En Belén de Bajirá, protección institucional a la ilegalidad
“no se puede creer ni pensar que son autoridad, cuando no pueden hacer justicia ni proporcionar bien a la humanidad” Baruc 6, 63
RESUMEN
A pesar de la Resolución 0482 del pasado 18 de abril expedida por Codechocó , con la que se pretende suspender la ampliación y la siembra de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó de donde más de 14 comunidades afrodescendientes fueron desplazadas por acciones militares de la Brigada XVII y de grupos paramilitares, las amenazas, las intimidaciones de la estructuras armadas continúan protegiendo el proyecto agroindustrial.
Las operaciones militares y paramilitares en la zona continúan estableciendo cordones de seguridad sobre la extensión de la siembra de palma en dirección a la cuenca del río Jiguamiandó, mientras en el casco urbano de Belén de Bajirá en medio de la connivencia de unidades militares, policiales y “civiles” armados de la estrategia paramilitar a través del Bloque Elmer Cárdenas – establecen cordones de seguridad de los empresarios y los paramilitares convocan a los campesinos desterritorializados, a quiénes les han arrebatado sus tierras, para amenazarlos de muerte si continúan participando en acciones legales o de denuncia
El desconocimiento de los Derechos de los afrodescendientes y mestizos del Curvaradó continúan siendo evidente, sin que el Estado adopte medidas tendientes a enfrentar la contrarreforma agraria y el Estado de hecho que existe en la región, desconociendo entre otros el derecho a la propiedad, a la vida y a la libertad de expresión y la Resolución de la Corte Interamericana del pasado 15 de marzo de 2005.
La propuesta del Ministerio del Interior de realizar una reunión, el próximo 21 de mayo, en Belén de Bajirá con las comunidades afrodescendientes de las Zonas Humanitarias desconoce las condiciones de protección de las familias y la condición de bloqueo y de amenaza en que se encuentran quienes afirman su derecho a la verdad y a la justicia y a la defensa del territorio, bien de toda la humanidad.
HECHOS EN DETALLE
* Miércoles 26 de abril, en horas de la mañana en inmediaciones de finca conocida como “Villa Alejandra”, en el kilómetro 10, ubicada en la vía que de Bajirá conduce al municipio de Río Sucio, departamento del Chocó, los paramilitares convocaron a una reunión a todos los parceleros y campesinos a quiénes se les han apropiado sus tierras para la siembra de palma o la extensión ganadera.
Entre los paramilitares reconocidos se encontraban ROCI BRAVO y MARCO USUGA, manifestaron que estaban atentos a todas las acciones legales que se encuentran realizando, agregando que “deben suspender inmediatamente todo lo que están haciendo, no nos gustan tantas tutelas para recuperar las tierras, dejen la cosa así”. Los paramilitares ofrecieron a quiénes les han usurpado las tierras o a quiénes son parceleros un millón de pesos ( U.S. $ 450) por hectárea.
Los campesinos que reclamaron por el robo que han realizado los “civiles” armados de la estrategia paramilitar de recursos maderables que se han extraído en medio de la extracción protegida por la Brigada XVII fueron amenazados “o se van de esta tierra o los matamos”.
En esa ocasión, los convocaron a una nueva reunión para el 13 o el 14 de mayo en esta misma propiedad, que es al mismo tiempo, lugar de planeación de estrategias paramilitares a la que han acudido autoridades civiles, policiales y militares, de acuerdo con estos mismos testigos, la finca es propiedad de la familiar de un reconocido comandante paramilitar.
• Miércoles 3 de mayo hacia las 11:00 a.m. de acuerdo con testigos, reconocidos “civiles” armados de la estrategia paramilitar vestidos de civil arribaron en motocicletas a la Sede de URAPALMA S.A. en la localidad de Belén de Bajirá y se reunieron con representantes de los empresarios que se encontraban en el lugar. Simultáneamente, la Policía Urabá acordonó la sede empresarial como garantía para la seguridad de quienes se encontraban allí reunidos.
* Viernes 13 de mayo, durante todo el día de acuerdo con versiones de campesinos desde el lugar conocido como Campamento en Brisas, continúa la movilidad de maquinaria y de personal de las empresas hasta el caserío de Cetino en actividades de la ampliación de la siembra de palma y la deforestación ilegal.
LINEAS DE INTERPRETACION
El país formal es un sofisma para un país real que prentende ser sometido a la creación del nuevo Estado hecho a la medida de la barbarie y de la antidemocracia. Verdades innegables. Hechos que corroboran que en el formal Estado de Derecho, la búsqueda de la justicia es negada por los factores de poder económico y el poder militar en que se sustenta.
La connivencia, las operaciones conjuntas dentro de una misma estrategia militar de unidades regulares y efectivos irregulares es evidente. Sus propósitos insustentables éticamente nos hablan de la comisión de graves crímenes de Lesa Humanidad, del uso de los artificios formales para imponer un modelo de sociedad silenciada y sometida a lógicas de producción obsesiva y compulsiva de destrucción de la vida humana y de la riqueza biodiversa.
El propósito de la guerra contrainsurgente muestra que detrás del rostro de hierro, de la infame impunidad se encuentra los principios de la protección de las lógicas de producción excluyente del mercado. La reciente resolución de Codechocó del 18 de abril en nada contribuye a que cese la siembra ilegal de palma, la deforestación y la extensión ganadera, pues los factores de poder económicos sustentados en el fuego, en la sangre, en la destrucción de la vida humana y natural no son enfrentados estructuralmente desde los principios constitutivos del Estado de Derecho. Si las estructuras criminales que han protegido el inicio, el avance y consolidación de la palma en el Terriotorio Colectivo no son combatidos, si las lógicas de inversión capitalista desconocen las propias reglas de juego que ellas instituyeron, si los principios básicos de respeto a la dignidad humana y de los pueblos son desconocidos.
Lo que sucede en el Curvaradó y el Jiguamiandó es la prueba evidente de la ausencia de voluntad política del Estado para afrontar sus responsabilidades institucionales en la creación de estructuras criminales paramilitares y las pretensiones sin sustento en ética alguna de defender, proteger y promover los intereses de unos pocos a costa de la destrucción y de la vida de campesinos sin tierra y de campesinos y mestizos y afrodescendientes quiénes se les reconoció alguna vez, formalmente, su derecho a la propiedad.
Las amenazas, las intimidaciones persistentes, el bloqueo y el sitiamiento a los habitantes de las Zonas Humanitarias de “Bella Flor Remacho”, “Pueblo Nuevo”, “Nueva Esperanza”, a más de los 120 crímenes de Lesa Humanidad sufridas por este pueblo afrodescendiente, nos hablan del desconocimiento de la salvaguarda de la conciencia de los principios de la humanidad y de las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del peligro eminente de que esta persecución militar y económica lleve a la destrucción de un pueblo y del territorio en el que se forjo su identidad, su amor y su pasión por la tierra, por la vida y por la dignidad.
Bogotá, D.C. Abril 13 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