Asegurando la historia oficial y las tierras del progreso
De confirmarse lo que el diario El Espectador informa sobre la decisión de la Corte Constitucional, respecto a uno de los aspectos demandados de la Ley 975, de considerar que los combatientes armados de las Fuerzas del Estado, caídos en confrontaciones armadas son víctimas en iguales condiciones y derechos que los millones de pobladores civiles que fueron desplazados, los millares de víctimas de desaparición forzada, asesinatos selectivos y colectivos, torturas se concluye nuevamente que esa ley no es para las Víctimas de Crímenes de Estado y conduce a la legitimación de la mentira.
Con la que parece ser la decisión del máximo ente, se confunde las identidades de lo civil y lo militar, se construye una simetría política, jurídica y ética que mediáticamente se ha legitimado desde hace más de 30 años. Así la ley 975 desconoce la responsabilidad estatal y es un mecanismo para todo tipo de Víctimas y de Violencias en las que se mimetizan los crímenes de los paramilitares y se limitan las posibilidades de la REPARACION.
No es lo mismo ser Víctima cuando se es un civil, se es desarmado, que cuando se es parte de un grupo armado- O cuando se muere violentamente en desarrollo de operaciones ofensivas o defensivas, de control o de prevención siendo parte o estando armado. Con el contenido de este fallo los tipos de muertos y de víctimas se confunden legitimando la verdad oficial. La ampliación de la comprensión del Concepto de Víctima a todo tipo de persona que muere violentamente, imposibilita la construcción de una VERDAD HISTÖRICA en particular para las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, de Genocidio, es decir, para las víctimas de Crímenes de Estado. Esa simbiosis de Víctimas, asumidos por la Corte, contribuye a la negación de la VERDAD REAL, pues la naturaleza de la Ley que pretendía de suyo desconocer la responsabilidad del Estado en desarrollo de la estrategia paramilitar se ve ahora avalada jurídicamente con este fallo.
No debe olvidarse que la ley 975 contempla que la Comisión Nacional de Reconciliación y de Reparación en 8 años entregará un informe sobre la violencia desarrolladas por actores ilegales. Con la decisión de la Corte se reedita novedosamente la tesis de los dos demonios, usada en el cono sur como justificación de los excesos, y de la simetría entre la violencia estatal y la violencia contraestatal, que aquí y eso es lo novedoso repetimos, en ningún momento contempla la responsabilidad del Estado.
La decisión la Corte, de ser cierta, echa atrás, lo que había manifestado en relación con los criterios de la Verdad y las posibilidades para la alternatividad penal, pues no puede hablarse de una Verdad REAL e HISTORICA cuando se confunde los afectados por la violencia. La equiparación de víctimas de Crímenes de Estado con las combatientes institucionales caídos es absolutamente errada, pues al no diferenciar LOS TIPOS DE DESTRUCCION que se producen en la guerra con las víctimas de Crímenes de Estado, con LAS MOTIVACIONES, LAS CAUSAS Y LA DISTINCION DE TIPOS PENALES estamos negando la diferencia entre El Estado y los Ciudadanos, entre los combatientes y los civiles y legitimando una historia oficial que se monta sobre el discurso de una guerra simétrica entre ilegales.
Territorios: sepultura de información, seguridad del progreso
Pero el ESTADO DE HECHO en construcción a través de la institucionalización paramilitar, entre otras medidas, continúa sin ningún tipo de cortapisas, al lado del exabrupto constitucional, que da más alas al poder de facto que desarrollan a través de sus estrategias de control político, social e institucional y que contribuye a la construcción de un imaginario discursivo sobre las violencias ilegales, en el que el Estado desaparece o es una víctima, la fase de la imposición de la mentira continúa.
La pretensión de asegurar la propiedad ilegal de la tierra y de los Territorios de los desplazados y de borrar las pruebas de ilegalidad en la apropiación se desarrolla nuevas tácticas. Una sobre servidores público como las que revela el reportaje del diario El Tiempo “Los paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar” y con las nuevas fases de desmovilización” en el Bajo Atrato.
