Sin plenas garantía regresa familia Ruíz a territorio colectivo

Luego del asesinato del líder reclamante Manuel Ruíz y su hijo Samir, 18 miembros (mujeres, hombres, niñas y niños), se desplazaron forzadamente por amenazas paramilitares y empresarios ocupantes de mala fe.

Durante este tiempo la familia Ruíz ha experimentado las consecuencias de la ineficacia de los organismos gubernamentales responsables de la atención humanitaria a las víctimas y de la protección.


“Que más hacemos, nos vamos, ya nos cansamos de mendigar unas ayudas al gobierno. Cada petición nuestra es una nueva humillación. Aunque al lado del lugar en el que vamos a construir nuestra Zona humanitaria siguen los empresarios ocupantes de mala fe y los que nos han amenazado, preferimos estar en lo nuestro, en lo que nos dejó Manuel. Confiamos es en el acompañamiento de amigas y amigos de las comunidades del Curvaradó , de los acompañantes nacionales e internacionales que tanto nos han apoyado estén ahí”, expresó la esposa de Manuel, Trinidad Gallo una de las amenazadas.

La despedida, en la tarde de ayer fue conmovedora. Cada uno de los cuatro núcleos familiares de los Ruíz Gallo, agradeció la acogida que por estos meses, generosamente les ofreció la Comunidad Civil de Vida y Paz de Alto Ariari Meta –CIVIPAZ-, en su Zona Humanitaria “porque tuve hambre y me diste de comer, porque fui forastero y me acogiste, porque estuve enfermo y me visitaste”, leyeron los Ruíz interpretando que la solidaridad se había materializado en ese año de exilio forzoso.

Para el regreso la Unidad de Víctimas parcialmente cubrió costos del trasteo de bienes de la familia, sin contemplar respuesta alguna para transporte, alimentación y hospedaje de los 18 integrantes de la familia.

Así mismo, la Unidad de Protección se comprometió a la implementación de medidas de protección sin que se haya recibido respuesta.

La Unidad de protección asumió el compromiso de un vehículo con conductor de confianza, delimitar e iluminar la Zona Humanitaria Costa Azul en Apartodocito, Curvaradó que se constituirá mañana.

En los alrededores del lugar al que regresa la familia Ruíz persiste la presencia empresarios implicados en amenazas de muerte a Manuel Ruíz, las que se han extendido a la familia, grupos armados de trabajadores al servicio empresarial y la movilidad de paramilitares.

Dentro del territorio colectivo el Ejército Nacional avanza en la construcción de una base militar en predios ocupados de mala fe Darío Montoya, sin que se haya realizado condulta previa y se haya efectuado la restitución de tierras.

Las operaciones paramilitares, el tràfico de coca y las operaciones empresariales de palma, banano, yuca y ganadería continúan el territorio colectivo del que es parte la familia Ruíz.

La responsabilidad del gobierno de Santos frente la protección a la vida y a la integridad personal de la familia Ruiz, su estabilidad socieoeconómica y garantías de goce material de los territorios que le pertenecen està en su manos.
Observadores nacionales e internacionales esperan que se adopten medidas estructurales para proteger la vida de la familia Ruíz.

Si en este caso que causó tal conmoción a nivel nacional e internacional se ha dado respuesta tan ineficaz, rondan preguntas estructurales: ¿qué pueden esperar de la restitución material el conjunto de las familias del Curvaradó que reclaman el cumplimiento de las ordenes de la Corte Constitucional?, ¿qué pueden esperar los millones de víctimas del despojo de tierras y del desplazamiento forzado que han iniciado trámites en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras?

Bogotá D.C., 2 de junio de 2013 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz