Sigue el desplazamiento
En su conocimiento dejamos varios hechos vividos por las Comunidades en proceso de retorno al Cacarica y de las familias que aún se encuentran en situación de desplazamiento en Turbo, Bocas de Atrato, y Hacienda “El Cacique” en Bahía Cupica.
Santa Fe de Bogotá, junio 21 del 2000
Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República
Doctor
GUSTAVO BELL LEMUS
Vicepresidente de la República
Doctor
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
Ministro del Interior
Doctor
ALFONSO GOMEZ MÉNDEZ
Fiscal General de la Nación
Doctor
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Vicefiscal General de la Nación
Doctor
JAIME BERNAL CUELLAR
Procuraduría General de la Nación
Doctor
FERNANDO CASTRO CAICEDO
Defensor Nacional del Pueblo
Doctor
CAMILO GÓMEZ
Alto Comisionado de Paz
Reciban un respetuoso saludo
En su conocimiento dejamos varios hechos vividos por las Comunidades en proceso de retorno al Cacarica y de las familias que aún se encuentran en situación de desplazamiento en Turbo, Bocas de Atrato, y Hacienda “El Cacique” en Bahía Cupica.
*El domingo 4 y el lunes 5 de junio en horas de la mañana merodearon el “Territorio de Vida”, asentamientos “Esperanza en Dios” y “Nueva Vida”, respectivamente seis integrantes de las milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP.
El domingo hacia las 11:30 a.m. se acercaron al asentamiento “Esperanza en Dios”. Al observar la presencia cercana de los milicianos, la comunidad exigió de manera directa en uno de los casos, y en el otro a través de un misionero de la iglesia, no ingresar al “Territorio de Vida” y abstenerse de realizar operativos militares.
Ante ésta posición los milicianos expresaron que tenían órdenes de ingresar con la finalidad de dialogar que respetarían el “Territorio de Vida” y la Comunidad. Antes de ingresar en “Esperanza en Dios” se despojaron de sus armas de fuego y otros tres quedaron con ellos fuera del asentamiento en “Nueva Vida” sucedió algo similar.
En ambas situaciones, uno de los milicianos tomó la palabra durante una hora expresando la posición de su organización frente al conflicto militar en el país, su proyecto político y sus preocupaciones en relación con el proceso de la Comunidad. Al final de su intervención los milicianos ofrecieron excusas. En el asentamiento “Nueva Vida”, sucedió algo similar el lunes 5 de junio, a las 11:00 a.m.
Antes de que los milicianos se retiraran la Comunidad, además de eximirse de responder inquietudes o de dialogar frente a la postura planteada, ratificó su proyecto de vida, sus normas, sus compromisos en el “Territorio de Vida”, los mismos que el Estado Colombiano y la Comunidad Internacional conocen hace más de dos años en el marco del diálogo de la comunidad en el Gobierno Nacional.
Dejamos constancia de la postura de la comunidad en la guerra, de la afirmación de sus derechos como población civil fundamentada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos; de la convicción de los principios que inspiran sus prácticas cotidianas en el retorno.
Dejamos constancia de lo sucedido, previendo que los hechos puedan ser tergiversados, manipulados e interpretados negativamente para sustentar señalamientos, agresiones, atentados contra la comunidad. Han hecho carrera en muchos círculos militares y de poder en la región apreciaciones según las cuales, las comunidades son lugares de amparo o infiltración de la “subversión” o son experiencias utilizadas por las FARC-EP para la planeación y ejecución de sus acciones armadas, cuando no Repúblicas Independientes, cuando no vinculadas a la producción de dragas psicotrópicas. (Carta de empresarios de la región, marzo 24/99, Declaraciones del General Carreño, El Colombiano, marzo/99; carta de Carlos Castaño, octubre 31/99, informe del telediario RCN, enero 2/00, basado en informes de inteligencia)
Esa lectura de interpretación y ambientación contra las experiencias de la organización campesina como población civil en la guerra, nos permite expresar nuestra profunda preocupación no sólo por la asociación de la propuesta del Cacarica a las FARC-EP, sino por el desarrollo de nuevas actuaciones del paraestado contra la comunidad, mucho más, cuando sigue siendo evidente el mantenimiento de las estructuras paramilitares que dieron origen al desplazamiento, la circulación de sus integrantes por el río Atrato, provenientes de Turbo, Riosucio, Necoclí, Santa María, sin que existan signos evidentes de enfrentamiento o de control por parte de las autoridades competentes.
Igualmente dejamos constancia de la solicitud que las comunidades han realizado de comunicar con claridad, fidelidad y discreción a las FARC-EP, por los canales y mecanismos institucionales en el escenario de las conversaciones de paz, acerca de su propuesta de retorno como población víctima de graves violaciones a los Derechos Humanos.
En segundo lugar, en la hacienda “El Cacique”, en donde se encuentran las familias del Cacarica repatriadas de Panamá, las actuaciones de policía dejan profundos cuestionamientos frente a los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional el pasado 10 de diciembre de 1.999.
En noviembre de 1.999, luego de la avalancha que obligó al traslado de los habitantes de Cupica a la hacienda “El Cacique”, la policía con autorización del cabo de la estación, autorizó instalar una tienda para el consumo de licor y juego de billar, administradas por un particular, propiciando un mecanismo de distracción a los policías y convirtiendo su presencia institucional en un sitio de diversión.
