Censuran por miedo exposición de dibujos hechos por la Lonko Juana Calfunao en el Diario La Nación.
El Lunes 2 de marzo del 2009 se realizaría la exposición de 42 dibujos hechos por la Lonko Juana Calfunao, presa política desde el año 2006 y condenada hasta el 2012, traídos directamente desde la cárcel de Temuco al frontis del diario La Nación, detrás del palacio de la Moneda, para que nuestra sociedad pueda ver lo que ocurre en el sur de Chile.
Lamentamos informar a la comunidad nacional e internacional que a pesar de la constante preocupación de los organizadores por mostrar a tiempo las imágenes y los textos a publicar, el Sr. Martín Huerta, Director de la sección de Arte y columnista del diario La Nación, canceló la exposición horas antes de su inauguración.
Súmate leyendo la nueva restricción y violación de derechos a Juana Kalfuano http://alejandrostuart.blogspot.com/2009/03/censuran-por-miedo-exposicion-de-arte.html y el artículo adjunto
Súmate escribiendo comunicaciones de apoyo y de solidaridad a Juana Kalfunao, su familia y su pueblo originario.
Súmate exigiendo a la presidente de chile Michel Bachelet y a la injusticia chilena libertad inmediata para Juana Kalfunao
*Una nueva e inminente condena pesa contra Lonko Calfunao*
por Reynaldo Mariqueo* – 23 de febrero, 2009
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http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/noticias/art-23.htm#-> http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/noticias/art-23.htm#]
Dentro del marco de la persecución política contra las autoridades y dirigentes del pueblo Mapuche en Chile, la Lonko Juana Calfunao deberá comparecer mañana, martes 24 de febrero de 2009, ante el Juzgado de Garantía de Temuco. La orden judicial fue hecha por María Llanos Morales, jueza del Juzgado de Garantía de dicha ciudad, para incluir su muestra ADN en el archivo de los criminales.
La Ley No 19.970 promulgada en octubre de 2008, creo el Sistema Nacional de Registro de ADN y esta encauzada a la obtención de “huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal”.
Si bien el Articulo 3º señala que “la información contenida en el Sistema y, en particular, las muestras biológicas y las huellas genéticas, se consideraran datos sensibles de sus titulares”. Sin embargo, el Sistema estará integrado –entre otros- por los Registros de Condenados, Imputados, el de las Victimas y tendrán acceso a ella los policías y los defensores públicos y privados, previa autorización del tribunal respectivo. En relación a la “conservación y destrucción del material biológico”, el Articulo 14 señala que “el Ministerio Publico deberá ordenar la conservación de una parte de aquel, hasta por treinta años”.
El tramite legal en contra la Lonko Juana Calfunao, fue iniciado debido a la negativa de aceptar la extracción de muestras ADN, por considerar que es un atentado a sus derechos humanos, invasión a su privacidad y porque profana la costumbre y creencias espirituales ancestrales de la cultura Mapuche. Se sospecha que las autoridades chilenas con esto buscan incrementar su pena que ya suma los cinco años.
La Lonko Juana Calfunao se encuentra detenida desde el 4 de enero de 2006 después que un tribunal chileno decretara su prisión preventiva por considerarla “un peligro para la sociedad”. El 22 de febrero de 2006, el Tribunal de Garantía de Temuco la condeno a 61 días de prisión por “desordenes públicos y amenaza en contra de carabineros de servicio”. Sin el embargo, el 20 de noviembre de 2006 el mismo Tribunal la condeno a 150 días de prisión por “desordenes público” y, el 31 de octubre de 2007 fue nuevamente condenada a 3 años de reclusión por “atentado a la autoridad”.
Esta última ofensa habría sucedido dentro del tribunal chileno al término de la lectura de una sentencia, en que los afectados reaccionaran con indignación por lo extremo del veredicto, calificándola de discriminatoria e injusta. Se acuso a la Lonko Juana Calfunao, su esposo (Werken) Antonio Cadin, su hermana Luisa, sus hijos Waikilaf y Jorge (este ultimo no se encontraba en la sala) de supuestamente haber agredido físicamente e insultado de racista a los fiscales Luís Torres Contreras y Mauricio Torres Gutiérrez, a los que además le habrían escupido sus rostros.
