Manto de impunidad y negación de derechos territoriales
Una visita alemana en diversos estados de México como Chiapas, Oaxaca, Guerrero constata nuevamente la sistemática violación integral de derechos humanos contra los pueblos indígenas, las mujeres en medio de un proceso de privatización territorial, de militarización.
Como se recordará la impunidad es el manto que envuelve las investigaciones que comprometen la responsabilidad del Estado, esta el caso conocido de la Masacre de Acteal, el asesinato del integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, OPIM, LORENZO FERNANDEZ, a su vez, hermano de INES FERNANDEZ, quién fue víctima de acceso carnal violento por parte de unidades militares de Ejército Mexicano en marzo del 2002.
Casos similares con crímenes – homicidios- se han presentado en Guerrero el año pasado en lo que es clara la responsabilidad del Estado, estos hechos se presentan en los partes oficiales modificando los móviles y los escenarios del crimen. A este ambiente de impunidad se suman las amenazas de muerte y la persecución sobre los testigos o los familiares de las víctimas.
De esta misma manera ha sucedido con la familia Cerezo en Ciudad de México.
A esta persecución se suma los intentos de legalización del despojo en Chipas, en la selva Lacandona. Allí la asignación de 36 mil hectáreas como áreas de protección ambiental, tienen en altísima vulneración a los pueblos indígenas de 28 poblados afectados, ejidos legalmente asentados en las Cañadas.
La medida de la gobernación avalada por el Gobierno Central de FELIPE CALDERÓN desconoce el derecho de Consulta y es una negación de facto en contra de la política de reservas de biosfera.
Como en México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia hay una relación estrecha entre las violaciones de derechos humanos y las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy el Territorio hecho mercancía va acompañado de medidas de militarización, de uso del aparato de justicia como medio de represión y de intentos de cooptación y destrucción de las identidades comunales y comunitarias
Desde el Estado de Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y desde Chiapas, las organizaciones de derechos humanos y de ambiente, entre ellas Maderas del Pueblo del Sureste y el Centro Fray Bartolomé de la Casas, a través de diversas comunicaciones comparten la situación respecto a los derechos humanos y el Territorio.
Súmate conociendo las causas y las razones de las violaciones de derechos humanos del pueblo indígena y campesino de Guerreo, Oaxaca, Chiapas
Súmate exigiendo al Presidente de México, FELIPE CALDERON el reconocimiento de los derechos integrales de los pueblos de Guerrero, Oaxaca, Chiapas
Súmate a las iniciativas de las comunidades de estos tres Estados de México en donde las comunidades afirman integralmente sus derechos
Aquí se encuentran los comunicados de prensa publicados por el área de difusión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el artículo del diario La Jornada sobre la situación de Lacandona en Chiapas.
Comunicado de prensa: 007
PREOCUPA A COORDINACIÓN ALEMANA
SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN GUERRERO
• En su visita de seis días a la entidad, escucha testimonios de indígenas y campesinos por violaciones a derechos humanos.
• La Coordinadora Alemana analizará qué casos y cómo podrían ser apoyados desde Europa
• “Nuestro trabajo debe contribuir a que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones legales en el ámbito de derechos humanos”
Tlapa, Guerrero, México, a 27 de febrero del ¬2008.- En su visita de seis días al estado de Guerrero, la secretaria ejecutiva de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Carola Hausotter, manifestó que es “preocupante” la situación de los derechos humanos en la entidad, principalmente en las comunidades indígenas.
