Jiguamiandó Alto Guayabal Mauricio Álvarado

Paramilitares maltratan, amenazan y saquean a indígena

El martes 2 de febrero, a las 5:00 a.m. el indígena Benerito Domicó, integrante del Resguardo Urada, Jiguamiandó, fue golpeado, maltratado  y hurtado por paramilitares de las AGC en su puesto de control entre Mutatá y Pavarandó, instalado a pocos minutos de un puesto policial y sitio de movilidad de las Fuerzas Militares. 

Benerito salió de Mutatá, Antioquia, hacia el corregimiento de Pavarandó Grande en un vehículo de servicio público en el que iban también otros pobladores.

En el puente ubicado a 15 minutos de  Mutatá, tres hombres de las AGC con armas cortas, obligando a bajar a todos los pasajeros. Los paramilitares intimidaron a tres campesinos  y a Benerito. 

Al Benerito lo agarraron de la nuca y lo patearon, lo insultaron, luego de preguntarle de qué lugar era, y de amenazarle.

Benerito luego de ser dejado en libertad debió pedir auxilio a habitantes de Pavarandó.

Cómo hace 24 años, las violaciones derechos humanos con amenazas, malos tratos, torturas, bloqueo económico, saqueo, restricciones a la movilidad continúa como un modo de operaciones de tipo paramilitar consentido,apoyado por sectores policiales y militares que están asegurando el despojo  y la destrucción de vida y cosmovisiones ancestrales para imponer un modelo de desarrollo basado en la impunidad, en el terror y la destrucción ambiental.

Las operaciones de control social territorial parainstitucional de hoy coinciden con los planes estratégicos de expansión empresarial proyectados por sectores privados durante la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe e impulsados en políticas de inversión durante sus dos gobiernos desde el ejecutivo nacional.

El Fiscal General dela Nación tan locuaz para aseverar que hay actuaciones judiciales en los territorios y que conoce el bajo Atrato desde su misión constitucional poco o nada puede mostrar de resultados eficaces en el desmonte de un aparato criminal consolidado que tiene sometida a la población y al despojo empresarial que se beneficia de esta criminalidad.

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2021

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.