Las oficinas de Instrumentos Públicos se han convertido en el blanco de operaciones armadas de tipo paramilitar por que en ellas reposa la memoria de los mecanismos fraudulentos que se han usado en la apropiación de las propiedades, de los traspasos ilegales que han ocurrido en todo el país. En este intento de control de la información que reposa en las oficinas, no se puede ocultar, que desde hace más de 10 años, estas han guardado por miedo absoluto silencio y hermetismo, y en muchos casos, han sido cómplices con el delito de la apropiación territorial a través de la violencia como en el bajo Atrato, Sucre, en Atlántico, Meta. La situación refleja que la aplicación del Decreto 2007 de “Protección de bienes” tiene un límite y ese mismo límite son las actuaciones de tipo paramilitar, que encubre y protege a los beneficiarios de la apropiación de tierras.
Pero no hay que olvidar, las primeras víctimas no fueron los funcionarios, sino como en el caso de Sucre, fueron los campesinos, aquellos que se atrevieron a hablar, a denunciar, a afirmar sus derechos por la tierra. Luego de que estos reclamaron ante las autoridades pertinentes la aplicación del Decreto 2007 o reclamaron ante la ocupación de sus predios fueron amenazados, asesinados u obligados a desplazarse a otra región del país.
Y es imposible dejar a un lado de reconocer la responsabilidad de los Notarios y de las Oficinas de Instrumentos Públicos, que por miedo, por necesidad participaron en el diseño de los mecanismos de apropiación de las propiedad en todo el país. Basta recordar, lo sucedido con la siembra de palma y la extensión ganadera en el Bajo Atrato posible gracias a los procedimientos adoptados.
Luego del desplazamiento y de la presión en fincas paramilitares, a sus legítimos poseedores, los Notarios y las Oficinas de Instrumentos Públicos traspasaban propiedades, registraban firmas falsificadas en presencia de las víctimas y de los acompañantes paramilitares, entre ellos, el conocido como “El Palillo”, quien se sentaba a manteles con los funcionarios
La violencia que hoy se desata no solo pretende asegurar la propiedad si no borrar las pruebas de la ilegalidad que implica a las estructuras armadas pero también a señores de la tierra que se ocultan tras de la violencia y la apropiación ilegal que le sigue. Es un mecanismo paralelo y con las mismas pretensiones del traslado de las fosas comunes negar a comisión de un crimen de Lesa Humanidad, negar un crimen de guerra la apropiación de tierras, negar la verdad.
Esta estrategia de legalización y de ocultamiento de la verdad se ha acompañado de otros mecanismos de acuerdo con las necesidades tácticas. E otros casos, se desata una primera fase de violencia, luego una de repoblamiento y ocupación territorial para crear socios. Son campesinos de otras regiones del país, a quienes no se les informa sobre los propietarios de la tierra, pero se les fomenta en la creación de asociaciones cooperativas, como en el caso de Belén de Bajirá en limites con el Curvaradó y en el caso de La Balsa en el Cacarica. Se apropian ilegalmente de la tierra y otros aparecen como sujetos de derecho por posesión.
Luego en medio del silencio sepulcral del Ministerio del Interior, de Codechocó, se firman contractos de usufructo sin que las comunidades negras, los legítimos propietarios hayan sido CONSULTADOS. Así ocurre con Urapalma en el Curvaradó y Multifruit en el Cacarica, en coincidencia con presencias de tipo paramilitar que hoy parecen ser reconocidas no por el Gobierno colombiano sino por la revista Semana en el artículo “El ‘Führer’de Urabá”
Los proyectos agroindustriales de Palma, de Baby, de extensión ganadera y explotación maderera en el bajo Atrato se desarrollaron en varias fases de control territorial productivo. En el Cacarica desde 1998 con la deforestación mecanizada con Maderas del Darién Filial de Pizano S.A hasta dar paso hoy a la empresa Multifruit que a su vez esta en convenio con la multinacional Del Monte de los Estados Unidos. Todo esto en La Balsa asegurado con una base paramilitar. En el caso de Curvaradó y Jiguamiandó con explotación de recursos maderables de diversas empresas, y desde el 2000 con la implementación de la palma de aceite, luego de 15 desplazamientos forzados y la presencia permanente de tipo militar o paramilitar.
Aunque en todo tipo de explotación se ha pretendido simular la participación comunitaria, en aquellos territorios que se logró el desalojo de la población, se iniciaron fases de control social con su involucramiento en políticas institucionales de guardabosques y simultáneamente con el apoyo bajo la estrategia paramilitar de maquinaria para la explotación maderera. Explotación sobre predios que no son de los poseedores que se convirtieron en trabajadores en el esquema de control paramilitar. Pero no solo explotaron sus predios sino de Resguardos Indígenas, a quienes se les ha negado su derecho de habitarlos en paz, como en el Truandó.
También está el caso de uno de los Resguardos, a quiénes los paramilitares han presionado para que se desmovilicen con ellos para ser reubicados en otros lugar.
Ah y no hay que olvidar, quiénes se oponen son las nuevas víctimas, los blancos de amenazas o se encuentra in curso acusados falsamente de rebelión, de desplazadores y de asesinos. Será esta madera de conflicto? Frutos del conflicto? Qué dicen los consumidores internacionales? Es justo ?
La próxima desmovilización del Bloque “Elmer Cárdenas” será la legitimación pública de la nueva fase de control territorial en el bajo Atrato a través de que ya no es el Proyecto de Alternatividad Social, PASO, sino el “Sistema Regional de Construcción de Paz” a través del cual se pretende asegurar el Territorio de pueblos afrocolombianos e indígenas, y comunidades mestizas para el “progreso” explotación minera, carretera panamericana, sistema de integración eléctrica, palma, caucho, cacao y baby de exportación.
Las cabezas públicas de la estrategia criminal de tipo paramilitar gozan de fuero especial por haber servido “a la patria” y a los nobles “valores de la democracia” y del “progreso”. Hoy se pasean por las propiedades mal habidas, en las que desarrollan proyectos de la agroindustria, ostentan de sus dineros sucios en centros comerciales, en los más costosas clínicas, mientras sus instigadores, sus financiadores, y los sectores de poder que a ellos protegieron, por los que ellos trabajaron gozan también de sus riquezas y de su poder, y todos se alegran con una ley que los protegerá a todos, quines habrían podido ser conocidos públicamente como criminales, para que por lo menos la indignación social se convirtiera en el resorte de una verdadera democracia.
La “desmovilización” asegura la tierra y los Territorios, por eso muy pocos de los más de 3.8 millones de desplazados asumen el Derecho al Retorno o el Derecho a la Tierra. La mayoría de las víctimas de sus crímenes viven en el exilio, son parte de los millones que habitan en los cinturones de miseria de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cartagena, de Cali, de Guajirá, de Cúcuta, de Villavicencio, de Pasto, de Puerto Asis, de Turbo, de Apartadó, de Chigorodó, de Dabeiba, donde intentan sobrevivir en la ley del silencio, en el principio cotidiano de callar para respirar y de rebuscar para mal comer.
Por eso indigna, el fallo de la Corte, porque confunde y legitima; indigna la persecución para borrar las pruebas de la posesión ilegal de las tierras; indigna el espectáculo de una nueva desmovilización en el bajo Atrato; indigna el consentimiento institucional y social con las lógicas criminales y el desprecio por las víctimas, por su memoria y su historia.
Adjuntos
MILITARES SON VICTIMAS DEL CONFLICTO, tomado de El Espectador 29 de julio de 2006
“EL FUHRER DE URABA” tomado de REVISTA SEMANA Edición del 30 de julio de 2006 LOS PARAMILITARES CONVIERTEN A OFICINAS DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS EN OBJETIVO MILITAR Tomado de El Tiempo 29 de julio de 2066
Corte Militares son Víctimas del Conflicto
Justicia y Paz ampara a F.M.
Redacción Judicial
Al fallar esta semana una nueva demanda en contra de la Ley de Justicia y Paz, la Corte Constitucional aceptó que los miembros de las Fuerzas Militares puedan considerarse como víctimas del conflicto armado y por tanto se les debe pagar una indemnización en caso de que resulten afectados por grupos ilegales .
