Una cadena de obstáculos “El comisionado Restrepo nos mentía”
Iván Cepeda, de Colombianos por la Paz, revela detalles desconocidos del proceso de liberación de los secuestrados.
Seis personas recobraron la libertad gracias a tres operaciones humanitarias gestadas a través del diálogo epistolar sostenido por Colombianas y Colombianos por la Paz con las Farc. El significado de este acontecimiento se expresa en la esperanza que representa como gesto de paz el regreso de los secuestrados, y también en que se demuestra la eficacia de acciones humanitarias emprendidas por iniciativa de los ciudadanos. Sin duda, el mayor mérito de este logro le corresponde a la senadora Piedad Córdoba. Su serenidad en los momentos más difíciles de este proceso, y su valentía ante toda clase de presiones y peligros garantizaron un desenlace exitoso.
Las inmensas dificultades para llevar a cabo estas liberaciones apenas comienzan a salir a la luz pública. Ante la eventualidad de que cualquier declaración pudiera malograr la misión, quienes participamos en el proceso decidimos guardar silencio ante una serie de actuaciones del Gobierno. Lo hicimos poniendo por encima de cualquiera otra consideración la vida de los secuestrados.
Pasadas ya las liberaciones, quiero referirme a dos situaciones de las cuales fui testigo directo en calidad de observador. Con una docena de personas pertenecientes a Colombianas y Colombianos por la Paz nos trasladamos a Villavicencio y Cali para acompañar las operaciones humanitarias. El propósito de ese acompañamiento, que había sido pactado con el Gobierno, era verificar el cumplimiento de los compromisos hechos y recibir a las personas liberadas. Para tal fin establecimos interlocución permanente con el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y con los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, presentes en esas ciudades.
Al comenzar la primera de las misiones, el domingo 1º de febrero en la mañana, a través de una comunicación del periodista Jorge Enrique Botero con la cadena de noticias televisión Telesur, se conoció que en el lugar donde debían ser entregados los rehenes se estaban realizando sobrevuelos militares que estaban por hacer fracasar las liberaciones y poniendo en alto riesgo la seguridad de los integrantes de la comisión humanitaria, de la tripulación brasileña que iba en el helicóptero y de los miembros de la Fuerza Pública que iban a ser liberados. Luego de que hicimos declaraciones a los medios de comunicación denunciando esta situación, el comisionado Restrepo solicitó que nos reuniéramos en una de las instalaciones del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.
Allí nos informó que la operación humanitaria se desenvolvía sin contratiempos y que el CICR había reportado total normalidad en el desarrollo de la operación. Dijo que sólo hacia las 10:30 a.m. de ese día había sucedido un incidente menor que al parecer consistía en que se presentaban vuelos comerciales por encima de la zona de exclusión aérea fijada por el Gobierno Nacional en el lugar donde debía realizarse la entrega. Le preguntamos si podía asegurar que no se trataba de una operación militar, y nos respondió que las garantías ofrecidas se habían respetado rigurosamente. Durante la reunión, el Alto Comisionado se comunicó en dos oportunidades con el Presidente de la República y lo mantuvo al tanto de lo que estábamos discutiendo. Posteriormente, el Gobierno ha tenido que reconocer que efectivamente se habían realizado sobrevuelos en la zona por parte de la Fuerza Aérea, lo que significa que el comisionado Restrepo nos mentía.
Además de lo acontecido con el operativo militar que estuvo a punto de malograr las liberaciones, hubo otro tema que suscitó polémica con el Alto Comisionado para la Paz. Desde el comienzo de las operaciones humanitarias, el Gobierno quiso evitar a toda costa que los medios de comunicación cubrieran el momento de la llegada del helicóptero con los liberados. No es cierto que dicha restricción se hubiera impuesto luego del altercado con los periodistas Botero y Morris. Ya desde el primer día de las liberaciones, el Alto Comisionado había dispuesto que los periodistas no tuvieran acceso a la pista del aeropuerto. También había tratado de impedir que los miembros de la delegación humanitaria estuviéramos presentes en el momento del aterrizaje del helicóptero. Sólo luego de intensas negociaciones se nos permitió el acceso. El día de la segunda liberación, Restrepo dispuso que los medios no tuvieran acceso ni siquiera a las instalaciones del aeropuerto. Como se sabe, fue esa orden que no se ha podido establecer si provino directamente del Presidente o del Comisionado, la que motivó la renuncia de este último.
Haber desplegado un operativo militar en momentos en que se realizaba la misión humanitaria, así como haber intentado restringir el libre acceso de la prensa y la delegación humanitaria, son sólo dos de los escollos que hubo que superar en el proceso de las liberaciones. De esa cadena de obstáculos también hizo parte el intento por inhabilitar a Piedad Córdoba como garante de la misión humanitaria, la descalificación del periodista Daniel Samper, y las calumniosas palabras del presidente Uribe y del ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, contra la labor periodística de Holman Morris y Jorge Enrique Botero. A pesar de esos obstáculos, la acción humanitaria que buscaba la libertad de seis personas que sufrieron durante años el secuestro se cumplió exitosamente.
La convergencia de Colombianas y Colombianos por la Paz busca ir más allá de las demostraciones contra los horrores de la guerra. También de las meras invocaciones a la Paz. No busca simplemente condenar el secuestro. Persigue su eliminación definitiva como práctica de guerra. Es una creciente corriente de opinión que comienza a plasmarse en acciones humanitarias que van construyendo el camino hacia el final del conflicto armado. Su objetivo es hacer que se cumpla el artículo 22 de la Constitución Nacional: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
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