Inicio de un proceso de judicialización contra CAVIDA
Hemos conocido nuevos hechos relacionados con el operativo de deportación de los 109 colombianos, desarrollado entre el viernes 18 y el lunes 21 de abril, en la población de Punusa. Los deportados, la mayoría de ellos afrodescendientes algunos mestizos y un indígena fueron obligados a firmar o colocar su huella digital en papeles en los que se dice que la deportación fue voluntaria, al tiempo que eran filmados o fotografiados, luego de tres días de amenazas, de intimidaciones, de acusaciones sin formulas de juicio, de amenazas de violaciones carnales a AIDA ROSA URANGO SOLANO (23 años de edad), de maltratos a varios colombianos que allí fueron detenidos arbitrariamente y de quienes hasta el momento se desconoce su paradero o situación jurídica en Panamá, como es el caso de MAGDALENO MEDRANO y JUAN DE LA CRUZ BERRIO; la intimidación y uso de la menor YASIRIS HERNÁNDEZ URANGO (5 años) para fundamentar acusaciones, la intimidación y las amenazas a la menor DORIELA ACOSTA (15 años), la separación de sus familias de las menores de edad YESENIA BERRIO (3 años), NELY IBARGUEN (15 años), SANDY JULIET MARTINEZ COPETE (2 años), YOINIS GUTIERREZ MENA (8 años), JESENIA BERRIO MENA (13 años), se deduce el inicio de un proceso de judicialización a varios integrantes de CAVIDA.
Durante toda la operación de la Guardia Panameña, participaron dos personas que se identificaron como colombianos entre ellos, uno vestido de “civil” con radio de comunicaciones y otro con uniforme de la Guardia Panameña adscritos a la RECOM. Al mismo tiempo se conoció que el apellido de uno de los miembros de la Organización Nacional Panameña para los Refugiados, ONPAR, es PEDRECHI, quien al parecer, estuvo con arma corta en el operativo y en una ocasión la dejó sobre una mesa a la vista de todos los habitantes de Punusa. Este funcionario del gobierno panameño durante el año 2002 estuvo en varias oportunidades en Punusa, la última visita la realizó en el mes de enero de 2003.
Uno o dos meses antes, noviembre o diciembre del 2002, un grupo de 50 guerrilleros de las FARC EP llegaron al Resguardo de Punusa, reunieron a todos los habitantes indígenas, campesinos panameños y refugiados colombianos. Los armados en una reunión que se prolongó por más de dos horas convocaron a los pobladores a no ser participes de las actuaciones militares o paramilitares, a “no ser sapos”. Luego de su acción proselitista se retiraron del lugar.
En desarrollo de los interrogatorios desarrollados entre el 18 y el 21 de abril, los pobladores de Punusa en Panamá, los agentes panameños y los colombianos, actuaron bajo la institucionalidad panameña en una actitud no solo acusatoria sino intimidatoria cuyas afirmaciones, amenazas y forma de operación expresan su articulación a la estrategia paramilitar.
En el proceso de amenazas e intimidaciones las referencias no solo hacen alusión al movimiento de la guerrilla de las FARC EP en el Bajo Atrato, en la Cuenca del Cacarica sino a la relación de la guerrilla con la comunidad de CAVIDA, indicando que ese proceso comunitario lo iban a destruir y que tenían las pruebas para hacerlo.
Las posteriores afirmaciones de los Presidentes de Panamá y de Colombia, justificaron no solamente la operación de la Guardia Panameña, evidentemente violatoria del Derecho Interno Panameño y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que avalaron las actuaciones realizadas en pruebas elaboradas con testigos que han actuado como inteligencia policial panameña en Colombia.
Con base en dichas pruebas se está configurando una actuación judicial en Colombia contra los habitantes del Cacarica, con la intencionalidad de destruir el proceso de afirmación de derechos que ha ido construyendo CAVIDA a lo largo de seis años, acusándolo de ser un proceso de la guerrilla. Simultáneamente desde lo local se implementa la estrategia de control social de la propuesta de CAVIDA con la imposición de la siembra de Palma Aceitera y Coca a través de la estrategia militar encubierta. Se prevé que como succede en el resto del país, las acciones judiciales se desarrollen sin el debido proceso sin las garantías judiciales.
Los nuevos hechos conocidos en torno a la deportación, las posteriores reacciones de alto y medio nivel del Estado, reflejan la intencionalidad, las pretensiones, las complicidades:
* Viernes 18 de abril a las 12:00 horas, se inició el operativo de la Guardia Panameña cuando aterrizaron los dos primeros helicópteros con el primer contingente. Este primer grupo de policías inició operaciones de registro y llamamiento a todos los habitantes con la lista que la ONPAR había elaborado de tiempo atrás.