La decisión del alto tribunal cerró de plano el debate abierto por organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional, las que han venido alegando que los militares también eran actores de la confrontación armada en Colombia.
En su fallo del miércoles pasado, categóricamente la Corte sostuvo que se pueden considerar como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante de los miembros de los grupos armados ilegales.
Para los magistrados la condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, capture o condene al autor de la agresión. Sin embargo, ONG nacionales como el Colectivo de Abogados y la Comisión Colombiana de Juristas, siempre habían colocado a los miembros de las Fuerzas Militares como otro actor más del conflicto amado, pero el Gobierno y buena parte del Congreso de la República nunca aceptaron este término.
Pero lo que más causará polémica en el país es que además de indemnizar a los militares, los familiares de éstos también pueden considerarse como víctimas del conflicto y por consiguiente deberán ser objeto de resarcimiento económico por parte de los victimarios y el Estado.
“También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiera dado muerte o estuviese desaparecida”, sostuvo la Corte Constitucional en su fallo del miércoles.
Sin embargo, la corporación aclaró que la reparación a familiares y miembros de la Fuerza Pública no comprende aquellos riesgos y casos que ya están cubiertos por el sistema de seguridad social.
Con esta sentencia el alto tribunal también puso de presente que la Ley de Justicia y Paz no sólo era aplicable para los grupos paramilitares colombianos que están culminando un proceso de paz y de desmovilización sino que es posible aplicarla a la guerrilla. Polémica en la que se habían centrado políticos, analistas y organismos internaciones, quienes en su momento aseveraron que la mencionada ley había sido únicamente para blindar el proceso de paz con las Auc.
La indemnización
En la misma sala plena del miércoles pasado, la Corte Constitucional también sentenció que la reparación que deben hacer los grupos armados ilegales a sus víctimas no es únicamente con los bienes adquiridos ilícitamente tal y como lo advertía la Ley de Justicia y Paz en uno de los numerales del artículo 45, sino a la vez con aquellos obtenidos de manera lícita.
En concepto del máximo tribunal de control constitucional, esta norma que limitaba su aplicación a los bienes de procedencia ilícita, se constituía en una restricción del derecho de las víctimas a la reparación integral.
La Corte igual sostuvo que para que los desmovilizados, ya sean de las Auc o de la insurgencia, puedan gozar del beneficio de libertad a prueba, los condenados dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz deberán de entregar al Fondo para la Reparación de las Víctimas sus bienes y en caso de que no los tengan, tendrán que suscribir un acuerdo con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación donde asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.
Pero según algunos voceros de la Corte, en este artículo también se abre la posibilidad de una nueva polémica, por cuanto en caso de que los victimarios no tengan cómo reparar, el Estado deberá hacerlo.
De esta forma, la Corte Constitucional cerró las controversias en el sentido de que la Ley de Justicia y Paz había sido confeccionada sólo para las Auc y que los militares eran parte del conflicto armado colombiano.
Julio 29 de 2006
Los paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar
Allí reposan pruebas de cómo ellos, sin importar rango, o sus testaferros, se han ido apropiando, poco a poco, de cientos de predios.
Así parecen demostrarlo casos como el incendio de la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar (Cesar), el asesinato de dos funcionarios en Sincelejo y Cali y la alteración de datos en Montería.
En Valledupar, zona de influencia del desmovilizado bloque Norte, cuyos jefes eran Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, el 29 de enero se prendió fuego a 20.000 folios. Las autoridades están seguras de que se pretendía borrar evidencia.
“Fue un incendio direccionado. Eran las transacciones de los últimos dos años”, dice el superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute. Y agrega que, por suerte, la información ya estaba en un software.
El funcionario también califica de anormal la falla que se presentó en febrero pasado cuando iba a entrar en funcionamiento el nuevo sistema de registro de Montería: “Hay rastros de adulteración”.
Aunque en esa seccional dicen que todo se debió a problemas en la sistematización, hoy hay abierta una indagación disciplinaria.
