Nuevos planes de actuación contra ENRIQUE PETRO y Zonas Humanitarias ocupación empresarial de la propiedad de PETRO judicialización, amenazas de presión y de atentados

“ Oh Dios, no te quedes mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios! Mira como tus enemigos braman, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo maquinan intriga, conspiran contra tus protegidos; dicen: ´!Vengan, borrémoslos de la faz de la tierra, no se recuerde mas el nombre de ese pueblo ” (Salmo 83, 2-5)


RESUMEN

Una ocupación ilegal de la empresa Urapalma en el Territorio Colectivo del Curvaradó se produjo desde el martes 17 de octubre. La propiedad de 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, de las cuales 120 se encuentran ilegalmente sembradas en palma, y en la que se encuentra la Zona Humanitaria del Curvaradó ha sido ocupada por cerca de 50 operarios de la empresa palmera, quiénes han iniciado la limpieza de varios lotes.

La actuación empresarial se ha realizado en medio de la presencia de las unidades militares de la Brigada 17 y de una actuación ineficaz del ejecutivo propiciando el desconociendo la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, las Resoluciones del INCODER y en general las responsabilidades oficiales en relación con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una cosa es igualmente lo que el Gobierno Nacional responde a la comunidad internacional, a los medios de información y otra cosa es la realidad. La siembra de la palma avanza, se extrae el fruto, se ocupan propiedades de afrocolombianos para proteger la cosecha.

Al lado de la actuación CONTRA DERECHO tolerada institucionalmente, se conoció el inició de un nuevo absurdo proceso civil contra las víctimas y sus acompañantes. El absurdo proceso adelantado contra el legitimo y legal dueño de la propiedad familiar, como cabeza de familia ENRIQUE PETRO, una integrante de PASC de Canadá y los defensores de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Hna. CECILIA NARANJO y el Padre HENRY RAMÍREZ, es por el delito de invasión de la “propiedad empresarial”.

Las falsas acusaciones son parte de una estrategia judicial, mediática, de presiones, de ocultamiento, de compra de testigos o de víctimas y de destrucción de pruebas con las cuales se quiere LEGALIZAR LA ILEGALIDAD, LEGITIMAR LA USURPACIÓN, y ASEGURAR LA ABSOLUTA IMPUNIDAD en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en el uso de mecanismos fraudulentos para el registro de la propiedad usurpada y la negación de la destrucción ambiental por el agronegocio de la palma.

Paralelamente se han conocido versiones de la pretensión de controlar y limitar la afirmación de los Derechos de los afrocolombianos, de los mestizos afectados por la violencia paraestatal y la siembra de palma con actuaciones sobre la libertad de ENRIQUE PETRO, y los habitantes de la Zona Humanitaria. Los intentos de persuasiones económicos adelantados por abogados de Urapalma, familiares de los hermanos CASTAÑO GIL han fracasado por lo que parecen haber definido otros mecanismos para lograr coaccionar y doblegar las actuaciones en DERECHO de las víctimas del despojo y de violaciones de derechos humanos. Además de realizar posibles actuaciones contra los miembros de los Consejos Comunitarios, se trata de hacer desaparecer pruebas, como la de los restos de LINO DIAZ ALMARIO, campesino que cuatro años después de muerto, firmó la venta de 6000 hectáreas de tierra, cuando en vida solo era propietario de 18 hectáreas.

Simultáneamente a la ocupación empresarial, el sector sindical del banano afirmó a afrocolombianos de Despensa Baja, quiénes estaban en la preparación de la Zona de Biodiversidad, que ellos había adquirido una propiedad dentro del Territorio Colectivo, destinada a los desmovilizados de los grupos paramilitares. Coincidencialmente, en este mismo caserío del Territorio Colectivo apareció un grupo armado que se identificó como “Aguilas Negras”, aunque días después las autoridades militares de la región afirmaron que no tenían información de la existencia de este grupo en el Bajo Atrato. Respuesta que no deja de ser extraña, cuando existen serias coincidencias que parecen mostrar que se realizan actuaciones irregulares por efectivos regulares de la Brigada Móvil como “Aguilas Negras”.

