Reserva Campesina, propuesta para frenar la deforestación

Uno de los principales retos del presente gobierno en las zonas de periferia es frenar la deforestación que arrasa ecosistemas de incalculable valor ambiental. Al mismo tiempo, tiene que marcar la hoja de ruta para la solución pacífica de las problemáticas que permiten el asentamiento de actores armados en estos territorios. En este sentido, el Gobierno deberá asumir estrategias complejas que reconozcan los factores estructurales que soportan estas problemáticas.

Por esto, las bases para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del cambio plantean como eje central la construcción de la paz total con los conceptos de justicia económica, ambiental y social, lo que tiene el reto de traducirse en programas y proyectos concretos que ataquen el problema de fondo.

Dentro de estos factores estructurales se encuentran el problema de la tierra y el abandono del campesinado. Los ciclos de violencia en Colombia siempre han estado acompañados del despojo y acumulación de tierra por grandes terratenientes, el desplazamiento de campesinos, la colonización de montañas y selvas, y con esto la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación. Ciclo que se ha repetido una y otra vez en nuestra historia.

La alternativa campesina

Sobre este problema, el campesinado y sus organizaciones no han sido actores pasivos. Décadas de lucha por el derecho a la tierra, la denuncia ante el despojo y la construcción de alternativas de solución a estos problemas han estado en su agenda.

Dentro de estas últimas se han construido propuestas concretas, como lo son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que, producto de la movilización, se logró que fueran incluidas en la Ley de Reforma Agraria, la 160 de 1994, la cual busca frenar la expansión de la frontera agrícola desde el desarrollo de acciones e inversiones que permitan estabilizar la economía campesina, principalmente de campesinos colonos, a través de inversiones que se organizan en un plan de desarrollo sostenible.

Las ZRC buscan garantizar la propiedad de la tierra por parte del campesinado, y a la vez imposibilitar el acaparamiento de tierra más allá de la Unidad Agrícola Familiar [1], evitando así la conformación de latifundios que empujen al campesinado a colonizar nuevas tierras monte adentro.

Lo anterior implica un giro en las lógicas de conservación y percepción del campesinado por parte del Estado, que hasta el momento se ha encargado de señalar y perseguirlo como supuesto destructor de la naturaleza. Por lo contrario, esta figura, a través de la garantía de derechos al campesinado, busca reconocer su papel en la preservación.

Un nuevo momento

El avance de esta propuesta, que tiene alrededor de treinta años, se vio frenado ante la estigmatización de la extrema derecha, terratenientes y narcotraficantes, señalándolas como una iniciativa de la insurgencia, reavivando el fantasma de las repúblicas independientes.

El militarismo se opuso aduciendo temas de seguridad nacional y de manera conjunta con el paramilitarismo se encargó de la persecución a sus líderes y organizaciones. Desde el primer Gobierno de Álvaro Uribe se desfinanciaron las ZRC, se hizo todo lo posible para sabotear las ya constituidas e impedir la constitución de nuevas.

Tiempos duros para esta figura, que solo vuelve a sonar con la firma del Acuerdo de Paz, pero que no avanzó ante la no implementación del Gobierno de Iván Duque.

Hoy las ZRC retoman importancia con la llegada del nuevo Gobierno, al ser la única figura ya en la ley que tiene la misión de frenar el avance de la frontera agrícola, rompiendo el ciclo de concentración, colonización y venta de tierra. Y por ende frenar a la deforestación en ecosistemas claves, como está sucediendo en la Amazonia, Orinoquia y el Catatumbo, pero también para blindar ecosistemas como los páramos, que hoy están bajo la incertidumbre de delimitaciones diseñadas para permitir el desarrollo de megaproyectos extractivistas.

Estas figuras se están convirtiendo en una de las estrategias claves para proteger los distintos ecosistemas en peligro. Así las ZRC podrían ser las figuras para rodear los Parques Nacionales Naturales y demás instrumentos de protección que hoy de manera aislada no cumplen su función.

Para que esto se logre se requiere la creación de una institucionalidad que garantice el funcionamiento de las ZRC. Hoy la Agencia Nacional de Tierras tiene la tarea de adelantar los procesos hasta su constitución o reconocimiento legal, pero más allá de esto no existe el andamiaje que garantice el aporte e inversión de las distintas instituciones para el impulso de sus planes de desarrollo sostenible.

Institucionalidad agraria

Por eso, de acuerdo con lo planteado por Visnu Posada Molina, ingeniero ambiental que viene hace varios años acompañando los procesos de ZRC en el país, se debe crear un programa y un subsistema de ZRC, articulado al Sistema Nacional de Reforma Agraria, los cuales, de acuerdo con sus propias palabras tendrían la siguiente función:

“El programa buscaría ser una abstracción de los Planes de Desarrollo Sostenible, es llevarlos a un nivel nacional, a un instrumento más o menos unificado en donde se pueda gestionar con las instituciones competentes a nivel nacional, en cada una de las ramas se debe ser garantes de derechos. Y el sistema es un escenario de encuentro de las instituciones competentes para gestionar el programa, un espacio de articulación institucional. Sobre esto ya existe una propuesta de decreto entregada al Ministerio de Agricultura en el marco del paro nacional”.

Esto se traduce en que, desde lo nacional y de manera organizada, se deje el presupuesto necesario para el desarrollo de las ZRC. Que para el caso del Gobierno del cambio se dejen los recursos necesarios, en el Plan Nacional de Desarrollo, destinados a financiar los planes de desarrollo sostenible de las ya constituidas, constituir y financiar las que están frenadas por falta de voluntad política, incentivar en las comunidades campesinas procesos de impulso en nuevos territorios, como la constitución de ZRC de oficio en los territorios que más lo necesiten.

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