Carola Hausotter se encuentra en México desde hace dos semanas documentando casos de violaciones a derechos humanos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, para que la Coordinación Alemana con sede en Stuttgart, analice cómo y qué casos podrán apoyar desde Europa, mediante “cabildeos” con parlamentarios alemanes y europeos.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red que está integrada por las siguientes organizaciones e instituciones alemanas: ALASEI-Bonn, Amnistía Internacional (Sección de la República Federal Alemana, A.C.), CAREA A.C., Centro Misionero de los Franciscanos, Departamento de Derechos Humanos Diaconía Alemania, FIAN sección alemana, Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pan para el Mundo, Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo) y Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Misereor, Promovio, A.C. (Asociación de Apoyo para el Movimiento de Derechos Humanos Indígena de Oaxaca/México, Promovimiento Indígena en Oaxaca A.C.) y la Universidad Protestante para Trabajo Social y Diaconía en Hamburgo.
De acuerdo con Carola Hausotter entre los objetivos de trabajo que tiene la Coordinación Alemana para los dos próximos años “se encuentran las violaciones económicas, sociales, culturales, del medio ambiente y de los derechos indígenas como origen de conflictos y protestas sociales, así como el no cumplimiento de derechos humanos civiles y políticos. Todo ello dando especial importancia al tema de género”.
Agregó que el fin de esta línea de trabajo “es demostrar que el incumplimiento de la normativa de derechos humanos está relacionado estrechamente con problemas de desigualdad social, y que contradice los acuerdos internacionales. Nuestro trabajo debe contribuir a que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones legales en el ámbito de derechos humanos (respetar, proteger, garantizar) ratificados por él”.
Escucha casos de violaciones a derechos humanos en Tlachinollan
Durante su estancia en Guerrero que concluye hoy miércoles, Carola Hausotter dijo que se entrevistó con la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM); Brigadas Internacionales de Paz (PBI); integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM). Recordó que el lunes 25 estuvo en Tasajeras, municipio de Acapulco con integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a La Parota (CECOP); y el martes 26 acudió a la comunidad de Mini Numa, municipio de Metlatónoc para reunirse con autoridades comunitarias y vecinos que desde el 2003 han demandado la construcción de un centro de salud, la asignación de un médico y la dotación de medicamentos.
Comentó que hoy miércoles 27, en las oficinas de Tlachinollan conoció testimonios de mujeres indígenas victimas de violación sexual que le pidieron interviniera para poder acceder a la justicia y así sus agresores sean castigados; y escuchó también relatos de la problemática que viven los jornaleros agrícolas como ocurrió con el niño migrante, Timoteo Ventura de 2 años de edad al que le fue arrancado su brazo con una camioneta que conducía un trabajador de confianza del campo en donde se empleaban sus padres, en Chihuahua.
Añadió que de la misma manera fue informada de la problemática de los inmigrantes internacionales; de la situación de los 14 indígena me´phaa que fueron esterilizados de manera forzada de El Camalote; del problema de la militarización en Ayutla así como del hostigamiento que están sufriendo defensores de derechos humanos que pertenecen a la OPIM; y de la criminalización de los movimientos sociales.
“Me quedo impresionada con todos estos testimonios, por la situación tan difícil que enfrentan los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero” expresó Carola Hausotter y afirmó que por ello, para la Coordinadora Alemana “es preocupante la situación de los derechos humanos en Guerrero”.
Carola Hausotter destacó que en un mes estará informando de los casos a las organizaciones que integran la Coordinación Alemana “y la idea es preparar un informe general anual, sobre los casos y sus causas de violaciones a derechos humanos, no sólo de Guerrero, sino de Oaxaca y Chiapas… se busca influir para que el Estado cumpla con sus obligaciones legales internacionales como tratados de derechos humanos”.
Recordó que en Guerrero la Coordinación Alemana ha venido ya apoyando a organizaciones con pronunciamientos para casos como el proyecto hidroeléctrico La Parota “ahí lo hemos hecho en torno al respeto a las decisiones jurídicas que ha habido y para que se investigue y sancione a militares agresores” que han incursionado en esa zona.