Debido a que al momento de sucedidos los hechos, los fiscales eran considerados en Chile funcionarios públicos, obligo al parlamento chileno iniciar un trámite de ley de carácter de urgencia para elevar el estatus de los fiscales al de “autoridades”. En efecto, el 27 de diciembre de 2007 (después de dos meses de la condena) se promulgo la Ley No. 20.236.
A pesar que la condena contra la Lonko Calfunao y su familia no tenían relación con la ley que supuestamente habrían infringidos, ésta fue aplicada arbitrariamente de carácter retroactivo, vulnerando de paso el principio de legalidad establecido en la Constitución del Estado que exige la vigencia previa de la ley a la perpetración del delito. El abogado de la Lonko Calfunao, Sr. Lorenzo Morales Cortes apelo en su representación al Tribunal Constitucional por la decisión de dicha Corte porque contradice el articulo 19 de la Constitución Chilena que dispone que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”, por lo que se presume que su condena fue ilegal basada lisa y llanamente en el abuso de poder de las autoridades judiciales.
Por otro lado, con la promoción de los fiscales al rango de autoridades se esta violando el principio a la igualdad ante la Ley y la desigualdad de casta entre chilenos, que de acuerdo a la Constitución Política de la Republica contraviene el articulo 19, que señala: “En Chile no hay persona ni grupos privilegiados” y añade que: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
Durante el Gobierno del dictador Pinochet, los fiscales en su calidad de funcionarios públicos, ejercieron enorme poder, algunos de ellos fueron responsables de la condena a muerte de un gran número de presos políticos. Un caso conocido es el papel jugado, por el fiscal Alfonso Podlech en la muerte y desaparición de unas 196 personas en la región de la Araucanía. Podlech enfrenta hoy la justicia en un tribunal Italiano por la desaparición en 1973 del ex sacerdote italiano Omar Venturelli. Mientras el resto de los familiares (chilenos y mapuches) de los presos políticos asesinados, hacen lobby por justicia en un tribunal italiano, porque saben que si es extraditado a Chile “gozara allá de la misma impunidad que disfruto Pinochet hasta su muerte” (1).
Tradicionalmente los fiscales se han caracterizado por la ineficacia cuando se trata de defender los derechos de los comuneros mapuches, organizaciones mapuches y de derechos humanos denuncian de manera cotidiana los abusos e irregularidades de los fiscales que por su conducta parecieran estar al servicio de los latifundistas y las empresas forestales que del Ministerio Público.
A petición de estos o simplemente influenciados por una noticia mediática, no trepidan en ordenar allanamientos de comunidades mapuches los que se llevan a efecto con o sin orden judicial, controles de identidad sin justificación, y detención de personas por el solo hecho de ser mapuches, como sucede con miembros de la comunidad Juan Paillalef y, entre otras, con la comunidad autónoma de Temucuicui. Continuamente organizaciones sociales denuncian la estrecha relación de estos con el poder político y económico, creando duda sobre la independencia de los tribunales y la credibilidad de la justicia chilena.
Por su parte la Carta Fundamental en su artículo 84 refuerza la posición privilegiada de los fiscales al establecer que “las personas que sean designadas fiscales “no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez”. También pueden postular por puestos políticos creando con ello sospecha sobre la independencia de los miembros del Ministerio Publico por los conflictos de intereses de por medio. Hoy el Gobierno Democrático de Bachelet, estima que los fiscales no tienen suficiente poder y los hace intocables al ascender su rango al de “autoridad” pública, lo que significa que tendrán la “potestad de mandar, ejecutar y hacer cumplir ordenes” (2).
El desamparo en que se encontraba la niña Relmutray en Chile por las continuas detenciones de sus padres, sus hermanos y otros miembros de su familia, por el ambiente de terror vivido, por los allanamientos permanentes de la policía a su comunidad y los ataques de los latifundistas adyacentes, que en los últimos años le causaron la destrucción de tres casas y un muerto.
Relmutray tenía que soportar intimidación y vejámenes a la entrada de las cárceles de Temuco cuando visitaba a su madre, padre y hermanos. Estos son solo algunos ejemplos de la pesadilla que ha tenido que sufrir en un país donde, en lo que concierne a los mapuches, los Derechos del Niño son totalmente ignorados.
