Intimidaciones y presiones a la Comunidad Civil de Vida y Paz por efectivos de la Brigada 7.
REINGENIERÍA PARAMILITAR- EJECUCION EXTRAJUDICIAL
Supuesto integrante de Red de Cooperantes ejecutados por la guerrilla de las FARC EP
“La tierra de donde sale el pan está revuelta en sus entrañas por el fuego. Allí las tierras albergan el zafiro que contienen partículas de oro. El ave de rapiña no conoce el camino.”
Job 28, 5-7a
RESUMEN
Desde el 18 de marzo, las 23 familias del alto Ariari que regresaron a la región a una Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz ubicada en el caserío El Encanto han sido objeto de señalamientos, intimidaciones proferidas por militares de la Brigada 7, argumentando falsamente que al lugar perfectamente visibilizado ingresa la guerrilla y comparando la experiencia con la Comunidad de Paz de San José, afirman “en esas comunidades de Paz entraba la guerrilla y por eso las autodefensas tuvieron que entrar a realizar una masacre”.
Las expresiones institucionales son una forma de estigmatización y de presión a una experiencia basada en el derecho de las víctimas a la afirmación de la Verdad, a la búsqueda de Justicia y Reparación Integral, al derecho de distinguirse como población civil en el conflicto armado, el derecho a la protección de sus tierras y bienes. Esta actitud contrasta con la actitud silenciosa que se guarda con el desarrollo de la estrategia paramilitar que a pesar de su “desmovilización” continúa perpetuándose con el cambio del control que normalmente se realizaba en La “Y” de Puerto Unión ahora de manera directa en Medellín del Ariari sobre los comerciantes y campesinos compradores. Los vínculos entre efectivos estatales y los integrantes de la estrategia paramilitar se constatan en Medellín del Ariari en el casco urbano y el patrullaje conjunto que se realiza en los caseríos de la parte alta.
Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar bajo el mando de “Onésimo” o “Mateo” o “El Paisa” ha realizado reuniones con los comerciantes del casco urbano exigiendo un aporte económico, abiertamente se han convertido en medio de las autoridades policiales en los que investigan y sancionan a quienes participan en riñas y robos, aunque simultáneamente varios de sus efectivos actúan en hurtos haciéndose pasar como miembros de la guerrilla. La inocultable situación ha llevado a que efectivos de la Brigada 7 manifiesten que no existe garantía con la desmovilización paramilitar. Para nadie continúa siendo un secreto de los vínculos entre efectivos militares de la Brigada, agentes policiales y estructuras de tipo paramilitar y los abusos de poder de las fuerzas militares contra la población con detenciones ilegales, amenazas e intimidaciones
En medio de la aplicación de la política de seguridad efectivos regulares ejecutaron extrajudicialmente a un paramilitar que rompió sus relaciones con su mando del municipio de El Dorado.
Las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones de Derecho Humanitario ponen en cuestión el tipo de militarización territorial.
Adjunto Hechos en Detalle y Líneas de Interpretación.
Bogotá, D.C. mayo 16 de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
HECHOS EN DETALLE
* Lunes 6 de febrero, aproximadamente a las 2:00 p.m. en el sitio La Bodega sobre la vía que comunica de Medellín del Ariari hacia Puerto Esperanza, hicieron presencia un grupo de “civiles” armados de la estrategia paramilitar quienes horas más tarde se ubicaron en los alrededores de la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz.
Durante cinco días en el corregimiento de Medellín del Ariari y el caserío de Puerto Esperanza se percibió la presencia simultánea de unidades militares regulares y estructuras armadas encubiertas.
* Viernes 10 de febrero, en horas de la mañana, a la salida del corregimiento de Medellín del Ariari, un “civil” de la estrategia paramilitar, portando arma corta, y un radio de comunicaciones, detuvo el camión en el que se transportaban los materiales para la adecuación de la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz.
Luego de varios minutos de interrogatorio sobre el destino de los bienes, el paramilitar permitió el paso del vehículo.
* Martes 21 de febrero, en horas de la mañana, unidades del ejército pertenecientes al Batallón 21 Vargas ingresaron a la escuela del caserío La Macarena, corregimiento de Medellín del Ariari, exigiendo a la profesora facilitar las unidades sanitarias y papel de escritura, Al negarse la educadora a posibilitar el uso de las instalaciones en razón del Derecho Internacional Humanitario, los militares expresaron: “si fuera otro y no el ejército de seguro que no pone problema”.
* Miércoles 22 de febrero, aproximadamente desde las 6.00 a.m. hasta la tarde “civiles” armados de la estrategia paramilitar permanecieron en la vía que conduce hacia Puerto Esperanza en el sitio conocido como la “Y” de Puerto Unión en un retén permanente; a pocos minutos, entre los caseríos de Puerto Esperanza y La Cima se encontraban unidades militares adscritas al Batallón 21 Vargas.
