Comunidades Indigenas: Situación grave, critica y preocupante
La situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas es grave, crítico y preocupante señalo el Relator Especial profesor James Anaya de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas al concluir su visita a Colombia.
La situación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas es grave, crítico y preocupante señalo el Relator Especial profesor James Anaya de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas al concluir su visita a Colombia.
En un comunicado de prensa abordo la grave situación de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario que comprometen la responsabilidad del Estado y de la guerrilla de las FARC EP. Igualmente, el desconocimiento institucional a la Consulta Previa.
Adjunto comunicado de prensa
Bogotá, D.C. 30 de julio de 2009
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá, Colombia –
“La situación de los derechos
humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente
preocupante”. Tal fue la conclusión del anterior Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, Profesor Rodolfo
Stavenhagen, en su informe sobre Colombia del año 2004. “Esa
evaluación sigue siendo aplicable hoy, a pesar de algunas iniciativas
importantes del Gobierno de Colombia durante los últimos años”, afirma
el actual Relator Especial, Profesor James Anaya, al concluir su visita
al país.
El Relator Especial Anaya, experto independiente nombrado
por las Naciones Unidas, visitó Colombia entre el 22 y 27 de julio de
2009, a fin de observar la situación de los pueblos indígenas en el
país en el contexto de seguimiento a las recomendaciones del anterior
Relator Especial hechas en su informe de 2004. Durante su visita, el
Profesor Anaya llevó a cabo reuniones con el Presidente de la
República, Dr. Álvaro Uribe, ministros, magistrados de la Corte
Constitucional y funcionarios de varios órganos del Estado colombiano.
Asimismo, el Relator Especial llevó a cabo reuniones con representantes
de pueblos y organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como
del sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, en
Bogotá y en los departamentos de Nariño y Cauca.
El Relator Especial agradece la invitación del Gobierno
de Colombia, así como todas las facilidades que recibió de su parte
para la realización de la visita; considera que ponen de manifiesto la
buena voluntad y apertura de parte del Gobierno. Asimismo, expresa su
agradecimiento a los pueblos indígenas por la importante información
proporcionada y por su cooperación en la organización de partes
importantes de la visita.
El Relator Especial toma nota de las significativas
iniciativas de parte del Gobierno de Colombia, en particular en materia
de salud y educación, para mejorar la situación de extrema
vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas del país. Sin embargo,
“las iniciativas del Gobierno de Colombia en materia de los derechos de
los pueblos indígenas necesitan ser consolidadas y su efectiva
implementación asegurada”, declara el Relator Especial. Asimismo, el
Relator Especial insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias
para que las iniciativas relacionadas con los pueblos indígenas sean
efectivas, adecuadas y consultadas con los pueblos indígenas del país.
El Relator Especial observa que las autoridades
judiciales y de control del Estado, en particular la Corte
Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo tienen competencias importantes para la protección de los
pueblos indígenas del país. Toma nota de las sentencias de la Corte
que han favorecido a los pueblos indígenas, lo que constituye una
jurisprudencia ejemplar en el mundo. Asimismo, pone de manifiesto el
papel fundamental que juega la Defensoría del Pueblo en el amparo y
protección de los derechos de los pueblos indígenas; en particular,
reconoce a su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) como un mecanismo
importante de identificación y prevención de violencia contra los
pueblos indígenas. “Insto al Estado a asegurar todo el apoyo necesario
para el funcionamiento efectivo de estas instituciones, incluidas la
aplicación práctica y la financiación del SAT”, enfatiza el Relator
Especial.
En su Auto No. 004 de 2009, la Corte Constitucional
afirma que los pueblos indígenas sufren “alarmantes patrones de
desplazamiento forzado”, homicidio, falta de alimentación y otros
problemas graves a causa del conflicto armado en el país y distintos
factores subyacentes, generando “situaciones
de urgencia que no han recibido una respuesta estatal acorde a su
gravedad”. Como resultado, la Corte señala que numerosos pueblos
indígenas a lo largo del país se encuentran amenazados “con el
exterminio cultural o físico” y reclama una respuesta integral y
efectiva del Estado a estos retos. Los testimonios escuchados por el Relator Especial de
varios representantes indígenas y victimas sobre los efectos del
conflicto armado confirman la evaluación de la Corte. El Relator
Especial toma nota de las iniciativas del Gobierno para implementar los
planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional para
remediar esta situación, y exhorta a que estos planes sean diseñados e
implementados cabalmente según las directrices de la Corte.
