Asedio a la Corte Suprema
Montajes, seguimientos y agresiones a las familias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son el nuevo capítulo del escándalo del DAS. Revelaciones de SEMANA.
Luego de que el escándalo del DAS estalló la semana pasada, el mismo lunes en la tarde los magistrados de la Corte Suprema convocaron una sala plena extraordinaria para determinar el camino a seguir. Los 23 magistrados, por unanimidad, estuvieron de acuerdo en que era el momento para revelar el asedio del que tanto ellos como sus familias habían sido víctimas durante cerca de un año, un hecho que hasta ahora sólo habían discutido con mucha prudencia en la intimidad de la Corte.
Al salir de la reunión, el fiscal general, Mario Iguarán, se mostró impresionado por los relatos que le hicieron y concluyó que los magistrados habían denunciado un complot la Corte. En total, siete de los nueve magistrados de la sala penal expusieron casos inéditos de todo tipo de acoso y hostigamientos, por parte de peligrosos personajes, a sus familias. “Todos los casos ocurren después de que se inicia el proceso de la para-política. Antes ningún magistrado había sentido ninguna hostilidad de este tipo”, puntualiza el presidente de la Corte, Francisco Ricaurte. Cabe anotar que de las tres salas que componen la Corte, la penal es la que se encarga de investigar y llevar a juicio a los congresistas.
Uno de los magistrados que expuso su caso fue Yesid Ramírez. Comentó que durante el primer semestre del año pasado recibió llamadas de alerta de conocidos suyos del Huila, su tierra natal. Le advertían que personas extrañas estaban averiguando por él, querían saber todo sobre su vida, quiénes eran sus amigos, dónde había vivido, cuál era su historia.
Lo que no sabe aún el magistrado Ramírez es que fue objeto de seguimiento durante varios meses por parte del DAS. SEMANA revela hoy el último de los varios informes que hicieron sobre él en este departamento de seguridad adscrito a la Presidencia de la República (ver facsímil).
El documento, fechado el 2 de julio de 2008 y bautizado “Informe Final M/T 0142”, recoge otros informes de los seguimientos al magistrado. En él pueden leerse datos pormenorizados sobre quiénes son su esposa y sus hijos, dónde viven, qué hacen, por dónde se mueve él y con quiénes se relaciona.
Es tan exhaustivo el rastreo que en las conclusiones los detectives mencionan como una “inconsistencia grave” el hecho de que el lugar de nacimiento registrado en su cédula de ciudadanía (Chaparral, Tolima) no es el mismo que consta en su tarjeta profesional de abogado (Algeciras, Huila).
Uno de los puntos que más llama la atención del informe es que se menciona como parte de las “actividades adelantadas” por los agentes del DAS, la búsqueda de información sobre la relación entre el magistrado Yesid Ramírez y un señor de nombre Ascencio Reyes. Podría pasar como un episodio más de no ser porque tanto Ramírez como Reyes fueron los protagonistas de un escándalo periodístico que pretendía enlodar la imagen de todos los magistrados de la Corte Suprema y porque fue precisamente un asesor de la Casa de Nariño el que se encargó de filtrar el escándalo y los pormenores del mismo a los medios de comunicación.
Se trataba de una denuncia, según la cual magistrados viajaron a Neiva en un vuelo chárter supuestamente pagado por el controvertido empresario Ascencio Reyes. Si bien las Cortes quedaron mal paradas en su momento con el episodio, los periodistas que recibieron esa información no dejaron de preguntarse qué hacían asesores del Presidente con esta información. Más aun, por qué estaban esculcando un episodio de la Corte ocurrido en 2006.
En ese mismo episodio los magistrados le pidieron explicaciones a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, ya que tenían información según la cual esa entidad estaba detrás de esa persecución. En varias reuniones con los integrantes de las Cortes, y en declaraciones públicas, Hurtado negó que ese organismo de inteligencia estuviera detrás de esos seguimientos. El documento revelado en esta edición por SEMANA, dirigido a la directora general operativa, Luz Marina Rodríguez, demuestra lo contrario. El asunto no es de poca relevancia y abre varios interrogantes. ¿Sabía o no la ex directora del DAS sobre la orden de seguir al magistrado Ramírez? Si no sabía, es muy delicado pues se demostraría que no controlaba la entidad y que los funcionarios bajo su mando obedecían órdenes de alguien más. Si, por el contrario, estaba enterada y ordenó los seguimientos, el asunto es de la mayor gravedad ya que tendrá que explicar por qué ordenó seguir a un magistrado de la Corte y, tal vez lo más importante, quién le dio la orden de hacerlo.