* Viernes 24 de febrero, en la edición del 24 al 27 de febrero el semanario regional Llano 7 días, publicó un reportaje sobre la Comunidad Civil de Vida y Paz, titulado “Temeroso regreso de desplazados a El Castillo”, algunos de los aspectos que se destacan en subrayado son nuestros:
“Un grupo de familias desplazadas de El Castillo, quieren volver a las tierras de donde debieron huir. Sin embargo, la Defensoría advierte que los “paras” siguen controlando la zona e incluso restringen los alimentos hacia las veredas. Llano 7 días visitó la región y esta es su historia. Miedo ronda regreso de desplazados a El Castillo. 35 familias que salieron hace cuatro años de varias veredas de este municipio planean regresar el 18 de marzo a una aldea – Zona Humanitaria – construida por ellos en Puerto Esperanza. La Defensoría dice que no hay garantías. (…)
El mayor temor que tiene la Comunidad Civil de Vida y Paz cuando todas las 34 familias retornen a lo que ellos llaman su “territorio humanitario”, es la influencia que siguen teniendo los grupos paramilitares en las zonas rurales de El Castillo.
Un ejemplo de ello es el control de las remesas de alimentos y canasta familiar que deben subir desde la inspección de Medellín del Ariari a las veredas más cercanas.
Llano 7 días fue testigo de un retén paramilitar a las afueras de este poblado, en el que se detuvo un camión con plátanos para verificar su carga.
“Esa es una acción común. Siempre exigen la factura a los campesinos para asegurarse de que no lleven más de lo dispuesto por ellos”, comentó un habitante de Medellín del Ariari.
Según varias fuentes consultadas por este periódico, como la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y otras entidades que han integrado los comités de seguimiento a este proceso, las autodefensas del bloque Ariari han censado a la población campesina que habita algunas veredas y no les deja comprar más de 60 mil pesos semanales a cada familia. Esta cifra puede variar de acuerdo al número de integrantes del hogar.
Los retenes se hacen en dos puntos de la vía hacia Puerto Esperanza por hombres dotados de radios de comunicación.
“El que da los paz y salvos es un tal ‘Picota’ y lo preocupante es que esos mismos controles los hacía el Ejército hace unos meses con autorización de la Alcaldía de El Castillo. La Defensoría echó por tierra ese decreto y no lo pudieron seguir realizando. Ahora se siguen haciendo pero en forma ilegal”, dijo un defensor de derechos humanos que prefirió omitir su nombre. (…)
Ante las reiteradas quejas de habitantes y entidades como la Defensoría del Pueblo por la presencia de paramilitares en Medellín del Ariari, el comandante del batallón 21 Vargas, Coronel Jairo Martín Sandoval, dijo que la fuerza pública ha venido ejerciendo control permanente en sectores como Puerto Esperanza y que se continuará haciendo presencia en la zona.
“Se han venido desarrollando misiones tácticas con el fin de garantizar la integridad del personal civil”, dijo.
Agregó que no están permanentemente en un sitio pero sí controlan el área rural y las partes altas. “No es que vayamos a estar con ellos pero sí habrá permanente control territorial en ese sector”, sostuvo.
El oficial recordó que varias ONG y grupos de familias ya han estado en ese sector y el Ejército los ha protegido y respaldado.
Respecto a la presencia de grupos de autodefensas en la zona, el comandante del Batallón 21 Vargas dijo no tener conocimiento de la influencia permanente o de retenes de grupos armados.
“Cada mes solicitamos a la alcaldía y a la Personería de El Castillo que nos informen sobre nexos con los grupos ilegales y siempre responden que no tienen conocimiento de tales relaciones”, aseveró”.
* Sábado 25 de febrero, desde la mañana “civiles” armados de la estrategia paramilitar se ubicaron en la salida del corregimiento de Medellín del Ariari en dirección al caserío La Cumbre expresando a los campesinos: “nos tenemos que ir por unos días, después de lo que publicaron en Llano 7 Días, va a venir la Fiscalía, ya lo sabemos, pero volveremos.”. Igualmente, las unidades militares procedieron a levantar el puesto de control del sitio conocido como La “Y” de Puerto Esperanza.
Este mismo día, dos hombres vestidos de civil, quienes se identificaron a pobladores como efectivos del Gaula del ejército, recorrieron el casco urbano de Medellín del Ariari distribuyendo volantes y almanaques en los que se invita a llamara a la Brigada 7 del ejército GAULA del ejército, a denunciar, informar y recibir recompensa por colaborar con las autoridades.