Al inicio del operativo decenas de pobladores buscaron ocultarse en cercanías del poblado, muchos de ellos a la intemperie. Desde el momento de ingreso de la Guardia Panameña al poblado de Punusa, filmaron y tomaron fotografías, pero no durante todo el tiempo, solamente en los interrogatorios, en los llamados a lista y en las requisas de las casas de los pobladores.
El funcionario de la ONPAR, PEDRECHI, encargado de llevar el registro de las familias refugiadas, instruyó a las unidades de la Guardia Panameña en el control familiar.
En la noche de este día, un miembro de la Guardia Panameña abrió un hueco y enterró un artefacto desconocido, diciéndole a varios pobladores que “ellos respondían por lo que les pasara, si llegan a salir del poblado durante la noche”, minutos después dio la orden de recoger todos los animales, pues “como el campo estaba minado, no había forma de responder”.
* Sábado 19 de abril, PEDRECHI amenazó a INOCENCIO BERRIO CORDOBA, diciéndole que si salía huyendo, “lo hacía colgar de las huevas”.
Durante el día, la Guardia, Panameña ingresó a las viviendas del poblado deshabitadas por los pobladores. Posteriormente, se acercaron a varios campesinos, a quiénes les afirmaron que habían encontrado bolsas con semillas de marihuana. Minutos después, mostraron un arma corta de fuego, afirmando que la habían encontrado en una de las viviendas, así lo hicieron por varias veces, acusándolos de “narcos y de guerrilleros”.
Aproximadamente a las 15:00 horas, dos padres de familia fueron amarrados de las manos por la parte posterior, permanecieron así hasta las 17:00 horas. Durante ese período, los interrogaron, acusaron de guerrilleros y amenazaron si no “cantaban”.
* Lunes 21 de abril, PEDRECHI, en horas de la mañana, a INOCENCIO BERRIO CORDOBA, antes de obligarlo a subir al helicóptero, le solicitó los papeles de identificación y se los quitó. Posteriormente lo hizo arrodillar y le dijo: “si se mueve te pego un tiro por la espalda”, “los que vamos reconociendo aquí se los mandamos a los paras. Todos los que salieron de allá (Colombia) son guerrilleros”.
En horas de la mañana, en Boca de Cupe, YANERI ARRIETA, (7 años), fue sacada del salón de clase por dos miembros de la Guardia Panameña, quienes la hicieron abordar el helicóptero, afirmando que la iban a matricular en la escuela de Zapzurro.
* lunes 28 de Abril, miembros de la Iglesia Católica Panameña junto con la encargada de UNICEF Darién viajaron hasta el caserío de Punusa, Corregimiento de Boca de Cupe, Zona del Darién, encontrando el poblado completamente arrasado, quemado, así como, las casas de 14 indígenas, emberá panameños, destruidas por la Guardia Panameña.
De acuerdo con la información varios pobladores que lograron escapar a la operación policial, regresaron al poblado de Punusa el 22 de abril. En los restos del caserío fueron encontrados por comisiones humanitarias, las menores de edad y una adulta de nacionalidad colombiana YESENIA BERRÍO, NELY IBARGUEN y SANDRA VALENCIA de 24 años.
En la zona de Escaleta observaron la quema de cosechas por parte de la Policía Panameña y del arroz recogido y ubicado por los campesinos en sus pequeñas casas de madera. Los animales domésticos (cerdos y gallinas) fueron sacrificados y consumidos por las mismas unidades policiales que ocuparon y destruyeron el pueblo de Punusa quienes se apropiaron, también, de 25 Guacamayas de diversos colores.
En la cumbre de Cartagena la Presidenta de Panamá MIREYA MOSCOSO y el Presidente de Colombia ALVARO URIBE VELEZ la mandataria, panameña, según el diario colombiano El Tiempo “entregó al jefe del Estado Colombiano (…), un informe de inteligencia en el que se señala que dentro de ese grupo de personas se encuentran presuntos miembros de las Farc. Además, Moscoso entregó otros documentos y un video para demostrar que el retorno de los desplazados a Colombia se hizo bajo su consentimiento y sin ningún tipo de maltrato. ́Niego categóricamente que hayan sido torturados o golpeados. Ellos firmaron un documento y está en el videó (…) La presidenta también lamentó los hechos y calificó como ́informe distorsionadó la versión del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, que criticó el procedimiento panameño”.
