Declaración ante la ley de Transición y debate de Víctimas: dignificación e imaginación

Las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y mestizas que formamos parte de la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado, que somos parte del Movice y de Colombianas y Colombianos por la paz, luego de 3 días de reunión en Cachipay, rechazamos la ley de transición, objetamos aspectos sustanciales del proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras


Al Movice y a los pueblos del mundo

Ante leyes de impunidad, dignificación e imaginación

Nuestra valoración se sustenta en nuestros proyectos de vida, en el derecho de los pueblos y el derecho internacional de los derechos humanos, los principios de lucha contra la impunidad, asumiendo la memoria de nuestras víctimas de asesinatos, de desapariciones, torturas, desapariciones, accesos carnales violentos y valorando la situación de guerra interna,.

Hemos sido y seguimos siendo victimizados por la violencia estatal, el desarrollo y la crisis ambiental, la persecución judicial pero somos sujetos que afirmamos nuestra dignidad y construimos el reconocimiento de nuestros derechos.

Estas leyes se producen en un momento político, económico, militar y social que no es el más adecuado. No se ha tenido en cuenta la situación actual de las víctimas que estamos habitando dentro de los territorios o en espacios territoriales en los que constatamos la continuidad de la estrategia paramilitar con la participación directa, el apoyo y consentimiento de la fuerza pública. Las Bacrim son en nuestros territorios la prolongación del paramilitarismo como estrategia de guerra contra la población en la fase de control social territorial. Estamos experimentando nuevas fases de la guerra de guerrillas que en condiciones específicas han afectado a grupos de población civil. No hay derrota militar posible y los costos económicos, militares, humanos, ambientales son irreparables y son posibles de evitar muchos más. El conflicto armado político y social persiste y de esa constatación se quiere hacer caso omiso.

El modelo económico y las medidas privatizadores de las tierras y los territorios, las ventajas escandalosas para la inversión extractiva de minas, de hidrocarburos, los agronegocios y la puesta de los territorios para obras de infraestructura, el ajuste fiscal y los tipos de control territorial militar asociados a estos, profundizan la exclusión social, la desigualdad, la crisis ambiental. Las limitaciones a la oposición política con la persecución disciplinaria de Alejandro Ordoñez, desconociendo el derecho penal y el debido proceso, las decisiones del ejecutivo que coartan la posibilidad de la disidencia y oposición.

Somos víctimas de Estado, víctimas del modelo económico que le sustenta, víctimas del modelo de desarrollo y víctima de los danos ambientales causados por el consumo acumulativo y afirmamos nuestros derechos, nuestra dignidad , construyendo alternativas y proyectos de nueva sociedad

Frente a la ley de transición formulada por el gobierno de Juan Manuel Santos:

1. Nuestra objeción a la ley de transición, pues en ella se vulneran nuestro derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. A través de este mecanismo que comprende un tribunal “ad hoc” se simula la enunciación de la verdad para una amnistía e indulto. Verdades a las que no tenemos acceso las víctimas y que no van a tener ninguna implicación penal para develar la estructura criminal.

2. Esta ley parte además del falto supuesto de indicar que nos encontramos en el posconflicto y nuevamente se convierte en un medio de transacción de sectores de poder con la institucionalidad con el alivio de la impunidad

3. Desconoce que la verdad se ha imposibilitado como pleno derecho de las víctimas con la comisión de más de dos mil asesinatos de paramilitares desmovilizados, como parte de un plan de silenciamiento.

4. Este remedio planteado por el gobierno de Santos es una nueva burla a las víctimas y se inspira en los mismos errores que inspiraron la falsa desmovilización de más de treinta y un mil paramilitares, que no son parte de la ley 975.

5. Apoyamos las acciones demanda de la Comisión de Justicia y Paz y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Frente al proyecto de ley de víctimas que se está tramitando hoy en el Congreso de la República:

1. Nuestra memoria popular constata que el proyecto de ley parte de una mentira histórica. Somos muchos procesos sobrevivientes de la década de la violencia del 48 y de la década del 60. El proyecto de ley excluye la matanza de las bananeras, la persecución del gaitanismo, los crímenes del 14 de septiembre de 1977, los torturadas y desaparecidos de los 70, las desapariciones y ejecuciones en la contra toma del palacio de Justicia en 1985. La ley de víctimas desconoce el derecho a la memoria y en este sentido no comprende un articulado especifico sobre la memoria histórica, en el que se retomen los aportes de la Comisión Ética, y las construcciones que desde tiempo atrás se han venido desarrollando

2. Es tímido en reconocer la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, infracciones al derecho humanitario y crímenes de guerra, es excluyente de víctimas de Estado, que fueron torturadas, desaparecidas, asesinadas en condiciones de indefensión cuando se trata de militantes disidentes.

3. El proceso de discusión de la ley ha quedado en mano de legisladores, que no representan y desconocen el sentir directo de cada una de las comunidades, y algunos de ellos son beneficiarios del paramilitarismo vigente.

4. El sentido de Consulta Previa con acuerdos no democráticos, excluyentes de la base y de la participación real, directa conforme a uso, lenguas, constumbres se ha desfigurado con acuerdos inconsultos a conunidades negras e indígenas.

5- El concepto de reparación integral no existe en la ley. La concepción de reparación está signada por la indemnización. La concepción de reparación además es fragmentaria, no se reconocen todas las técnicas y mecanismos de terror y de destrucción, desde la tortura, las violaciones carnales a las mujeres y niños, la destrucción y contaminación del medio ambiente, y ecosistemas la desarticulación de la familia, el desplazamiento, el desarraigo y la desterritorialización ocurrido antes de 1991.

