CARLOS AUGUSTO BUITRAGO RAMÍREZ, ALIRIO BUITRAGO RAMÍREZ, FABIÁN BUITRAGO ZULUAGA, GILDARDO RAMÍREZ Y MARCOS MARÍN
Vereda Santa Rita – Estación Cocorná – Puerto Triunfo (Antioquia)
Memoria y Justicia
Hace 25 años, un viernes 17 de septiembre de 1982, hacia las 6:30 p.m. un comando de unidades militares en una actuación de tipo paramilitar, ejecutó extrajudicialmente cinco catequistas de las Comunidades Cristianas Campesinas, en la vereda Santa Rita, corregimiento Estación Cocorná, del municipio de Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia, a quienes presentaron ante los medios de comunicación, como guerrilleros de las FARC EP muertos en combate.
Ese viernes, los catequistas de las Comunidades Cristianas Campesinas CARLOS AUGUSTO BUITRAGO RAMÍREZ, ALIRIO BUITRAGO RAMÍREZ, y los miembros de las Comunidades Cristianas Campesinas FABIÁN BUITRAGO ZULUAGA, GILDARDO RAMÍREZ Y MARCOS MARÍN, pasaron toda la tarde jugando un partido de fútbol y luego se dirigieron a la vivienda de la familia Buitrago, ubicada en la vereda Santa Rita, donde tomaron fresco y reposaron.
A la casa de la familia Buitrago, llegaron cinco militares, uno de ellos vestido de civil y los demás con uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Preguntaron por Don Manuel Buitrago, padre de Alirio y Carlos, quien no se encontraba en la vivienda. Luego los militares apartaron de la vivienda a CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS, los llevaron hacia un árbol al lado de la casa y allí los asesinaron.
Al escuchar los disparos, la madre de Carlos y Alirio huyó por la parte de atrás de la casa con sus dos hijos menores, ocultándose en el bosque hasta que otros vecinos llegaron a ver qué sucedía. Cuando fueron a buscarlos, los cinco cuerpos yacían debajo del árbol bañados en sangre. Dos de las víctimas tenían 10 años de edad.
Posteriormente se tuvo conocimiento de quiénes participaron de la estrategia militar encubierta. El grupo iba guiado por MATÍAS SUÁREZ, terrateniente de la vereda Santa Rita, acompañado entre otros por dos policías de la Estación Cocorná, uno de ellos llamado CARLOS, el grupo era financiado por ENRIQUE GÓMEZ y CARLOS GARCÍA conocido como “El Gordo”.
El Inspector de Policía de Cocorná se negó a realizar el levantamiento de los cadáveres y en la morgue de Puerto Triunfo se negaron a realizar la necropsia. Familiares y vecinos llevaron los cuerpos sin vida hasta Cocorná donde fueron sepultados.
El domingo 19 de septiembre, en la tarde, Monseñor BERNARDO ARANGO, Obispo de Barrancabermeja, concelebró la Eucaristía exequial con un numeroso grupo de sacerdotes, en cuya homilía dio testimonio de la vida de CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS, como catequistas a los que personalmente conoció, al igual que a sus familias.
Los hermanos BUITRAGO RAMIREZ y los campesinos FABIAN, GILDARDO y MARCOS, realizaban un trabajo misionero desde las Comunidades Cristianas Campesinos, buscando desde la inspiración del evangelio la construcción de condiciones de vida digna, más humanas y justas de los campesinos de la región. Las reflexiones bíblicas se alternaban allí con tareas organizativas de cooperativas, de grupos de salud, deportes y alfabetización.
