La masacre de Mapiripán
El hecho más notorio que inauguró el ingreso de Carlos Castaño a la zona del Guaviare y del sur del Meta, lo constituyó la masacre de Mapiripán, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997:
Cuarenta y nueve campesinos y pobladores fueron torturados, desmembrados, eviscerados, degollados y arrojados al río Guaviare por un grupo cercano a doscientos hombres que permanecieron en la localidad por cinco días sin ser repelidos y perseguidos por la fuerza pública Colombiana y Estadounidense acantonada en la zona. Carlos Castaño, líder de los paramilitares reivindicó públicamente la ejecución de 49 personas, pero la mayoría de ellos permanecen en la condición de desaparecidos.
El recorrido criminal tuvo su inicio el 12 de Julio de 1997 cuando un grupo de avanzada de paramilitares y material bélico fue transportado desde el municipio de Necoclí, en la zona del Urabá antioqueño, con destino a la población de San José del Guaviare, en la aeronave comercial HK3993P Douglas DC3 Modelo C47B de servicio particular, tripulada por los señores Juan Manuel Ortiz Matamoros y Pedro Zúñiga, quienes habían sido contratados en Medellín y Villavicencio.
El mismo día, otro grupo de hombres fue movilizado en el avión HK4009 Antonov AN32B de fabricación rusa afiliado a la empresa de servicio aéreo Vaupés, contratado en Santafé de Bogotá, el cual despegó del aeropuerto Los Cedros, del municipio de Apartado, también en el Urabá antioqueño.
Esto se demostró, principalmente, mediante el registro del itinerario de los vuelos, obtenido mediante inspección judicial practicada en los terminales aéreos de Garepa (Antioquia), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare, Bogotá y Medellín. Igualmente con el testimonio de Mauricio Becerra, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare y del confeso paramilitar Edison Londoño Niño, alias «Pasaje».
En este grupo de paramilitares que llegó vía aérea fueron identificados los hombres de Carlos Castaño conocidos como alias “El Percherón”, “Mochacabezas” o el “diablo” y “Don Miguel”. El sitio de aterrizaje de los aviones fue el aeropuerto llamado “Capitán Jorge Enrique González Torres” de San José del Guaviare, donde los esperaba otro grupo de paramilitares al mando de alias Rene, con unos camiones carpados.
A las 02:42 de la tarde aterrizó el avión HK4009 y despegó luego con destino al aeropuerto de Vanguardia, de Villavicencio. Dos minutos más tarde aterrizó el DC3. Curiosamente sobre este movimiento de pasajeros y de carga, bajo la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional y de la Base de la Policía Antinarcóticos, no quedó registro alguno, pese a que en el aeropuerto se tiene un control riguroso de las personas que arriban a esa ciudad. Narran los pilotos de los aviones que transportaron personal y carga, que en los aeropuertos de origen y de destino había presencia militar y policial y, sin embargo, no hubo ningún tipo de registro o control.
Desde San José del Guaviare los paramilitares arribaron a Mapiripán por vía terrestre y fluvial, pasando por los retenes instalados por ta Policía Fluvial al salir de San José del Guaviare y el del Barrancón por personal del Ejército, donde también se encontraba en adiestramiento militar un grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.
Los paramilitares utilizaron para este desplazamiento lanchas conocidas como voladoras y camiones que detuvieron en las carreteras obligando a sus conductores a transportarlos. Antes de llegar a Mapiripán entraron a la Inspección de Charras, donde reunieron a todos los pobladores en la plaza principal y (es repartieron una revista titulada «Colombia Libre», en la cual se anunciaba el origen del Frente Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pasaron también por Guanapalos. Caño Jabón y la inspección de La Cooperativa, del mismo municipio de Mapiripán, en donde asesinaron a una persona.
Desde el 15 de julio de 1997, la fuerza pública en San José del Guaviare, más concretamente el Batallón Joaquín París, y también la Policía Antinarcóticos, se enteraron de la presencia de los paramilitares en la Jurisdicción del municipio de Mapiripán, pero sobre el particular no realizaron ninguna actividad propia de su función con miras a contrarrestar lo sucedido durante los siguientes 5 días de su permanencia en el lugar.
Ese día en horas de la madrugada, el grupo, cercano a los doscientos hombres, quienes vestían uniformes de camuflaje y portaban armas de diversos calibres, corto punzantes y contundentes, arribaron al municipio de Mapiripán y permanecieron desde el martes 15 hasta el domingo 20 de julio, sembrando el terror y la muerte entre campesinos y pobladores, quienes fueron sacrificados después de un desfile macabro en el matadero municipal.
A la llegada sacaron a los habitantes del pueblo, los filaron y requisaron, e inmediatamente seleccionaron de la fila a Alvaro Tovar, lo amarraron y le propinaron cinco disparos en la cabeza. A Antonio María Barrera lo sacaron de su vivienda y se lo (levaron a la fuerza para el matadero, donde lo sometieron a crueles torturas, lo descuartizaron, mutilaron y arrojaron su cuerpo al río Guaviare. Un Muchacho de Pacho, Una Señora de Charras y Un Joven de Raza Negra fueron desaparecidos. Otra víctima fue Nelson NN., quien había llegado recientemente a la población; lo interceptaron en cercanías al río, junto con su esposa e hijos, y luego de exigirle la documentación, la cual tenía incompleta, se lo llevaron al matadero de reses. Al día siguiente, su cuerpo sin cabeza fue hallado flotando en el río.