SOLICITUDES

Al Vicepresidente de la República FRANCISCO SANTOS fsantos@presidencia.gov.co, rdh@presidencia.gov.co

a. actuar frente a las nuevas dinámicas de las estructuras paramilitares a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de ENRIQUE PETRO, los integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó que habitan en las Zonas Humanitarias y en las Zonas de Biodiversidad,

b. dar respuesta integral a las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los aspectos relacionados con el reconocimiento de los derechos Territoriales

c. Informar al Presidente ALVARO URIBE VELEZ y al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS a fin de responder eficazmente adoptando medidas administrativas que restituyan realmente la propiedad de ENRIQUE PETRO y de los habitantes del Territorio Colectivo;

d. Impedir la ampliación de la siembra de palma y el procesamiento de la extracción del fruto de la palma en Mutatá en la planta procesadora Extractora Bajirá S.A hasta tanto sean restituidas las propiedades a sus legitimos propietarios

Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, Diag 22 b No 52-01 Bogotá, telefax 005715702022 contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co

a. Realizar la custodia de manera INMEDIATA los restos de LINO ANTONIO DIAZ que se encuentran en el cementerio de Llano Rico

b. Trasladar INMEDIATAMENTE para que hayan garantías y celeridad, los procesos penales No 150944 de la Fiscalía 101 especializada de Quibdó que se sigue contra la empresa URAPALMA S.A.

El Fiscal General de la Nación asumió en Enero del presente año dicho compromiso. A la fecha no hay ninguna actuación de la Fiscalía de Quibdó que conoce el caso

c. Informar acerca del estado de las investigaciones por los 113 crímenes y los 13 desplazamientos forzados causados desde 1996 hasta hoy en desarrollo de la estrategia paramilitar que permitieron el desalojo de los campesinos y la posterior siembra de palma en el Curvaradó

A los ciudadanos y ciudadanas e iglesias cristianas de USA, requerir a los Congresistas condicionar cualquier tipo de aprobación de ayuda a Colombia hasta tanto no sea afectiva, real, concreta la devolución de las propiedades a los afrocolombianos del Curvaradó

Adjunto DETALLES Y LINEAS DE INTERPRETACION

Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

HECHOS EN DETALLE

* Jueves 28 de septiembre, “El Gago”, ex miembro de la estructura paramilitar que comandó el llamado “El Palillo”, actualmente portero de la sede de Urapalma, en un lugar público manifestó su alegría porque llegó “La Señora”, KATHIA PATRICIA SANCHEZ, con “Dos Caminantes”, miembros de seguridad. El “Gago” agregó que con ella, refiriéndose a la señora, se van arreglar las cosas, pues viene el pago que nos deben de 4 meses atrasados.

La señora SANCHEZ, gerente de Urapalma, según registro de la Cámara de Comercio, llegó a Belén de Bajirá en la camioneta de la empresa, una Hilux, Toyota, de color café. De acuerdo con testigos, ambos se encontraban con armas cortas, uno de ellos es un desmovilzado del Bloque “Elmer Cárdenas”, que opera en la región, y el otro ha actuado en el pasado como miembro de las “Convivir”.

* Lunes 2 de octubre, 102 personas entre niñas, niños, mujeres adultas y hombres adultos regresaron a la Zona Humanitaria del Tesoro en el territorio Colectivo del la Cuenca del río Curvaradó.

* Sábado 7 de octubre, en horas de la tarde en Belén de Bajirá un empleado de Agropalma y Cia Limitada manifestó en conversación con varios trabajadores de Urapalma y vecinos de Belén de Bajirá que: “El Patrón” esta “mamado” con el viejo PETRO y a él hay que sacarlo a las buenas o a las malas”.