Pero hay hechos más graves. Actualmente se investiga si el móvil de los asesinatos de dos jefes de registro fue su negativa a legalizar millonarias compraventas de tierras de ‘paras’ y narcotraficantes.
Uno de las víctimas es Óscar A. Moreno, de la oficina de Sincelejo, asesinado en octubre del 2004. Moreno ocupó el mismo cargo en Valledupar, pero tuvo que salir de allí tras el asesinato de su esposa.
Martha I. de Sánchez, jefe de registros en el Valle, también cayó acribillada ese año. Aunque aún nadie sabe quién la mató, reporteros de EL TIEMPO en Cali establecieron que la funcionaria habría descubierto una red de testaferrato con bienes de un conocido narco y de un paramilitar.
Según la investigación, en esa oficina se han hallado casos de familias humildes a las que les figuran bienes por 17.000 millones de pesos.
Y hace una semana, un jefe de registro de un pueblo de Antioquia fue trasladado ante las amenazas de muerte del líder ‘para’ de la zona.
Según la Procuraduría, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la guerrilla y los narcos les han quitado a los desplazados 3 millones de hectáreas. Y según cuentas de la Contraloría, un 33 por ciento está en manos ‘paras’: algo más de un millón de hectáreas.
Sin embargo, hoy los ex comandantes de las Auc hablan de devolver solo 100 mil hectáreas -de las cuales 35 mil ya estarían listas- para indemnizar a sus víctimas.
A pesar de la intimidación, Instrumentos Públicos y notarías del país han reportado en los últimos dos años 26.000 operaciones sospechosas.
A raíz de los atentados contra las Oficinas de Instrumentos Públicos y sus funcionarios, la memoria de la propiedad de las tierras en Colombia no solo opera ahora desde un sitio secreto en Bogotá, sino que, además, se dispuso que una copia de seguridad fuera enviada a otro país.
Cómo protege el Gobierno los predios de los desplazados
Para enfrentar el robo de tierras a los desplazados, el Gobierno (a través de Acción Social) puso en marcha en el 2003 el programa ‘Tierras y Patrimonio’.
A través de él, autoridades locales denuncian qué predios fueron desalojados a la fuerza y, de inmediato, quedan comercialmente congelados. A la fecha, ya hay protegidos 50.214 derechos de propietarios, ocupantes, poseedores y tenedores de tierras en todo el país.
“Lo que buscamos es que, al menos jurídicamente, la propiedad quede en manos de sus verdaderos dueños”, dice el superintendente Cuello.
En total, son 780.809 hectáreas con las cuales nadie puede transar sin un estudio previo sobre sus verdaderos dueños.
De los 44 municipios con este tipo de medida, 14 se encuentran en Norte de Santander, donde hay protegidas más de 34.000 propiedades.
Según la coordinadora del programa, Myriam Hernández, el Gobierno ampliará la protección otras zonas.
“Se hace a través de dos vías: la protección individual, una vez la persona afectada pone la queja, y la colectiva, cuando hay riesgo de desplazamiento masivo”.
La protección es gratuita, por eso, alertó que abogados e incluso ONG del Tolima y de los Montes de María que están exigiendo plata por este trámite, deben ser denunciados. El Incoder, Acción Social y autoridades locales son los encargados del proceso
PERFIL
El ‘Führer’de Urabá
Cómo un joven de escasos 22 años llegó a convertirse en ‘El Alemán’. El jefe de uno de los grupos paramilitares más combativos del país, que esta semana se desmoviliza.
Al penetrar la selva de Chocó desde Turbo y por el río Atrato, hay un dicho que repiten nativos, colonos e indígenas durante el recorrido: “Aquí paramilitarismo y Estado son la misma cosa”. De ser así, su máximo líder es Freddy Rendón Herrera, alias ‘Luis Alfredo Berrío’ o más conocido como ‘El Alemán’. El último de los jefes purasangre de las autodefensas que comienza su desmovilización esta semana.