Intimidaciones
Pero Yesid Ramírez no fue el único magistrado que sintió extraños hostigamientos el año pasado. Uno de los casos de acoso más dramáticos es el de la magistrada María del Rosario González. Es la única mujer de la sala penal de la Corte y su situación llegó a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió otorgarle el pasado 22 de diciembre medidas cautelares como persona protegida por este organismo, autoridad máxima en la materia en el continente.
El primer episodio se presentó la última semana de septiembre de 2007, justo cuando se tomaban decisiones judiciales críticas sobre importantes congresistas uribistas en la para-política. Una voz anónima hizo una llamada telefónica al colegio de la hija de la magistrada diciendo que tenían que desalojar porque había una bomba. Resultó ser una falsa alarma, pero la conmoción fue total. Luego, en enero, un día antes de salir de viaje fuera de Bogotá, la propia magistrada se percató de que su camioneta blindada tenía la barra estabilizadora rota, lo cual le habría podido provocar un accidente. Un desperfecto de muy rara ocurrencia, que estuvo rodeado de extraños movimientos de su escolta y que hoy es motivo de investigación.
El último incidente le sucedió a su hijo, en mayo, cuando se dirigía, como de costumbre, al Instituto Cancerológico. Eran las seis de la mañana, y en plena avenida Circunvalar de pronto se le aparecieron al frente de su carro tres hombres vestidos de negro y le atravesaron el tronco de un árbol. Como pudo logró esquivarlos, haciendo tal esfuerzo que tuvieron que llevarlo a la clínica para que le trataran sus lesiones. “Yo llevo 36 años en la carrera judicial y nunca había sentido este tipo de hostilidades”, explica la magistrada.
El caso es similar al del hijo del magistrado Julio Enrique Socha, recién nombrado presidente de la sala penal, al que igualmente le sobrevino un extraño accidente en las calles de Bogotá. También fue muy de mañana y cuando se dirigía a cumplir su rutina, ir a clase a la Universidad Javeriana. De repente, y a pesar de que las calles estaban despejadas, un carro lo chocó en la parte lateral de su vehículo con la fuerza suficiente para que se levantaran las dos llantas de ese lado, pero sin volcarlo. Luego le pegó en la parte trasera, y finalmente con el guardabarros trasero le dio a la puerta delantera. El hijo del magistrado frenó y un hombre desde el otro carro le apuntó con un revólver y le gritó: “Chino hijueputa, diga algo y ya verá lo que le pasa”.
Y así otros relatan más casos. La hija del magistrado Javier Zapata llegó un día a su casa preocupada y le contó a su papá que en el hospital donde está haciendo el año rural llegaron unos desconocidos y revisaron el libro donde aparecen los registros de qué hace y cuáles son los horarios de cada médico. Y que luego, cuando salió del hospital, desde un carro Mazda, de color azul y viejo, le tomaron fotos.
El magistrado Sigifredo Espinosa relató varias veces ante sus compañeros de sala cómo, cuando asistía a misa y luego en los alrededores de su casa, había visto un par de hombres vestidos de negro con unas miradas y un comportamiento con el que parecían querer hacerle saber que lo tenían vigilado en sus lugares más íntimos.
Y los últimos movimientos que despertaron sospechas en la Corte fueron los ocurridos en las residencias de los magistrados Augusto Ibáñez y Leonidas Bustos. A la casa del primero, el 6 de noviembre del año pasado, llegaron 10 hombres armados y no se robaron nada, sólo se llevaron el computador. Y unos días después, también hombres armados llegaron en varias camionetas a un conjunto residencial en el extremo norte de Bogotá y preguntaron por la casa de Leonidas Bustos. El número de casa que dieron era el del magistrado Bustos, pero no en esa urbanización sino en la de al lado.
“El propósito era mandar un mensaje, era intimidar, dejar en claro lo que son capaces de hacer. ¿O si no para qué van tantos hombres armados, descuelgan cuadros y sólo se llevan un computador?”, explica Ibáñez.
A los hechos mencionados por los magistrados de la sala penal se suma la marcación hombre a hombre que detectives del DAS le hicieron al investigador jefe de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, durante casi dos años. SEMANA tiene las pruebas de los registros de la interceptación de más de 1.900 llamadas que le hizo el DAS y los reportes detallados de todo tipo de seguimientos que le hacían día y noche.