Carola Hausotter, parte mañana jueves hacía el estado de Oaxaca y luego se trasladará hacia Chiapas. Para continuar con su visita de cuatro semanas a México.
tere_delacruz@hotmail.com
JORNADA
Denuncian despojo de terrenos por el gobierno federal
Lanzan indígenas y ONG defensa de la Lacandonia
Elio Henríquez (Corresponsal)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 23 de febrero. En un intento por frenar el “despojo silencioso” de tierras en las Cañadas, cientos de indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) iniciarán este domingo en la comunidad Betania, municipio de Ocosingo, un encuentro por la defensa del territorio, la cultura y los recursos naturales estratégicos de la selva Lacandona.
Al anunciar el encuentro, representantes de ONG afirmaron que hace casi un año el gobierno federal los “despojó” de 14 mil hectáreas para destinarlas a áreas protegidas, y que acaban de confirmar que la administración de Felipe Calderón asignó en agosto pasado 22 mil hectáreas propiedad del gobierno a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para áreas naturales protegidas.
Agregaron que “el despojo” de las 36 mil hectáreas por el gobierno federal en la selva Lacandona tiene en alerta no sólo a los 28 poblados afectados directamente, sino a todas las comunidades y ejidos legalmente asentados en las Cañadas.
Miguel Ángel García, de Maderas del Pueblo del Sureste –una de las organizaciones que ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas– dijo que la medida afecta a los ejidos de San Gregorio, Nuevo San Gregorio y San Antonio Miramar, cuyos pobladores pertenecen a la Asociación Rural de Interés Colectivo independiente, y a Nuevo Limar y Ojo de Agua, donde habitan bases de apoyo zapatistas.
Agregó que también se afecta a Vilalflores, a la cual se ha prometido su regularización, además de a una parte de Benito Juárez y Galilea. En total, aseveró, son 28 poblados, de los cuales 20 son ejidos legalmente constituidos en 1989, y los demás estaban en trámites de serlo.
Sostuvo que en términos de la política mundial de conservación ambiental “es un retroceso, porque va en contra de la política de reservas de biosfera que se supone se habían hecho para hacer participar a las comunidades”, y en este caso “no se notificó a las comunidades ni se respetó su derecho a consulta, a información y a su decisión”.
Comentó que “nadie sabía que esos terrenos (las 22 mil hectáreas asignadas a la Semarnat) eran nacionales, pero el gobierno se acordó e hizo el trámite de declaratoria formal y mediante un convenio se lo asignó a la secretaría con fines de conservación”.
Esto ocurrió poco después de la expropiación de 14 mil hectáreas en la zona.
García manifestó que este proceso se hizo de manera “silenciosa; apenas nos dimos cuenta mediante un comunicado del gobierno federal en agosto del año pasado, en el que ni siquiera especifica la ubicación de las 22 mil hectáreas.
“Se tuvo que averiguar vía la Ley de Acceso a la Información Pública; se nos entregó el mapa y ahora ya sabemos dónde están: junto a la laguna de Miramar.”
Precisó que “lo absurdo del decreto expropiatorio es que los polígonos están regados. Uno tiene una extensión de unas 100 hectáreas y está rodeado de ejidos. Es absurdo desde el punto de vista técnico ambiental, porque sólo que le pongan barda o policía” podrá ser área protegida. Además, hay un polígono, el número 2, que está dentro de Montes Azules”.
Luis Menéndez Medina, de Servicios y Asesoría para la Paz, afirmó que en las Cañadas “hay temor de un desalojo generalizado”, debido a los insistentes rumores. “Los ejidos que están legalmente constituidos no tienen por qué ser desalojados, pero así está corriendo el rumor en la región”, lo que tiene en alerta a la población, expresó.
Dijo que ahora los ofrecimientos del gobierno han subido a 300 mil pesos por familia, para que los habitantes entreguen las propiedades. Aparte se les ofrece reubicarlos o se les amenaza con el desalojo policiaco.
domingo 24 de febrero de 2008 → Política
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SUMATE Red de Alternativas
A la impunidad y a la globalización del mercado
Febrero 28 de 2008