La misma mañana, del hotel Residencias Guaviare sacaron por la fuerza a Un Joven e interceptaron a varias personas, entre ellas Una Pareja de Campesinos Jóvenes provenientes de la inspección departamental La Cooperativa, a Una Señora de tez blanca y a Un señor de edad, quien se encontraba en la pista aérea y se disponía a viajar en avión. Estas víctimas fueron llevadas al matadero de reses, sometidas a torturas y en horas de la noche degolladas, mutiladas vivas y sus cadáveres arrojados al río Guaviare, la mayoría con el vientre abierto con el fin de que no flotaran.
El 16 de julio, los paramilitares se ausentaron del casco urbano, ante lo cual los habitantes aprovecharon para salir de sus viviendas y dirigirse hacia el matadero de reses, donde encontraron la cabeza de Nelson y un saco de la señora de tez blanca.
Hacia el final de la tarde, encontraron flotando en el río el cadáver de uno de los jóvenes campesinos, procedentes de La Cooperativa. Cuando los pobladores intentaban rescatarlo, se hicieron presentes los paramilitares y lo impidieron amenazando a la comunidad y a quien intentara sacar del río los cadáveres. Les dijeron: «¿les dolió mucho la muerte de él…?”. Ese mismo día interceptaron a Un Joven Estudiante, quien por vía fluvial provenía de la inspección departamental Puerto Alvira, le exigieron los documentos de identidad y al no presentarlos lo acusaron de ser guerrillero y lo llevaron al matadero de reses.
Durante los días 17,18 y 19 de julio se desplazaban de día a las zonas rurales del municipio y en las noches regresaban al casco urbano de Mapiripán, ordenaban suspender el fluido eléctrico y a los pobladores no salir de sus viviendas.
Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de julio y antes de abandonar el casco urbano del municipio para tomar rumbo a la inspección de policía La Cooperativa, ejecutaron a Otros tres Pobladores. Los paramilitares también incursionaron en la vivienda de Sinaí Blanco hacia las nueve de la noche y lo sacaron por la fuerza, en presencia de su esposa e hijos. Su cadáver degollado fue hallado al día siguiente en una calle de la población. También a esas horas fue sacado de su vivienda en presencia de su esposa e hijos, José Roland Valencia, despachador de aviones, empleado de la alcaldía, a quien degollaron vivo y arrojaron su cadáver en la pista de aterrizaje. El 19 de julio, a las 18 horas, fue interceptado el Presidente de La Junta de Acción Comunal de La Vereda Cano Danta, a quien ejecutaron en horas de la noche.
El domingo 20 de julio, al enterarse de las muertes ocurridas durante la noche y la madrugada anterior, y tras percatarse de la ausencia del grupo paramilitar que se dirigió hacia la inspección departamental La Cooperativa, los pobladores iniciaron el desplazamiento forzado por vía aérea y terrestre hacia Villavicencio y por vía fluvial hacia San José del Guaviare, quedando prácticamente desocupado el casco urbano, ya que se desplazó el 70% de la población.
Ante las autoridades que se hicieron presentes el 21 de julio, fue denunciada la desaparición de los hermanos Omar Patino Vacca, Eliecer Martínez Vacca y Jaime Ríanos.
De los identificados se sabe que seis de ellos pertenecían a movimientos políticos diferentes a los del Alcalde, miembro del partido conservador. José Roland Valencia meses atrás había denunciado la corrupción de la administración municipal, que en los contratos de obras municipales pretendía adueñarse de una suma superior a 10 millones de pesos; por ello había sido amenazado desde esa época por el Inspector municipal, Luis Hernando Prieto, y por el Director de la UMATA, Anselmo Trigos, ambos de filiación conservadora. También tuvo serios enfrentamientos con el Alcalde de la localidad por malos manejos de unos recursos de la Red de Solidaridad destinados a los ancianos.
Vale la pena anotar que el Párroco del municipio aseguró que tres de las personas asesinadas habían participado el 19 de mayo de un juicio popular promovido por las FARC, con la participación de la población del municipio, en el cual se cuestionaba la corrupción de la administración municipal. El General Jaime Humberto Uscátegui había dispuesto una investigación exhaustiva sobre este episodio antes de la ocurrencia de la masacre, y había comisionado para ello al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro.
La actitud de la mayoría de los miembros de la administración municipal fue muy sospechosa ya que no se encontraban el día de la llegada de los paramilitares y cuando se enteraron de los hechos no informaron a las autoridades competentes para que actuaran; además, el Alcalde llegó al municipio al segundo día de la incursión y tampoco actuó para preservar la integridad de los habitantes.
Se afirma por parte de testigos de los hechos, que varios miembros de la administración municipal y de la familia Trigos fueron informantes de los paramilitares; algunos aportaron mapas; otros señalaron personas; otros listas de personas a ejecutar. Se afirma también que la familia Trigos tenía vínculos con los paramilitares, razón por la cual fue obligada por la guerrilla a abandonar el pueblo.
Al día siguiente de salir el último miembro de los Trigos del municipio, se dio la incursión paramilitar.
También dentro de la investigación pudo establecerse que los artos mandos de la Séptima Brigada del Ejército tenían desde antes comunicación con los paramilitares, ya que en el mismo vuelo en que llegó un grupo de estos (DC 3993P) venía un «paquete» dirigido a un Coronel y un General, los cuales enviaron a tres de sus hombres a reclamarlo, pues fue dejado olvidado en el avión y manifestaron que si no lo recuperaban sus jefes los iban a «pelar». El extraño «paquete» fue entregado por el técnico del avión DC3 a un miembro de la Policía Antinarcóticos, quien a su vez lo entregó al Teniente Javier Ricardo Peralta Peñaranda y éste lo hizo llegar al Batallón Joaquín París a través del conductor Guillermo Escobar Sarria.
Otro testimonio afirma que desde 1996 un grupo de tres reconocidos paramilitares se entrevistaron con el General Uscátegui y éste, en compañía del Sargento Rentería, les hizo entrega de un armamento destinado para sus actividades: cinco pistolas Pietro Bereta con tres proveedores cada una, siete revólveres calibre 38, tres fusiles AK47, dos subametralladoras, una caja de granadas, un fusil R15, cinco cajas de munición 7.65 y munición para todas las armas entregadas. Igualmente cien uniformes tipo americano, gorros, pasamontañas, 10 chalecos antibalas, unos chalecos del grupo GAULA, aproximadamente 50 uniformes de la policía, carnés, cartucheras, natas, botas de caucho y militares, dos tiendas de campaña y 20 fiyakcs.
Desde varios meses antes del suceso, los paramilitares hicieron reuniones previas para organizar la incursión al municipio de Mapiripán en las que participó el Sargento Juan Carlos Gamarra Polo, S2 del batallón Joaquín París al mando del Coronel Carlos Eduardo Avila Beltrán, tal como lo declaró el paramilitar confeso Pedro Alex Conde Anaya.
Días antes del arribo de los paramilitares se dispuso el envío de la tropa de ese Batallón a las localidades de Calamar, El Retorno y Puerto Concordia, quedando desguarnecidas las poblaciones de San José del Guaviare y Mapiripán por orden del Comando de la Séptima Brigada a cargo del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y el comandante del Batallón Joaquín París, Coronel Canos Eduardo Avila Beltrán, curiosamente antes de que éste saliera de vacaciones, las cuales debía disfrutar a partir del 1º de junio de 1997, pero que extrañamente, y sin acto administrativo. fueron atrasadas hasta el 8 de julio, fecha muy cercana a la incursión paramilitar.
Para la ejecución del crimen, se permitió que los ocupantes de los vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartado el día 12 de julio de esa anualidad ingresaran a la plataforma del aeropuerto de San José del Guaviare, sin ningún tipo de registro ni anotación en los libros, sino abordando libremente los camiones que allí esperaban al grupo al mando del paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, como si se tratara de una operación militar, exceptuada habitualmente de ese control.
Los militares que tenían el control del aeropuerto y que permitieron el acceso de ese personal y de las armas fueron el Sargento Segundo José Miller Urueña Díaz y el Cabo Leonardo Montoya Rubiana.
La agrupación paramilitar en su recorrido de San José del Guaviare a Mapiripán, transitó por lugares destinados al entrenamiento de las tropas de la Brigada Móvil 2, tal es el caso del sitio conocido como la isla de “El Barrancón”. donde tiene asiento la tropa y se estaban efectuado entrenamientos del grupo de Fuerzas Especiales No. 7 del Ejército de los Estados Unidos, más conocidos como los “Boinas Verdes”.
Solo para el día 21 de julio las tropas del Batallón Joaquín París hicieron presencia en Mapiripán, pues se devolvieron de Calamar, adonde habían sido enviadas antes de la masacre, lo cual permite inferir que no había una perturbación del orden público en esta localidad y consecuentemente, no era necesaria la presencia allí de la tropa. Curiosamente los militares llegaron cuando el grupo armado ilegal había abandonado Mapiripán.
La presencia de «los Boinas Verdes» de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos en la isla de «El Barrancón» obedecía al entrenamiento efectuado con personal de la Brigada Móvil No. 2. Dicho curso de adiestramiento fue clausurado el 20 de julio de 1997 (último día de la masacre) con presencia del Comandante de las fuerzas militares argentinas, general Balza, delegados de la embajada de los Estados Unidos y la cúpula de las Fuerzas Armadas colombianas encabezada por el general Harold Bedoya Pizarro, quien por asistir a dicho acto, omitió comparecer al día clásico de conmemoración del 187 aniversario de la independencia de Colombia, que históricamente ha contado con la presencia obligada de la jerarquía militar.
Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, el Coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil No. 2, promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán en el marco del programa a desarrollar en conjunto con los Boinas Verdes.
Se informó, además, que este militar el 21 de junio de 1997 le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que con ayuda de los instructores estadounidenses “le iba a dar una lección a la guerrilla”. Este militar por mucho tiempo y en periodos de auge y desarrollo del paramilitarismo en Colombia estuvo prestando servicios en la sección de inteligencia del Batallón Junín y de la Brigada XI con sede en Montería. Córdoba, donde precisamente la organización paramilitar liderada por Fidel y Carlos Castaño Gil ha tenido más presencia criminal.
De 1983 a 1984 fue oficial S2 del Batallón Junín; entre 1988 y 1989 del B2 de la Brigada XI de Montería, y entre 1990-1991 regresó como segundo comandante del Batallón Junín de esa misma ciudad.
Investigadores del diario El Espectador, en el extenso informe que publicaron sobre la masacre de Mapiripán, llegaron a la conclusión de que el «séptimo grupo de operaciones especiales de los Estados Unidos (Boinas Verdes) realizó un entrenamiento en “planeación militar” con la tropa del Coronel Lino Sánchez, mientras éste planeaba la decapitación masiva de civiles en Mapiripán».
Las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos actúan en Colombia desde la década del 60 y en los últimos tiempos lo han hecho a través del Secretariado de Defensa para las Operaciones Especiales y los Conflictos de Baja Intensidad (denominado en ingles SOLIT) entrenando a personal militar que se ha visto cuestionado por graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, para obviar los requerimientos de la enmienda del senador Patrick Leahy que proscribe la intervención de militares estadounidenses en esas situaciones, se siguió enviando personal de ese país bajo el argumento de tratarse de un intercambio de entrenamiento conjunto combinado de tropas en el extranjero, justificado en el adiestramiento para las propias tropas de los Estados Unidos y no para los ejércitos del país donde se realizan.
Estos denominados “intercambios” del grupo de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que se realizan en 123 países, luego de la masacre de Mapiripán empezaron a llamar la atención del Congreso y la prensa de ese país. Al respecto, se dio inicio a una investigación cuyos resultados se fundamentaron en un informe rendido por el Embajador en Colombia, Curtis Kamman, y el reporte de la Oficina General de Contabilidad quienes admitieron solo la realización de seis despliegues de las Fuerzas Especiales en Colombia. Sin embargo, se supo en abril de 1998 que solo entre junio y agosto de 1997 se efectuaron nueve despliegues de personal militar de los Estados Unidos y durante todo el año se reportaron catorce, 12 de ellos protagonizados por los Boinas Verdes, cuyos hombres hablan muy bien el castellano y no tienen acento y «han sido entrenados para el combate en la Amazonia en una amplia gama de especialidades con apoyo tecnológico o sin él, que van desde la organización de campañas de opinión pública hasta combate nocturno en la selva. Su entrenamiento más reciente fue para el primer batallón Antinarcóticos y los próximos serán para los demás batallones que contiene el plan Colombia”
El grupo operativo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE.UU. habría llegado a El Barrancón desde 1994. donde construyeron, por ser un sitio estratégico, una base militar sin que fuera enterado el entonces presidente Ernesto Samper Pizano, que solo firmó un convenio a través de su embajador Juan Carlos Esguerra y la Subsecretaría de Estado Barbara Larkin para autorizar la presencia de tropas estadounidenses en Colombia el 20 de julio de 1997. El oficial Clyde Howard, de la oficina del Subsecretario de Defensa para las Operaciones Especiales y los Conflictos de Baja Intensidad afirmó que el Pentágono no tenía la obligación de investigar a “Las unidades militares colombianas por ellos entrenadas”, porque para la época de la masacre la enmienda Leahy no era todavía ley. Sheridan, funcionario del SOLIT, confirmó que semanas después de la masacre, entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre de 1997, la Brigada Móvil Nº 2, dirigida por el Coronel Lino Sánchez Prado, recibió instrucción de los Boinas Verdes en “interceptación en ríos y guerra terrestre”. Se conoce también que el General Uscátegui y el Teniente Coronel Hernán Orozco recibieron cursos especializados en escuelas militares de los Estados Unidos, entre ellas la Escuela de las Américas de Ford Benning, donde tienen asiento los Boinas Verdes.
Con posterioridad a los hechos de Mapiripán, una comisión de la Fiscalía y un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos viajó el día 21 de julio a la zona para adelantar tas primeras diligencias investigativas. A San José del Guaviare fueron transportados en un helicóptero de la Policía Antinarcóticos, debiéndose continuar el viaje a Mapiripán en un helicóptero de la IV División del Ejército, el cual no fue facilitado el mismo día por cuanto se encontraba ocupado atendiendo a la delegación de estadounidenses que se encontraba en la Base militar de El Barrancón, en la culminación del curso de entrenamiento de los Boinas Verdes del Ejército de los EE.UU. El General Augusto Ardila Duarte, comandante de la IV División, «puso en ridículo al delegado presidencial por razón a su juventud y le dio más importancia a los visitantes norteamericanos que a la misión investigativa», manifestó un fiscal que integró la comisión. (13)
Dos meses antes de la masacre de Mapiripán, el 30 de abril de 1997, y haciendo el recorrido desde el municipio de San Martín, el grupo de Castaño compuesto por ocho paramilitares, asesinó a los campesinos Gildardo Castro y a su hijo Julián Castro:
Incursionando hacia las 8:30 p.m. en la vereda Mercurio, zona limítrofe con San Martín, los victimarios, quienes se movilizaban en dos vehículos, obligaron a Julián a pasarles en el planchón; poco después cuando Gildardo y la esposa de éste llegaban al puerto en una canoa, vieron que éste era golpeado y oyeron que le amenazaban diciéndole: “póngase trucha si no quiere que lo matemos”. Al ver a los familiares de Julián, los paramilitares llamaron a Gildardo y a ambos les ordenaron quitar el motor del planchón, a lo cual, padre e hijo respondieron que no tenían la herramienta necesaria, la cual les fue facilitada por los agresores. Cuando terminaron de quitar el motor y lo colocaron sobre el mismo planchón, les ordenaron bajar de allí; después de haberse bajado siete de los paramilitares, y “de una vez el que iba adelante. el que lo estaba llamando, sacó la metralleta y les disparó’. Después del doble crimen, y de montar el motor en uno de los vehículos, el jefe de los paramilitares ordenó a los demás: ‘vayanse por los que quedan al otro lado”, razón por la cual los demás familiares de Gildardo y de Julián tuvieron que huir apresuradamente, para salvar sus vidas.
