“Urgen medidas para evitar un genocidio en Colombia”
El relator de la ONU James Anaya presentó su balance sobre la situación de los pueblos indígenas en el país. Reconoció esfuerzos del gobierno para protegerlos, pero pidió acciones urgentes que eviten su exterminio.
El relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó el país entre el 22 y el 27 de julio del año pasado y estuvo recogiendo información sobre el cumplimiento de las recomendaciones de su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, quien visitó a Colombia en 2004.
En el seguimiento que hizo Anaya, encontró que “existe una atención de parte del Estado a los asuntos indígenas y el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder las recomendaciones del relator anterior”.
Sin embargo, no han sido tratadas, con la urgencia necesaria, las graves dificultades que padecen los indígenas. Por lo tanto, Anaya recomendó “avanzar en la adopción de políticas públicas y leyes centrales y adecuadas para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluida una ley sobre los procedimientos de consulta, con la participación plena y efectiva de las autoridades y representantes indígenas”.
La consulta es un derecho que tienen los indígenas de ser tenidos en cuenta cuando se vayan a tomar decisiones que afecten sus territorios y su cultura. Eso lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los encargados de velar que estos derechos se cumplan son los defensores de derechos humanos y la misma Corte Constitucional. Para que esta labor sea eficiente, el relator sugirió que el Estado aplique y financie el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Esta oficina se encarga de observar el comportamiento de quienes pueden violar los derechos humanos de la gente y advierte oportunamente sobre ello, pero ni la Fuerza Pública ni el gobierno acogen las observaciones. Además, son escasos los recursos para que los defensores y la Corte Constitucional hagan seguimiento a las sentencias. Al respecto, Anaya recomienda inyectarle ayuda financiera a estas instituciones.
Muy buena parte de las dificultades que sufren los indígenas colombianos corre por cuenta de la guerra. Suele ocurrir que los mismos indígenas tengan iniciativas para dialogar con los grupos ilegales y las Fuerza Pública para construir la paz, aunque sea solamente en sus territorios.
Al respecto, Anaya recomienda “apoyar las iniciativas de diálogo y de construcción de la paz propuestas por las autoridades indígenas y sus organizaciones” y “el establecimiento de acuerdos políticos en coordinación con autoridades y organizaciones indígenas para el desmantelamiento de artefactos explosivos, que han quedado abandonados luego de combates en zonas urbanas y rurales, en el marco del conflicto armado”.
En ese contexto de guerra, existen amenazas, intimidaciones, mucha violencia y muertes. Como solución, el relator propone que el gobierno y los indígenas acuerden las medidas de protección y las mejoren con urgencia. Si bien la Fuerza Pública es la encargada de brindar la protección, debe hacerlo respetando la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
La fuerza pública debe hacer “esfuerzos y a respetar la autonomía de los pueblos indígenas y concertar con las autoridades indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro sus territorios”, dice el informe.
Y los grupos ilegales deben también respetar la vida de los indígenas y no reclutar a sus niños.
Son tantas las muertes de indígenas que deja la guerra, que Anaya le propuso al gobierno colombiano que invite al asesor de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. “Se urge al Estado a invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico, según la Corte Constitucional en su Auto 004. Asimismo, insta al Estado a continuar su cooperación con el Fiscal de la Corte Penal Internacional”, consignó en su informe.
Leer comunicado:InformeRelatorPueblosIndigenas.pdf