En manos de la Corte caso emblemático de defensor de DD.HH.
El caso de Príncipe Gabriel González ha sido reseñado por la Onu como un ejemplo de posibles abusos que comete la justicia contra los defensores de derechos humanos. Fue acusado de ser guerrillero, absuelto primero y condenado después. Ahora la Corte Suprema debe decidir si revisa el caso
Por primera vez, un activista de derechos humanos colombiano apela ante la Corte Suprema de Justicia una sentencia en que lo condena.
El defensor es Príncipe Gabriel González, un líder estudiantil integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en Norte de Santander que fue condenado el pasado marzo a siete años de cárcel por el Tribunal Superior de Bucaramanga. Lo culparon del delito de rebelión por liderar una milicia urbana de las Farc.
Para Andrew Hudson, de la ONG Human Right First (HRF), que ha estudiado varios procesos penales contra estos activistas, “la Corte Suprema debería mostrar con convicción que no tolerará que el sistema judicial sea utilizado para intimidar y silenciar a los defensores de derechos humanos”.
El caso de González ha generado preocupación en organismos internacionales por la manera como se ha desarrollado. De acuerdo con el informe ‘Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento’, elaborado por la HRF, este defensor fue capturado en Pamplona, Santander, y puesto en prisión en la Cárcel Modelo de Bucaramanga desde el 4 de enero de 2006 hasta el 4 de abril de 2007.
Quedó libre después de que el juez José Alberto Pabón Ordóñez, en primera instancia, encontrara inconsistencias en la acusación hecha por la Fiscalía y la Procuraduría contra González.
La determinación de este juez se sustentaba en que, según definió, faltaba imparcialidad y credibilidad en las pruebas. Dijo que se había manipulado el sistema penal y desechó las declaraciones de los testigos. (Lea la sentencia).
Básicamente, la acusación de la Fiscalía contra González se basaba en un informe de inteligencia que, aunque sirve para abrir una investigación, “inadmisible resulta que se pretenda por la Fiscalía darle alcances de plena prueba de lo que allí se consigna muy especialmente cuando los datos plasmados no han sido conocidos directamente por su signatario, quien simplemente reproduce de oídas”, según la sentencia.
En las pruebas que presentó la Fiscalía, un desmovilizado señala a González como un guerrillero de alias ‘Alirio Córdova’, comandante de las milicias de Pamplona. A este respecto, el juez Pabón reseñó que ““lo primero que debe tenerse en cuenta es que los testimonios de los subversivos reinsertados resultan ser sospechosos y deben mirarse con desconfianza y mucho cuidado porque no provienen de personas imparciales, sino de sujetos interesados en obtener los beneficios que les brinda el programa de reincorporación…”.
En consecuencia, el juez decidió dudar de los testimonios de este y otros testigos después de encontrar inconsistencias en sus declaraciones y con base en que “tratándose de imputaciones criminales no es el procesado el que está compelido a demostrar su inocencia, entre otras cosas porque a él lo cobija la presunción de ser inocente”. El fallo fue apelado por la Procuraduría y la Fiscalía y fue cuando lograron su condena.
Revuelo internacional
Mientras transcurría el proceso de González, varios organismos internacionales expresaron sus opiniones al respecto. El Departamento de Estados de los Estados Unidos mencionó este caso en su informe anual de Derechos Humanos de 2007.
“Los grupos de derechos humanos… citaron los casos de Iván Cepeda y Príncipe Gabriel González Arango, como ejemplos de los intentos del gobierno para hostigar a los defensores de los derechos humanos. El Fiscal General de la Nación apeló la absolución de González Arango, que permaneció bajo la protección del gobierno debido a las amenazas paramilitares como resultado de su juicio”, dice el documento del Departamento de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares para que el Estado colombiano adoptara medidas especiales para proteger la vida de los integrantes del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, la ONG de la que hace parte González.
La CIDH dijo que aquellas medidas debían darse en particular en las seccionales de Atlántico, Tolima y Norte de Santander, la zona donde trabaja este defensor, pues “un número de miembros del Comité habría sido objeto de señalamientos, amenazas, atentados, asesinados y desapariciones”. (Lea el documento de la CIDH).
En el informe de 2007 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las Detenciones Arbitraias y el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos, tuvieron muy en cuenta el caso de González.
“El 18 de enero de 2006, el Representante Especial señaló a la atención urgente del
Gobierno información recibida con relación al Sr. Príncipe Gabriel González Arango,
miembro de la Junta Departamental de Santander de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), en cuyo favor se han dispuesto medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dice en el documento.
Al respecto, “por carta con fecha 6 de noviembre de 2006 el Gobierno de Colombia… informó que ya se han iniciado las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación”. (Lea el documento de Naciones Unidas).
En 2008, este mismo grupo volvió a referirse al caso de González. “Se expresó temor de que estos eventos pudieran estar relacionados con la actividad en defensa de los derechos humanos del Sr. Gabriel González Arango”. Y expresó “profunda preocupación por su seguridad e integridad física de que procedimiento lo haya estigmatizado como miembro de una guerrilla y ponerlo en alto riesgo de represalias por parte de fuerzas paramilitares”. (Lea el documento completo).
Finalmente, el informe de 2007 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia reseñó el caso de González, aunque sin mencionar su nombre.
Lo definió como una de las “detenciones ilegales o arbitrarias cuyas víctimas fueron defensores de derechos humanos y líderes sociales a quienes se atribuyó, sin indicios suficientes, el delito de rebelión”. (Lea el documento).
Y en su informe de 2008, lo reseñó explicando que “algunas decisiones judiciales han cuestionado la imparcialidad de este tipo de testimonios, como los de ex guerrilleros y ex paramilitares que reciben beneficios económicos a cambio de las declaraciones”. (Lea el documento).
Pese a todo, el pasado marzo, González fue condenado por el Tribunal Superior de Bucaramanga a purgar siete años de cárcel. Ahora es la Corte Suprema de Justicia la que debe decidir.