“La condena al Estado colombiano no es inválida”

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, analiza la desconfianza que afecta a las ONG de derechos humanos por una falsa víctima de la masacre de Mapiripán indemnizada con la asesoría del Colectivo de Abogados.

Cecilia Orozco Tascón.- El ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria anunció la creación de un “colectivo” de abogados similar a la Comisión Colombiana de Juristas que usted dirige y al Colectivo José Alvear Restrepo. ¿Cómo analiza esta estrategia?
Gustavo Gallón G.- Curiosamente en el expediente del DAS relacionado con la persecución ilegal a las organizaciones de derechos humanos, que se desarrolló entre 2003 y 2005, hay pruebas de que uno de los propósitos que se describían allí era el de crear un colectivo de abogados similar al que usted refiere. Es admisible y correcto que organizaciones de derecha creen entidades para defender derechos. Cosa distinta es que se funde un grupo con ese nombre y desde la perspectiva de los organismos de inteligencia para contrarrestar nuestra actividad.

C.O.T.- ¿Le preocupa?

G.G.G.- Sí, porque obedece al mismo espíritu que inspiró los operativos del DAS de los últimos años, es decir, como parte de una actividad de persecución en contra de las organizaciones de derechos humanos.

C.O.T.- ¿Cree que se trata de una revancha?

G.G.G.- Esperemos que no, pero queda la preocupación del anuncio de lo que se haría al respecto, en los expedientes del DAS de hace 5 o 6 años. Allí se habla de fundar un “colectivo” de abogados para actuar en Costa Rica, justamente lo que se acaba de anunciar.

C.O.T.- En cuanto al debate que se generó por la confesión de la falsa víctima de la masacre de Mapiripán, los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia han anunciado que viajarán, precisamente a Costa Rica, a pedirle a la Corte Interamericana la revisión de la condena a Colombia. ¿Qué opina de esta decisión?

G.G.G.- Hay evidencia suficiente de que hubo una masacre en Mapiripán y su ocurrencia no puede ponerse en duda por la aparición de una falsa víctima que pidió una reparación que no le correspondía. La masacre fue reconocida incluso por los propios autores del crimen, empezando por Carlos Castaño. Hay otras evidencias, como el testimonio del juez del municipio que declaró que muchos de los cuerpos de las víctimas fueron despedazados y botados al río.

C.O.T.- ¿Cuándo se considera como masacre un acto criminal en Derecho Internacional Humanitario y con cuál número de víctimas?

G.G.G.- Una masacre es el asesinato simultáneo de un conjunto de personas que frecuentemente se acompaña con otros actos de extrema crueldad. No hay una descripción del número de personas a partir del cual puede considerarse que existe o no una masacre jurídicamente hablando, pero en estudios de violencia sociopolítica se entiende que la hay cuando se causa la muerte simultánea de tres, cuatro o más personas.

C.O.T.- ¿La disminución del número de víctimas de Mapiripán pone en duda la existencia de la masacre o invalida la condena a Colombia?

G.G.G.- Que algunas personas se hayan hecho pasar por víctimas de Mapiripán no es argumento para desvirtuar la existencia de la masacre ni para pedir que la condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se invalide. Entre otras cosas, en su sentencia de 2005 la Corte dejó constancia de que el número de víctimas era “indeterminado” y, sin embargo, en la parte resolutiva dice que Colombia reconoció 49 víctimas y que admitió la participación de agentes de la Fuerza Pública por el envío de unos aviones desde Urabá hasta San José del Guaviare para transportar a los paramilitares y las armas que se emplearían en la masacre.

C.O.T.- Si todos los hechos ocurridos en Mapiripán fueron aceptados por el Estado colombiano en su momento y están relatados en la sentencia de la Corte, ¿no haremos el ‘oso’ cuando la canciller y el ministro de Justicia pidan la revisión del caso?

G.G.G.- No comparto el uso del plural en su pregunta, porque no somos nosotros los que vamos a “hacer el oso”, sino el Estado colombiano representado por los ministros que usted menciona. La última palabra la tiene, por supuesto, la Corte Interamericana. Pero, repito, la sentencia no está condicionada a que haya mayor o menor número de víctimas y la Corte no tiene por qué modificar, por ese hecho, la esencia de su sentencia.

C.O.T.- ¿A quién le corresponde establecer el número de víctimas?

G.G.G.- El Estado condenado es el que tiene que examinar que determinada víctima es o no real para actuar en consecuencia. Si existe una falsa, como parece ser en el caso de Mapiripán, eso no significa que la responsabilidad internacional del Estado colombiano por esos hechos y por la ausencia de justicia desaparezca. Además, doña Mariella, la señora que se presentó como víctima sin serlo en Mapiripán, sí lo es en otros hechos y el Gobierno colombiano no puede sentirse tranquilo en cuanto a su responsabilidad con ella: su marido efectivamente fue asesinado en otra masacre; uno de sus hijos fue llevado a la fuerza por la guerrilla y otro, por los paramilitares. Luego merece reparación del Estado.

