Amargo aniversario en Colombia
En su séptimo aniversario el gobierno de Alvaro Uribe Vélez nos deja un sabor amargo, un país bañado por la sangre y el dolor de la población civil, un estado mafioso penetrado por los narcoparamilitares y una impunidad que desdice de la existencia en Colombia de un estado social de derecho.
También durante los gobiernos de sus antecesores hubo en Colombia violaciones de los derechos humanos, pero el actual gobierno -que ha forzado dos veces la Constitución Política para hacerse reelegir- está violando de manera grave, masiva y sistemática nuestros derechos fundamentales, como lo constató este año la oficina de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia y las misiones anuales de verificación del gobierno asturiano encabezadas por el Director de su Agencia de Cooperación al Desarrollo.
Desde nuestro refugio temporal en Asturias recordamos horrorizados que durante este gobierno se han cometido más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales de personas civiles, gentes del común que fueron retenidas, torturadas, indocumentadas, asesinadas a mansalva, disfrazadas después de muertas con prendas militares y luego fueron desaparecidas o presentadas por el ejército colombiano como “guerrilleros dados de baja en combate”.
Las tropas y sus aliados de los grupos paramilitares aplican el mismo patrón de actuación para cometer estos asesinatos a lo largo y ancho de nuestro país; por eso afirmamos -aunque nos cueste más persecuciones o la vida misma, que estos delitos no son hechos aislados, son producto de un manual de terror que pretende silenciar a los defensores de derechos humanos, sindicalistas, pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, estudiantes y personas que nos resistimos a vivir bajo el miedo y la pobreza, mientras se enriquecen los latifundistas criollos y las empresas multinacionales saquean a placer.
Por su gravedad y persistencia son delitos de lesa humanidad, crímenes de estado que tendrían a cualquier gobierno en apuros, pero Uribe parece inmune a todo: la tercera parte de sus aliados políticos en el Congreso están presos por nexos con paramilitares y narcotraficantes; el alto mando militar está sindicado -con pruebas- de cometer miles de crímenes de guerra; los servicios secretos colombianos -controlados desde el despacho presidencial- recopilan con medios ilegales información personal de sus opositores y la entregan a las bandas de sicarios; los dos jóvenes hijos del presidente Uribe convertidos en menos de un año en multimillonarios por un pelotazo urbanístico que patentiza la corrupción desatada. Y el mundo mira para otro lado. ¿Por qué?
Estamos seguros de que el gobierno de Obama conoce las tropelías de Uribe, pero las tolera a cambio de que le permita instalar de inmediato siete bases militares del ejército de Estados Unidos en territorio de Colombia, amenazando la paz de la región Andino-amazónica, poniendo en peligro sus democracias y el equilibrio militar de una Suramérica cansada de neocolonialismo y de injerencias.
Pero ¿Y Europa? ¿Y España? ¿Por qué guardan silencio frente a tantos crímenes? No queremos pensar que priorizan los intereses económicos y los ponen por encima de los derechos humanos. Sin embargo no encontramos otra explicación a tanto afecto y colaboración política, policial y militar de España con la satrapía colombiana.
La solidaridad recibida del ayuntamiento de Gijón, de la Agencia Asturiana de Cooperación y de las organizaciones sociales asturianas nos conmueve y la agradecemos. Nos preocupa que España se convierta en encubridora del gobierno colombiano que en breve será llevado ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. Eso nos deja un sabor amargo y muchas preguntas inquietantes que como nubes grises amenazan nuestro futuro en este verano que se acaba.
Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”