Durante el día se realizaron controles de “civiles” armados de la estrategia paramilitar entre la escuela del caserío La Macarena, la “Y” de Puerto Unión, el caserío El Jardín y Medellín del Ariari.
* Lunes 27 de febrero, hacia las 5:00 p.m., en la “Y” de Puerto Esperanza en el retén militar del Batallón 21 Vargas, fue interrogado un misionero claretiano de la iglesia católica local por la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, uno de los efectivos regulares insinuó que allá haya gente armada.
El día anterior en el mismo sitio los militares interrogaron con similares preguntas y con las mismas insinuaciones al miembro de la iglesia católica.
* Jueves 2 de marzo, hacia las 8:00 a.m., en el peaje de Sardinata, ubicado a pocos minutos del barrio La Nohora, de Villavicencio, 10 unidades policiales ordenaron detener la marcha del bus en el que se transportaban varias familias de la Comunidad Civil de Vida y Paz, acompañados por organismos de solidaridad de España e integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz
A pesar de la presentación de la delegación a las unidades policiales, estos extremaron sus acciones de control, y su interrogatorio que se prolongó por más de 30 minutos
Uno de los policías, abordó a uno de los internacionales preguntándole si portaba armas: “¿está usted armado?”; luego dirigiéndose a todos los extranjeros les interrogó: ”¿están por acá en alguna campaña?, ¿contra quién es la campaña?, ¿contra quién hacen esto?” y a varios niños de la Comunidad Civil de Vida y Paz, les preguntaron “¿hacia donde van?, ¿por qué con tanta compañía? ¿Qué van hacer? ¿quiénes son los que van con ustedes?, ¿sus papás qué hacen? ¿ por qué tanto internacional?”.
Otro de los agentes que se dirigió a PABLO CALA, defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, a quien luego de requisarlo en dos ocasiones, le tomaron el móvil, con el cual se estaba comunicando con la sede de nuestra Comisión de Justicia y Paz para informar del procedimiento policial. Luego de 10 minutos de permanecer el teléfono en mano de las policías, en un lugar distante, lo regresaron. Uno de los agentes policiales antes de ordenar la marcha del vehiculo y luego de entregar el teléfono expresó: “vamos a estar muy pendientes de ustedes, se ven bastante sospechosos”.
* Domingo 5 de marzo, desde las 11:00 a.m. y hasta las 2.00 p.m. “civiles” armados de la estrategia paramilitar, activaron el puesto de control de personas, bienes de supervivencia y de transporte entre los corregimientos de Medellín del Ariari y Puerto Esperanza exigiendo facturas de compra de mercado con el visto bueno del mando paramilitar que permanece en Medellín del Ariari.
Los paramilitares durante estas tres horas impidieron además la movilización del transporte expresando: “los horarios para el retén de hoy domingo se deben cumplir, ningún carro se va a mover hasta cuando nosotros digamos”.
Durante todo el día se observó presencia de unidades militares del Batallón 21 Vargas en los alrededores del caserío de Puerto Esperanza.
* Miércoles 8 de marzo, a las 6:00 a.m. cerca de 20 “civiles” armados de la estrategia paramilitar se trasladaron del sitio conocido como La “Y” de Puerto Unión y del caserío de Campoalegre hacia el Caserío de Caño Embarrado, realizando patrullajes en los caseríos de El Jardín, La Macarena, Campoalegre y La Cumbre, averiando el acueducto veredal en La Loma de Campoalegre.
* Viernes 10 de marzo, a las 4:40 p.m. en el sitio conocido como “La Bodega”, en la vía que conduce de Puerto Esperanza a Medellín del Ariari, unidades militares del Batallón 21 Vargas, ejecutaron extrajudicialmente con disparos de fusil a un hombre de quien no ha sido posible establecer su identidad.
Luego del hecho, los militares impidieron a los campesinos el paso por el lugar argumentando que habían acabo de “dar de baja al jefe de finanzas de los paracos de El Dorado”.”
De acuerdo con testimonios, el ejecutado extrajudicialmente por los militares era un integrantes de la estructuras paramilitares del municipio El Dorado, quien en las últimas semanas estaba realizando “cobros de impuestos” sin reportar a los mandos de la estrategia militar encubierta.