La semana pasada con ocasión de las vacaciones escolares, Relmutray y su tía Rayen fueron invitadas a esquiar por una familia Suiza, padres de compañeras de clases de Relmutray. Estuvieron por una semana en Verbier, una de las atracciones turísticas de esquí más famosas de Europa, ubicada en los Alpes Suizos, allí hizo un curso para aprender esquiar y lo aprendió de manera tan notable que para su sorpresa logro una medalla, del que se siente orgullosa -según me comento Rayen (su tía). Durante su breve permanencia en Suiza, Relmutray solo ha encontrado gestos de amistad y afecto de niños y familias que simpatizan por el dilema en que se encuentra. No obstante de la diferencia cultural y modos de vida europeo, Relmutray ha recibido lejos de su tierra el respeto y solidaridad que nunca obtuvo de la sociedad chilena.
Los efectos de una sociedad que no valora ni reconoce la diversidad cultural existente y que se expresa en los colegios en actitudes de menosprecio hacia el niño mapuche, era otro de los tormentos que la menor Relmutray, al extremo que lloraba cada vez que debía irse al internado por el racismo que diariamente vivía en la escuela. Hoy sucede todo lo contrario nos comento Rayen “se levanta a las 6 de la mañana para ir al colegio que comienza solo a las 8, apenas llega del colegio quiere hacer sus tareas, y ya se puede comunicar en francés sin problemas”.
Los medios masivos de comunicación chileno solo la semana pasada se enteraron de la solicitud de asilo político que Flor Calfunao y Relmutray iniciaran a principios de septiembre de 2008. El Ministro Secretario General de Gobierno, Neftalí Carabantes, trato de minimizar el daño internacional a la imagen de Chile al señalar que la solicitud de asilo político era “improcedente” porque “en Chile existe un Estado de derecho” y afirmó que “en Chile se respetan las libertades publicas, no existen presos políticos, existe separación de los poderes del Estado y tampoco se violan los derechos humanos” (3).
En lo referente a la separación de los poderes del estado, Edmundo Pérez, vicepresidente chileno se encargo de contradecir al Sr. Carabantes, al advertir que “el Gobierno invocara la Ley Antiterrorista” contra el activista mapuche Miguel Tapia Wenulef, por el presunto hallazgo en su domicilio en Santiago de un arma de fuego y algunas plantas de marihuana. Sus declaraciones fueron reafirmadas por el Ministro del Interior Patricio Rosende quien confirmo que “Si es la Ley Antiterrorista, se aplicara la Ley Antiterrorista, sin vacilación de ninguna naturaleza” (4).
Con estas declaraciones, las autoridades de gobierno dejan claro ante el mundo, que en Chile no se respeta la independencia de los tribunales y que la mentada separación entre los poderes ejecutivo y legislativo es intangible, ya que aparentemente no son los jueces quienes invocan la Ley que se debe utilizar, sino el Gobierno.
En lo que respecta al “Estado de Derecho” sigue tan desprestigiado como en el pasado dentro del pueblo Mapuche, porque no existe ninguna confianza que el mapuche pueda tener justicia o recibir un trato o un juicio justo. Se duda sobre la independencia de los tribunales y reiteradamente se denuncia que no se les respeta a los imputados su integridad física y psíquica, ni se observan las pautas al debido proceso.
Muchos mapuches ven las leyes y los tribunales como instrumentos de opresión y la policía como fuerzas de ocupación de su territorio ancestral, al extremo que un número creciente de mapuche manifiestan públicamente renunciar a la nacionalidad chilena, entre ellos la Lonko Juana Calfunao y recientemente el Werken Jaime Huenchullan quien además tiene en venta su riñón para costear su defensa, porque no tiene confianza en los abogados asignados por la Defensoría Publica. La gran mayoría de los mapuches señalan que el estado chileno promueve una política de asimilación y no de respeto a su cultura y derechos territoriales y, que el estado no les garantiza sus derechos humanos y libertades fundamentales, acorde a las normas internacionales.
La Lonko Calfunao jamás ha tenido justicia por las casas que le destruyeron; por las amenazas de civiles y la policía que recibiera; por la muerte de su tío Basilio Coñoenao; por la perdida de su bebe producto de la brutalidad policial que sufriera en la 2ª Comisaría de Temuco, en 2000. En cada uno de estos casos se apelo a los tribunales chilenos, las investigaciones quedaron en nada y los responsables de los delitos jamás fueron castigados. Es esta conducta judicial la que corrobora las sospechas del mapuche que reiteradamente le confirma que cuando se trata de hacer justicia el “Estado de Derecho” simplemente no les funciona. Pero lo que si esta claro, es que si funciona para los empresarios y latifundistas.