C.O.T.- ¿El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo no fue el que avaló la existencia de esta víctima y otras que resultaron falsas?

G.G.G.- A las víctimas no se las inventaron sus representantes. El Colectivo las recibió después de que habían sido reconocidas como tales por la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los abogados contratados por el Gobierno. Y éste las volvió a reconocer ante la Corte. El Estado colombiano no fue engañado por las organizaciones de derechos humanos, sino por su propia incapacidad investigativa. Por otra parte, la Corte le ordenó a Colombia esclarecer la verdad, lo que todavía está lejos de cumplir porque no se ha hecho justicia por completo.

C.O.T.- ¿A qué se refiere cuando dice que “no se ha hecho justicia por completo”?

G.G.G.- A que todavía hay preguntas sin respuesta sobre aquellos hechos. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con el general (r) Rito Alejo del Río después de que el general (r) Uscátegui, condenado por lo ocurrido en Mapiripán, declaró que fue Del Río quien embarcó los aviones de Urabá hacia San José del Guaviare para transportar un centenar de paramilitares y el armamento que fue usado para incursionar en Mapiripán? ¿Por qué no se sabe nada sobre el proceso de este oficial que además fue objeto de homenajes celebrados por destacadas personalidades del país?

C.O.T.- El Estado colombiano ha firmado varios tratados y convenios internacionales que se relacionan con el DIH. ¿Está obligado a aceptar la condena de la Corte Interamericana o puede dejar de cumplir lo que se le ordena?

G.G.G.- La condena con relación al caso de Mapiripán y lo que allí se ordena es obligatorio para el Estado, según el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando los Estados adhieren a una Convención, se comprometen a cumplir las sentencias sin discusión.

C.O.T.- ¿Queda más deteriorada la imagen de las ONG de derechos humanos después de este episodio?

G.G.G.- Esto ha creado una impresión negativa sobre nuestro trabajo. Tenemos que asumirlo y tratar de superarlo. En los años 80, en épocas del gobierno de Turbay, predominaba una visión negativa sobre las organizaciones de derechos humanos impulsada desde el propio gobierno. En los años 90 esa percepción cambió por la introducción de la Constitución del 91 que reconoció mecanismos de protección de los derechos. Con el gobierno de Álvaro Uribe y con la persecución que se desató con él, volvió la estigmatización.

C.O.T.- ¿Es más fácil o más difícil la ejecución de su trabajo hoy que durante los ocho años del gobierno Uribe?

G.G.G.- Esta campaña de estigmatización y el aprovechamiento del incidente de Mapiripán ha calado en un sector muy importante de la opinión pública. Por eso es más difícil. Pero en el fondo no es sustancialmente diferente a lo que había antes.

El número de víctimas y la responsabilidad del Estado

En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia, por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997 cuando más de 100 paramilitares llegaron en aviones oficiales provenientes de Urabá y tomaron el control del municipio durante una semana para torturar y descuartizar a habitantes sospechosos de ser colaboradores de la guerrilla, se dice que se pudo establecer “la responsabilidad del Estado”, a pesar de que el número de víctimas no pudo conocerse con exactitud (dado el descuartizamiento y la desaparición de los restos humanos que fueron tirados al río para borrar las pruebas). Durante el proceso que se adelantó ante la CIDH en San José de Costa Rica, Colombia estuvo representada por un juez ad-hoc: el jurista javeriano Gustavo Zafra, de reconocida probidad jurídica. Zafra dejó un “voto razonado concurrente” en el que dice una frase que hoy casa con la discusión generada por la falsa víctima que apareció hace poco y por cuya existencia la Nación pretende pedir que le suspendan la condena: ni las indemnizaciones económicas a las víctimas ni la indeterminación de su número preciso “pueden confundirse con la obligación de reparar el hecho ilícito internacional del Estado…”.

“¿Brazo jurídico de la guerrilla?”

Cecilia Orozco Tascón.- Ha hecho carrera la idea de que los abogados que trabajan con las víctimas de violaciones de los derechos humanos son “el brazo jurídico” de la guerrilla. ¿Qué opina?

Gustavo Gallón G.- Es una teoría equivocada que ha sido producida por organismos de inteligencia como parte de su estrategia bélica. Según ella, existiría una supuesta guerra jurídica que se adelanta desde las organizaciones de DD.HH. para neutralizar a la Fuerza Pública a través de acciones judiciales y en complicidad con la guerrilla. Así, denunciaríamos falsamente a oficiales y agentes del Estado para obstruir las operaciones militares. Nada más errado. Aquí no hay necesidad de inventar nada: abundan tanto las violaciones de este orden que no damos abasto.

C.O.T.- Pero esa idea circula mucho en columnas de opinión.

G.G.G.- Cierto. Es una tesis perversa que infortunadamente está siendo aceptada y por eso la hemos denunciado ante el ministro de Defensa anterior, Rodrigo Rivera, a quien le expresamos nuestra preocupación. Él nos respondió que este gobierno no patrocinaba la teoría de la guerra jurídica. Pero hay evidencias de que continúan las descalificaciones para deslegitimar nuestro trabajo.