El territorio bajo su control ha sido el Urabá chocoano, una región repleta de una naturaleza exuberante. Los pueblos de Arboletes, San Pedro, San Juan, Belén de Bajirá, El Cuarenta, Barranquillita, Babilla, Carmen del Darién, Murindó, Viguía del Fuerte, Bojayá, Balsa, Riosucio, Ungía, Acandí, Necoclí y otro puñado de corregimientos -que parecen grandes campamentos en medio de la selva- hacen parte de él.
Son tierras bañadas por decenas de ríos de todos los caudales, habitada por animales exóticos y una vegetación considerada como una de las reservas ecológicas más importantes de la humanidad. Una región de contradicciones en la que esta riqueza choca con la miseria de sus habitantes.
Necoclí, en especial, se ha erigido como el gran centro de operaciones y, desde allí, se ha tejido todo tipo de mitos acerca de la historia de su comandante.
La primera vez que ‘El Alemán’ llegó a este municipio fue en 1994, como ayudante de un camión cervecero. Se enamoró de la zona y allá tuvo su único hijo. Venía de Medellín, luego de que su familia fuera desplazada por la violencia de la vereda las Ánimas en Amalfi, Antioquia. Sus padres sólo pudieron costearle estudios hasta primero de bachillerato, y el trabajo como ayudante fue la única opción que tuvo al ver frustrado sus sueños: ser policía o piloto de avión.
Una vez radicado en Necoclí, comenzó a trabajar como tendero de un almacén de víveres. “Los campesinos me contaban historias de los guerrilleros y yo les pasaba la información a las autodefensas”, comenta sobre sus inicios en un pequeño grupo que luego se conoció como La 70, porque alguna vez llegó a ese número de miembros. Pero en ese momento eran sólo 19, los que compartían una obsesión: librarse del azote de la guerrilla del EPL y de su líder ‘Bocatula’, “el personaje más macabro que ha pasado por la región”, dice.
Tomó la decisión de vincularse de lleno al grupo en 1996, con sólo 22 años de edad. Ahí recibió la pistola cromada 9 milímetros que aún porta y que tuvo con salvoconducto:”Llegó Carlos Castaño, nos reunió y se echó un discurso de dos horas que me dejó boquiabierto”.
El grupo cambió de nombre luego que muriera Élmer Cárdenas, el segundo de la organización, por el tiro certero de un guerrillero, cuando iba en una lancha a la altura de Remacho, por el río Jiguamiandó.
En 1998 aún no estaba convencido del todo de que su verdadera vocación fueran las autodefensas. Para superar la crisis que esto le generó, viajó a Francia con ocasión del Mundial de fútbol, una de sus pasiones. Conoció varios países europeos y luego se trasladó a Estados Unidos, país que dice admirar: “Es la democracia más perfecta del mundo, tanto que casi parece una dictadura”.
A finales de ese mismo año regresó a Colombia convencido de que su camino era la guerra. Su obsesión por el orden y la disciplina le hizo merecedor del apodo de ‘El Alemán’. En ese momento tomo las riendas del grupo y su relación con algunos de sus subalternos, ha llegado a ser tan estrecha que lo llaman ‘apá’. “Dicen que tengo dotes de pastor, porque me gusta orar y encomendar todo lo que hago a Dios”.
Sin embargo, su ascenso en el grupo respondió a cualidades más terrenales. Su alma de guerrero se convirtió en el pasaporte de entrada a las grandes ligas del paramilitarismo y, en especial, a la casa de los Castaño, oriundos de su misma región.
Fue por eso que nació el mito de que eran familiares, pues en la primera reunión de las Autodefensas Unidas de Colombia, en Córdoba, tanto Vicente como Carlos se referían a él como ‘el primo’. En privado le decían ‘Alemancito’.
Su pasión por el combate es tal, que incluso en uno de los encuentros de las AUC, mientras todos descansaban, él hacía tiros de ametralladora en el polígono, según lo confirmaron tres jefes paras. ‘El Alemán’ asegura que eso es mito y su labor ha sido más de estrategia que en la línea de batalla. “Yo nunca he participado en ninguna confrontación con la guerrilla”, dice.