Durante el tiempo de espera uno de los militares expresó a los campesinos: “nosotros hemos estado recorriendo las veredas de La Cima y Puerto Esperanza, tenemos información de que la guerrilla se está moviendo en la zona y que está bajando con frecuencia a ese caserío nuevo que están haciendo al lado del Puerto – refiriéndose a la Zona Humanitaria-.. a este lugar nosotros no podemos entrar porque tiene una malla, ahí hay guerrilla, cada rato están llegando visitas internacionales y gente extraña”
Algunos de los campesinos rechazaron las afirmaciones expresando que conocían a las familias de la Comunidad Civil de Vida y Paz, que no era cierta la presencia de las guerrilla: “Ustedes mismos saben que eso no es así, ustedes han dicho que por acá en esta parte del Ariari no hay guerrilla, por eso ustedes se mueven por donde quiere con tranquilidad”. El militar contestó: “caras vemos, corazones no conocemos”
* Jueves 16 de marzo, hacia las 9:30 a.m., siete unidades militares del Batallón 21 Vargas, entre ellas un Teniente de apellido ORTIZ, se dirigieron desde afuera de la Malla de la Dignidad de la Zona Humanitaria a jóvenes de la Comunidad Civil de Vida y Paz que se encontraban trabajando.
El Teniente ORTIZ en tono autoritario expresó: “Ustedes tienen que responder. “¿De dónde son?, ¿son de la región o son de otro lado?, ¿tienen familia por acá o casa?¿esta tierra de quién es, es de ustedes, la compraron? Si no hablan busquen un líder de ustedes que me conteste, llamen a un líder o a los internacionales o a quien sea, pero necesitamos respuestas”.
Segundos después ante las insistentes preguntas con gritos, se acercaron a la Malla de la Vida, varios miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz, junto con acompañados internacionales y nacionales, los campesinos le recordaron que desde hace más de dos años el Gobierno Nacional sabe quiénes eran, qué hacen, qué es una Zona Humanitaria, y que todos sus interrogantes los puede dirigir al Ministerio de Defensa que ha estado en las reuniones de seguimiento de Medidas Cautelares.
El Teniente ORTIZ expresó: “a varios de ustedes ya los habíamos visto, mi Coronel llamó y me pidió que los saludara y preguntara si necesitan algo. ¿Cómo van las viviendas? Cuando vienen por acá los de la Diócesis? Nosotros vamos a estar en el perímetro. Acá dónde ustedes están sabemos que no podemos estar, que ustedes no nos dejan. Vamos a estar en la carretera entre Medellín y Puerto Esperanza”. Los militares se retiraron de la Malla de la Dignidad hacia Puerto Esperanza.
El Teniente ORTIZ estuvo el 22 de enero realizando las mismas preguntas a los integrantes de la Comunidad Civil de Vida y Paz.
* Sábado 18 de marzo, hacia las 10.00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz, recibió la información de que fincas ubicadas en los caseríos La Esmeralda, La Floresta, La Cima, 20 de Julio, El Retiro, La Esperanza, cuyos propietarios se encuentran desplazados forzadamente, vienen siendo utilizadas sin autorización para la ganadería por parte de habitantes de los municipios de El Dorado, Acacías, Cubarral, San Martín, que contarían con el respaldo de las estructuras paramilitares.
Cerca de 3000 cabezas de ganado, se calcula, han ingresado por Medellín del Ariari, donde los “civiles” armados cobran un “impuesto” de $ 15,000 (U.S. $ 6) por cabeza.
Debido al control paramilitar, la presión sobre familias desplazadas la oferta de compra de tierra ubicadas en los caseríos de La Cima, La Esmeralda, La Esperanza y Yamanes se han disparado.
En Yamanes fue comprada una propiedad de 1.200 hectáreas, conocida como “Cincinatti”, en cuyas cercas aparece la inscripción “V.C.”, la que según versiones de pobladores pertenece a Víctor Carranza.
* Martes 11 de abril, hacia el medio día, en el corregimiento de Casibare, municipio de Puerto Lleras, distante a tres horas del corregimiento de Medellín del Ariari, se realizó el acto público de desmovilización de integrantes de la estrategia paramilitar que realizan presencia en los municipios de El Castillo, El Dorado, Cubarral, San Martín, Puerto Rico, Puerto Lleras, Vista Hermosa, entre otros.
* Domingo 16 de abril, “civiles” armados de la estrategia paramilitar obligaron a todos los proveedores de alimentos de Medellín del Ariari entregar los nombres de los campesinos que compraron bienes de supervivencia, su lugar de origen y el valor de la compra. Los “civiles” armados expresaron: “vamos a ver quienes fueron los que se confiaron y mercaron más de la cuenta, el que compró en más de dos lugares es porque es un guerrillero, el que se pasó de lo autorizado lo vamos a arreglar.”
Debido al informe de prensa y el seguimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las estructuras paramilitares modificaron su actuación en las últimas dos semanas.
* Martes 18 de abril, ocho “civiles” armados de la estrategia paramilitar, entre ellos un reconocido mando de la región de nombre ONESIMO conocido como “Mateo” o “El Paisa” obligaron a los comerciantes de Medellín del Ariari asistir a una reunión, donde expresaron: “ya se dio la desmovilización, muchos están preocupados por la seguridad de la región, pero nosotros queremos decirles que acá seguiremos. Nosotros les seguiremos dando seguridad pero tienen que colaborar, necesitamos que el comercio de una cuota para ayudar a financiar a nuestros hombres, pronto les diremos cuál es la cuota mensual.”