Días antes JAVIER MESA había manifestado que “El Profe”, al parecer refiriéndose a VICENTE CASTAÑO, indicó que días atrás que era necesario “parar a Donde PETRO”

* Lunes 9 de octubre, en Belén de Bajirá, hacia las 9:00 a.m. trabajadores de la empresa Urapalma que trabajan en la zona rural se comunicaron con nuestra Comisión de Justicia y Paz para informar que no se les ha pagado por su trabajo desde hace más de seis meses, que muchos de ellos decidieron tomarse un lote enfrente de la Policía ante su situación infrahumana, que recientemente dos trabajadores por la carencia de medidas de prevención se intoxicaron al aplicar un veneno en las plantaciones de palma.

De acuerdo con los testigos, por carecer de afiliación a servicios de salud la empresa tuvo que trasladar uno de los trabajadores a Montería. Uno de ellos, agregó que escucharon versiones de los jefes de la empresa, según, la cual se iba “a aplicar Kan kil” en donde están las carpas – Zona Humanitaria- en la finca de Don ENRIQUE PETRO. “Es importante que cuiden a Don PETRO y a los que están en su finca”

* Martes 10 de octubre, hacia las 6:00 p.m. el llamado “El Gago”, en un lugar público cercano a la empresa Urapalma en Belén de Bajirá, manifestó que CARLOS MERLANO, abogado de la empresa URAPALMA S.A, le propuso a él y otras tres personas conseguir unas palas para desenterrar los restos de LINO DIAZ. “Vamos a ir con gente de confianza a la tumba de un señor que se encuentra en el cementerio de Llano Rico, necesitamos exhumar sus restos. De acuerdo con “El Gago” MERLANO aseguró que, “todo estaba cuadrado con el Mayor de la Policía de Belén de Bajirá y el cura del pueblo”

El abogado CARLOS MERLANO ha estado presionando y haciendo ofertas a don ENRIQUE PETRO, para arreglar la “ilegalidad” empresarial, ha obrado como testigo en los planteamientos hechos por TERESA, familiar de los hermanos CASTAÑO GIL, al integrante de los Consejos Comunitarios del Curvaradó.

*Miércoles 11 de octubre hacia las 6 30 p.m. ingresaron en un bus de servicio público a Belén de Bajirá 35 hombres vestidos de civil provenientes de San Pedro de Urabá, entre ellas, dos mujeres. El grupo de personas ingresaron a la sede de Urapalma donde cenaron. JAVIER MESA, jefe de mantenimiento de las plantaciones manifestó: “llegaron 35 hombres, 35 mulas para limpiar la región, vamos a donde Don PETRO”

De acuerdo con versiones recibidas desde Belén de Bajirá dentro de los trabajadores entraron algunos de los llamados “Caminantes”

* Jueves 12 de octubre, afrocolombianos de Despensa Baja, Territorio Colectivo del Curvaradó, en donde se está planeando la constitución de una Zona de Biodiversidad informaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que algunos de ellos se vieron obligados a abandonar el lugar en el que se intenta la recuperación y la protección ambiental, luego de que trabajadores de las empresas palmeras, afirmaron que las tierras no les pertenecían. Algunos de ellos expresaron que SINTRAINAGRO había adquirido las tierras para la reinserción de los paramilitares y que allí se iba adelantar un plan de paz con el apoyo empresarial para los desmovilizados.

A pesar de que los afrocolombianos manifestaron que la propiedad era parte del Territorio Colectivo y que ellos habían allí habitado y trabajado, los trabajadores continuaron sus labores.

Ese mismo día hacia las 6:00 p.m. otras personas decidieron salir de la comunidad, luego de que llegaron cerca de 20 hombres armados, con radios de comunicación, vestidos de camuflado verde y amarillo con boina azul.

Cuando los afrocolombianos exigieron su identificación y la razón de su presencia estos se identificaron como “Aguilas Negras”. Los armados agregaron que les iban a quitar los instrumentos de trabajo y las mulas porque esa tierra no era de ellos.

Luego de unos minutos, los uniformados siguieron su recorrido hacia el punto conocido como Playa Roja a la propiedad conocida como San Andrés en donde acamparon.

