CARLOS AUGUSTO BUITRAGO RAMÍREZ, ALIRIO BUITRAGO RAMÍREZ, FABIÁN BUITRAGO ZULUAGA, GILDARDO RAMÍREZ Y MARCOS MARÍN

Vereda Santa Rita – Estación Cocorná – Puerto Triunfo (Antioquia)

Memoria y Justicia
Era un 17 de septiembre de 1982, cercana la hora de las 6:30 p.m. cuando un grupo de cinco hombres armados, uno vestido de civil y los restantes con uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, actuando en desarrollo de una estrategia militar encubierta y clandestina, asesinaron a los catequistas de las Comunidades Cristianas Campesinas CARLOS AUGUSTO BUITRAGO RAMÍREZ, ALIRIO BUITRAGO RAMÍREZ, y los miembros de las Comunidades Cristianas Campesinas FABIÁN BUITRAGO ZULUAGA, GILDARDO RAMÍREZ Y MARCOS MARÍN, cuando se encontraban en la vivienda de la familia Buitrago, ubicada en la vereda Santa Rita, corregimiento Estación Cocorná del municipio Puerto Triunfo, departamento de Antioquia.


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Los hermanos BUITRAGO RAMIREZ y los campesinos FABIAN, GILDARDO y MARCOS, realizaban un trabajo misionero desde las Comunidades Cristianas Campesinos, buscando desde la inspiración del evangelio la construcción de condiciones de vida digna, más humanas y justas de los campesinos de la región. Las reflexiones bíblicas se alternaban allí con tareas organizativas de cooperativas, de grupos de salud, deportes y alfabetización.

CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS, habían terminado de jugar un partido de fútbol, estaban en la casa reposando, cuando llegaron 4 hombres armados, uno de ellos vistiendo sudadera y los demás uniformes militares, preguntaron por Don Manuel Buitrago, padre de Alirio y Carlos pero éste no se encontraba. Dijeron entonces que querían conversar en privado con los hombres que se encontraban allí. Los apartaron de la casa hacia la raíz de un árbol y allí los asesinaron.

Al escuchar los disparos, la madre de Carlos y Alirio huyó por la parte de atrás de la casa con sus dos hijos menores, ocultándose en el bosque hasta que otros vecinos llegaron a ver qué sucedía. Cuando fueron a buscarlos, los cinco cuerpos yacían debajo del árbol bañados en sangre. Dos de las víctimas tenían 10 años de edad.

Los jóvenes campesinos, fueron asesinados por cinco hombres de la estrategia militar encubierta de tipo paramilitar liderados por MATÍAS SUÁREZ, terrateniente de la vereda Santa Rita, acompañado entre otros por dos policías de la Estación Cocorná, uno de ellos llamado CARLOS, el grupo era financiado por ENRIQUE GÓMEZ y CARLOS GARCÍA conocido como “El Gordo”.

El Inspector de Policía de Cocorná se negó a realizar el levantamiento de los cadáveres y en la morgue de Puerto Triunfo se negaron a realizar la necropsia. Familiares y vecinos llevaron los cuerpos sin vida hasta Cocorná donde fueron sepultados.
El domingo 19 de septiembre, en la tarde, Monseñor BERNARDO ARANGO, Obispo de Barrancabermeja, concelebró la Eucaristía exequial con un numeroso grupo de sacerdotes. (Anexo Texto completo de la Homilía)
Después de la masacre los policías que participaron de los asesinatos huyeron del pueblo. El Comando del Ejército informó a través del periódico El Tiempo, el día 23 de septiembre de 1982, “que el pasado 17 de los corrientes en la vereda Santa Rita, jurisdicción de Estación Cocorná. Enfurecidos campesinos por la persecución de que han sido víctimas por parte de la guerrilla, enfrentaron a una cuadrilla de las FARC y dieron de baja a Carlos Augusto Buitrago Ramírez, Fabriciano Buitrago Zuluaga, Aliño Buitrago Ramírez, Marcos Marín y Gildardo Ramírez’.