Al día siguiente, hacia las 6 a.m., uno de los familiares regresó y encontró que los paramilitares habían hundido el planchón y que el negocio de Gildardo había sido completamente saqueado. Después, junto con otros familiares iniciaron la búsqueda de los cuerpos en el río, pero sólo encontraron el de Gildardo, aproximadamente a 300 metros de donde fue acribillado. Los victimarios “le habían quitado los dos brazos y la pierna izquierda’1: esas partes del cuerpo no aparecieron. Además presentaba cuatro disparos, tres en la cara y uno en la tetilla derecha, el cual le atravesó hasta la tetilla izquierda. Hasta la fecha no se conoce el paradero de Julián. si está muerto o está vivo, porque nunca se pudo buscar, pero hubo una fuente de información, según la cual, ellos [los paramilitares] habían dicho que “tanto que lo habían buscado y tan cerquitica que estaba al pie de nosotros’.
El doble crimen al parecer está relacionado con el interés de los paramilitares por el predio donde fue cometido, «porque es una finca que tiene un puerto, donde ellos podían tener sus tropas ahí y guardarsen ahí pa poder seguir haciendo sus fechorías… como lo de Cooperativa (..) ellos esperaron casi dos meses, o mes y medio para poder entrar a La Cooperativa a hacer la misma masacre (…) y porque como es un finca que no tiene cultivo ilícito sino, sola comida, tenían de dónde comer, porque había ganado, habían cerdos, había gallinas, (…) podían alimentarse lo menos un año ahí completamente. » (14)
No obstante la evidente militarización de la región por parte del Batallón Joaquín París y de la Brigada Móvil Nº 2, los paramilitares ingresaron nuevamente a la zona de la masacre de Mapiripán y el 23 de Noviembre de 1997 asesinaron en la inspección de policía La Cooperativa a Isidro Mendoza Rubio, Eurípides Rubio y Norberto Bedoya, líderes comunales de la región, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal y Promotor de Salud. (15)
Así las cosas, el ingreso de las autodefensas Unidas de Colombia al departamento del Meta, especialmente a la subregión conformada por los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín Granada Fuente de Oro, ya estaba asegurado por toda una estructura estatal facilitadora del accionar de los grupos paramilitares y del negocio del narcotráfico, la cual se vio favorecida aún más, con el apoyo del Comandante de la VII Brigada del ejército, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez de la manera en que quedó establecido con los hechos sucedidos en el municipio de Mapiripán desde el 15 al 20 de julio de 1997
En su providencia el Consejo Superior de la Judicatura advirtió el nexo de causalidad de la omisión imputada por la Fiscalía al Brigadier General Uscátegui con el ejercicio de las funciones que predica la normatividad penal militar para que los asuntos de ésta índole se sometan a la jurisdicción castrense. Con relación al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro el Consejo Superior de la Judicatura acoge el punto de vista esgrimido por el agente del Ministerio público y ratifica que “las conductas en que presuntamente incurrió son constitutivas de omisiones en sus funciones, pues estando bajo el dominio de la Comandancia del Batallón Joaquín París, al tener conocimiento de los hechos que se estaban dando en la población de Mapiripán, omitió el cumplimiento de sus funciones …..que por circunscripción territorial le correspondía, de donde surge el nexo entre el servicio que prestaba y la ausencia de acción consecuente con las diversas informaciones telefónicas que recibió, por las cuales conoció de los hechos delictivos que se estaban cometiendo en la población, razón por la cual el conocimiento de esa investigación le corresponde a la Justicia Penal Militar, oficina a la cual se remitirá para su conocimiento.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron el pasado 26 de enero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demanda contra el Estado Colombiano por su responsabilidad en la detención, tortura, desaparición y asesinato de aproximadamente 49 personas, ocurridas entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta.
Como se recordara, el 15 de julio de 1997, luego de una macabra planificación realizada entre miembros del Ejército Nacional y paramilitares de Córdoba, Urabá, Meta y Guaviare, más de 200 hombres rodearon el municipio de Mapiripán. Durante cinco días la población fue secuestrada e incomunicada. Varios de sus habitantes fueron detenidos y desaparecidos luego de ser torturados.
Algunos de ellos les fueron desmembrados sus cuerpos para posteriormente ser arrojados al río Guaviare. Todo esto con la aquiescencia de las Fuerzas Militares y de Policía en el área, quienes no hicieron nada para salvar la vida de los habitantes del mencionado municipio.