De acuerdo con informaciones recaudadas en el municipio de Riosucio, con la instalación de una Brigada Móvil, existe una movilidad permanente de sus unidades por Caño Manso y Despensa Baja, Territorio del Curvaradó, y por Montería caserío de La Larga, las unidades visten de camuflado y con boina azul.

* Miércoles 18 de octubre, hacia las 6:10 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que cerca de 15 trabajadores de la empresa Urapalma ingresaron desde el martes 17 de octubre a la propiedad de 150 hectáreas de la familia PETRO, que se encuentra ubicada en el Territorio Colectivo del Curvaradó, 120 hectáreas de las cuales se encuentran sembradas en palma de manera ilegal desde el 2001, luego de que su propietarios fueran obligados a desplazarse.

Los trabajadores reiniciaron los trabajos de limpieza en las plantaciones de palma, sembradas ilegalmente dentro de la propiedad de ENRIQUE PETRO, a menos de 800 metros de la Zona Humanitaria, luego de varios meses en que el mismo Gobierno Nacional reconoció la legalidad y legitimidad de la propiedad de Don PETRO.

Durante el día, de acuerdo con testigos miembros de la empresa Urapalma, JAVIER MESA y cuatro escoltas armados, bajo la dirección de un administrador, que ha intentado en varias ocasiones persuadir bajo presión y corrupción para que DON ENRIQUE PETRO desista de afirmar sus derechos estuvieron en los lotes acompañando a los trabajadores.

La ocupación de la propiedad se realizó a menos de 4 minutos de la base militar de la Brigada 17 de Caño Claro y a menos de 3 minutos de la Zona Humanitaria del Curvaradó.

Hacia el medio día, del miércoles 18 de octubre, en Brisas de Curvaradó, MOISES CASTRO, Defensor de Derechos Humanos, miembro de la Iglesia Presbiteriana fue abordado al parecer por un Informante de la Fuerza Pública, que se encontraba en medio de unidades militares, preguntando por su nombre y apellido completos. El Defensor de Derechos Humanos manifestó que de su presencia conocía la Vice Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y su labor es legal y legítima en función de su misión evangélica y de defensa de los derechos humanos. Agregó, finalmente que solo a las autoridades competentes se les debía responder las preguntas por él formuladas, este manifestó: “tranquilo que no va a pasar nada”

Hacia las 6:20 p.m. el Gobierno Nacional a través de la Vice Presidencia de la República fue informada acerca de la ocupación ilegal, y en particular de la inacción de las unidades militares de la Brigada 17. Se reiteró que la ocupación empresarial es contra derecho, desconoce la Resolución Defensorial, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación, y las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cinco minutos después el gobierno nacional manifestó telefónicamente a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que el Teniente BADILLO de la Policía había conocido de la información, que al siguiente día iba a verificar la situación. Igualmente se indicó que la Brigada 17 afirmó que no era cierta la presencia de las “Aguilas Negras” en esta región, pues este grupo “delincuencial” se encontraba en la serranía del Abibe. Adicionalmente expresó que para las autoridades policiales y militares había dificultades en reconocer exactamente cuales eran los linderos del Señor PETRO

* Jueves 19 de octubre hacia las 7:30 a.m. un grupo de 50 trabajadores fueron observados a menos de 800 metros de la Zona Humanitaria, y dentro del área de las 150 hectáreas de ENRIQUE PETRO, preparando sus herramientas para continuar ocupando y trabajando dentro de la propiedad del Territorio Colectivo. Igualmente se observó a menos de 400 metros del lugar ocupado por la empresa Urapalma, en la torre que se encuentra a un costado de la finca del integrante del Consejo Comunitario del Curvaradó instaladas carpas del batallón Voltígeros de la Brigada 17.

A las 8:00 a.m. organismos de control y del ejecutivo fueron enterados de la situación.

Hacia las 9:20 a.m., aproximadamente, 20 habitantes de la Zona Humanitaria del Curvaradó, un integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz, acompañados de observadores internacionales se dirigieron a la torre donde se encontraban los militares. En el lugar dialogaron con el sargento ROJAS, del batallón Voltígeros, al manifestarle familiares de ENRIQUE PETRO que su propiedad estaba siendo ocupada ilegalmente por los trabajadores, este afirmó que se comunicaría inmediatamente con el Coronel PADILLA, comandante del Batallón Voltígeros, para que hablara con los administradores de Urapalma. Agregó el militar que sus unidades habían notado la presencia de los trabajadores, pero que estos solo estaban obedeciendo órdenes.

El sargento ROJAS anotó los nombres y apellidos del miembro de nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y de la Iglesia Presbiteriana MOISES CASTRO.

A las 9:50 a.m. el Gobierno Nacional a través de la vicepresidencia informó que el Coronel PADILLA afirmó que la presencia de trabajadores de Urapalma es los límites de la propiedad de ENRIQUE PETRO, precisando que la presencia de las unidades de la Brigada 17 es permanente en razón de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente reiteró que la Brigada 17 no tenía conocimiento de la presencia en el Curvaradó del “grupo de delincuencia común llamado “Aguilas Negras”, aunque se tiene conocimiento de que han hecho presencia en la serranía del Abibe.

A pesar de los requerimientos a las autoridades para evitar los trabajos dentro de la propiedad de ENRIQUE PETRO, integrante del Consejo Comunitario del Curvaradó, más de 50 trabajadores continuaron ocupando ilegalmente y limpiando en el interior las plantaciones de Palma, sin ninguna autorización de sus legítimos y legales dueños.

* Viernes 20 de octubre, desde el medio día se observó la ampliación de la ocupación y de los trabajos de la empresa Urapalma en predios de ENRIQUE PETRO, sin su autorización a menos de 400 metros de la Zona Humanitaria.

Hasta este día se ha ocupado y trabajado ilegalmente en cerca de 25 hectáreas de la propiedad de la familia PETRO.

* Sábado 21 de octubre el semanario El Espectador, en el Informe sobre el proyecto de Ley sobre Desarrollo Rural , titulado “Ley de Tierras podría prestarse para el lavado de activos”, página 4 A afirma que en concepto del Procurador General de la Nación: “pareciera que su principal objetivo (el del proyecto) fuese legitimar los cultivos de palma en territorios de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó, Curvaradó, Alto Mira y Frontera (Chocó), desarrollados sin el consentimiento de sus autoridades legítimas en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos (cultivos de palma)”

* Lunes 23 de octubre a las 9:00 a.m. se logró confirmar que la empresa Urapalma denunció civilmente bajo el radicado “Interlocutorio Civil 104 del 31 de julio de 2006” del juzgado promiscuo municipal de Riosucio” para ordenar un desalojo por ocupación de hecho de la propiedad de la familia PETRO en Territorio Colectivo del Curvaradó, a su legítimo propietario como cabeza de familia e integrante del Consejo Comunitario a ENRIQUE PETRO, a la Hermana CECILIA NARANJO, religiosa de la congregación del Sagrado Corazón, defensora de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz; al sacerdote HENRY RAMÍREZ, religioso de la congregación de los misioneros Claretianos y a las ciudadanas canadienses ANNI JUNBINVILLE y VERONIQUE CLOUTIER de la organización de acompañamiento internacional PASC.

Los nombres precisos con sus documentos de identidad, que sustentan las falsas acusaciones de los empresarios de la palma, junto con algunas de las fotografías que circulan en los despachos de las empresas y en Derechos de Petición, fueron obtenidos por la Policía de Urabá que levantó un acta en presencia de administradores de los empresarios en el mes de abril de 2006.

El mismo día a primera hora, el Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS, ratificó en entrevistas ofrecidas a la emisora “La W” y a la Cadena Super en el programa “La Hora de la Verdad” que devolverán a los afrocolombianos las propiedades colectivas.


