Nuevos Ataques a comunidades de Jiguamiandó, Desapariciones Forzosas

Durante este año ha sido de especial gravedad la situación de crisis de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y 9 comunidades de Curbaradó, hoy nuevamente dejamos en su conocimiento a través de esta Constancia Histórica y nuestra expresión de Censura Moral por los daños irreparables causados a estas comunidades que han sido violentadas integralmente en sus derechos a la Vida y al Territorio.


Bogotá, junio 13 del 2003

Doctor
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ciudad

Ref: Nuevos Ataques a comunidades de Jiguamiandó, Desapariciones Forzosas

Reciba un respetuoso saludo.

Durante este año ha sido de especial gravedad la situación de crisis de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y 9 comunidades de Curbaradó, hoy nuevamente dejamos en su conocimiento a través de esta Constancia Histórica y nuestra expresión de Censura Moral por los daños irreparables causados a estas comunidades que han sido violentadas integralmente en sus derechos a la Vida y al Territorio.

A pesar de su decisión de asumir una propuesta de afirmación de sus derechos, de su deslinderamiento de los actores en conflicto armado, las estrategias contrainsurgentes nuevamente se han dirigido contra ellas.

° Viernes 30 de mayo, aproximadamente a las 12:00 horas en el río Jarapetó, en el punto conocido como Guapetó, distante a una hora y cincuenta minutos a pie del asentamiento de Pueblo Nuevo, cuatro afrodescendientes fueron atacados por “civiles” con armas largas, vestidos de camuflado, que actúan dentro de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar.

Los tres campesinos, entre quiénes se encontraban, el menor de edad 13 años, RONALDO RAMOS ARBOLEDA, y los adultos, de 42 años, RAMIRO ANTONIO
SANCHEZ DENIS y de 38 años aproximadamente, JOSE JOAQUIN MOSQUERA y otro afrodescendiente quién logró salvar su vida, se dirigían río abajo en una embarcación de madera, sin motor, conocida como champa, en dirección a una
vivienda donde dejarían a dos de ellos que se encontraban enfermos.

Uno de los campesinos al observar que un armado apuntaba contra ellos, luego percibir la presencia de muchos más, avisó a los restantes ocupantes moviendo con fuerza la pequeña embarcación. RAMIRO ANTONIO, se lanzó entonces al agua buscando tierra firme y boscosa, siendo baleado por los paramilitares. El otro adulto alcanzó a huir en medio de las balas, logrando llegar a la orilla e internarse en la selva. El cuerpo sin vida de RAMIRO ANTONIO quedó metros más abajo en la barranca del río.

Entre tanto, un significativo número de los armados obligaron a RONALDO Y JOSE JOAQUIN, quiénes se encontraban enfermos a orillarse. Luego de rodearlos, les hicieron bajar sus motosierras y otros instrumentos de trabajo, los insultaron, y se los llevaron en dirección a Urada, en donde se encuentra una base militar de la estrategia armada encubierta.

Desde ese momento RONALDO Y JOAQUIN se encuentran desaparecidos.

El otro afrodescendiente, quién logró huir al ataque directo, se dirigió entre la espesa vegetación aguas arriba de Jarapetó para avisar a 12 afrodescendientes, con quiénes se encontraba trabajando, desde el 23 de mayo, en cortes de madera de aprovechamientos domésticos, contemplados por ley 7O de comunidades negras.

° Sábado 31 de mayo, hacia las 16:00 horas, los afrodescendientes que se encontraban en Jarapetó en trabajos domésticos a raíz del asesinato de RAMIRO y la desaparición forzosa de sus dos compañeros, regresaron al lugar de asentamiento provisional de Pueblo Nuevo.

* Lunes 2 de junio hacia las 19:00 horas, de acuerdo con las primeras versiones el menor de edad RONALDO RAMOS MOSQUERA llegó al municipio de Chigorodó, luego de haber sido detenido desaparecido por un grupo armado de la estrategia militar encubierta.

