Vergonzosa operación militar enfrente de las AGC
A 14 asciende el número de lideresas y líderes afrocolombianos e indígenas amenazados de muerte, algunas personas y núcleos familiares estarían pensando en desplazarse definitivamente del Territorio de Cacarica.
24 años después de la toma de Riosucio el 20 de diciembre de 1996 y de la operación Génesis del 24 de febrero de 1997 de la Brigada 17 y la operación Cacarica de las AUC, ningún gobierno, ni el de Duque, han generado garantías para el uso y goce de las comunidades en el territorio.
Ayer martes 7 de enero en horas de la noche, la comunidad Wounaan Juin Phubuur, denunció la grave crisis humanitaria que atraviesan debido a la condición de confinamiento en que se encuentran por las presiones de tipo paramilitar de las AGC y el temor a eventuales confrontaciones armadas.
Las actuaciones de las AGC sobre las comunidades indígenas coinciden con las operaciones para la definición de parte del uso del Parque Nacional de los Katios para la siembra de coca, iniciadas meses atrás. A pesar de las denuncias y derechos de petición elevados para actuaciones de las entidades responsables de gobierno y Estado para verificar la situación, nada eficaz se ha hecho.
Las operaciones de las Fuerzas Militares en donde ha radicado la respuesta estatal es inadecuada, inexistente e ineficaz, y o tolerantes con las AGC, tal como lo perciben las comunidades. La presencia militar asegura tener un control que es inseguridad para la gente.
El lunes 6 enero a las 2:00 p.m. unidades del Ejército Nacional hicieron labores de patrullaje en la Zona Humanitaria Nueva Vida, Territorio Colectivo de Cacarica, luego de más de siete meses de la denuncia de la toma de los paramilitares de este lugar humanitario creado desde el 2000. La estructura armada desconociendo el derecho humanitario y los derechos humanos allí se asentó.
Ese día, los afrocolombianos que se encuentran sometidos a la presencia de dos llamados “Puntos” de las AGC, observaron como las unidades militares pasaron frente a ellos, a pesar de la evidencia que son foráneos, quienes por su forma de vestir y actuar son distintos a la comunidad, nunca fueron requisados.
Minutos después de la operación de control militar los regulares se retiraron, dejando a la comunidad de la Zona Humanitaria a merced del poder de las AGC. Estos continúan al interior del lugar humanitario en sus operaciones de control social territorial presionando a las lideresas, amenazándolas y hostigándolas, y habitando las viviendas que se tomaron para asentarse allí, y desde las que realizan todo tipo de actuaciones contra la población.
Ayer, martes 7 de enero desde las 9:00 a.m. nuevamente, por segunda ocasión, unidades militares hicieron presencia en la Zona Humanitaria Nueva Vida. Sin embargo a pesar de su presencia, los “Puntos” de las AGC que operan con radios de comunicación y armas cortas, continuaron ejerciendo sus operaciones de control y de presión sobre la población.
Las unidades militares se ubicaron, unas al interior de la Zona Humanitaria, y otras afuera en el embarcadero. Sin embargo, pasadas las horas sus operaciones no generaron ningún tipo de garantía para la libertad de los afrocolombianos que se encuentran sometidos a la presión de las AGC.
Nuevamente las AGC retiraron al retiro de los militares la prohibición de hacer denuncias. Los dos paramilitares que se encuentran de manera permanente en la Zona Humanitaria se han tomado varias viviendas para su habitación y en desarrollo de sus operaciones hostigando a mujeres lideresas y promoviendo el reclutamiento de jóvenes, mujeres y el involucramiento de niñas y niños en sus dinámicas de conflicto.
Esta operación armada de las AGC desconocen los principios de las familias asociadas en CAVIDA que han afirmado su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, a la paz, y a la protección ambiental.
Las operaciones armadas al interior de la Zona Humanitaria se han combinado con operaciones de las AGC vestidos de camuflado, con armas largas en el entorno en la Zona Humanitaria con más de una veintena de hombres. El Ejército ha sido incapaz de lograr alguna actuación frente a este grupo de armado que continúan asegurando el control del Territorio Colectivo.
El Estado presente en Cacarica, ha sido incapaz de desestructurar el paramilitarismo desde hace 24 años y desarrollando de facto, desde hace tres años, la administración del territorio conforme a sus intereses estratégicos.
Las AGC prohibieron desde esos meses la presencia de organismos de derechos humanos y de paz, nacionales entre ellas, nuestra organización, así como, a organismos internacionales. Los paramilitares expresaron que si ingresaba algún defensor de nuestra organización a la Zona Humanitaria Nueva Vida serían asesinado, así como, algunos de los líderes que faciliten nuestro acceso.
El pasado 24 de diciembre las AGC desplegaron un operativo de movilidad en las 25 comunidades de Cacarica, y en algunas de ellas, con censo en mano, entregaron regalos a las niñas y niños, y jóvenes. En algunas de ellas entregaron reses de ganado para la celebración navideña.
Las comunidades se encuentran a merced del control paramilitar de las AGC dentro del territorio de Cacarica desde noviembre de 2016, cuando iniciaron su expansión en la cuenca desde Bijao, Cacarica y La Balsa con ofrecimiento de trabajo, apoyo a los servicios de salud y educación.
Durante el último año, como se reiteró en la noche de hoy, luego de la deforestación en áreas del Parque Nacional de los Katíos con la orden expresa de siembra de coca, esta definición del uso de la tierra se ha ido extendiendo en algunos de los predios de las 25 comunidades, involucrando por la presión psicológica a integrantes de las comunidades negras e indígenas.
El control paramilitar es permanente y ha sido continuó a pesar que a mediados de diciembre las AGC afirmaron que iniciarían un cese unilateral del fuego hasta el próximo viernes 10 de enero.
Desde la incursión paramilitar de las AGC en noviembre de 2016, a través de más de 100 hombres vestidos de camuflado y con armas largas, se realizaron dos reuniones de la Comisión Nacional de Garantías, 4 sesiones de trabajo ante la CIDH con compromisos específicos del alto gobierno, la activación de alertas al alto gobierno, la visita del Alto Consejero de Derechos Humanos de Francisco Barbosa, y la situación ha empeorado.
A pesar de los llamados de las comunidades para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, los incumplimientos con los PEDTs, el fracaso del acogimiemto judicial de las AGC, las iniciativas y situación de las comunidades de Cacarica siguen siendo desconocidas, a pesar de sus intervenciones ante la JEP y la CEV.
El Estado presente en Cacarica ha sido incapaz de desestructurar el paramilitarismo desde hace 23 años, ahora desarrollando de facto, desde hace tres años la administración del territorio.
Bogotá D.C. 8 de diciembre de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.