Pese a la gravedad y la magnitud de los hechos, el Estado Colombiano no sólo, no garantizó la vida, la libertad, ni la integridad personal de los habitantes de Mapiripán, sino que además no ha respetado los derechos a la justicia y al debido proceso de sus deudos y familiares, e incluso ha intentado que dicha investigación se adelante bajo los postulados de la Justicia Penal Militar.
Además sus funcionarios aparecen como responsables tanto por omisión , como por acción y colaboración en el accionar de grupos paramilitares, en estos hechos entre quienes se cuentan miembros activos de la Fuerza Pública, tales como B.G. Humberto Uscátegui Ramírez, T.C. Hernán Orozco Castro, S.S José Millar Ureña Díaz, S.S. Juan Carlos Gamarra Polo, C.R. Lino Sánchez Prado y el Cabo Leonardo Montoya.
Así mismo, uno de los pocos autores condenados por los hechos, Carlos Castaño Gil, sigue en libertad y el jefe del grupo paramilitar de San José del Guaviare, Luis Hernando Méndez Bedoya, partícipe directo del crimen, se encuentra huyendo de la justicia, luego de haberse “fugado” de la cárcel de Villavicencio donde se encontraba detenido.
La demanda plantea que Colombia no ha realizado las gestiones necesarias para investigar los sucesos, determinar el número y la identidad de las víctimas (en el proceso sólo se han identificado 8 ), ni para ejecutar las órdenes de captura emitidas en el proceso. Más aún, esa misma demanda sostiene que el gobierno colombiano adelanta un proceso de desmovilización de los paramilitares sin tener en cuenta el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación integral.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” es una Organización No Gubernamental de carácter nacional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos y a la Organización Mundial Contra la Tortura, defiende y promueve los derechos humanos y los derechos de los pueblos, buscando la verdad, la justicia y la reparación integral de las graves violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Bogotá, enero 29 de 2004.
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo
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El secreto de los militares
Siete años después de la cruenta masacre de Mapiripán, el caso sigue creciendo. Las revelaciones que han hecho dos de los militares de más alto rango juzgados por la justicia tienen en jaque al Ejército.
El documento fue la prueba que acabó con la carrera militar del coronel Hernán Orozco (izquierda) y del general Jaime Humberto Uscátegui (derecha). Son dos informes, uno falso y otro verdadero, sobre lo que estaba ocurriendo en Mapiripán en julio de 1997. Los dos oficiales guardaron el secreto durante un año y ocho meses.
por primera vez y ante un juez, dos oficiales de más de 30 años de carrera militar sostienen bajo juramento que “importantes sectores del Ejército están íntimamente comprometidos con el paramilitarismo”. Uno es el general Jaime Humberto Uscátegui. El otro, el teniente coronel Hernán Orozco Castro.
Ambos fueron condenados inicialmente por la justicia penal militar a principios de 2001 por “deshonrar a su ejército”, por haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones y por falsedad en documento público. Les impusieron una pena de prisión de 40 meses a Uscátegui y de 38 meses a Orozco. Pero la Corte Constitucional anuló la sentencia porque consideró que debía ser la justicia ordinaria la encargada de juzgarlos.
Cuando el caso llegó a manos de un juez, a los dos les dio por hablar y han hecho unas acusaciones muy graves. Uscátegui manifestó que se siente solo y abandonado por sus superiores y amenazó con contar la verdad si llega a ser condenado a 40 años de prisión. “Si el alto mando militar no me ayuda, sacaré a relucir pruebas que no dejan duda sobre la cercanía del Ejército con las autodefensas”, sostuvo el oficial en una conversación privada divulgada por la revista Cambio. A juzgar por sus declaraciones, el oficial les daría la razón a algunos alcaldes municipales, a las ONG y a organizaciones internacionales de derechos humanos que por años han acusado a poderosos sectores de las Fuerzas Armadas de respaldar a los paramilitares.
“Si me voy a juicio va a ser una cuestión mucho más grave que el proceso 8.000. Mejor dicho, va a ser más grave que todo lo que ha sucedido en Colombia”, sostuvo Uscátegui en la misma conversación publicada en marzo de 2004. Y el pasado 24 de enero no pudo evitar el llanto cuando el juez le preguntó el nombre del autor de la masacre de 27 personas en Mapiripán, Meta, a manos de los paramilitares en julio de 1997.
Pero mientras el general Uscátegui mantiene expectante al Ejército, el teniente coronel Orozco ya habló. El 15 de agosto de 2001 le dijo al juez segundo Penal del Circuito Especializado: “En la actualidad los militares en el Ejército consideran el paramilitarismo como la Sexta División, nombre simbólico que se le ha dado a esa organización que los recibe y los termina de preparar para confrontar a la subversión… es absolutamente cierto que existe una cultura e ideología al interior del Ejército para facilitar el cumplimiento de los objetivos militares de las autodefensas. Todos sabemos que Urabá se pudo pacificar con la ayuda de ellos y Urabá exportó grupos paramilitares a San José del Guaviare en julio de 1997”.