Según el mismo diario “́Hay un mismo mecanismo para tratar el tema del desplazamiento –dijo Uribe- que hablamos de seguir utilizando, pero lo que pasa es que cuando un gobierno hermano y vecino encuentra otra realidad, eso hay que respetarlo. Mal haría yo en pedirle a los vecinos que nos entreguen a los violentos y ponerme bravo cuando los entregan. Eso, en lugar de reprocharlo, lo agradecemos. Según Uribe, el informe de Moscoso es un ́acervo probatorió que tiene el agravante de la presencia de menores de edad” (El Tiempo, martes 29 de abril de 2003, 1-4).
* Martes 29 a las 18:15 horas la totalidad de los deportados que libremente solicitaron ubicarse en el Cacarica, 67 personas, entre ellos 39 niños, mientras inician un proceso de formación para decidir su ingreso o no a CAVIDA, siempre y cuando asuman las normas y los principios del proyecto de vida, en su reivindicación de derechos como población civil.
̊ Miércoles 30 de abril, después de 12 días de haber sido vistos por última vez en poder de la Guardia Panameña MAGDALENO MEDRANO y JUAN DE LA CRUZ BERRIO, en Punusa, de haber sido vistos maltratados, se desconoce su paradero o su situación jurídica, durante este día se escuchó a través de emisoras panameñas, que del grupo de las personas objeto de agresiones por parte de la Guardia Panameña, dos no fueron deportados, se encuentran detenidos en Panamá acusados de ser guerrilleros.
̊ Lunes 5 de mayo, organismos humanitarios de Panamá, informan a nuestra Comisión que los indígenas que permanecían en Punusa después de los operativos de deportación debieron abandonar el poblado, se ha prohibido el tránsito a que tienen derechos los/as colombianos/as protegidas humanitariamente. De acuerdo con esta misma fuente, se están realizando detenciones arbitrarias en Yaviza, Boca de Cupe de Colombianos, al mismo tiempo, a muchos se les han negado el derecho de renovar los carnet a las personas que han recibido la calidad de Refugiados, sin que la ONPAR diera explicación alguna.
̊ Hoy sábado 9 de mayo, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue notificada que según información recibida por miembros de la iglesia católica de la ACNUR Panamá, MAGDALENO MEDRANO y JUAN DE LA CRUZ BERRIO, no habían sido maltratados ni torturados, y se encuentran en buen estado. Esta información es contradictoria con la totalidad de los testimonios rendidos por los deportados a la Defensoría del Pueblo de Panamá y Colombia, tanto como a la ACNUR Urabá.
Desde nuestros Informes Ejecutivos (IE 11 al 17) nuestra Comisión Justicia y Paz llamó la atención de la Comunidad nacional e internacional sobre el desarrollo de una estrategia de destrucción del proceso de CAVIDA como propuesta alternativa de la población civil frente a la guerra y a la defensa del Territorio, así como de eventuales operaciones armadas frente a los refugiados que se encuentran y se encontraban en Panamá.
CAVIDA se enfrenta ahora a un posible proceso de judicialización , de deslegitimación pública al pretender ser ubicada como parte de uno de los polos de la guerra. Asumir la afirmación de sus derechos en medio del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las FARC EP en concordancia con la ley 70 de comunidades afrocolombianas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, el negarse a asumir la posibilidad de afirmación de sus derechos desde el modelo de Seguridad Democrática y Estado Comunitario o desde el modelo de la violencia, Estado y Guerrilla de las FARC EP, le puede significar un altísimo costo. Pués es una de las pocas comunidades afrocolombianas que se encuentra aún dentro del territorio del Bajo Atrato sin haberse visto abocado a perder su territorio después de haber retornado y de haber afirmado su autodeterminación frente a los actores del conflicto armado.
Hoy la implementación del modelo de Estado comunitario que involucra a la población civil en la guerra se pretende desarrollar en las Zonas Humanitarias “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios” a través del copamiento de los Consejos Comunitarios, generando el consentimiento social al modelo de desarrollo agroindustrial vinculado a la Palma Aceitera y la Coca. Esta propuesta que se viene asegurando desde ya con un aparato militar desde la base paramilitar de La Balsa, se facilitaría con la judicialización infundada de miembros de CAVIDA, pretendiendo acabar con el ejercicio pacífico de sus derechos.
Hoy el desarrollo de la estrategia jurídica se ubica como un mecanismo de menos coste político al Estado Colombiano en momentos en que las comunidades del Cacarica han persistido en el ejercicio no violento de sus derechos, en la negación a implementar la siembra de Palma y de Coca, en su negativa a aceptar la presencia de los dos actores armados en las Zonas Humanitarias y Zonas de Cultivo, en la terca exigencia de afirmar su derecho a la Verdad, a la Justicia y a la reparación frente a la operación militar “Génesis” que generó el desplazamiento de 1.997. Hoy con estrategias más cualificadas en lo militar, lo político y lo social, los derechos de los empobrecidos no solamente se ven negados sino las posibilidades de exigibilidad se van reduciendo.
