Dos misiones internacionales denuncian la implicación del Estado en el deterioro de los DDHH en Colombia
MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) –
Dos misiones internacionales denunciaron hoy en sendos informes la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado en el “grave” deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Colombia, reflejado en un aumento de las ejecuciones extrajudiciales “directamente atribuibles a la Fuerza Pública”, de las acusaciones y hostigamientos a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, en el reforzamiento y surgimiento de nuevas formas de paramilitarismo y en la “absoluta impunidad” reinante en el país.
Las dos misiones hicieron pública, asimismo, una directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano que revela la existencia de un sistema de recompensas por la “captura o abatimiento” de insurgentes financiadas en partes con fondos procedentes de “la cooperación internacional”.
La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, efectuada por juristas, periodistas, antropólogos forenses y especialistas en Derechos Humanos de varios países, ha constatado un aumento del 65,51 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales “directamente atribuidas a la Fuerza Pública” entre 2002 y 2007, “lapso que coincide con la política de ‘seguridad democrática’ promovida por el Gobierno actual” del presidente Álvaro Uribe, según se lee en el informe, hecho público hoy durante una rueda de prensa en Madrid.
Entre julio de 2002 y junio de 2007 se han registrado al menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales “atribuibles directamente a la Fuerza Pública”, frente a los “577 casos registrados entre julio de 1997 y junio de 2002”, afirma el documento. Hasta diciembre del año pasado la cifra asciende a 1.122 casos, a los que se unen otros 538 registrados desde esa fecha hasta el pasado mes de junio, según declaró el abogado colombiano Óscar Correa, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), integrante de la misión.
“La política de ‘seguridad democrática’ exige resultados positivos a la Fuerza Pública en la lucha contra las fuerzas insurgentes”, explicó Correa. Como consencuencia de ello, aseguró, se han producido ejecuciones extrajudiciales “de personas no combatientes, campesinos, dirigentes comunitarios e indigentes de las ciudades, a los que les ponen uniformes y armas y se les presenta como narcoterroristas caídos en combate”, denunció.
La misión registró también “hasta 7.000 detenciones de personas presentadas ante los medios como representantes de la guerrilla y que, como se ha podido constatar, eran campesinos a los que se había criminalizado por el hecho de residir en zonas en poder de los insurgentes”, prosiguió el abogado colombiano.
El informe denuncia también que “un elevado número de los casos de ejecuciones extrajudiciales quedan en la más absoluta impunidad”, debido a que la mayoría de los casos son investigados por la jurisdicción penal militar –lo cual “no asegura una investigación imparcial”–, a la actuación “débil e insuficiente” de la Fiscalía y a la “dificultad de acceso de los familiares a la justicia”.
La delegación llegó a Colombia en octubre de 2007 y se entrevistó con víctimas relacionadas con 132 casos de ejecuciones extrajudiciales, con representantes de las autoridades estatales y locales y con organizaciones sociales. También recabó informaciones sobre procesos judiciales impulsados por organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos. “Antes de salir el informe, el Gobierno colombiano ya lo estaba descalificando”, según Correa.
“EL GOBIERNO INSISTE EN NEGAR”
Por su parte, el Cuarto Informe de la Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (editado por el Ayuntamiento de Gijón), presentado en la misma rueda de prensa, asegura que el Estado colombiano “somete a regiones del país a operaciones militares de gran escala, en las que resultan afectadas personas civiles” y en las que se han registrado “ejecuciones extrajudiciales, bloqueos de alimentos y medicinas, bombardeos, censos ilegales, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, campos minados, desplazamiento forzado, tortura, trato cruel o degradante”.
Estos hechos, según el documento, son “atribuibles en su mayoría a las fuerzas de seguridad del Estado, a los grupos paramilitares y la estrategia paramilitar que persiste y, en menor grado, a las guerrillas”.
“El Gobierno colombiano insiste en negar la existencia del conflicto militar, insiste en negar la existencia de grupos paramilitares, insiste en negar la situación de los Derechos Humanos, pero el conflicto no sólo existe, sino que se está degradando, y los grupos paramilitares se están rearmando e incluso cambiando de nombre y operan en 23 de las 33 regiones del país”, declaró el responsable de la delegación asturiana, Javier Orozco.
Asimismo, Orozco denunció que desde las “altas esferas del Gobierno, incluida la Presidencia de la República”, se acusa constantamente a los grupos de Derechos Humanos, a los sindicalistas y a los representantes sociales de ser “amigos de los terroristas o correas de transmisión de los terroristas”, una práctica de la “que se desprenden amenazas” contra estos colectivos.
Al respecto, citó el caso del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien acusó a los participantes de la ‘Marcha por la Vida’ del pasado 6 de marzo, organizada por “víctimas de los crímenes del Estado”, de ser “un movimiento de las FARC”. Esa acusación derivó en amenazas a sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y “en el asesinato de sindicalistas en la semana posterior”. “Hay un vínculo entre las acusaciones del Gobierno, las amenazas de los paramilitares y los asesinatos posteriores”, aseguró Orozco.
RECOMPENSAS
Según el abogado Óscar Correa, la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia guarda relación con el régimen de recompensas puesto en marcha por el Gobierno para incentivar la captura o muerte de insurgentes, según Correa.
Al respecto, las dos misiones hicieron público hoy un documento secreto del Ministerio de Defensa, concretamente una “directiva ministerial permanente” de noviembre de 2005, por la que se “desarrollan criterios para el pago de recompensas por la captura y abatimiento” de los miembros o cabecillas “de las organizaciones armadas al margen de la ley”.
El documento, del que se pasó copia a los periodistas, describe una serie de recompensas “en dinero o en especie” a quienes faciliten estos objetivos. Asimismo, en el apartado de “recursos para el pago de recompensas y pago de información”, se lee: “El presupuesto asignado para el pago de recompensas establecidas en (…) esta Directiva provienen del Ministerio de Defensa y estará financiado con recursos de la Nación y otros provenientes de cooperación económica nacional e internacional”.
En este sentido, el abogado Mauricio Valiente, miembro de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, exigió al Gobierno español que se garantice que los fondos de cooperación “no acaben siendo usados para pagar recompensas en el marco del conflicto colombiano”.
También exigió que España suspenda “con carácter definitivo” el ofrecimiento al Ejército colombiano para que sus tropas operen en Afganistán bajo mando español en el marco de la misión de Asistencia la Seguridad de la OTAN (ISAF), ya que “un Ejército bajo sospecha, en realidad algo más que bajo sospecha, no puede operar bajo ningún concepto al lado de España”.
Asimismo, reclamó que España exija al Gobierno colombiano “el máximo respeto a los Derechos Humanos” en la sesión que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU va a dedicar a Colombia “como uno de los 16 países que deben someterse al Examen Periódico Universal de este Consejo”.