¿Falso positivo judicial? Campesinos detenidos sin debido proceso

Entre el domingo 7 y lunes 8 de junio seis campesinos Carlos Julio Betancourt Florés, José Isidro Martín Barreto, Carlos Julio Diaz, José Vicente Hernández, Norbey de Jesús Bustamante Cardona y Luis Alberto Méndez de Mapiripán fueron detenidos irregularmente acusados falsamente de ser responsables de desplazamiento forzado y amenazas como integrantes de un grupo ilegal.

La orden de captura emitida por la Fiscalía fue realizada por integrantes de la Policía Nacional y un grupo de hombres vestidos de negro que nunca se identificaron, ni mostraron órdenes de captura alguna, relataron los familiares de los privados de libertad.

Todos los pobladores que conocieron a los seis detenidos afirman su inocencia y el uso del aparato judicial como un mecanismo de guerra para mostrar positivos en una región en que perviven las consecuencias de la impunidad, el desconocimiento de los derechos a la paz, al territorio, así como el incumplimiento de un Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la FARC EP, y el de un proceso de desmovilización de estructuras paramilitares con traiciones evidentes.

La operación se inició el domingo 7 de junio a las 6:00 a.m. con la detención ilegal del pescador, Luis Alberto Méndez, cuando se encontraba en su vivienda en el casco urbano de Mapiripán, donde habita con su esposa y tres hijos.

Una hora más tarde, a las 7:00 a.m. en la comunidad de El Silencio, a una distancia aproximada de dos horas y media del casco urbano de Mapiripán,  policías y hombres vestidos de negro detuvieron al ganadero José Vicente Hernández en su vivienda.  Simultáneamente fue detenido el agricultor Carlos Julio Betancourt, quien se encontraba también en su vivienda acompañado de sus hermanas, su mamá y esposa.

Treinta minutos después, a las 7:30 a.m. en la comunidad de Nueva Esperanza, a una distancia de 20 minutos de la comunidad El Silencio, policías y hombres vestidos de negro detuvieron al campesino José Isidro Martínez. 

Al día siguiente, lunes 8 de junio a las 8:00 a.m nuevamente en el sitio conocido como El Silencio fue detenido el fiscal de la Junta de Acción Comunal, Carlos Julio Díaz.

Simultáneamente, a la misma hora 8:00 a.m. en El Silencio un grupo de hombres llegaron violentamente a la vivienda del comerciante Norbey Bustamante Cardona, quien no se encontraba en el lugar. Policiales identificaron a sus familiares tomando sus datos, entre ellos de un niño de cuatro años y un recién nacido. Los hombres manifestaron tener una orden de allanamiento, que en ningún momento presentaron.

A las 2:00 p.m. Norbey Bustamante se dirigió al casco urbano de Mapiripán y a la entrada del mismo, había un retén policial en el que le pidieron identificación,  siendo detenido por la orden de captura en su contra.

El martes 9 de junio a las 7:30 a.m. los campesinos fueron trasladados a una de las oficinas de la SIJIN y la Casa de la Justicia en San José del Guaviare y luego a La Concordia donde se realizó la audiencia de imputación de cargos a todos los privados de la libertad.  

Este día familiares pudieron conocer que a los detenidos les presionaron para que se declaren culpables. Agregaron que fueron intimidados sosteniendo que tenían  pruebas en su contra, entre videos, audios y testigos (falsos) que los señalaban como responsables.

El miércoles 10 de junio en horas de la mañana los campesinos fueron trasladados a unas bodegas que al parecer ubicaron temporalmente en la Plaza San Isidro, Villavicencio, donde permanecen sin libertad.

De acuerdo con las comunidades, los campesinos están siendo víctimas de persecución judicial por hechos de los cuales no son responsables, ni por pertenencia a ningún grupo irregular para amenazar y desplazar a  Rosalía Rodríguez, habitante de la vereda El Silencio y anterior presidenta de la Junta de Acción Comunal. En 2017, recuerdan las comunidades que tras entrar en el programa del Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS, denunció que había recibido amenazas por una por personas con el rostro cubierto con pasamontañas, situación que la obligó a  desplazarse.  

Por medios oficiales el Ministerio de Defensa y Fiscalía señalaron como un logro  la detención de las personas en Mapiripán. El 9 de junio el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, declaró que:

“fueron capturados en Mapiripan – Meta 6 presuntos integrantes de grupo armado residual 1° señalados de desplazamiento forzado y amenazas contra lideres sociales, comunales y de sustitución de cultivos ilícitos tanto del Meta como del Guaviare” (https://www.youtube.com/watch?v=kSZZ5rOYHTE)

La Fiscalía el jueves 11 de junio en su página web publicó el artículo titulado “A la cárcel presuntos integrantes del grupo residual de -Ivan Mordisco- responsable de desplazamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos” (https://www.fiscalia.gov.co/colombia/defensores/a-la-carcel-presuntos-integrantes-del-grupo-residual-de-ivan-mordisco-responsable-de-desplazamiento-y-amenazas-contra-defensores-de-derechos-humanos/), el cual identifica a los campesinos detenidos. 

Las manifestaciones mediáticas completaron un escenario de legitimación de una actuación judicial que desconoce el debido proceso, la independencia judicial y los derechos de las personas privadas injustamente de su libertad, como lo sostiene la comunidad y todos quienes les conocen.

Hoy en Mapiripán estas situaciones donde operan otro tipo de armados coloca en la picota pública a los procesados sin garantías y a sus familias, así como, la posibilidad de la consumación de un falso positivo judicial. Y también deja un serio cuestionamiento a un aparato judicial incapaz de enfrentar los factores criminales y armados que operan en ese municipio, y otro tipo de afecciones y daños irreparables a bienes protegidos como la vida y otros como las tierras, y fuentes de vida.

Bogotá D.C., 16 de junio del 2020

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Imagen: Corporación Claretiana.