¿Cuál es la razón para negarlo? Tal vez sea el temor a que lo relacionen directamente con las centenares de muertes de civiles que se le atribuyen a su grupo y con las que se tiñó de sangre este trozo de selva.
A su bloque Élmer Cárdenas se le relaciona con el episodio de un grupo de paras que luego de cortar la cabeza de una de sus víctimas, jugó fútbol con ella. También con el asesinato con sevicia de mujeres embarazadas y la quema de caseríos. Fue el grupo que combatió con las Farc cuando uno de los cilindros explosivos de la guerrilla acabó con la vida de 119 personas que se refugiaban en la iglesia de Bojayá. “La naturaleza de la guerra es sangrienta. Murieron muchos civiles por información mal dada y que nosotros creímos que eran guerrilleros vestidos de civil”. Y buscando dar más explicaciones, agrega: “hubo personas que militaron con nosotros que hicieron actos nefastos, y pagaron por ello. Fueron fusilados”.
Se le cuestiona además por su relación con el Ejército, en particular con la Brigada XVII que opera en la zona y que ha sido centro de críticas porque algunos de sus miembros han violado los derechos humanos. “Nunca hemos tenido un matrimonio con ellos. Digamos que han sido tolerantes”.
También que ad portas de su desmovilización, el grupo continúa combatiendo. Durante la segunda semana de julio fueron noticia las refriegas en Taparal y Truandó, cerca de Riosucio. Esta vez la guerrilla llegó a una zona maderera en la región del Élmer. La ocupación dejó un saldo confirmado de 14 aserradores muertos, pero algunos de los sobrevivientes, consultados por SEMANA, aseguran que dentro de la selva quedan por lo menos cinco cuerpos más, sin contar las bajas de cada bando.
El lanchero, el personero de Riosucio, los profesores, el párroco, los aserradores, todos explican con diferentes palabras, pero con los mismos argumentos, por qué la madera no sólo es su principal fuente de riqueza sino la causa de sus desgracias.
Según ‘El Alemán’: “La industria maderera del Atrato fue nuestra alma”. Pues el Élmer Cárdenas custodiaba y supervisaba el negocio maderero de la región, y de ahí obtenía gran parte de su financiación. En la región hablan del ‘Plan Motosierra’ para referirse a las 87 motosierras que los paramilitares les entregaron hace dos años a aserradores para que trabajaran en el corazón de la selva. Además, los equiparon con mulas, gasolina y víveres. Con esta dotación los trabajadores empeñaban la madera cortada. Con cada entrega se iba descontando una parte del saldo de la deuda. Durante un tiempo el monto restante se cancelaba con unos vales que sólo se podían hacer efectivos en determinadas tiendas. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron esta práctica que recordaba los tiempos feudales. “Ustedes hablaron con las personas equivocadas”, dice molesto ‘El Alemán’. “A los campesinos nunca se les pagó con vales sino con dinero para que hicieran lo que quisieran”.
Esta relación entre paramilitares y aserradores ha puesto a estos últimos en la mira de la guerrilla. Así lo confirman los últimos incidentes. Nadie quiere volver a la selva y el miedo es una constante en Riosucio que, según algunos de sus moradores, vive de muerte en muerte. Como si hubiera sido fundado para ser masacrado.
La madera es sólo uno de los negocios de la región. Urabá es la esquina ‘caliente’ del país, fronteriza con Panamá, que, por su ubicación geográfica, es sitio de paso por excelencia para el tráfico de armas, drogas y contrabando. Para ‘El Alemán’ eso es otro de los mitos. Pero de acuerdo con oficiales de la Policía de la zona, estos negocios sí se dan, y no en poca monta.
Mientras en sus declaraciones le hace el quite a este tipo de actividades, no disimula el entusiasmo que le despiertan las actividades agrícolas. En especial los proyectos que desde hace un par de años su grupo lidera.
Esta iniciativa comenzó llamándose Proyecto Agrícola y Social (Paso) y hoy es denominada Sistema Regional de Construcción de Paz. En esencia lo que busca es la participación de gobierno, empresarios y campesinos en un mismo plan agrario. Algo muy similar a lo que el gobierno llama Proyectos Productivos y que viene implementando con desmovilizados en el resto del país.
