Ex funcionario del DAS habría pagado a empleados de Fiscalía y Gaula ‘chuzadas’ ilegales
El viernes pasado, la Fiscalía y un juez legalizaron las capturas del investigador del CTI Aldo Francisco Pérez y de los policías del Gaula Oswaldo Villamil y Ferney Galvis, por las ‘chuzadas’ ilegales al magistrado Iván Velásquez y a la directora de Investigaciones Especiales de la Fiscalía Alexandra Valencia.
Las capturas se produjeron como resultado de la investigación que adelanta un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca por encargo de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, y según la cual Pérez aprovechó una investigación por extorsión para lograr que un fiscal autorizara la interceptación de dos teléfonos que resultaron ser de Velásquez -coordinador de la investigación de la parapolítica- y de Valencia -investigadora de la Procuraduría de las ‘chuzadas’ del DAS-. Por su parte, Villamil y Galvis usaron como pretexto una investigación por secuestro para que el Gaula interceptara, sin saberlo, el teléfono de Velásquez.
Pero más allá de las capturas, la investigación intenta establecer la participación de un ex alto funcionario del DAS, hoy vinculado al proceso penal por las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y miembros de la oposición denunciadas por Semana en febrero, y quien habría pagado dos millones de pesos a Pérez, Villamil y Galvis para que lograran la autorización para las ‘chuzadas’. El fin último era crear hechos para demostraran que el DAS no era el único organismo que hacía el trabajo sucio, sino que también lo hacían otras agencias del Estado como la Policía y la Fiscalía.
De hecho el objetivo se logró. Según los investigadores, Semana fue asaltada en su buena fe y publicó en agosto la grabación de una conversación entre el magistrado Velásquez y James Faulkner, funcionario de la Embajada de Estados Unidos, que según la fuente de la revista también había sido hecha por el DAS pero que en realidad se hizo, bajo engaño, por funcionarios de la Fiscalía y la Policía.
Así lo reveló en septiembre el propio fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago, quien entonces aseguró a los medios que desde la Fiscalía habían ‘chuzado’ ilegalmente durante 10 días el teléfono del magistrado Velásquez. “Parece una novela pero el país conocerá a fondo toda la historia cuando entreguemos las pruebas sobre la complicidad del ex alto funcionario del DAS en esos hechos”, le dijo a CAMBIO un funcionario de la Fiscalía, quien agregó que además están tras la pista de dos agentes activos del DAS que le habrían servido de enlace con los tres capturados.
El caso reviste una importancia mayor porque se trata, ni más ni menos, que de una compleja operación realizada por servidores públicos que utilizaron medios institucionales para engañar a las propias autoridades. Lo descubierto hasta hoy representa un avance importante en la investigación y significa, a la vez, un buen augurio para el hallazgo de pruebas más contundentes que permitan mostrar quién o quiénes fueron los autores intelectuales de la operación de este caso de espionaje.
Pero también la Fiscalía tendrá que dar cuentas pronto por los verdaderos responsables de las interceptaciones del DAS a políticos y periodistas, que hasta hoy no ha mostrado resultados definitivos.
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