Después de haber denunciado los hechos toda la familia fue amenazada y se vio obligada a desplazarse. Como consecuencia, su tierra quedó abandonada, lo que agravó su situación económica, sobreviviendo gracias a la solidaridad de las personas.
Sin embargo, la familia Buitrago no perdió la esperanza, su madre, Doña Herlinda Buitrago, comunicó días más tarde a las Comunidades Cristianas Campesinas: “Esto es un caso muy doloroso para nosotros, pero mis hijos no murieron. Ellos siguen vivos en el corazón del pueblo y su sangre le da vitalidad a la comunidad. Ellos cumplieron la voluntad de Dios. Todo aquel que da la vida al mundo por los demás y llevando una vida cristiana como eran mis hijitos y mis compañeritos y mi hermanito, están haciendo la voluntad de Dios. Todo el pueblo lloró a mis hijos porque no encontraban delito para haberlos matado tan dolorosamente. Y porque miraban que eran verdaderos cristianos. Ellos compartieron el Evangelio, ayudándoles a descubrir la realidad a los demás, participando en las tareas del hogar, estudiando la Biblia en familia. Pero este ejemplo será eterno. Ellos ya pasaron a la vida eterna, pero con su resurrección siguen siendo vivos entre todos nosotros para siempre. Porque el que ama a sus hermanos hasta dar su vida por ellos tendrá la vida eterna.”

Desde 1978 se había detectado en la zona del Magdalena Medio la presencia de un grupo armado conformado por “civiles” armados de la estrategia militar encubierta, pagados por terratenientes y dirigidos y entrenados por militares. Tres jóvenes sicarios que se entregaron a las autoridades de San Vicente de Chucurí, en enero de 1983: MANUEL y CLODOMIRO NIÑO y PEDRO PABLO ORTÍZ revelaron minuciosos detalles sobre el accionar de dicho grupo; el grupo se había formado en la Inspección de San Juan Bosco de la Verde (Municipio de Santa Helena del Opón), donde el Inspector ISIDRO CARREÑO LIZARAZO había sido el principal promotor. Dicha inspección era visitada constantemente por altos oficiales del Ejército que se movilizaban en helicópteros, quienes eran los que proporcionaban las armas y entrenaban. Este grupo apoyó la creación del grupo paramilitar en la región de Puerto Triunfo.
Entre 1981 y 1982, también se organizó en Puerto Boyacá otro grupo paramilitar durante la alcaldía del Capitán del Ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Desde 1979, en el marco del “Estatuto de Seguridad”, se gestaba en esta región este nuevo momento de la génesis de la inequidad de 1962, las estrategias militares encubiertas y clandestinas, el paramilitarismo del Magdalena Medio. Como lo expresa una carta de un grupo de sacerdotes de Puerto Boyacá, dirigida a la Conferencia Episcopal en 1979. (Anexo Carta de sacerdotes de Puerto Boyacá – 1979)
Después del asesinato de los jóvenes catequistas se produjo una alarmante oleada de crímenes y atentados en la zona. Monseñor Bernardo Arango, Obispo de Barrancabermeja, visitó al Presidente de entonces, Belisario Betancurt, ante quien denunció los crímenes que los paramilitares estaban cometiendo en la región; ninguna medida fue tomada por el alto gobierno para garantizar la vida de los pobladores, ninguna investigación se abrió para esclarecer la autoría de la muerte de los catequistas y ninguna acción se emprendió para desmontar los grupos paramilitares apoyados por la fuerza pública.

CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS y campesinos del Magdalena Medio asesinados y desaparecidos… EN LA MEMORIA…

CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS y campesinos del Magdalena Medio asesinados y desaparecidos… SIN OLVIDO…

Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2006

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

ANEXOS

“HOMILÍA DE MONSEÑOR BERNARDO ARANGO, OBISPO DE BARRANCABERMEJA, EN LA EUCARISTÍA EXEQUIAL DE LOS CATEQUISTAS DE ESTACIÓN COCORNÁ. SEPTIEMBRE 19 DE 1982
Queridísimos hermanos y hermanas de esta amada Parroquia de Estación Cocorná:
Hoy nos reunimos en la Iglesia parroquial como tantas veces, pero ya no sólo como para celebrar la Eucaristía, sino para derramar nuestro corazón dolorido en la presencia del Señor e implorar su infinita misericordia en favor de nuestros queridísimos hermanos y compañeros tan injusta y tan vilmente sacrificados por la fuerza del mal.
Carlos, Alirio, y Fabián Buitrago; Marcos Marín y Gildardo Ramírez, ya no están con nosotros como lo acostumbraban, por que un arma homicida y alevosa les tronchó la vida en la flor de la edad; cuando eran una bella promesa para nuestra comunidad, para sus familias, para la Iglesia, para la patria.
Todos vosotros que los tratabais a diario y que los conocíais desde su niñez y fuisteis testigos de sus conductas ejemplares, de su manera cristiana de pensar y de obrar, estáis ahora sumidos en la aflicción y el dolor.
También nosotros: el Obispo, los sacerdotes, y los fieles todos de la Diócesis de Barrancabermeja, los que personalmente los conocimos o ahora después de la tragedia oímos hablar de ellos, de sus honorables familias, de sus vidas intachables y llenas de bondad, de su servicidad, de su verdadero y auténtico cristianismo. A nosotros, repito, también nos invade el sentimiento de amargura ante el crimen horrendo y repudiable.
Por eso estamos aquí con vosotros, lloramos y sufrimos a la par de vosotros, porque sabemos que con este gesto de amistad y con este comportamiento de presencia en vuestro honor, en vuestra pena, os será menos doloroso este momento y recibiréis un consuelo en el dolor.
Aún con nuestra conciencia cristiana sentimos la urgencia y el deber de denunciar este crimen atroz ante las autoridades, ante las fuerzas del orden, ante toda la sociedad colombiana. Tenemos que rechazar y condenar este crimen alevoso que es producto de la violencia nacida del olvido de Dios que lleva a la falta de respeto a la vida, enardeciendo las pasiones de la fiera armada, pérdida de la convivencia pacifica, olvidando la confraternidad y el amor de los verdaderos hijos de Dios.
Cuando salvajemente y sobre seguro, al amparo de las sombras de la noche, se dispara sobre jóvenes inermes e indefensos, seguramente se está cometiendo un acto villano y de cobardía. Enmascaradas están las vidas de quienes de atrevieron a ejecutar.
Gente extraña, desconocida en la región, que llega de improviso para buscar a determinadas personas y segar sus vidas, nos hace sospechar que es gente mandada, contratada y pagada para hacer el mandado de la muerte.
Ojalá que los que se saben culpables de la orden infame o de la ejecución violenta, puedan algún día sentir remordimiento y pedirle perdón a Dios y a la sociedad a la que tan gravemente han ofendido. Porque ciertamente han cometido un crimen abominable, antievangélico y anticristiano.
Nada más opuesto precisamente a lo que los jóvenes caídos creían, practicaban y enseñaban. Ellos eran también catequistas, mensajeros de la buena nueva de la fraternidad y de la convivencia, de la paz. Por eso los mataron, porque quisieron acallar esa voz y esa conducta que les resultaba incómoda a quienes se sentían por ellos reprendidos y amonestados.
Pero amadísimos hermanos, nosotros no estamos aquí presentes ante el Señor para condenar sino para perdonar. El Señor es el justo juez que no se olvidará de hacer cumplir a sus cristianos: “tanto amó al mundo que entregó su vida por él”.
Ahora pidamos para que nuestros hermanos sacrificados reciban del Señor el premio de sus buenas obras, mientras oramos por sus familias para que sean consoladas. Para que se restablezca la paz y la felicidad en la región y todos puedan regresar a sus casas y trabajos sin temor ni sospechas. Pidamos porque la gloria del Señor los acoja a ellos, a nuestros queridos hermanos desaparecidos, que sus almas gocen pronto de su visión eterna; que la compañía de los ángeles y de los santos de José y de María a quienes veneraron en la tierra, de Cristo a quien conocieron, predicaron y amaron, recibiéndolo tantas veces en la Sagrada Eucaristía, sea garantía segura de su futura resurrección.
Ahora ya ellos en la eternidad inalterable, en la felicidad permanente en la casa del Padre esperan que un día subamos con ellos para vivir juntos en la alegría perpetua por toda la eternidad”.