De acuerdo con la misma información, el adulto JOSE JOAQUIN MOSQUERA fue dejado en el poblado de Pavarandó por los paramilitares

De acuerdo con las versiones hasta el momento cotejadas, RONALDO y JOSE JOAQUIN, luego de ver asesinar al miembro de la comunidad RAMIRO ANTONIO, fueron obligados a caminar sin botas durante un largo trecho. Horas más tarde fueron subidos en un camión que cruzó por lugares donde existe la presencia de la Fuerza Pública y Policial.

– Viernes 6 de junio, hacia las 5:30 horas CRISTÓBAL ROMAÑA, afrodescendiente de “Pueblo Nuevo”, quién se dirigía en una embarcación hacia el punto conocido como “La Grande” fue retenido por un grupo de 37 paramilitares en el embarcadero de “Nueva Esperanza”, mientras su compañero de embarcación lograba huir.

Minutos después, un grupo de los 37 integrantes de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar retuvieron a los pobladores de “Nueva Esperanza” LISANDRO MARTINEZ, DEVI JIMÉNEZ y JOSE FRANCISCO PACHECO PETERNINA, mientras otros 200, de acuerdo con las versiones rodearon el asentamiento de la población civil . Al mismo tiempo de la presencia armada en el asentamiento provisional, los pobladores empezaron a huir en su gran mayoría.

Luego los obligaron a ingresar al caserío donde reunieron a varios pobladores acusándolos de guerrilleros .

Al parecer minutos después fueron llevados por los paramilitares hacia una base paramilitar en dirección a Pavarandó a la cual se accede en medio de una presencia militar de la Brigada XVII. Desde ese momento se encuentran desaparecidos.

Del poblador afrodescendiente que logró huir de la embarcación dejando sus pertenencias personales, los paramilitares tomaron sus documentos de identidad y el de su señora, además, de la documentación entregada al gobierno nacional y a instancias internacionales sobre las Zonas Humanitarias.

De acuerdo con testigos de los primeros momentos de la incursión armada a “Nueva Esperanza” una hora después, aproximadamente, de la presencia militar encubierta en las orillas de los embarcaderos de “Nueva Esperanza”, aguas abajo, margen izquierda, se escucharon descargas de fusil y de metralleta hasta las 10:00 horas aproximadamente.

ª Domingo 8 de junio, hacia las 15:00 horas, nuestra Comisión conoció que a través de un testigo de los hechos que, mientras se presentaba la huida de los pobladores del caserío “Nueva Esperanza”, despavoridamente y hacia distintos rumbos, unidades de la guerrilla de las FARC EP se acercaron hacia el asentamiento de la población civil y se enfrentaron con los armados de la estrategia militar encubierta. Es posible que por el tiempo de los combates y el lugar donde ocurrieron se afectaron bienes civiles.

De acuerdo con el testigo, no se presentaron víctimas civiles en la confrontación rmada, pues la mayoría de ellos huyeron al lugar por la presencia paramilitar, como lo “hemos hecho como mecanismos de prevención y protección”.

Se desconoce si se presentaron víctimas entre los combatientes .

Los hechos de persecución sistemática contra la población afrodescendiente no han cesado, las pretensiones militares están por encima del acatamiento y el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario.

Es evidente que la persecución sistemática contra los pobladores que se han
visto obligados a desplazarse dentro de su territorio colectivo, luego de asesinatos selectivos y colectivos, de torturas y de amenazas de muerte, de bombardeos indiscriminados y de bloqueos económicos, no obedece a estrategia contrainsurgentes frente a las FARC EP.

De los hechos recogidos hasta el momento, se infiere que las confrontaciones armadas han significado infracciones al Derecho Humanitario.

Por qué la actuación militar de tipo paramilitar se desarrolló contra la población civil, de la cuál aún se desconoce el paradero de 4 miembros de los Consejos Comunitarios, quiénes fueron retenidos y aún se encuentran desaparecidos?

Por qué los armados dentro de la estrategia militar encubierta vulneraron el principio de distinción de la población ingresando a los asentamientos de los desplazados internos dentro del territorio afectando la integridad de civiles, y no frente a su enemigo militar?

Por qué las actuaciones militares abiertas y encubiertas han estado dirigidas contra los miembros de los consejos comunitarios que han decidido afirmar sus derechos a la vida y al territorio con principios claros de distinción frente a los actores en la confrontación armada, y no las han desarrollado en los sitios de presencia guerrillera?

Por qué la guerrilla de las FARC EP en desarrollo de su estrategia militar de guerra de guerrillas combatió en un caserío de la población civil, aun encontrándose vacío, vulnerando el principio de distinción?

Por qué detrás de cada actuación militar regular o irregular dentro de la estrategia militar del Estado se ha ido logrando un control territorial y poblacional que posibilita la ampliación de la frontera agrícola para la implementación de proyectos agroindustriales como la Palma Aceitera?.

En tanto avanzan las horas, continúa siendo desconocida la situación humanitaria, en términos de Techo, de alimentación y de salud, de los habitantes de “Nueva Esperanza”.

Las dilaciones gubernamentales en la respuesta a las medidas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa la inexistente voluntad en materia de Derechos Humanos. No se comprende como desde el 9 de abril, la respuesta prometida a la propuesta de Zonas Humanitarias, de afrontamiento de la impunidad, de las actuaciones estatales en materia de prevención no se han respondido, por lo que expresamos nuestra Censura Moral.

La propuesta comunitaria basada en los principios del Derecho Internacional, los Derechos de los Pueblo y la Ley 70 como marco para la Defensa de la Vida y del Territorio en medio de la confrontación militar entre el Estado y la guerrilla ha sido desconocida y negada en término de su viabilidad por la actitud del Gobierno Nacional.

Hoy ninguna instancia del Estado ni del Gobierno Nacional puede hacerse el desconocido frente a esta situación anunciada. Hoy nadie puede excusar su responsabilidad en que no sabía. Hoy nadie puede decir que se desconocía la bomba de tiempo en la cuenca del río Jiguamiandó. Hoy nadie puede decir que no se preveía que lo que sucedió podría suceder.

Las omisiones, la complicidad, la comisión por omisión expresan el carácter y la voluntad estatal en materia de Derechos Humanos. El silencio, la negativa a actuar del aparato de justicia para recaudar las pruebas en las sedes de los victimarios en Pavarandó, en Mutatá, en Riosucio, en Belén de Bajirá o si hubiesen querido con el esclarecimiento de la “Operación Génesis” que se desarrollo en 1.997, hoy por lo menos hubiese posibilitado que la enunciación de la verdad por los menos hubiera logrado una censura moral colectiva de los victimarios.

Señor Defensor, respetuosamente, en uso de sus facultades constitucionales, solicitamos dar seguimiento al mecanismo de búsqueda en relación con los 4 desaparecidos del Consejo Comunitario, de modo, que sean devueltos en condiciones integrales de vida y de libertad.

Urge una presencia inmediata de organismos nacionales e internacionales no gubernamentales y de la Defensoría Nacional del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, que posibilite conocer qué fue lo que sucedió y evalúe las condiciones humanitarias de la población.

Urge una actuación que posibilite la convocatoria a una reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento con la finalidad de avaluar la situación y adoptar las medidas que se requieren de carácter civil para evitar nuevos daños irreparables a la vida, a la integridad personal de las comunidades.

En su despacho nuestra Constancia con el propósito que desde sus funciones Constitucionales como Defensor, se implementen todas las acciones pertinentes que posibiliten que el poder ejecutivo asuma sus responsabilidades y eviten nuevos daños irreparables.

Nuestra expresión de Censura Moral, pues, si el Estado hubiera dado respuesta a las solicitudes y recomendaciones de la Comunidad Internacional en relación con actuaciones administrativas de agentes estatales y actuaciones paramilitares, combate a los mismos, nada hubiese ocurrido; si el Gobierno Nacional adoptase las medidas administrativas pertinentes, las empresas agroindustriales no estuvieran ampliando y fomentando la siembra de Palma Aceitera.; es evidente la OMISIÓN, la COMISION POR OMISIÓN en los daños irreparables.

De toda consideración,


COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