Después de la masacre los policías que participaron de los asesinatos huyeron del pueblo. El Comando del Ejército presentó a CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS como guerrilleros muertos en combate, a través del periódico El Tiempo, el día 23 de septiembre de 1982, afirmando que: ” el pasado 17 de los corrientes en la vereda Santa Rita, jurisdicción de Estación Cocorná. Enfurecidos campesinos por la persecución de que han sido víctimas por parte de la guerrilla, enfrentaron a una cuadrilla de las FARC y dieron de baja a Carlos Augusto Buitrago Ramírez, Fabriciano Buitrago Zuluaga, Aliño Buitrago Ramírez, Marcos Marín y Gildardo Ramírez”.
Después de haber denunciado los hechos toda la familia fue amenazada y se vio obligada a desplazarse. Como consecuencia, su tierra quedó abandonada, lo que agravó su situación económica, sobreviviendo gracias a la solidaridad de las personas. Sin embargo, la familia Buitrago no perdió la esperanza, su madre, Doña Herlinda Buitrago, comunicó días más tarde a las Comunidades Cristianas Campesinas: “Esto es un caso muy doloroso para nosotros, pero mis hijos no murieron. Ellos siguen vivos en el corazón del pueblo y su sangre le da vitalidad a la comunidad. Ellos cumplieron la voluntad de Dios. Todo aquel que da la vida al mundo por los demás y llevando una vida cristiana como eran mis hijitos y mis compañeritos y mi hermanito, están haciendo la voluntad de Dios. Todo el pueblo lloró a mis hijos porque no encontraban delito para haberlos matado tan dolorosamente. Y porque miraban que eran verdaderos cristianos. Ellos compartieron el Evangelio, ayudándoles a descubrir la realidad a los demás, participando en las tareas del hogar, estudiando la Biblia en familia. Pero este ejemplo será eterno. Ellos ya pasaron a la vida eterna, pero con su resurrección siguen siendo vivos entre todos nosotros para siempre. Porque el que ama a sus hermanos hasta dar su vida por ellos tendrá la vida eterna.”
Desde 1978 se había detectado en la zona del Magdalena Medio la presencia de un grupo armado conformado por “civiles” armados de la estrategia militar encubierta, pagados por terratenientes y dirigidos y entrenados por militares. Tres jóvenes sicarios que se entregaron a las autoridades de San Vicente de Chucurí, en enero de 1983: MANUEL y CLODOMIRO NIÑO y PEDRO PABLO ORTÍZ revelaron minuciosos detalles sobre el accionar de dicho grupo; el grupo se había formado en la Inspección de San Juan Bosco de la Verde (Municipio de Santa Helena del Opón), donde el Inspector ISIDRO CARREÑO LIZARAZO había sido el principal promotor. Dicha inspección era visitada constantemente por altos oficiales del Ejército que se movilizaban en helicópteros, quienes eran los que proporcionaban las armas y entrenaban. Este grupo apoyó la creación del grupo paramilitar en la región de Puerto Triunfo.
Entre 1981 y 1982, también se organizó en Puerto Boyacá otro grupo paramilitar durante la alcaldía del Capitán del Ejército Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Desde 1979, en el marco del “Estatuto de Seguridad”, se gestaba en esta región este nuevo momento de la génesis de la inequidad de 1962, las estrategias militares encubiertas y clandestinas, el paramilitarismo del Magdalena Medio. Como lo expresa una carta de un grupo de sacerdotes de Puerto Boyacá, dirigida a la Conferencia Episcopal en 1979. (Anexo Carta de sacerdotes de Puerto Boyacá – 1979)
Después del asesinato de los jóvenes catequistas se produjo una alarmante oleada de crímenes y atentados en la zona. Monseñor Bernardo Arango, Obispo de Barrancabermeja, visitó al Presidente de entonces, Belisario Betancurt, ante quien denunció los crímenes que los paramilitares estaban cometiendo en la región; ninguna medida fue tomada por el alto gobierno para garantizar la vida de los pobladores, ninguna investigación se abrió para esclarecer la autoría de la muerte de los catequistas y ninguna acción se emprendió para desmontar los grupos paramilitares apoyados por la fuerza pública.
CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS y campesinos del Magdalena Medio asesinados y desaparecidos… EN LA MEMORIA…
CARLOS, ALIRIO, FABIAN, GILDARDO y MARCOS y campesinos del Magdalena Medio asesinados y desaparecidos… SIN OLVIDO…
Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
ANEXO
CARTA DE LOS SACERDOTES DE PUERTO BOYACA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. 1979
Puerto Boyacá, 1979
EXMOS. SRS. OBISPOS
Conferencia Episcopal
Bogotá
Exmos Srs:
Reciban nuestro cordial y fraternal saludo en la caridad pastoral que nos urge.
Por medio de la presente queremos hacer llegar a Uds. Nuestras preocupaciones y las de nuestros fieles desde la realidad concreta de esta zona del Magdalena Medio donde prestamos servicios pastorales a la Iglesia de Cristo.
Somos testigos y partícipes de la terrible represión que el ejército viene implementando cada vez con mayor despotismo desde noviembre del año pasado en la zona rural y urbana de los municipios de Puerto Boyacá y Cimitarra.
Acá, en virtud del famoso Estatuto de Seguridad, se están cometiendo toda clase de arbitrariedades y atropellos contra la población campesina y urbana. Ya nadie puede estar seguro en ninguna parte, pues a la hora que menos se piensa el ejército detiene y arresta masivamente a todos los ciudadanos sin consideración ni respeto alguno a las normas legales: aquí ya está sucediendo lo que afirma Mons. Pedro Pubiano en una entrevista periodística “de que en virtud del Estatuto de Seguridad se está considerando a toda persona como un delincuente mientras no se pruebe lo contrario cuando en un Estado de Derecho todas las personas se consideran honestas mientras no se pruebe lo contrario”.
Pensamos que como pastores, guías y orientadores del pueblo de Dios ya hemos hecho lo que estaba a nuestro alcance: hemos informado al Sr. Presidente de la República y a los ministros que tienen que ver con el asunto, la situación que se vive acá. Vino un investigador especial del Ministerio de Gobierno y hasta el momento todo sigue igual y cada vez peor. Estamos desconcertados y tan preocupados por los casos de tortura física, morales, síquicas y sociales que padece la gente que ya no sabemos a quien quejarnos, ni a quien acudir para que las cosas no se empeoren hasta “las reacciones violentas de la desesperación”.
Nos parece que ya no son suficientes ni eficaces las declaraciones y denuncias aisladas de los obispos y sacerdotes, ni siquiera de las diócesis y presbíteros sino que es necesario que la Iglesia Colombiana tome una posición firme y decidida frente a estas situaciones desde todo punto de vista violatorias de los más elementales derechos de la persona humana. Nos gustaría sentirnos respaldados y apoyados firmemente por la Conferencia Episcopal y que ella a su vez emprenda las gestiones pertinentes para que la voz de los que no tienen voz llegue con fuerza a los oídos, hasta ahora sordos de quienes son los responsables directos de la situación. Nos parece que ya nada sirve hablar y denunciar, que es necesario actuar antes que sea demasiado tarde y el pueblo en su desesperación se lance por caminos que nunca hubiéramos querido.
Sugerimos que la Conferencia integre cuanto antes la Comisión de Derechos Humanos y entre de inmediato a actuar pues es necesario que el pueblo de Dios que se nos ha confiado sienta en este momento que sus pastores están presentes y comparten verdaderamente sus angustias y sus esperanzas.
En espera de que nuestra voz sea acogida y escuchada y del apoyo de la Conferencia a todos los sacerdotes y laicos que en este momento luchan por llevar a la práctica su compromiso de ser “voz de los que no tienen voz”, dejamos en sus manos nuestras preocupaciones.
Atentamente:
Gonzalo López a. Pbro.
Párroco
Josué Heli López A. Pbro.
Jubal Casteblanco R. Pbro.
Tomada de la colección “Teología Epistolar” de Dimensión Educativa (Bogotá-Colombia)”