadáver de ALBERTO TAPIAS hacia la ciudad de Villavicencio donde se realizaron las exequias y el funeral el día jueves 9 de junio.
* Martes 7 de junio, hacia las 7:00 p.m. aproximadamente, fue herido en el barrio Ciudad Porfía JOSE POVEDA, poblador del municipio La Uribe, departamento del Meta.
* Martes 7 y Miércoles 8 de junio, durante el día se realizaron sobrevuelos permanentes en jurisdicción de las zonas rurales de Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa. Según las informaciones se adelantaban en la zona operativos indiscriminados de fumigación de cultivos de hoja de coca, que están afectando los cultivos de pan coger de los campesinos. Las fumigaciones se iniciaron desde el pasado 2 de abril y se realizan al tiempo que operativos militares por tierra, aire y agua.
* Viernes 10 de junio, los pobladores de Puerto Toledo, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, recibieron la información que se prepara una incursión de tipo paramilitar programada para la tercera semana de junio en horas de la madrugada. Por esta razón, la mayoría de las familias se desplazaron forzosamente hacia el poblado de Matabambú a orillas del río Guejar.
La población aproximada de Puerto Toledo hasta noviembre del 2004 era de1800 pobladores, a la fecha los habitantes no superan la cifra de los 300. Los desplazamientos forzosos se han generado desde finales de diciembre del 2004, la mayoría a Villavicencio.
* Viernes 10 de junio, los “civiles” armados de la estrategia paramilitar
presentes en Medellín del Ariari, en las veredas de La Macarena, El Jardín y la “Y” de Puerto Unión a la altura del puente de Caño Embarrado en la vía que comunica de Medellín del Ariari con Puerto Esperanza, jurisdicción del municipio El Castillo
salieron con dirección al municipio El Dorado. Entre los comandantes paramilitares de este sector se encuentran alias “SANGRE” y “CABALLO”. En Medellín del Ariari se quedó un grupo muy reducido de “civiles” armados de la estrategia paramilitar.
* Sábado 11 de Junio, Tropas del Batallón 21 Vargas de la Brigada VII, ingresaron a Medellín del Ariari, y desde allí se dirigieron a la “Y” de Puerto Unión a la altura del puente de Caño Embarrado en la vía que comunica de Medellín del Ariari con Puerto Esperanza, jurisdicción del municipio El Castillo, ubicándose en los mismos lugares que acostumbran usar los “civiles” armados de la estrategia paramilitar.
Las tropas expresaron en Medellín del Ariari que: “hemos detenido ya a cuatro paras… estamos aquí para proteger a la población…” En los medios locales de información se trasmitieron noticias relacionadas acerca de la presunta captura en este día de un paramilitar en Medellín del Ariari.
Parte de la tropa de la Brigada VII, instaló un retén este día en la “Y” de Puerto Unión a la altura del puente de Caño Embarrado en la vía que comunica de Medellín del Ariari con Puerto Esperanza y demás veredas. En el retén, los soldados obligaban a los pobladores a detenerse, entregar su documento de identidad e informar de dónde venían y hacia dónde se dirigían, esta información, incluyendo el nombre de cada poblador, era escrito en un libro de registro, a los vehículos y motocicletas, les anotaban el número del motor.
Controles similares se realizaron sobre la vía entre Medellín del Ariari y El Castillo. Al tiempo que se encontraba la tropa regular en Medellín del Ariari, algunos “civiles” armados de la estrategia paramilitar se mantenían en el lugar.
Nuestra Censura Moral ante la erosión del Estado de Derecho. En el Ariari se refleja el rostro de la institucionalización del paramilitarismo. Crímenes, que se pretenden ocultar, esconder, enterrar en las fosas del olvido. La destrucción del cuerpo humano, en pedazos, la destrucción cruenta de lo sagrado, la negación de la dignidad, el reflejo de la sed de sangre para instaurar un modelo de sociedad y de país, hoy protegido en los artículos aprobados de la ley, falsamente llamada “de justicia y paz”.
