Acción de Tutela contra Ministerio de Agricultura e INCODER
Campesinos del Alto Ariari–Meta, exigen respeto al Debido Proceso en adjudicación de tierras, ante la ausencia de respuesta por parte de organizaciones del gobierno.
Ante la ausencia de respuesta durante seis años por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, a las solicitudes de Adjudicación – Titulación de Tierras en la región del Alto Ariari, se instauró una Acción de Tutela el pasado 05 de septiembre en el Tribunal Administrativo del Meta.
La Tutela fue presentada por la campesina María Santos Medina Cuchimba, mujer campesina cabeza de hogar, desplazada por la violencia, mayor de edad, actuando en nombre propio y en calidad de Representante Legal de la Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, asentada en la Zona Humanitaria de la región del Alto Ariari, municipio El Castillo, departamento del Meta.
La acción cuenta con el respaldo de 119 firmas de campesinos y campesinas de las veredas Caño Lindo, La Esmeralda, El Retiro, El Encanto, La Floresta, Los Alpes, quienes solicitaron al INCODER el reconocimiento legal de la propiedad sobre la posesión que han ejercido en tierras de la región por cinco décadas.
La acción pretende el amparo de los derechos al debido proceso (Art. 29 C.P.), a la propiedad territorial (Art. 58, 60, 64, C.P.), en conexidad con el derecho fundamental a la vida, a la existencia y pervivencia como pueblo (Arts. 2, 5, 7, 8, 11, 12, 25, 42, 44 C.P.), y con lo establecido por el Bloque de Constitucionalidad consagrado en el Artículo 93 de la Constitución Política, en el amparo de derechos establecidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Desde el 2005 las familias han exigido como lo contempla la ley 160 de 1994, el reconocimiento legal de la propiedad y ante la ausencia de respuesta la acción instaurada es el último medio que queda a los campesinos del Alto Ariari para evitar un PERJUICIO IRREMEDIABLE.
La dilación en el proceso de reconocimiento de la propiedad legal estaría posibilitando la compra y venta de tierras de manera irregular por parte de foráneos, aún a pesar de la existencia de una declaratoria de protección de las tierras en el marco del Decreto 2007 del 2001 y en medio del otorgamiento de 26 Títulos Mineros para proyectos de exploración y extracción minera sobre áreas protegidas por su riqueza de biodiversidad ambiental, las cuales han habitado y protegido desde hace más de medio siglo.
A la región de la que fueron desplazados y regresaron se mantiene el riesgo del desplazamiento forzado, ya no solo por las causas de violaciones a los derechos humanos por acciones militares y paramilitares o el desarrollo del conflicto armado, sino por los intereses empresariales sobre las riquezas del territorio que habitan.
El 7 de Junio pasado el INCODER argumentó como razón para no haber adelantado los procedimientos de Adjudicación y Titulación de Tierras, que “”aún no contamos con el informe sobre propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes debidamente avalado por el CMAIPD, mediante oficio 06/04/2011 y distinguido con el radicado 45112101924 dirigido al Doctor Ancizar Moreno Ávila en su calidad de Alcalde Municipal.
Paradojicamente, el INCODER contradice las respuestas dadas por otras instancias, ya que desde el año 2006 se cuenta con un informe del Registro Único de Predios – RUP, elaborado desde la información entregada por el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, La Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, entre otras, al Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada – CMAIPD del municipio El Castillo.
Los demás campesinos y campesinas de las veredas de la región del Alto Ariari en el municipio El Castillo, esperan que el Honorable Tribunal del Meta actúe en derecho y en consecuencia resuelva fallar a favor del amparo de los derechos invocados en la Acción de Tutela.
[Ver adjunto acción de tutela
>https://www.justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/TUTELA_META_Debido_Proceso_Adjudicacion.pdf]
Bogotá, D.C. 12 de septiembre del 2011
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz