Situación de los derechos humanos en Colombia: Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

I. Introducción

1. El presente informe evalúa la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Según el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Acuerdo de Paz)1, este informe también evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.

2. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia realizó 1151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.

3. El ACNUDH brindó asistencia técnica al Estado a nivel nacional, departamental y municipal, en particular a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Agencia Nacional de Tierras. Asimismo, colaboró con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

4. El 30 de octubre el acuerdo de sede de la Oficina en Colombia entre el Gobierno colombiano y el ACNUDH fue renovado hasta el 31 de octubre de 2022.

II. Contexto

5. El ACNUDH insiste en la importancia de continuar avanzando en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, de una manera integral y sostenida, especialmente en las zonas rurales, manteniendo la centralidad en los derechos de las víctimas y en el disfrute general de los derechos humanos. Al ser un proceso de largo alcance, será necesario que reciba el apoyo y el compromiso de la sociedad y autoridades colombianas, así como de la comunidad internacional. El ACNUDH reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para avanzar en el proceso de reintegración de los excombatientes de las FARC- EP. Según el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el número de antiguos miembros de las FARC-EP inscritos en actividades de formación profesional pasó de 2461 en enero a 5059 en octubre2. Aunque la gran mayoría de exintegrantes de las FARC-EP continúan comprometidos con el proceso de paz, el ACNUDH manifestó su profunda preocupación por la decisión tomada por algunos excomandantes de las FARC-EP, incluyendo dos miembros principales del equipo negociador, de retomar las armas3.

6. El ACNUDH continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos. De particular preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado. El ACNUDH ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos4.

7. Según la policía, la tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica5. El ACNUDH registró 36 masacres6 que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continuas disputas por el control de las economías ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia.

8. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), con presencia principalmente en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño, continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario. El 17 de enero, el ELN perpetró un ataque con artefactos explosivos improvisados contra una academia de policía en Bogotá, causando la muerte de 22 personas, lo que provocó la ruptura de los diálogos entre el Gobierno y el ELN. El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condenó este ataque7.

9. Otros grupos violentos continuaron perpetrando amenazas, homicidios y otros graves abusos a los derechos humanos y causando desplazamientos forzados. De acuerdo con la observación realizada por el ACNUDH, en particular respecto al cumplimiento de los criterios de intensidad y organización8, estos grupos, como por ejemplo el Ejército Popular de Liberación (EPL), en Cauca y Norte de Santander, y grupos conformados por antiguos integrantes de las FARC-EP en Caquetá, Meta y Guaviare, no calificarían actualmente como grupos armados en virtud del derecho internacional humanitario.

10. Grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo), los Caparros y La Mafia, así como organizaciones criminales transnacionales, emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas. Estos grupos actuaron principalmente en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

11. Los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales. Las cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, el ACNUDH observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento.

12. El 27 de octubre, se celebraron las elecciones regionales para gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales. El ACNUDH documentó siete homicidios de candidatos durante el proceso electoral. No obstante, el día de las elecciones fue pacífico en comparación con anteriores elecciones regionales. Partidos políticos y movimientos sociales distintos de la actual coalición de gobierno, ganaron varios cargos importantes, incluyendo las alcaldías de Bogotá y Medellín.

13. El ACNUDH observó que las mujeres y la población LGBTI continuaron enfrentando retos para participar en el proceso electoral. Las mujeres representaron el 37,2% de las candidaturas9; dos mujeres fueron elegidas como gobernadoras (6,2%) y 132 como alcaldesas (12%) comparado con 5 y 134 respectivamente en 201510. Las personas pertenecientes a la población LGBTI representaron solamente el 0.06% de las candidaturas11. Sin embargo, el número de personas LGBTI electas en estas elecciones aumentó respecto de 2015, al pasar de 6 a 22, incluyendo a la alcaldesa de Bogotá.

14. El ACNUDH saluda los esfuerzos realizados por el Gobierno para acoger y atender el flujo de 1.7 millones migrantes venezolanos que han llegado a Colombia desde 2015. También valora la adopción de medidas, políticas, así como la asignación de recursos con el objetivo de garantizar los derechos humanos de esta población.

15. Durante 2019 hubo protestas, en su mayoría pacíficas, en Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, así como en algunas zonas rurales. La protesta social tenía como propósito manifestar la oposición a determinadas políticas del gobierno relacionadas con reformas pensionales, laborales y tributarias, así como también la exigencia de impulsar acciones contra la corrupción, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la reanudación de los diálogos con el ELN. El ACNUDH notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia 12.

Informe completo aquí: 

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