Los Crímenes de JAIME, de NATIVIDAD, de ALBERTO, de SILVADO, de EUGENIA se dan en medio de la militarización del municipio de El Castillo, de los retenes establecidos por “civiles” armados de la estrategia paramilitar que controlan el paso de mercado y mantienen una restricción de bienes de supervivencia no superior a $ 60.000 ($ U.S. 25) y de la impunidad absoluta de los crímenes cometidos dentro de la parainstitucionalidad que se gestó en esa región. Esta destrucción de la vida humana es un mensaje de terror que pretende aleccionar a quiénes se han resistido abandonar sus tierras en una región, donde han ocurrido más de 200 crímenes desde el 2002, en donde se empieza a implementar obras de explotación petrolera, de inversión para la extracción de aguas, y la imposición de proyectos agroindustriales, territorio del Ariari, del que más de 900 familias se han visto obligadas a desplazarse en desarrollo de la política de seguridad del Presidente URIBE.
No es posible que se siga negando, ocultando, enterrando los crímenes que vienen sucediendo en la región del Alto Ariari. No se puede negar la institucionalización del paramilitarismo en esta región. No se puede continuar negando que existe la destrucción del cuerpo y del alma de campesinos y campesinas del municipio de El Castillo, el destrozo del cuerpo y el alma, la negación de la dignidad. No es posible que se siga negando la verdad, la búsqueda de Justicia y de Castigo a los responsables de estos crímenes, enquistados en el Estado.
Nuestra Censura ante la omisión de las autoridades para garantizar la integridad física y la vida de los campesinos de la región, contradictoriamente se promueven retornos individuales de familias a distintas veredas y niegan las condiciones para retornos colectivos como el de la Comunidad Civil de Vida y Paz; promueven regreso a tierras donde existe presencia permanente de la estrategia de tipo paramilitar. Hablan de la no existencia de condiciones de seguridad para realizar una Comisión de Verificación hacia el Retorno de la Comunidad Civil de Vida y Paz, justificando la ausencia de garantías en la presencia de la guerrilla de las FARC EP en la zona de cordillera y por la “instalación de minas antipersonales en las veredas”, sin siquiera reconocer la presencia paramilitar, su control, mucho menos su accionar. Pero a quién afirman integralmente sus derechos, todo les es negado, su derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Todo se pretende ocultar, disfrazar, distorsionar.
Nuestra Censura ante el verdadero rostro de la política de desmovilización –removilización – paramilitar, el real escenario de Santafe de Ralito Córdoba en el Meta. El número de víctimas crece, gracias a la impunidad en que se encuentran los Crímenes de Estado, los de antes y los del proceso de institucionalización paramilitar Las desapariciones forzadas, los asesinatos, los desplazamientos familiares y la impunidad en que estos hechos van a quedar son los signos de la institución del Estado de Hecho en Colombia, de la imposibilidad de la afirmación integral de derechos y la negación de garantías para la oposición política. Aquí se encuentran reflejados los resultados de la política de seguridad, la destrucción de la vida humana, de la dignidad. El Estado de Hecho se ha ido constituyendo en la región.
Nuestra Censura, ante la política de Seguridad, que es definitivamente selectiva, protege y encubre las estructuras criminales de tipo paramilitar y extiende, consolidan el control y la destrucción de núcleos de población civil a quienes conciben como guerrilleros. Nuestra Censura ante la reingeniería de control poblacional y territorial en desarrollo de los políticas de seguridad con presencia en todo el territorio se ha constituido en la calificación de la estructuras criminales de tipo paramilitar en lo político y lo social.
En sus responsabilidades institucionales, la posibilidad de que la aplicación de la Política del Presidente Uribe, continúe asegurando los derechos y las garantías de los criminales y de los agentes de Estado responsables de la criminalidad bajo el alto costo de la destrucción de las vidas humanas de campesinos y la imposibilidad de que los campesinos asociados en la Comunidad Civil de Vida y Paz, puedan regresar a sus tierras.
De toda consideración,
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