Un avance, aunque no cesa la impunidad ni la paraeconomía en bajo Atrato
El pasado 18 de Mayo, la Fiscalía 8va. la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que adelanta el proceso 3856 donde se investiga los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, usurpación de tierras y delitos contra el medio ambiente cometidos en Curvaradó y Jiguamiandó, resolvió la situación jurídica de 25 empresarios con medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional.
Esta medida pretende asegurar la comparencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir la fuga o la continuidad de la actividad delictiva o las labores emprenda para ocultar, deformar o destruir elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.
Esta medida es un avance pero no significa que haya justicia, es una decisión que puede ser apelada.
La Comisión de Justicia y Paz como parte civil actúa en representación de centenares de víctimas, y aportó 347 pruebas, 134 aportadas al proceso por parte la Fiscalía muchas de ellas en virtud de los memoriales presentados por la parte civil.
Con esta medida están cobijadas los empresarios y algunos paramilitares, como: Gabriel Jaime Sierra Moreno, Raúl Alberto Penagos González, Antonio Nel Zúñiga Caballero, Javier José Daza Petrel, Claudio Adolfo Fregney Ochoa, Guillermo Ochoa Pino, Héctor Duque Echeverri, Iván Patiño Patiño, Hermén José Muñoz González, Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis Santos Ortega, Danilo José Pacheco de la Hoz, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, Remberto Manuel Alvarez Vertel, Mario Alberto Vélez Giraldo, Jiuvanni Suescún López, Luis Alberto Flórez Pérez, José Miguel Ruiz Cossio, Manuel Gregorio Dennos Blandón, Sor Enid Ospina Rendón, Katia Patricia Sánchez Mejía y Jesús Ignacio Roldán Pérez trabajadores de algunas de las empresas responsables de los crímenes: Urapalma, Palmas del Curvaradó, Palmado, Palmas S.A, Invesiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, entre otras e identificar a Sor Teresa Castaño y el conocido con el alias de “Palillo”.
Dentro de la misma decisión se toman otras determinaciones como la orden de identificar a los Notarios de San Jacinto, de Chigorodó, 8vo de Barranquilla e identificar plenamente a todas las personas que fungieron como socios de las empresas palmicultoras presentes en la zona del bajo Atrato Chocoano.
Respecto a la financiación se solicitó identificar plenamente a las personas encargadas por el Banco Agrario y FINAGRO para el estudio de créditos que finalmente fueron aprobados a Urapalma y a las demás empresas palmeras e identificar a los funcionarios de Codechocó, Corpourabá e Incoder que de manera directa o indirecta participaron con conceptos, estudios, expedición de documentos, licencias etc, relacionadas con la implementación de la palma en la región del bajo Atrato.
Este proceso se inició en abril de 2005, luego de que Ligia María Chaverra, representante legal en ese entonces, del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Curbaradó y Manuel Dennis Blandón representante legal del Consejo del Río Jiguamiandó presentaran una denuncia penal por los delitos que se derivaron de la siembra ilegal de palma aceitera y la implementación de proyectos de ganadería extensiva en sus territorios. Ellos junto con Enrique Petro y decenas de afrocolombianos y mestizos han sido amenazados de muerte, algunos otros de los líderes asesinados.
Es de anotar que la Resolución evidencia la responsabilidad de los empresarios de la palma y de la ganadería extensiva, así como de funcionarios públicos que por su acción u omisión favorecieron la ideación, realización y ejecución de los delitos investigados.
Pese a ello, pasados más de 5 años desde que se inició la investigación, aun no existen decisiones de fondo, resoluciones de acusación o juzgamientos en contra de los responsables y no se investigan la totalidad de 142 crímenes de lesa humanidad, 15 desplazamientos forzosos.
En la actualidad se encuentra en trámite ante el sistema interamericano y ante la Oit el caso de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
Esta decisión de la fiscalía, más el auto del pasado 18 de mayo de la Corte Constitucional que obstaculizó la restitución ilegitima de predios colectivos para favorecer a los empresarios, más la audiencia de la Corte Interamericana, recientemente celebrada, han generado la reacción de Álvaro Uribe Vélez acusando a la Comisión de Justicia y Paz de generar divisiones y de colonizar a la población.
Bogotá, D.C. 12 de mayo de 2010
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz