Sigue el exterminio y el desarraigo por acción militar encubierta
Ya hace cerca de un año, los temores se hicieron públicos. Ahora los temores son una realidad siniestra. Los pobladores del Alto Ariari, ya van a cumplir 365 días, de una persecución, desarraigo, exterminio sistemático a través de operativos militares que han combinado acciones regulares e irregulares de tipo paramilitar. Las amenazas de muerte, los señalamientos, los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzoso está convirtiendo el campo en caseríos fantasmas; los cascos urbanos son propiedad privada de los victimarios, quiénes actúan, sin resquemor alguno lado de las autoridades civiles, policiales y militares, que se pasean a su lado o que atraviesan los retenes de control militar en camionetas en las que se movilizan hombres, algunas veces vestidos de camuflado y con armas cortas y largas, nunca son detenidos.
Aquí unos pocos hechos a los que hemos logrado acceder o conocer, por desterrados de ese lugar, y que en medio de la zozobra, quieren por lo menos que se conozca algo de lo que está sucediendo.
1. Jueves 9 de enero, LUIS SANCHEZ, poblador de la vereda Caño Tigre, corregimiento de Medellín del Ariari, fue asesinado por los “civiles” armados. En el punto conocido como río Caño Claro, su cuerpo fue encontrado con dos disparos en sus piernas y apuñalado por el corazón y el cuello. Días antes recibió amenazas por parte de una paramilitar apodado “El Paisa”, diciéndole que tenia que abandonar la región.
Ese día se conoció que la personera del municipio de El Castillo, que reemplazo a su antecesor, quién fue asesinado por los paramilitares hace unos meses, se vio obligada a abandonar la región. De acuerdo con las informaciones recibidas las amenazas provinieron de los paramilitares.
2. Domingo 12 de enero, hacia las 20:00 horas un grupo de “civiles” armados, vestidos de camuflado llegaron a la vivienda del Señor HÉCTOR PULIDO LEÓN, ubicada en la Vereda Caño Claro, corregimiento de Medellín del Ariari. Allí preguntaron por HECTOR, y lo obligaron a acompañarlos y a su esposa a separarse de él.
En la mañana del lunes 13 de enero, varios vecinos se dirigieron hacia el lugar a donde se encontraban los “civiles” armados, el mismo lugar por el que se llevaron a HECTOR, preguntando por él, estos se negaron a aceptar que lo tenían en su poder. A los dos días, los vecinos lo encontraron muerto, enterrado la casi totalidad de su cuerpo, pero su cabeza descubierta.
3. Durante ocho días, entre los domingo 19 y 26 de enero, los “civiles” armados que patrullan en Medellín del Ariari desterraron a cinco familias del perímetro urbano, luego de amenazarlas de muerte y de acusarlas de colaboradoras de la guerrilla. Entre los desplazados forzados se encuentran dos ancianos –mayores adultos- fundadores del pueblo, quiénes en el pasado habían sido miembros del Partido Comunista y fundadores de la Asociación Democrática de Mujeres.
Dentro de sus actuaciones contra las cinco familias, los paramilitares ingresaron a sus casas las requisaron, ñes saquearon, destruyeron algunos enseres. Cuando las familias abandonaron el poblado, los “civiles” armados se apoderaron de las casas y los enseres de estas personas.
Ese domingo 26 de Enero, los “civiles” paramilitares que se transportaban en una camioneta gris cuatro puertas llegaron a la vereda Caño Claro, en horas de la tarde asesinaron a un poblador de nombre MIGUEL.
4. Jueves 30 de enero, hacia el medio día, un oficial de la Policía de El Castillo, al parecer un Teniente, reunió a los pobladores de Medellín del Ariari para anunciarles que se iba a construir una estación de policía en el pueblo. Mientras la reunión se desarrolló los “civiles” armados se hicieron en las afueras del casco urbano.
5. Sábado 1 de febrero a raíz de las incursiones armadas encubiertas, bajo el nombre de Autodefensas Campesinas, los caseríos de La Cima, La Esperanza, 20 de Julio, El Retiro, Campoalegre, Caño Embarrado, La Cumbre, Brisas del Jordán, La Floresta han sido desalojadas. Dentro de la modalidad paramilitar, los armados vestidos de camuflado y otros de civil, luego de intimidar, en algunos casos de amenazar de muerte, han desalojado a los campesinos, expresando: “Se van , nosotros no respondemos”.
Mientras todas estas situaciones se han presentado las unidades militares operan en los cascos urbanos de la cabecera municipal de El Castillo, el corregimiento de Medellín del Ariari, y la población de Puerto Esperanza. Se continúa desmoronando el Estado de Derecho, es evidente la OMISION, que ya es COMISION POR OMISION, y la COMPLICIDAD, que es el desarrollo de la estrategia militar encubierta.
Nadie absolutamente ha hecho nada para enfrentar estas estructuras criminales. El desarraigo, la muerte sigue y no existe ninguna atención. El silencio es el rey, la pasividad institucional, la tolerancia absoluta frente a esta operación de terror, que en el orden nacional e internacional ha sido oculta y ha sido adobada con el Premio Nacional de Paz, concedido por la empresa privada y los medios de información masiva de nuestro país. Hoy sigue su paso la barbarie, muertos, desarraigo, desplazamiento, en una unidad de acción bajo la responsabilidad del Batallón 21 Vargas. Una grave y profunda tragedia humana y de Derechos Humanos en los límites de la hasta hace cerca de un año la zona de distensión, que será de lo que se vive dentro. Evidentemente no se ha perseguido ni combatido a las FARC EP se ha perseguido a la población civil.
Bogotá, febrero 4 del 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