Cocaleros apoyados por AGC amenazan a líder indígena

El domingo 19 de julio a las 10:30 a.m. en el Resguardo de Padadó, Carmen del Darién, tres colonos cocaleros llegaron a la vivienda del indígena embera y gobernador Luis Sinigui y le amenazaron.

De acuerdo con la información cotejada dos de los tres cocaleros están asociados a los paramilitares de las AGC que operan en el territorio.

Las personas lo señalaron de que era responsable de la erradicación de cultivos de coca que se adelantan en el Resguardo de Urada por unidades del Ejército.

Minutos después, llegaron diez cocaleros más, entre ellos un hombre que se identificó como Alfredo Gutierrez, vocero del grupo y otro conocido como “Rigo”.

El hombre apodado “Rigo” afirmó que Luis Sinigui daba las órdenes y que tenían audios y videos donde el embera se comunica con efectivos regulares o promueve la erradicación voluntaria. Agregó que el indígena recibe $700.000 mensuales como informante.

El gobernador respondió que no tenía nada que ver en ese asunto y que las políticas de erradicación son dictadas por el gobierno y el Ejército da cumplimiento a esas determinaciones. Afirma que como miembro de una comunidad indígena no estaba de acuerdo con el uso que se le da a la hoja de coca.

El lunes 20 de julio sobre las 9:00 a.m. el gobernador Luis Sinigui y los cocaleros se dirigieron a aclarar la situación con el Ejército. Luis manifestó la situación y cuestionó que unidades militares compartieran audios presuntamente en los que denuncia los cultivos ilícitos que hay en el territorio.

El sargento Segundo Doncel Gómez y el coronel Ávila manifestaron que no es cierto que se haya entregado información.

El hombre conocido como “Rigo” manifestó que Luis no merecía vivir. El sargento expresó a los cocaleros que si le llega a suceder algo a Luis Sinigui ellos eran los responsables.

Los cocaleros solicitaron proyectos para sustituir los cultivos. No cuentan con las suficientes garantías para generar recursos que les permita vivir dignamente.

El miércoles 22 de julio ocho gobernadores de CAMERUJ se reunieron nuevamente con el sargento Segundo Doncel Gómez y el coronel Ávila, solicitando que se detuvieran las erradicaciones para evitar las amenazas bajo el reconocimiento de que siete de las ocho comunidades de CAMERUJ se oponen a la siembra de coca.

Solicitaron que retuvieran a las personas que promovieron los cultivos ilícitos y de ser el caso los entregarán a la Guardia indígena, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo. Los gobernadores responsabilizan a los cocaleros y su vocero de las consecuencias sobre lo que pueda suceder a los indígenas embera de Urada.

Desde el pasado lunes 6 de julio más de 120 uniformados con medidas de bioseguridad están realizando erradicaciones en el Resguardo de Urada. Alrededor de 400 hectáreas han sido intervenidas.

Los colonos provienen de las localidades de Pavarandó, Mutatá, Carepa y Chigorodó. Las comunidades de Alto Guayabal, Jaiba-Coredocito, Ancadia, Dearade, Nuevo Cañaveral, Ibudó y Padado se oponen a los cultivos ilícitos.

El Estado colombiano conoce de esta situación desde hace más de seis años sin realizar una intervención adecuada para evitar la profundización de esta situación.

La comunidad emberá se encuentra en situación de alto riesgo debido a la vinculación de estructuras armadas se tipo paramilitar con éstos cultivos de coca que los indígenas denunciaron en su debido momento

Bogotá D.C., 23 de julio de 2020

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Imagen: Tatiana Ramírez/ Semanario Voz.

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