Terminada la reunión, el paramilitar de nombre ONESIMO se dirigió a un poblador de Medellín del Ariari, quien el domingo anterior había protagonizado una riña en una de las cantinas del pueblo expresándole: “usted se puso a buscar problemas el domingo, eso no puede quedar así, menos ahora que nosotros vamos a seguir acá, lo que usted hizo necesita castigo. Usted tiene que barrer todas las calles del pueblo como escarmiento”. El poblador expresó. “ustedes no son autoridad, ya se desmovilizaron, yo no obedezco órdenes de ustedes, si quiere saquen sus armas y dispare, pero yo no hago lo que usted manda”, segundos después este se retiró del lugar.
Terminada las desmovilización en Casibare, Municipio de Puerto Lleras se incrementaron robos a tiendas, casas, establecimientos comerciales, vehículos de distribución de alimentos, de gas y de gaseosas en los municipios de Granada, El Castillo y San Martín en los que participan los “civiles” armados de la estrategia paramilitar, -desmovilizados- quienes se hacen pasar en algunas ocasiones por guerrilleros.
Igualmente, los desmovilizados que se encuentran en los caseríos y cascos urbanos de los municipios expresan que es necesaria la seguridad y que la nueva forma es el apoyo a su presencia como mecanismo preventivo y de sanción.
* Miércoles 19 de Abril, en horas de la mañana, de acuerdo con versiones de campesinos de la región unidades militares adscritas al Batallón 21 Vargas ingresaron al caserío La Cumbre, dirigiéndose a una casa abandonada, en la cual se encontraba un hombre desconocido al que sacaron por la fuerza, lo amarraron, y posteriormente, procedieron a quemar la casa. Luego salieron del lugar y se llevaron consigo al hombre.
A las 12:00 del día, efectivos militares junto con un conocido paramilitar se ubicaron en frente de la escuela del caserío La Cumbre, donde detuvieron ilegalmente y amarraron de las manos a dos estudiantes, uno de ellos llamado DIEGO DUARTE. A los estudiantes, les interrogaron y los presionaron durante tres horas buscando información de la guerrilla.
A los dos jóvenes campesinos, que exigieron respeto a sus derechos como población civil, los militares, luego de presionarlos, les ofrecieron dinero a cambio de la información “cooperen, informen y tendrán su recompensa”.
Antes de dejarlos ir, los estudiantes fueron advertidos y amenazados por los militares: “Digan algo, y verán lo que pasa”.
Minutos después el paramilitar se dirigió a la profesora de la escuela del caserío La Cumbre manifestando: “discúlpenos por lo que sucedió con sus estudiantes, pero usted entenderá que era necesario”.
Los militares bajaron del caserío La Cumbre hacia el caserío de Puerto Unión, donde expresaron: “nosotros tenemos que volver a La Cumbre a coger a todos esos guerrilleros que hay allá”.
* Viernes 21 de abril, en la ciudad de Villavicencio, en el marco de una reunión de seguimiento a las Medidas Cautelares a favor de la Comunidad Civil de Vida y Paz, el Mayor RUBIO, de la 7 Brigada expresó: “no hay condiciones de retorno a la región del Alto Ariari (…) la comunidad asume la responsabilidad de lo que les pase por no atender la recomendación de seguridad, no hay condiciones, está restringido el ingreso de la Fuerza Pública al sitio donde la gente está concentrada – refiriéndose a la Zona Humanitaria -, nos tienen prohibido el acceso (…). Ustedes no dejan entrar a la Fuerza Pública allí donde están concentrados, pero sepan que los grupos ilegales no piden permiso para entrar.. Nosotros estamos presentes en la región, hemos estado de manera permanente por que allí se mueve el frente 26 de las FARC al mando de SANDOVAL, también hay autodefensas, sabemos que la presencia de la guerrilla es esporádica (…). Cuando está el ejército esos bandidos se van, esos bandidos se camuflan en la población civil, por eso nosotros no confiamos, el ejército no puede tener control de todo, no hay capacidad, no podemos estar permanentes en la región.”