Con el paso de los días, los integrantes de CAVIDA, los pobladores civiles, serán “terroristas” consumados, los afrocolombianos serán mentirosos que crearon una mala imagen de la institucionalidad, los refugiados en Punusa infiltrados de la “subversión” …
A paso de los días, la última palabra la tendrán los referentes de poder, esa será la “verdad real” y la verdad judicial. Se encubrirá y se enterrará la voz de los que vieron, de los que fueron torturados, su testimonio no tendrá valor probatorio, su experiencia como población civil que afirma sus derechos no tendrá credibilidad porque los montajes de la palabra judicial tenderán a ser ̈legítimos̈ y ̈auténticos̈. No sólo se negará lo que sucedió en Punusa sino que todo se justificara porque “eran guerrilleros”
Entre tanto, la verdad inexistente en los procesos judiciales, aquella que se encuentra en las muestras que persisten por la operación militar Génesis de 1.997, la de los más de 85 asesinados, desaparecidos y los más de 3 torturados, la de la actuación militar encubierta en Turbo, Tumaradó, La Balsa, Riosucio, Apartadó, Carmen del Darién, Necoclí, Zapzurro, la de la OMISION, la de la COMISION POR OMISION, la de la ARTICULACION de estrategias armadas, se ocultará definitivamente.
Hoy en general los habitantes del Cacarica, afrodescendientes e indígenas, no solamente los que conforman CAVIDA, son el objetivo de una estrategia de control y de represión que bajo el pretexto de la confrontación a las FARC EP, les coloca en el centro de la mira. Nunca nadie ha negado la presencia guerrillera en el Bajo Atrato, pero tampoco nunca antes como en el caso de CAVIDA ha sido clara su postura y la de muchos otros habitantes, en hacer respetar sus derechos como población, en el caso de CAVIDA, sus Zonas Humanitarias y sus Zonas de Trabajo, como lugares de vida. CAVIDA ha sido firme en deslinderarse de las actuaciones militares de los dos bandos, de hacer valer sus principios como población civil, su principio de AUTODETERMINACION. Ni el Estado ni la guerrilla tienen fundamentación alguna para sustentar que CAVIDA es parte de la estrategía de uno de los dos.
Hoy se construyen formalidades discursivas, falsas versiones, se crean testigos falsos a través de los cuales los procesos comunitarios, en este caso, el de CAVIDA, que afirma integralmente sus derechos frente a modelos de sociedad, de desarrollo inequitativos, injustos y excluyentes, pretenden ser desmoronados moral, jurídica y políticamente. Es claro que las políticas de Estado no enfrentan armadamente a su contradictor o enemigo, o rebelde, este no es el capturado, es la población civil la que es el objeto de sus actuaciones.
Hoy es claro que el haber logrado sostener un proceso de AUTODETERMINACION en defensa de la Vida y del Territorio, el haber diseñado un modelo de vida en medio de la guerra, dentro de un territorio colectivo, militar, económica y políticamente estratégico, es motivo de actuaciones de tipo militar, de tipo político, de tipo social, de tipo jurídico tendientes a destruir y-o coptar un proceso a favor de un modelo de sociedad y de desarrollo, que no les es es propio, que no es de ellos, que pretende bajo las ideas del progreso y de la seguridad hacer de los afrodescendientes, unos nuevos “esclavos”.
Hoy es evidente la prontitud para acusar a los deportados como guerrilleros, a algunos de de ellos, como parte de la inteligencia militar Panameña, para sustentar testimonios contra integrantes de CAVIDA o de los afrodescendientes e indígenas que habitan en el Cacarica. Esa actitud del Estado colombiano que nunca enfrentó a las FARC EP cuando la gente se encontraba desplazada o la actitud complice y omisiva con la base militar encubierta que se encuentra en La Balsa, desde donde se brinda seguridad a las inversiones industriales en el Cacarica.
Hoy se inicia uno de los desafíos más fuertes para CAVIDA, el lograr sostener su propuesta de AFIRMACION INTEGRAL DE DERECHOS A LA VIDA Y AL TERRITORIO frente al Estado de Seguridad Democrática y Estado Comunitario, el afrontamiento a la dinámica militar abierta y encubierta y la del enfrentamiento armado entre el Estado y la Guerrilla de las FARC EP; y a la judicialización del proceso de población civil en el marco del conflicto armado interno. Hoy todos los factores se conjugan en el escenario perfecto para que, a través de todos los medios y de todos los mecanismos políticos, jurídicos, mediáticos, el Principio de la Propiedad para la Inversión Privada se imponga sobre el Principio de la Vida.
Bogotá, mayo 09 del 2003
COMISION INTERCLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