Nueva ocupación ilegal de tierras y perturbación en la posesión pacífica de la familia Martínez.

Ayer, domingo 09 de septiembre sobre las 10:00 p.m., en los predios colindantes con los de la familia Martínez en Caño Claro, Territorio Colectivo de Curvaradó, se escucharon ruidos de motosierras y disparos.

Estos predios fueron devueltos a los legales y legítimos propietarios entre el 14 y 24 de agosto por el desalojo de Darío Montoya en el marco del seguimiento de la sentencia T – 025 de 2004.

El pasado miércoles 5 de septiembre sobre las 12:45 p.m. en el lugar de habitación de la familia Martínez integrantes del Consejo Comunitario de Caño Claro, el empresario Darío Montoya, junto con un trabajador amenazaron con expulsarles si no les presentaban los títulos de propiedad.

El jueves 6 de septiembre, sobre las 11:00 p.m., trabajadores del empresario Montoya, ocupantes de mala fe, irrumpieron en la propiedad quemando el techo de la casa y la lona con la que estaba cercando su propiedad.

Días antes, el miércoles 29 de agosto, sobre las 9:00 a.m., el administrador y un trabajador de Darío Montoya dispuso de 200 cabezas de ganado sobre el predio perteneciente al Concejo Menor de Apartadocito.

El predio de la familia Martínez quienes se encuentran en proceso de retorno a su territorio desde agosto del presente año debido al desplazamiento sufrido en el año 1997 por operaciones de tipo paramilitar fue ocupado por el empresario Montoya, quien ejerce la ganadería extensiva.

Las garantías para cumplir lo ordenado la Corte Constitucional en seguimiento a la sentencia T- 025 de 2004, en los autos del 18 de mayo de 2010 y el auto 299 del 18 de diciembre de 2012 donde se instó al Estado para la restitución efectiva de los territorios colectivos de estas comunidades continúa sin cumplirse.

La ausencia de medidas eficaces de protección para que los legales y legítimos dueños disfruten y usen el territorio es evidente. A pesar de la activación de alertas, el gobierno continúa sin brindar garantías a los pobladores de Curvaradó.

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2018

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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