La mera denuncia de un latifundista de haber recibido una amenaza o atentado a su propiedad, reactiva de manera automática un enorme dispositivo policial, allanando a comunidades mapuche vecinas, deteniendo y torturando a sus moradores, además de asignarle protección policial las 24 horas del día. Se desconoce que la Lonko Calfunao haya jamás recibido protección policial después del incendio de sus casas, quedando en evidencia el trato discriminatorio y racista de la justicia en Chile.
La mayoría de los presos políticos mapuche están encarcelados, por valerse de sus derechos civiles, tales como el derecho a protestar pacíficamente, el derecho a reclamar la restitución de sus tierras usurpadas o detener proyectos de infraestructura que se implementan en su territorio sin su consentimiento. Acciones de protesta que el gobierno chileno ha criminalizado, a pesar de estar garantizada en la Constitución Chilena y las leyes internacionales. Esta situación le ha sido recordada reiteradamente al Gobierno Chileno por las más prominentes organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, causando nula reacción por parte del gobierno democrático.
En Chile, tampoco se respetan los derechos culturales, de aquellos mapuches que desean por convicción personal practicar su cultura mapuche, de acuerdo a su propia interpretación. Carlos Cayupe Aillapan presento una querella ante la Corte de Apelaciones de Temuco, después que fuera obligado a cortarse el pelo por orden de la jueza de Garantía de Victoria María Olga Moreno Aguirre. El pelo largo era la usanza normal de los mapuches de antaño y muchos mapuches contemporáneos lo ven como un elemento importante de su identidad cultural.
La introducción de la ley que crea el “Sistema Nacional de Registro de ADN”, complementa las leyes represivas introducidas durante el régimen de Pinochet, tales como la Ley Antiterrorista, hoy aplicadas contra los mapuches. Con ello el Gobierno Democrático inaugura una nueva medida de control social y, que según las denuncias de los presos políticos mapuche y del Observatorio Ciudadano, existe una “incorporación prioritaria de personas mapuche imputados y/o condenados por causas políticas. “La oposición a someterse a los exámenes pertinentes por parte de un imputado o condenado, puede conducir a que este se verifique por la fuerza” (5).
Esto pone un signo de interrogación sobre el lapso de detención de la Lonko Juana Calfunao y de otros presos políticos mapuche, que seguramente verán sus encarcelamientos prolongados, porque esta nueva ley no tiene otro objetivo que mantener por largo tiempo y en vigilancia permanente a las autoridades y activistas mapuches que luchan por los derechos de su comunidad y de su Pueblo Mapuche. La persecución política contra los activista mapuche se ve una vez mas patentizada, por la acción de la Gendarmería de la Región de la Araucanía, quienes tratan de incorporar los datos ADN de aquellos mapuches que están libre y que ya cumplieron su condena, como es el caso de Julio Marileo Calfuqueo (6).
Los presos políticos mapuches son vistos por la sociedad mapuche como patriotas, luchadores de la libertad y por los organismos de derechos humanos como defensores de los derechos humanos. Por lo tanto la noción de que representan un “peligro para la sociedad”, no es otra excusa que la aplicación del concepto del “enemigo interno” propio de las dictaduras; a nuestro parecer no solo es ilegitimo y contraproducente, sino lejos de solucionar el problema lo agudiza.
* Werken Mapuche (Mensajero – Enviado Especial)
Bibliografía:
1. Alfonso Podlech Micheaud, el Fiscal Militar de Pinochet para la “Araucanía”. Correo de los Trabajadores – Medio Informativo Fundado por los CCTT. Bielefeld, febrero 14 de 2009
2.Defensoría. Departamento de Estudios 7º Boletín de Jurisprudencia. 11/08/2006
3. Vocero de Gobierno (s): Solicitud de asilo político a Suiza de niña mapuche es “improcedente”. Gobierno de Chile. Secretaria de Comunicaciones Palacio de La Moneda. Jueves 12 de febrero de 2009.
4. Gobierno invoca Ley Antiterrorista para activista mapuche detenido en Lo Prado. El Mostrador. 12 de Febrero de 2009.
5. Observatorio Ciudadano. Registro Nacional de ADN y su Aplicación Prioritaria al Pueblo Mapuche viola Derechos Fundamentales. Temuco-Santiago, 4 de febrero de 2009”
6. Recurso de Protección, Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco. Documento recibido vía Red Pulchetun. 22 de Febrero, 2009.
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Marzo 12 de 2009