Así mismo, el Teniente Coronel PEDRO VILLAQUIRAN, de la 7 Brigada, expresó que hubo desmovilización, pero eso no garantiza que queden reductos en contra de la población (…) Si existe información de hechos como el caso de “El Paisa”, necesitamos las denuncias, en la región está el Batallón 21 Vargas realizando su labor, hemos capturado a terroristas de las autodefensas, incautado material y explosivos, nosotros estamos para garantizar seguridad y no permitir convivencia con ninguna organización al margen de la ley (…). Si hay algo concreto hagan denuncias concretas, se vienen realizando operaciones tácticas, como la misión táctica “Zafiro” realizada entre el 16 al 27 de marzo. El 16 de marzo se registró el área de Puerto Esperanza, pero no se pudo entrar a donde están las familias porque hay una cerca que impide el ingreso de la tropa (…) Nosotros queremos ayudarles, nos preocupa la educación de los niños, la salud.”
Un delegado de la Vicepresidencia expresó: “la conclusión es clara, no están dadas las condiciones, se regreso a la región sin la voluntad del comité de desplazados es una irresponsabilidad promover un retorno así. Es irresponsable un tutelaje que promueve retornos sin atender a condiciones de seguridad, está claro que hay conflicto armado y ustedes retornan en esas condiciones y el tema de seguridad no es solo del ejército sino del Estado a través de la salud y la educación (…). No es necesaria la presencia permanente del ejército ni de la policía eso lo hemos comprobado en los últimos retornos en Urabá antioqueño, la seguridad se puede realizar a través de operaciones especiales de presencia”.
* Lunes 24 de abril, en Medellín del Ariari, el paramilitar ONESIMO conocido como “Mateo” o “El Paisa”, expresó a varios comerciantes que “fue un error realizar esa reunión del 18 de abril con ustedes acá en el pueblo, todo se sabe”
* Domingo 30 de abril, hacia las 9:20 a.m., en el casco urbano de Puerto Esperanza, unidades militares del Batallón 21 Vargas, solicitaron documentos de identidad a dos hombres y a un menor de edad de la Comunidad Civil de Vida y Paz que por allí caminaban.
Los militares a los dos hombres les obligaron a levantarse la camisa, posteriormente los dejan seguir su camino.
Entre las 9:30 y 10:30 a.m., cerca de 50 unidades militares ingresaron al casco urbano de Puerto Esperanza.
Horas más tarde, hacia las 3:45 p.m., en el centro del caserío de Puerto Esperanza se observó un grupo aproximado de treinta unidades militares distribuyendo dotación (botas militares y colchonetas), mientras otro grupo se ubico a la salida del caserío en dirección a la Zona Humanitaria, entre ellos un Cabo de apellido GARCIA.
El cabo GARCIA abordó a un integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz y luego de verificar los documentos de identidad le manifestó: “venga y le cuento lo de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esa es una comunidad así como esta. Allá la guerrilla cada rato entraba, estaba con la gente y entonces las autodefensas tuvieron que entrar y masacrar. Eso fue muy conocido por noticias y todo. Pero por aquí no hemos visto guerrilla, solo milicianos, incluso en estos días se nos voló uno por allá arriba”
Luego el militar esculcó la bolsa del defensor de derechos humanos y manifestó: ¿qué lleva en esa bolsa?, ¿les lleva dulces a los niños?” el misionero respondió que son unos encargos. Posteriormente, GARCIA manifestó: “lo de la vida misionera es muy bonito yo tengo una tía que es monja salesiana y en un tiempo salí con ella pero ya hace cinco años que me dedique a esta vida de militar. Bueno, siga su camino que por acá nos estaremos viendo las caras… recuerde lo que le dije”.
* Lunes 1 de mayo, hacia las 9:00 a.m. aproximadamente los militares reunieron a las pocas personas que habitan en el caserío de Puerto Esperanza, manifestándoles: “nosotros nos vamos a quedar en la región y necesitamos de su colaboración. Nosotros estamos acá para desactivar los campos minados, así que si saben de alguno nos dicen. Necesitamos que usted – señalando a uno de los pobladores del caserío – vaya hasta la comunidad que está acá arriba – refiriéndose a la Zona Humanitaria – y les diga que manden a dos líderes para que hablen con nosotros, ya que no podemos entrar allá por esa cerca y la puerta que siempre está cerrada”.
* Martes 2 de mayo, a las 11:30 a.m. unidades militares del Batallón 21 Vargas detonaron a orillas del río la Cal, frente al caserío de Puerto Esperanza, un artefacto, al parecer una granada de mano. Minutos después, los efectivos regulares se dirigieron a las familias del caserío de Puerto Esperanza expresando que habían encontrado un cilindro de gas “con explosivos al lado del matadero, que dejaron allí los guerrilleros de las FARC.”
A las 12:00 del día, se escuchó un disparo por el caserío La Cima a unos dos kilómetros de la zona Humanitaria.
Hacia las 3:30 p.m. a través de campesinos de la región se tuvo conocimiento que había sido asesinado ANTONIO PALOMINO, poblador del caserío La Cima, quien se dirigía hacia el caserío La Esmeralda a cuidar un ganado bajo su administración.