Con relación al conflicto armado, el Relator Especial nota con extrema
preocupación que los grupos armados ilegales, en especial las FARC-EP,
parecen desconocer por completo los estándares de derechos humanos y
derecho internacional humanitario. Según la información recibida, estos
grupos son los principales responsables de asesinatos de indígenas y
otros graves crímenes, que afectan desproporcionadamente a los pueblos
indígenas; en particular, llama a los grupos armados ilegales a
suprimir la práctica del reclutamiento y la vinculación de niños y
niñas indígenas, así como el uso de minas antipersonal. El Relator
Especial toma nota con preocupación de la información recibida sobre el
incremento dramático de estos crímenes contra los pueblos indígenas
desde la visita del Profesor Stavenhagen. El Relator Especial nota con
suma preocupación la información recibida sobre el asesinato y otros
crímenes cometidos en contra de individuos indígenas durante el curso
de su visita al país.
Por otro lado, el Relator Especial nota que persisten alegaciones de
violaciones de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública y que
siguen sin ser resueltos varios casos con victimas indígenas. El
Relator Especial reconoce las iniciativas de la Fuerza Pública para
promover el respeto de los derechos humanos en el desempeño de sus
funciones e insta a fortalecer su aplicación práctica con la
cooperación internacional, en particular de la Oficina de las Naciones
Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos. También urge a la
Fuerza Pública a respetar la autonomía de los pueblos indígenas y
concertar con las autoridades indígenas las condiciones de cualquier
presencia necesaria dentro sus territorios.
El Relator Especial enfatiza la necesidad de fortalecer
programas que implementen los derechos sociales y económicos de los
pueblos indígenas, incluida la provisión de alimentos y servicios de
salud, especialmente para aquellas comunidades desplazadas y afectadas
por el conflicto armado. Es preocupante que en departamentos con altos
porcentajes de población indígena, algunos indicadores, como la
mortalidad materna e infantil, presentan índices mucho más altos que la
media nacional. En particular, el Relator Especial expresa su
preocupación por la situación de la niñez y las mujeres indígenas
afectadas por el conflicto armado, y urge al Gobierno a fortalecer sus
programas de servicios de atención para responder de manera efectiva a
estas necesidades.
Una exigencia persistente de los pueblos indígenas en
Colombia es el derecho a la tierra y al territorio. Durante las últimas
décadas, Colombia ha avanzado en el reconocimiento de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas en el país. Sin embargo, aún
quedan muchos reclamos territoriales indígenas por resolver y
compromisos por el Estado que todavía no han sido cumplidos al
respecto. Además, la existencia de intereses comerciales extensivos en
los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas
amenazan en muchas ocasiones los derechos de los pueblos indígenas, tal
como ha señalado la Corte Constitucional. “El reconocimiento y
protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es
necesario para establecer condiciones sostenibles de paz y asegurar la
supervivencia de los pueblos indígenas”, enfatiza el Relator Especial.
Asimismo, el Relator Especial señala la necesidad de armonizar la
política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo
que se refiere a los denominados “mega proyectos” relativos a la
extracción de recursos o infraestructura, con los derechos humanos
colectivos e individuales de los pueblos indígenas.
Tanto los pueblos indígenas como la Corte Constitucional han
identificado la falta de consulta previa en decisiones que les afectan
como un problema persistente. En este sentido, recuerda que la Corte ha
declarado inconstitucional decisiones administrativas y leyes, más
recientemente la Ley General Forestal y el Estatuto de Desarrollo
Rural, por no haber sido consultadas adecuadamente con los pueblos
indígenas. El Relator Especial toma nota de los esfuerzos del Gobierno
en este sentido, incluida la preparación de una propuesta de ley que
regule la consulta previa, y confía que el acompañamiento del Sistema
de Naciones Unidas ayude en este respecto, especialmente la Oficina del
Alto Comisionado para los Derecho Humanos. Al respecto, el Relator
Especial observa que “es fundamental concertar con los pueblos
indígenas el proyecto de ley sobre la consulta y asegurar que sea
consistente con las normas internacionales aplicables y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
El Relator Especial urge a todas las partes interesadas a seguir
fortaleciendo y hacer efectivos mecanismos de interlocución y
concertación entre el Gobierno y los pueblos indígenas. En este
sentido, el Relator Especial enfatiza la necesidad de crear mecanismos
de confianza y garantías entre las partes.
Finalmente, el Relator Especial nota la importancia de que Colombia
desarrolle e implemente legislación y políticas públicas que sean
conformes a las normas aplicables internacionales sobre los derechos
los pueblos indígenas, incluidas aquellas derivadas del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales, ratificado por Colombia, y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al
Profesor James Anaya como el Relator Especial sobre la situación de
derechos humanos y libertades fundamentales del los indígenas por un
período inicial de tres años. El Sr. Anaya es titular de la cátedra
James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos.
Foto: http://hablasonialuz.files.wordpress.com/2009/06/james-anaya.jpg