Hasta el fondo
Los magistrados no tienen totalmente claro quién puede estar detrás de estos incidentes hostiles y reiterados. Pero de lo que sí están seguros todos es que nunca antes en sus largas carreras judiciales habían sentido este tipo de asedio. El año pasado, según la propia Corte, pusieron los casos en conocimiento del director de la Policía, general Óscar Naranjo. Y el presidente de la Corte, Francisco Ricaurte, en un seminario de la rama en Cartagena lanzó una frase lapidaria: “La Corte, así como hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la impunidad”.
Pero las denuncias que está presentando la Corte Suprema no paran allí. Hay otros capítulos del asedio que el alto tribunal presentó a la Fiscalía y a la Procuraduría la semana pasada, y que se los enviará por escrito en próximos días al relator de la ONU para la independencia de los jueces, Leandro Despouy, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Para los magistrados es necesario que las autoridades vayan hasta el fondo de cada uno de los extraños hechos sucedidos entre septiembre de 2007 y finales de 2008. Para ellos una cosa son los seguimientos y las grabaciones, otra el acoso a sus familiares y un tercer punto los supuestos montajes de los que fueron víctimas para desprestigiarlos públicamente y de esa manera tratar de amilanarlos en sus decisiones sobre la para-política.
Sobre este último punto, en la lista que exponen en detalle, incluyen tres casos que ya son de dominio público. El de ‘Tasmania’, en el que se acusaba al magistrado investigador de la para-política, Iván Velásquez, de ofrecerle dádivas al paramilitar ‘Tasmania’ si declaraba contra el presidente Álvaro Uribe. El primer mandatario presentó el caso ante los medios, en septiembre de 2007, como un complot de la Corte Suprema en su contra y la Fiscalía al resolverlo lo calificó, por el contrario, como un “burdo montaje” contra la Corte Suprema.
El segundo, es el caso de la visita clandestina del ex paramilitar ‘Job’ a la Casa de Nariño para entregar un video en el cual supuestamente se demostraba que la Corte se vendía por 15.000 dólares. En esta ocasión, como en el escándalo ya mencionado de Ascencio Reyes y la Corte, un funcionario de Palacio también filtró a los medios la información que intentaba desprestigiar a la Corte.
El tercero en la lista de quejas de la Corte, son las denuncias penales que interpusieron de manera simultánea dos altos funcionarios del gobierno contra la Corte en pleno, el ministro de Protección Social, Diego Palacios, quien exigía que su nombre no fuera mencionado en el fallo de la ‘Yidis-política’ -petición que la Corte Constitucional ya descartó- y Luis Carlos Restrepo, quien de manera inusual para un comisionado denunció a todos los magistrados por supuestos nexos con el narcotráfico.
Esta campaña de desprestigio y hostigamiento que ha afectado a la Corte Suprema en los últimos meses parece calcada a la estrategia de desinformación que lleva a cabo contra esta revista José Obdulio Gaviria, un alto funcionario de la Casa de Nariño.
Desde el momento en que SEMANA publicó las denuncias sobre las grabaciones ilegales del DAS a magistrados, periodistas y líderes de la oposición, Gaviria se ha dedicado a decir en los distintos medios que esta revista compra información y delata a sus fuentes, con un claro objetivo de desviar la atención sobre los graves hechos que ocurrieron en el DAS, pero sobre todo con la perversa intención de amedrentar a las fuentes para que no sigan denunciando. Con ese propósito, se tomó el trabajo de llamar a varias emisoras e hizo al aire un comentario que llama poderosamente la atención: “He de suponer, si me están oyendo las fuentes, que estaban hablando de ellas y de pronto su venta”. Se refería a las fuentes que contribuyeron a la elaboración del informe de las chuzadas o que conocen qué estaba pasando en el DAS.
Este nuevo escándalo que salpica al organismo de inteligencia deja muchos interrogantes que necesitan respuestas urgentes. ¿Quién estaba detrás de las agresiones a los magistrados y sus familias? ¿Buscaban las agresiones a los magistrados y sus familias amedrentarlos para obstruir la justicia? ¿Se pretendía acaso chantajear a la alta Corte con los seguimientos e interceptaciones ilegales? ¿Quién o quiénes dieron las órdenes de las ‘chuzadas’? Y, finalmente, ¿es la estrategia de desinformación de José Obdulio Gaviria una aventura personal o una estrategia institucional? En fin, ¿a qué le tiene miedo el pérfido asesor presidencial?
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http://www.semana.com/noticias-nacion/asedio-corte-suprema/121230.aspx-> http://www.semana.com/noticias-nacion/asedio-corte-suprema/121230.aspx]