Hacia las 9:00 p.m., familiares de ANTONIO trasladaron su cadáver hasta el caserío de Puerto Esperanza, donde pasaron la noche, ante la prohibición del ejército de transitar después de las 6:00 p.m.
Los familiares manifestaron que ANTONIO había sido asesinado por la guerrilla de las FARC EP, ya que sobre el cadáver, se había encontrado una nota que decía: “red de cooperantes”.
Algunos familiares de ANTONIO expresaron a los militares “ANTONIO fue asesinado por la guerrilla, ustedes están en toda la región, todo lo controlan, en todo meten a la gente, qué saben, qué van a hacer”.
y dos asesinatos por parte de la guerrilla de las FARC EP quiénes han acusado sin fórmula de juicio a sus víctimas como parte de la red de cooperantes
* Miércoles 3 de mayo, entre las 8.00 a.m. y las 3.00 p.m. en el casco urbano del corregimiento de Medellín del Ariari mientras los religiosos de la Misión Claretiana de Medellín del Ariari se encontraban en actividades pastorales, desconocidos ingresaron violentamente a la casa pastoral hurtando $5.500.000 ( U.S. $ 2.038), y revolcaron las habitaciones.
* Jueves 4 de mayo, en el casco urbano del municipio El Castillo, los religiosos de la Misión Claretiana de Medellín del Ariari, interpusieron una denuncia ante la Policía por el robo realizado a su casa. El comandante de la Policía, manifestó que: “estamos trabajando en conjunto con el ejército y los vamos a poner en conocimiento de la situación para investigar”.
Horas tarde en el corregimiento de Medellín del Ariari, el paramilitar llamado ONESIMO, conocido como “Mateo” o “El Paisa” se acercó a un establecimiento público donde funciona un billar preguntando por FREDY ALFONSO PEREZ, agregando: “este sujeto se metió a la casa misionera y robó. Nosotros no vamos a permitir estas cosas, si alguien lo ve le dicen que yo lo han buscando para matarlo.”
Este mismo día, unidades militares del Batallón 21 Vargas se dirigieron a tres familias del caserío de Puerto Esperanza, afirmando que habían desactivado una mina antipersonal y que debían firmar para dejar constancia. “Hemos desactivado un campo minado en el colegio de aquí del pueblo, necesitamos que nos firmen esta acta como constancia que ese campo minado fue desactivado en el colegio y en la escuela, firmen y no hay problema.”
Ante la solicitud, una de las pobladoras del caserío se negó a firmar argumentando que eso era imposible por el transito permanente que hay allí y la limpieza que se ha hecho del lugar.
Los militares insistieron en hacer firmar a la campesina, quién expresó. “yo no voy a decir mentiras y por eso no firmo. Si realmente ustedes hubieran encontrado un campo minado en ese colegio mi esposo se habría matado ayer. Ustedes mismos vieron que ayer varios de aquí del pueblo fuimos a realizar limpieza al colegio y a la escuela porque ya casi llega el profesor, mi marido estuvo incluso trabajando con la guadaña por todo lado y no vio nada. Yo no voy a firmar”.
* Sábado 6 de mayo, a las 3.00 p.m. en el terreno de siembras comunitarias adjunto a la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, se encontraron dos inscripciones en dos árboles, con la letras: “AUC 4/5” – al parecer haciendo alusión a las Autodefensas Unidas de Colombia, y al día 5 de mayo, junto con una canasta vacía de “Coca Cola” utilizada por los efectivos militares como silla y bolsas vacías de raciones de dotación del ejército.
* Sábado 13 de mayo, en horas de la tarde se realizó un partido de fútbol en el caserío La Cabaña, municipio El Castillo, donde se encontraban varios ”civiles” armados de la estrategia paramilitar de Medellín del Ariari, entre ellos ONESIMO, el conocido como “Mateo” o “El Paisa”.
Entre los paramilitares empezaron a señalar al árbitro del partido, proveniente del municipio de Granada, afirmando: “este h.p. fue el que nos hizo perder el partido la vez anterior”, inmediatamente el paramilitar “El Paisa” sacó un machete y se dirigió al árbitro golpeándolo en repetidas ocasiones con el mismo.
Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar volvieron al corregimiento de Medellín del Ariari, ingresaron a una de las cantinas y empezaron a beber licor.
Hacia las 11:00 p.m., el paramilitar conocido como “El Paisa” salió de la cantina con dirección a la casa de ISIDORO ORTIZ, conductor de servicio público, al llegar allí pateó la puerta en repetidas ocasiones, gritando: “sal h.p., sal y saca un arma para que te defiendas porque te voy a matar, toma ahí te entrego unas balas para que te defiendas, tú me la debes.”. “El paisa” disparó en varias ocasiones al interior de la vivienda.