En esa época, hace siete años, las autodefensas de Urabá y Córdoba llegaron a la brutalidad extrema de apoderarse de Mapiripán durante cinco días, torturaron, degollaron y descuartizaron a un grupo de pobladores, y sus cuerpos los arrojaron al río Guaviare. Y nadie hizo nada.
Una enorme tragedia
En Mapiripán, Meta, viven unos 1.200 habitantes. Lo separa del departamento del Guaviare el río del mismo nombre que es su principal vía de comunicación con la inspección de Charras, a donde se puede llegar desde San José del Guaviare, a través de la trocha ganadera o por el río. Todo este recorrido fue el que hicieron unos 200 paramilitares el 12, 13 y 14 de julio de 1997 hasta Mapiripán para cometer una de las masacres más escalofriantes en su lucha por conquistar las zonas cocaleras que estaban bajo el yugo de la guerrilla.
De acuerdo con la investigación, un paramilitar, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, sostuvo ante la justicia que, “personalmente, en una finca en San Pedro de Urabá, le entregué a un grupo de muchachos de entre 16 y 23 años de edad, fusiles AK-47 y FAL, proveedores, granadas, equipos de campaña, machetes y puñales y radios de alta frecuencia. Yo oí cuando el mono Mancuso dijo: ‘esos maricas van a dar candela, en el Meta, Putumayo y Caquetá, a donde está la guerrilla’, así fueron sus palabras”.
Hace siete años hubo un éxodo masivo de los pobladores de Mapiripán. La gente huía aterrorizada después de la masacre de los paras, que se tomaron el pueblo durante cinco dias
Cerca de 200 hombres como esos muchachos llegaron poco a poco del Urabá y Córdoba a San José y a sus alrededores. El 12 de julio salió el último grupo. Dos aviones, procedentes de Bogotá y Medellín, arribaron a los aeropuertos de Apartadó y Necoclí, en el Urabá antioqueño. Uno era un avión Antonov 32 de fabricación ucraniana con una capacidad de siete toneladas o 50 pasajeros, al servicio de una empresa privada. Había sido contratado para recoger una carga en el aeropuerto Los Cedros de Apartadó y trasladarla a San José del Guaviare. “Llegué a las 10 de la mañana de Bogotá, y en Apartadó una persona me dijo que había problemas con la carga, que en su lugar viajarían 21 pasajeros, que era el número máximo permitido por la Aeronáutica para trasladar personal”, sostuvo el piloto de la aeronave ante la justicia. Dijo además que cuando llegó a San José del Guaviare, nadie les pidió identificación, ni nadie se acercó a preguntarle a la tripulación de dónde venían ni para dónde iban, a pesar de que el aeropuerto estaba bajo el control del Batallón Joaquín París y de la Policía Antinarcóticos.
A las 2:30 de la tarde llegó el otro avión. Era un Douglas DC-3 de servicio privado, que salió de Necoclí con cajas, motobombas y guacales. Un camión lo esperaba en la plataforma. El piloto, que fue asesinado cuatro años después, le había dicho a la justicia: “En la pista había personal militar y yo paré frente a la Policía Antinarcóticos, pero nadie dijo nada. Es más, los del Ejército posaron y se tomaron fotos al lado del avión. Eran como 10”.
Una semana antes de la llegada de los vuelos, en San José del Guaviare ya había movimientos extraños. En la investigación de la Fiscalía hay una declaración de Edinson Londoño Niño, que trabajaba para el coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2. “Una noche me dijo el coronel que bajáramos al pueblo. Fuimos a Residencia Familiar y me presentó a un señor llamado René, que era gente muy seria, que le colaborara… Un día, René me dijo que iba a llegar un avión de Montería, que fuera y le dijera al coronel Lino que hiciera la vuelta que le había pedido y que él conseguiría unos camiones. Después llegaron los aviones, uno blanco grande y uno más mediano en el que venían los fusiles que los guardaron en Residencia Familiar, frente al hospital. Ahí llegó el coronel Sánchez y habló con René. Luego me dieron 500.000 pesos y la orden de conseguir dos voladoras (lanchas rápidas) y llevarlas hasta la inspección de Charras, frente a Mapiripán, al otro lado del río Guaviare. Ahí estaba el sargento Gamarra, que se mantenía con René tomando trago”.
Al otro día, 13 de julio, salieron las dos lanchas de San José del Guaviare hasta Charras, en donde tuvieron que detenerse en el Barrancón, una instalación militar en donde se encuentra la Brigada Móvil 2 con tres batallones de contraguerrilla, un grupo de Infantería de Marina y la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército. “En el Barrancón, René se bajó. Íbamos armados. Él habló con un sargento y nos dejaron seguir sin requisarnos y sin nada”, le dijo a la Fiscalía el paramilitar Londoño.
Mientras tanto, otros paramilitares se desplazaban en dos camiones y dos camperos, utilizando la trocha ganadera. El martes 15 de julio, todos llegaron a Mapiripán. Eran casi las 5 de la madrugada. Incomunicaron al pueblo. Ordenaron a la gente acostarse a las 8 de la noche. Varios grupos se colocaron en los alrededores y el miércoles 16 recorrieron casa por casa. En la noche comenzaron a llevar gente al matadero, en donde la torturaron y la aesinaron. “Auxilio, auxilio, Agustín, no me dejes matar así”, recuerda los gritos, el juez promiscuo de Mapiripán, Leonardo Cortés, quien aterrorizado, observaba por una rendija de su casa cómo eran llevadas al matadero unas 26 personas. Las amarraron con las manos atrás, las apuñalaron en el vientre de abajo arriba y luego por último, un machetazo en el cuello, y después botaron sus cuerpos al río Guaviare.