CARTA DE LOS SACERDOTES DE PUERTO BOYACA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. 1979
Puerto Boyacá, 1979

EXMOS. SRS. OBISPOS
Conferencia Episcopal
Bogotá

Exmos Srs:

Reciban nuestro cordial y fraternal saludo en la caridad pastoral que nos urge.

Por medio de la presente queremos hacer llegar a Uds. Nuestras preocupaciones y las de nuestros fieles desde la realidad concreta de esta zona del Magdalena Medio donde prestamos servicios pastorales a la Iglesia de Cristo.

Somos testigos y partícipes de la terrible represión que el ejército viene implementando cada vez con mayor despotismo desde noviembre del año pasado en la zona rural y urbana de los municipios de Puerto Boyacá y Cimitarra.

Acá, en virtud del famoso Estatuto de Seguridad, se están cometiendo toda clase de arbitrariedades y atropellos contra la población campesina y urbana. Ya nadie puede estar seguro en ninguna parte, pues a la hora que menos se piensa el ejército detiene y arresta masivamente a todos los ciudadanos sin consideración ni respeto alguno a las normas legales: aquí ya está sucediendo lo que afirma Mons. Pedro Pubiano en una entrevista periodística “de que en virtud del Estatuto de Seguridad se está considerando a toda persona como un delincuente mientras no se pruebe lo contrario cuando en un Estado de Derecho todas las personas se consideran honestas mientras no se pruebe lo contrario”.

Pensamos que como pastores, guías y orientadores del pueblo de Dios ya hemos hecho lo que estaba a nuestro alcance: hemos informado al Sr. Presidente de la República y a los ministros que tienen que ver con el asunto, la situación que se vive acá. Vino un investigador especial del Ministerio de Gobierno y hasta el momento todo sigue igual y cada vez peor. Estamos desconcertados y tan preocupados por los casos de tortura física, morales, síquicas y sociales que padece la gente que ya no sabemos a quien quejarnos, ni a quien acudir para que las cosas no se empeoren hasta “las reacciones violentas de la desesperación”.

Nos parece que ya no son suficientes ni eficaces las declaraciones y denuncias aisladas de los obispos y sacerdotes, ni siquiera de las diócesis y presbíteros sino que es necesario que la Iglesia Colombiana tome una posición firme y decidida frente a estas situaciones desde todo punto de vista violatorias de los más elementales derechos de la persona humana. Nos gustaría sentirnos respaldados y apoyados firmemente por la Conferencia Episcopal y que ella a su vez emprenda las gestiones pertinentes para que la voz de los que no tienen voz llegue con fuerza a los oídos, hasta ahora sordos de quienes son los responsables directos de la situación. Nos parece que ya nada sirve hablar y denunciar, que es necesario actuar antes que sea demasiado tarde y el pueblo en su desesperación se lance por caminos que nunca hubiéramos querido.

Sugerimos que la Conferencia integre cuanto antes la Comisión de Derechos Humanos y entre de inmediato a actuar pues es necesario que el pueblo de Dios que se nos ha confiado sienta en este momento que sus pastores están presentes y comparten verdaderamente sus angustias y sus esperanzas.

En espera de que nuestra voz sea acogida y escuchada y del apoyo de la Conferencia a todos los sacerdotes y laicos que en este momento luchan por llevar a la práctica su compromiso de ser “voz de los que no tienen voz”, dejamos en sus manos nuestras preocupaciones.

Atentamente:

Gonzalo López a. Pbro.
Párroco
Josué Heli López A. Pbro.
Jubal Casteblanco R. Pbro.

Tomada de la colección “Teología Epistolar” de Dimensión Educativa (Bogotá-Colombia)”