LINEAS DE INTERPRETACIÓN

No cesan en desarrollar los más diversos mecanismos para acallar la verdad, para impedir el acceso a la justicia, para negar las posibilidades de reparación integral a las victimas de violaciones de derechos humanos, a las víctimas del despojo violento y fraudulento de la propiedad privada y del Territorio Colectivo, a las víctimas primeras de la destrucción ambiental en una región de altísima biodiversidad.

Si para la desterritorialización se uso de la estrategia paramilitar bajo el pretexto de la persecución de la guerrilla, aunque el blanco militar y víctima sistemática de violaciones de derechos humanos fue la población; ahora para la legitimación del crimen y la impunidad el argumento irracional es el progreso, el desarrollo y la inversión privada que posibilitara en alianza con los “propietarios” – aunque no exista devolución – para lograr que estos salgan de la miseria o se reconcilien con sus victimarios en el agronegocio de la palma, del banano o de la ganadería extensiva.

La legitimación de las actuaciones CONTRA DERECHO solo han sido posibles ante la inacción, la ausencia de celeridad y de efectividad de la institucionalidad para actuar frente a la criminalidad, que incluso ha permeado sus propias estructuras de ejecución, de investigación y de sanción.

Todas las recomendaciones, sugerencias, exigencias de los organismos de control del Estado son desconocidas, los mecanismos regionales de protección de Derechos como las Medidas Provisionales son burlados permanentemente. A cualquier afirmación en Derecho de los Derechos por parte de los afrocolombianos argucias lingüísticas para proteger los “privilegios” de quienes usan de todos los medios de la ilegalidad, entre ellos la violencia para imponer sus leyes. Una cosa dice el Ministro por los medios de información y otra cosa es lo que pasa en el Curvaradó, sigue la palma avanzado, se ocupan los predios de afrocolombianos, continúa la amenaza.

Hoy la situación del Curvaradó evidencia la Erosión del Estado de Derecho, las razones se encuentran en la contundencia de los hechos. Más de 5 años exigiendo el cese de la siembra de palma, 2 años exigiendo el cese de la extracción del fruto, y los empresarios ampliando la siembra, extrayendo el fruto de la palma, desarrollando estrategias de presión de tipo paramilitar, mientras a los afrocolombianos se les dilata la devolución de su propiedad.

Años exigiendo suspender todo y la siembra avanza en Playa Roja y el procesamiento en la Extractora Bajirá en Mutatá. Si hoy se evidencia la erosión del Estado de Derecho es por que el uso de la fuerza no está destinado a proteger la vida, la integridad de los derechos de los afrocolombianos sino exclusivamente la de los sujetos de poder manchados con sangre. Basta constatar que la fuerza legal mira pasivamente como se ocupan los predios de los campesinos mestizos y afrocolombianos y guardan silencio, justifican o dilatan. El poder de corrupción, de intimidación, de presión empresarial son los que rigen la actuación institucional, es lo que se deduce de la situación de los afrocolombianos.

Basta ver los indicios que llevan a deducir la reingeniería de la estrategia paramilitar y el uso de las estructuras regulares para operaciones de tipo encubierto. Basta mirar la ausencia de investigaciones prontas y oportunas, sobre hipótesis que comprendan los estructural y sistemático de la violencia expresada en 15 desplazamientos forzados, y más de 113 crímenes cometidos desde 1.996 y observar. O contemplar como el ente investigador se niega a avanzar en las investigaciones frente a la empresas palmeras, su articulación confesada, por sus propios artífices, con las estructuras paramilitares como lo han aceptado VICENTE CASTAÑO y FREDDY RENDÓN a la Revista Semana. O contemplar el absurdo judicial de asumir investigaciones contra las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, las víctimas del despojo, las víctimas de la destrucción ambiental.

No hay mucho que agregar. Los afrocolombianos sujetos de Derecho no poseen si no el único derecho de constatar que las actuaciones CONTRA DERECHO son las del ESTADO DE DERECHO.

Bogotá, D.C. Octubre 23 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