Este mismo juez, que hoy vive en el exilio, llamó todos los días al mayor Hernán Orozco (luego ascendido a coronel), comandante encargado del Batallón Joaquín París, con sede en San José del Gauviare, para enterarlo de lo que ocurría en su pueblo. “Creo que Carlos Castaño está aquí”, le dijo el juez al oficial. Orozco decidió ese 15 de julio elaborar un informe de orden público, dirigido al general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio. En el oficio, el coronel le resumía en 10 puntos, paso por paso, la situación desesperada que vivía Mapiripán: “Si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para deleitarse con el paisaje de la región; pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre algunos pobladores”. Y más adelante agrega: “Me permito recomendar a mi general que, con los medios humanos y materiales de la Brigada Móvil 2 (tres batallones en Barrancón y tres helicópteros; no hay artillado), se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán. Allí se podría incluir a la Policía Antinarcóticos; desafortunadamente, las pirañas de la Infantería de Marina están fuera de servicio, sus motores están en mantenimiento”.
El problema es que no solo se cometió la masacre, sino que no se hizo nada para evitarla. Lo peor para los dos oficiales estaba por venir. En la investigación se comprobó que por orden del general Uscátegui, el coronel debía destruir ese documento que resultaba muy comprometedor y elaborar otro más escueto en su contenido. Así lo hizo. De 10 puntos se resumió a cuatro. Ya no se daban los detalles de los paras, no se hablaba de lo que podría ocurrir y mucho menos se mencionaba la posible presencia en la zona de Carlos Castaño, ni la urgencia para adelantar una operación sorpresiva en Mapiripán.
El nuevo documento simplemente señalaba que las Farc habían estado en el pueblo en marzo, que le habían hecho un “juicio popular” al juez de Mapiripán del cual salió bien librado, y hacía un breve resumen de la situación de su tropa en el municipio de Calamar. Del resto no dijo nada. Los dos oficiales guardaron este ‘secreto’ durante un año y ocho meses. Pero el 25 de marzo de 1999, el coronel Orozco fue llamado a indagatoria a la Fiscalía. Después de dos horas, el fiscal le mostró los dos documentos. “Me dejó ver el documento verdadero y el falso. Yo me sentí muy avergonzado. Yo lloré ante el fiscal y reconocí que no podía seguir mintiéndole a la justicia y decidí contar la verdad. No quiero llegar a viejo con una mentira que ocasionó la muerte de tantas personas en Mapiripán”. Orozco vive actualmente en Miami en calidad de exiliado.
Esa decisión de guardar silencio sobre lo que ocurría en Mapiripán, cambiar el documento oficial por otro y adoptar una actitud pasiva frente a lo que ocurría en el pueblo acabó con la carrera militar de los dos oficiales. Hasta ahora han sido condenados a 40 años de prisión el paramilitar Luis Hernando Méndez Bedoya, conocido como ‘René’ y ex suboficial del Ejército, prófugo de la justicia, y el coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil 2, quien se encuentra preso.
Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos entregado a la Fiscalía, un alto militar de la zona promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas fumigadas aledañas a Mapiripán, en el marco del programa que se desarrollará en conjunto con los Boinas Verdes. Y dice además que el militar, el 21 de junio de 1997, un mes antes de la masacre de Mapiripán, le solicitó colaboración a personal de la Policía Antinarcóticos para participar en una operación en la que, con ayuda de los instructores estadounidenses, “le iba a dar una lección a la guerrilla”.
Posteriormente, en la celda del sargento Juan Carlos Gamarra, en las instalaciones militares de Tolemaida, le encontraron un computador que fue analizado por el FBI y que contenía varias cartas extorsivas que él mismo realizaba con las autodefensas. El juez que sigue el caso citará a declarar al sargento y esta semana continuará el juicio con las declaraciones del ex secretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa, la ex directora de la Dian Fanny Kertzman y el general (r) de la Policía José Leonardo Gallego.
Con esta citación, el juez quiere ampliar una declaración de Moreno Villa ante la Procuraduría fechada el 31 de julio del año 2001 en la que aseguró que recibió un mensaje del general Gallego por conducto de Fanny Kertzman en el que le decía “que si yo no me callaba, él se cagaba en el Ejército. Que tenía todas las pruebas cómo el Ejército Nacional y el Ejército norteamericano habían realizado la masacre de Mapiripán, que él había sido invitado a participar de esta acción, pero que no había aceptado”.
El caso ya tiene un expediente de más de 40.000 folios y en los ocho años de transitar por la justicia, el general Uscátegui ha llegado cargado de pruebas que no deja de revisar en su sitio de reclusión, una de las casas fiscales del Cantón Norte. Pero todo parece indicar que siente que ya agotó todos los recursos para defenderse y ahora tomó una posición a la ofensiva que podría salpicar a varios miembros del Ejército al que le dio sus últimos 35 años de vida.