Entre tanto, ISIDORO logró salir de su vivienda por el patio de la casa, en busca de refugio, mientras que el paramilitar ingresó a la casa de habitación gritando, revolcando todo y amenazando: “se me voló ese h.p., pero lo voy a matar”. Dirigiéndose a la mujer le expresó: “te lo voy a traer picadito en pedazos, te lo voy a traer dentro de un costal”.
Antes de salir, el paramilitar se dirigió hacia el vehículo propiedad de ISIDORO y con el arma rompió el vidrio panorámico.
Posteriormente, “El Paisa” se dirigió a la vivienda de la madre de ISIDORO: “vengo de la casa de su hija, el h.p. de ISIDORO se me escapó, pero yo voy a prestar guardia, lo voy a esperar aquí, porque yo mato a ese h.p. y le voy a llevar a su hijo dentro de un costal todo picadito.” (…) “sepa una cosa, ni se les ocurra poner denuncias, no se molesten en ir a denunciarme, porque más se demoran ustedes en poner la demanda que yo en enterarme, la misma policía viene y me lo hace saber. Si la policía me dice que ustedes han puesto una denuncia, les pasa lo mismo que le voy a hacer a ISIDORO”. Dicho esto, el paramilitar se fue.
* Domingo 14 de mayo, desde el medio día y hasta el final de la tarde, unidades militares del Batallón 21 Vargas realizaron un retén en el sitio conocido como “La Bodega”, ubicado sobre la vía que de Medellín del Ariari comunica a Puerto Esperanza. En el sitio obligaron a detenerse a los vehículos que transportan pobladores de los caseríos de la parte alta, quienes realizaban sus mercados en Medellín del Ariari.
Las unidades militares exigieron a cada poblador la presentación de la factura de compra de alimentos “es solo un control de rutina para ver que tanto mercan”.
Este mismo día, en Medellín del Ariari apareció un cadáver en avanzado estado de descomposición, a orillas del río Aguas Claras, sobre el puente de este corregimiento.
El levantamiento del cadáver lo realizó la policía.
LINEAS DE INTERPRETACION
Las inconsistencias e incoherencias de los planteamientos públicos de quienes aplican la política de seguridad institucional quedan al descubierto en el caso del regreso al Ariari de las familias agrupadas en la Comunidad Civil de Vida y Paz.
Cuando las comunidades voluntariamente han decidido regresar a la región de la que fueron desplazadas ante la ausencia de una respuesta integral y el desconocimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los aspectos de protección, de justicia y de aplicación de los principios rectores, la política institucional cuestiona la decisión arguyendo la ausencia de garantías de seguridad y de protección y la ausencia de concertación con el gobierno para la decisión comunitaria.
En sana lógica se puede decir, que si altos mandos militares afirman que mantienen una presencia permanente en la región, lo que significa según la política institucional que hay seguridad, y que a esa presencia se suman las “desestructuraciones” públicas de la estrategia militar existe seguridad por lo menos en términos militares, y existe la posibilidad clara de enfrentar a la guerrilla de las FARC EP, qué es el pretexto de la militarización.
Detrás de las inconsistencias argumentativas y prácticas queda en evidencia la ausencia de una política eficaz conforme a los Principios Rectores respecto al desplazamiento interno que propicie el respeto a los procesos organizativos de las comunidades y los mecanismos adecuados para un retorno en dignidad. Igualmente, queda en evidencia que el proceso de desmovilización, en este caso del Alto Ariari no ha sido un proceso de desestructuración de la estrategia paramilitar si no de su reconfiguración militar, con nuevos mecanismos de control y de presión sobre la población en medio de la institucionalidad como es el caso del corregimiento de Medellín del Ariari.
Continúan los vínculos entre agentes estatales y estructuras de tipo paramilitar, su mandos son verdaderos reyes, que controlan las actuaciones institucionales, y el aparato judicial o es un convidado de piedra o por sus evidentes omisiones ante más de dos centeneras de víctimas y el descaro de actuaciones que van contra el código penal se mantienen inermes. Ha sido gracias a la inacción del aparato de justicia o su acción cómplice que las estructuras criminales pueden seguir existiendo y persistiendo en sus operaciones delictivas, pues la paz ha sido solo el cambio de las estrategias armadas.
Mientras persita el desarrollo de la estrategia paramilitar como estrategia institucional en la región no existirían garantías verdaderas para los desplazados, por eso, el regreso al Ariari, que no es el RETORNO, es la expresión civil de la afirmación de la dignidad recreando el Derecho de los Pueblos y el Derecho Internacional.
Bogotá, D.C. 16 de mayo de 2006
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