Llamados de atención oportunos
Las exhortaciones de la Comunidad Internacional al Estado Salvadoreño, dadas en la más reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, efectuada –hace tres días– en Suiza son, sin duda, oportunas.
Se trata –además de la petición de terminar con la inseguridad y la violencia criminal que agobia al país– del llamado de atención de la delegación de Argentina para que El Salvador derogue la Ley de Amnistía, así como la solicitud de la comitiva italiana de que el Estado salvadoreño se sume al Acuerdo de Creación de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma.
A ambas solicitudes, el Vicecanciller Carlos Castaneda, presente en el referido evento, respondió que el gobierno de El Salvador reflexionará sobre ambos casos, sin adelantar opinión en sentido favorable o desfavorable.
Seguramente, estas exhortaciones de la Comunidad Internacional al Estado salvadoreño están motivadas por las trascendentales medias del Ejecutivo en materia de dignificación de la víctimas del conflicto armando y reconocimiento de la responsabilidad estatal en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los aciagos años ochenta.
Complacido por estas loables acciones de la Administración del Presidente Funes, el mundo entero desea que El Salvador avance más rápidamente por el camino de la verdad, la justicia y la reconciliación.
Es por eso que exigen al Estado salvadoreño la derogación de la amnistía que garantiza la impunidad de los criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, y lo invitan a adherirse al Estatuto de Roma para evitar que no se repitan los genocidios, desapariciones forzadas, torturas y otros delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra.
En tal sentido, los llamados de atención de los gobiernos de Argentina y de Italia son legítimos, bienintencionados y movidos por el reconocimiento de los cambios que la Comunidad Internacional observa con la llegada del primer gobierno de izquierda.
Esto es necesario anotarlo, porque ya vendrán las descalificaciones de quienes buscan evitar que se conozca la verdad y se haga justicia. Estos analistas, editorialistas, políticos y funcionarios que quieren mantener la impunidad dirán que las peticiones de Argentina e Italia son actos de intromisión en los asuntos internos de El Salvador.