Pero el proyecto Paso de ‘El Alemán’ despierta recelo en la gente de la región. La principal razón es el origen de las tierras donde se realiza. Al Élmer Cárdenas se le señala de ser uno de los grupos que más se ha prestado para despojar a los campesinos de sus fincas. Las denuncias se concentran en especial en la zona de Belén de Bajirá, Riosucio, y Balsa. “No hay un centímetro que le hayamos quitado a nadie -dice -, el desplazamiento fue por la confrontación. Las que tenemos no han sido robadas ni se ha dado muerte a nadie para quitárselas. No son más de 2.000 hectáreas. Si nos toca entregarlas al fondo de reparación, las entregamos porque lo más importante ahora para nosotros es hacer parte de la Constitución y la Ley de donde nunca debimos haber salido”.
Otra inquietud es que este tipo de proyectos sirvan como una forma de control de la población, donde también se les imponga una carga excesiva de trabajo sin una justa compensación. Además, se teme que estos modelos de desarrollo puedan servir para legalizar fortunas mal habidas.
Que sea considerado como el señor de las tierras, dice, es algo que le resbala y que lo hace diferente de otros jefes paramilitares que en la zona tienen grandes extensiones de tierra. “El señor Vicente Castaño tiene unas personas que ha jalonado para sembrar palma en la región, pero sobre eso es él quién debe responder. También hay unas fincas por Riosucio que son suyas, que fueron compradas a los facinerosos de esas comunidades”.
Este no es el único asunto con el que siente que hay distancia. Su grupo fue uno de los pocos que no participaron de las negociaciones de Ralito. “Veíamos, que internamente iban a venir discusiones muy acaloradas y quisimos evitarlas pues eso llevaría a pugnas internas. Menos mal estuvimos al margen”.
Sin embargo, hoy participa en la nueva sede de los ex jefes de las AUC, Villa de la Esperanza, en Copacabana, cerca de Medellín. Hasta ahora se ha desmovilizado la mayor parte de sus 1.500 hombres. Algunos de ellos -según el propio ‘Alemán’- han tomado el camino de la delincuencia. “No sabemos dónde está el 8 por ciento de ellos”, dice.
Mientras esto sucede, la incertidumbre con la que han vivido durante años los habitantes de su zona no parece cambiar. Así lo revela una reunión entre líderes campesinos llevada a cabo en Riosucio la semana pasada. En el encuentro, de más de tres horas, participaron el comandante de la nueva brigada del Ejército que opera en la zona, la Defensoría del Pueblo, el personero municipal y miembros de la Alcaldía. Después de una hora de debate, un líder de la cuenca del río Truandó se levantó y dijo: “Esto no se trata de regalarnos algunas libras de arroz y aceite. A nosotros la guerrilla nos mató familiares y nos quitó las motosierras.¿Por qué el Estado, entonces, no nos da una, o por lo menos nos presta, para comprarlas?”. El coronel del Ejército Richard Gutiérrez, quien presidía la reunión, le contestó que no se podía disponer del dinero de acción social para comprar motosierras, pero el líder lo interrumpió: “Es una tristeza lo que está diciendo mi coronel… mientras ustedes nos niegan las herramientas de trabajo, otras personas, hace dos años, nos dieron más de 80 motosierras para trabajar. ¿Por qué ellos sí y ustedes no?”. Gutiérrez no supo qué decir mientras más de 200 personas estallaron en aplausos.
Una escena que refleja la realidad de este pedazo de Chocó, donde sus habitantes no confian en el Estado porque, a decir de muchos, sólo aparece cuando sucede algo grave, y con ayuda pasajera. Lo paradójico es ver a un sector de la comunidad reclamando por los que años atrás fueran su azote.
Hay expectativa sobre lo que pueda venir después del desmonte militar del bloque Élmer Cárdenas. ¿Podrá la Fuerza Pública garantizar la seguridad? Ese es el punto de partida para que historias como la de ‘El Alemán’ no se repitan.
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