6- La restitución de tierras desconoce la magnitud del despojo y apropiación de predios, que no es de 2 millones sino de 8 y hasta 10 millones de hectáreas. Esta no contempla la comprensión de territorio y pretende desvirtuar la restitución al introducir en el artículo 98 el “principio de compensación” bajo el disfraz de utilidad pública e interés social; desconociendo el carácter de inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios colectivos de las comunidades ancestrales y superponiendo los intereses empresariales sobre los pueblos y sobre la nación.

7- Finalmente, desde esa concepción monetaria, que es indigna, de la reparación condiciona el derecho a la reparación integral de las víctimas a la disponibilidad fiscal del Estado, cuando la reparación y las garantías de no repetición lo que pretenden fundar es un orden armonioso y democrático integral.

Mientras es ley es aprobada, con nuevas modificaciones, nuestro escrito es una constancia y la expresión de indignación ante la exclusión y la burla, de la que hoy estamos siendo nuevamente victimas, por la subordinación de los derechos a las lógicas del mercado neoliberal, de la guerra militar contra “el terrorismo” y de la despolitización de las imágenes de los medios de información.

Llamamos

A las personas, familias, grupos, comunidades de víctimas y en resistencia a participar en:

1. La iniciativa de la Comisión Ética de la Verdad como salvaguarda de la memoria y apuesta por modelos de reparación integral

2. La iniciativa del reconocimiento a la Dignificación de los Pueblos, “Honoris Dignitatis”en septiembre de 2011 en Udine, Italia

3. Apoyo a procesos de afirmación de derechos dentro del territorio, procesos de retorno a las tierras y territorios despojados con iniciativas imaginativas y creadoras

4. En iniciativas de afirmación de derechos frente a la explotación minera industrial, la protección del agua, la agroindustria destructiva y expoliadora

5. En las movilizaciones, actos de memoria y reivindicaciónfrente a la ley de transición y las que se proyectaran en los próximos meses

6. En la instauración de demandas particulares, colectivas frente a la ley de Transición y las que el Movice defina frente a la ley de víctimas que sea aprobada

7. En la Instalación de Monumentos, Museos de la Memoria, Placas y Calles de la Memoria como parte de nuestra Memoria colectiva mientras se logra un reconocimiento institucional que los asuma en la política pública

8. En el próximo encuentro de la Red de Alternativas en el mes de mayo en el departamento del Cauca sobre dignificación en los territorios

9. Diálogos con Colombianas y Colombianos por la Paz en la construcción y fortalecimiento de iniciativas de paz con justicia integral

10. A aportar en la agenda de cese o condicionalidad frente a tratados comerciales en la región, Alba, Mercosur ,la UE, EU, Canadá donde se impulsen y reciban nuestras iniciativas en materia de habitación y de protección territorial ambiental, soberanía y producción alimentaria, energía limpia y protección del agua.

Sin verdad, sin justicia integral y existencia en los territorios, no hay paz ni reparación

Marzo 9 de 2011

Por la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado

ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR DEL PUTUMAYO-ZONAL LA HORMIGA

ASOCIACION CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO KWE’SX KSXA’W

ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA ESTER CAYAPÚ, ASOESCA, TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA

ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA CLAMORES, RIOSUCIO, CHOCÓ

ASOCIACION CAMPESINA BIENANDANTES, SUCRE, CAUCA

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE PERLA AMAZÓNICA, PUTUMAYO

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROCESADORES SEMILLAS DE PAZ, PUTUMAYO

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y PROCESADORES CAMINO AL FUTURO, PUTUMAYO

ASOCIACION CAMPESINA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE SAN SALVADOR, PUTUMAYO

COMUNIDADES DE AUTODETERMINACION, VIDA Y DIGNIDAD DE CACARICA, CAVIDA, CHOCÓ

CONSEJO COMUNITARIO DE CURVARADO

COMUNIDAD CIVIL DE VIDA Y PAZ – ZONA HUMANITARIA CIVIPAZ, META

CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO NAYA

CONSEJO COMUNITARIO DE JIGUAMIANDO

ASOCIACIÓN DE ZONAS HUMANITARIAS Y ZONAS DE BIODIVERSIDAD DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ

COMUNIDAD DE VIDA Y TRABAJO LA BALSITA, DABEIBA, ANTIOQUIA

COMUNIDAD INDIGENA NONAM, RESGUARDO SANTA ROSA DE GUAYACAN, VALLE DEL CAUCA

ESCUELA DE REFLEXION Y VIDA COMUNIDAD DE ULLUCOS, CAUCA

EMPRESA COOPERATIVA LA ALEMANIA, SAN ONOFRE, SUCRE

FAMILIARES DE VICTIMAS DE SAN ANTONIO, INZA, CAUCA

FAMILIAS DESPLAZADAS DE ARGELIA, CAUCA

FAMILIAS CAMPESINAS DE PUERTO PLAYA, PERLA AMAZONICA, PUTUMAYO

FAMILIAS CAMPESINAS DE GUADALUPE, PERLA AMAZONICA, PUTUMAYO

GRUPO PORVENIR, ZONAS DE BIODIVERSIDAD, ANCURÁ, PUTUMAYO

JOVENES UNIDOS POR EL BIENESTAR DEL BAJO CALIMA –JUBCA, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA

RESGUARDO INDIGENA EMBERA URADA-JIGUAMIANDO