Proyecto minero inquieta a comunidades indígenas del Bajo Atrato

El fantasma del proyecto Mandé Norte vuelve a perseguir a los pueblos ancestrales de Chocó. La presencia de una compañía minera genera divisiones entre las comunidades y algunos temen que su territorio sea explotado sin consentimiento. El caso fue expuesto ante la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La sombra de un ambicioso proyecto minero se cierne nuevamente sobre las comunidades del pueblo Embera que habitan el resguardo indígena Uradá Jiguamiandó, en jurisdicción de los municipios de Carmen del Darién y Riosucio, en el departamento de Chocó, rememorando el antiguo caso conocido como Mandé Norte.

Las entrañas de aquellas tierras ancestrales guardan un metal atractivo: el cobre. Y desde hace más de dos décadas, los intereses extractivistas extranjeros han querido extraerlos, pese a la permanencia histórica del pueblo Embera, que se resiste a la presencia de los foráneos y a sus prácticas mineras.

El 26 de febrero de 2003, el Estado colombiano, a través del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), les tituló a las siete comunidades del pueblo Embera que conforman el resguardo undígena Uradá Jiguamiandó dos globos de tierra que, en su conjunto, suman 19.744 hectáreas.

No ha sido sencillo para los Embera permanecer en su territorio, aún antes de que les fuera titulada la tierra. Los nativos han tenido que soportar la presión de grupos subversivos y paramilitares, así como de narcotraficantes, del Ejército Nacional y de las empresas mineras. La situación se ha prolongado hasta el presente, generándoles condiciones de riesgo.

De esas preocupaciones fue enterada, en días pasados, Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien estuvo en Bogotá para escuchar a líderes y lideresas sobre la situación en varias regiones del país.

Los líderes sociales que se encontraron con García Muñoz también conversaron con VerdadAbierta.com y hablaron de tres preocupaciones fundamentales: las consecuencias del narcotráfico en su resguardo; la presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’); y el retorno de las empresas mineras a sus territorios ancestrales.

Coca, armas y metales

Por décadas, las comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato han padecido la guerra y la codicia por sus tierras. Foto: Juan Diego Restrepo E.
“En el 2020, erradicamos toda la coca”, sostiene un vocero indígena del pueblo Embera que, por razones de seguridad, pidió la reserva de su nombre. Las comunidades arrancaron las matas de hoja de coca para uso ilícito de por lo menos 150 hectáreas dentro del resguardo, pero en los predios por fuera del lugar siguen cultivando y los desechos químicos de los laboratorios de procesamiento de coca corren por sus ríos, que poco sirven para saciar la sed: “nos da rasquiña, nos da dolor de estómago”.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en 2020, Carmén del Darién ocupó el primer lugar como el municipio del Bajo Atrato con más sembradíos de hoja de coca para uso ilícito, con 192,67 hectáreas. En el departamento de Chocó ocupa el tercer puesto a nivel nacional.

“Por eso nos toca informar a la institucionalidad —continúa el líder— y por eso, dicen los cocaleros, los indígenas somos culpables de que el Ejército haya quemado dos laboratorios”.

Fuente: https://verdadabierta.com/proyecto-minero-inquieta-a-comunidades-indigenas-del-bajo-atrato/