Estado colombiano incumple medidas de protección a comunidades del Consejo Comunitario del Río Naya con ocasión del Covid – 19.
Ante la emergencia humanitaria y sanitaria que vivimos por causa del brote del Covid – 19 declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020 esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y su tratamiento.
En consideración que en nuestro país la cifra de personas infectadas por el virus sobrepasa los 1065 casos, siendo el Valle del Cauca con 148 casos confirmados colocándolo entre los departamentos con mayores índices de contagio.
El Consejo Comunitario de la cuenta hidrográfica del Río Naya denuncia el abandono y la negligencia con la que el Estado colombiano ha tratado el brote de Coronavirus en esta región.
En nuestro territorio colectivo habitan más de 21.000 personas que viven en 64 comunidades sobre la ribera del río y algunos de sus afluentes, quienes sobreviven en condiciones humanitarias adversas generadas por la violencia producto del conflicto armado y la falta de acceso del derecho a la salud.
Vemos con profunda preocupación la presencia de lanchas piratas cerca a nuestro territorio sin que las fuerzas militares realicen los controles respectivos, desconociendo la obligación adquirida por el Estado Colombiano en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los habitantes del Consejo Comunitario “MC 09/02” donde se dispuso la adopción de “medidas de prevención, incluyendo la presencia de la Fuerza Pública en las bocas de Yurumanguí y El Naya, como mecanismo de control para evitar el ingreso de actores ilegales a los caseríos en los que habitan las comunidades afrocolombianas”
En varias ocasiones las lanchas comunitarias y de servicio público han sido objeto de atracos en alta mar y cerca de las bocanas por donde se entra a la cuenca del río Naya, sin que las autoridades policiales y militares asuman una actitud de compromiso en el desmantelamiento de estas estructuras armadas que recurrentemente operan por esa zona.
En este momento cuando la junta directiva del Consejo ha coordinado entrada de lanchas comunitarias con víveres para mitigar la crisis alimentaria de las comunidades, no se atreven a proceder por temor a que sean víctimas de hurto.
Se requiere con urgencia que el Gobierno Colombiano asuma con responsabilidad las recomendaciones estipuladas por la CIDH, concretamente en lo referido al control perimetral de la fuerza pública sobre los puntos de Yurumanguí y el Naya.
Comunicado 003 de 2020 by Anonymous UeGxFwA on Scribd