Desde este momento y hasta la fecha las unidades policiales ejercen sus funciones de control sin uniforme e ingresan al asentamiento de la comunidad vestidos de particular, sin distinción alguna de la población; diversas comisiones nacionales e internacionales han observado la misma situación que hasta hoy se mantiene.
A comienzos del presente mes hubo cambios en la unidades de policía con el nombramiento de un nuevo cabo de apellido MARTÍNEZ. La comunidad en vista de los incumplimientos evidentes de los acuerdos, solicitó una reunión, la que se realizó el 5 de junio en horas de la tarde.
La comunidad hizo un recuento de los orígenes del desplazamiento, de su proyecto de vida, de las normas “Territorio de Vida” en la hacienda “El Cacique”, de la necesidad de distinción entre la población civil y los uniformados, del control de los alrededores, de la prohibición de ingresos a sus albergues y su preocupación por el paso de “extraños”, integrantes de los grupos paramilitares que circulan por la hacienda “El Cacique”.
A la presentación de la comunidad, el suboficial de la policía expresó que su superior lo envió desde Quibdó a Cupica y nunca le hablaron de dichos acuerdos. Dos días después pobladores de Bahía Cupica en una nueva reunión en la que estuvo presente la comunidad repatriada y la policía expresó: “Es verdad que deambulan, en el día y la noche, hombres extraños; se mueven por las pistas y los alrededores, son de esos grupos, usted sabe” (….). Un integrante de la policía expresó: “Me los han mostrado, yo los he visto, pero no puedo actuar sin pruebas”.
No es novedosa la presencia de paramilitares en la región, se han movilizado por el pacífico entre Bahía Solano y Piña, sin que hayan controles efectivos o acciones para contrarrestar su presencia.
A algunos de ellos se les vio transitando en las calles de Solano el domingo 18 de junio a eso de las 2:40 p.m. al lado de un servicio telefónico de Telecom. En Bahía Cupica se les ve andando por el asentamiento que se encuentra al lado de una pista aérea cerca de la playa.
Pobladores han sido víctimas de acciones de robo y pillaje en el mar por parte de integrantes de éstos grupos. En medio del silencio de los habitantes del municipio se percibe la presencia de los paramilitares.
A los incumplimientos atrás descritos por parte de la policía se une el maltrato verbal a la población infantil que se encuentra en la hacienda “El Cacique”, permanentemente las unidades de policía amenazan con golpear a los menores de edad que se niegan a realizar actividades de limpieza de bienes.
El 18 de junio un agente de policía condicionó a una menor de edad para permitirle recoger el agua siempre y cuando le lavara los tanques. Ante la negativa de la niña, la amenazó con golpearla y la trató con groserías. Cuando el padre de la menor fue a exigirle respeto el agente justificó su actuación y ratificó su amenaza.
El 19 de junio a las 7:00 a.m., otra menor de edad que iba a recoger agua fue insultada por un agente de policía que presta sus servicios en la hacienda “El Cacique”, nuevamente como en el caso anterior, la amenazó con golpearla por no obedecer la orden de lavar los tanques. Cuando el padre de la menor se acercó a la estación, el agente de policía ratificó que la golpearía. Esta nueva amenaza se produjo delante del cabo.
Dejamos nuestra constancia del incumplimiento sistemático de las medidas de protección definidas desde enero de 1.999 por el Gobierno Nacional y ratificadas el 10 de diciembre del mismo año. Mientras en la hacienda “El Cacique” no hay distinción entre población civil y unidades de policía; en Turbo (Antioquia), la policía no realizó acciones de control permanente para evitar el ingreso de civiles armados al Coliseo, o la movilización de éste mismo personal a pie, en motocicletas o automóviles. Continua siendo evidente que las medidas de prevención para evitar nuevos destrozos y daños irreparables de las comunidades del Cacarica que se encuentran en situación de desplazamiento no han sido adoptadas.
En tercer lugar, el sábado 10 de junio nuestra Comisión, acompañando una delegación de la Casa de Justicia del Cacarica y dos funcionarios de Parques Nacionales, observó la continuación de la extracción que está realizando la empresa Maderas de Darién en la vereda “La Balsa”, ubicada en el territorio colectivo de la comunidades negras del Cacarica.
Desde hace más de un año y medio la comunidad se entrevistó con el ministro Juan Mayer y con integrantes de la Comisión Mixta de Verificación, expresando su preocupación por el aprovechamiento forestal que realiza la empresa maderas del Darién. Meses después, en mayo de 1.999, las comunidades llamaron su atención por la continuación del corte ilegal e irracional de maderas en el Cirilo, territorio perteneciente a la comunidad del Cacarica.
No sólo los cativales del Cirilo fueron extraídos. Cientos de especies vegetales y peces perecieron, cuando no sufrieron un fuerte impacto en sus sistemas de vida y, conflictos graves se propiciaron. Hoy se constata el desarrollo de una nueva etapa de aprovechamiento forestal en el territorio colectivo de las comunidades, desconociendo la autoridad del Consejo Mayor de la Cuenca del Cacarica, desconociendo procedimientos que contempla la Ley para autorizar un corte, desconociendo el proceso de Retorno de la mayoría de la comunidad, desconociendo el proyecto de vida y los Derechos Colectivos y Ecológicos consagrados para las comunidades en la Constitución.
Dejamos constancia de la Fe que las comunidades del Cacarica depositaron en las instituciones para INVESTIGAR, ESCLARECER Y SANCIONAR a las autoridades, ciudadanos y empresas responsables de la explotación. Sin embargo esa creencia en la posibilidad de restauración del Estado de Derecho no ha sido llevado sino a crear más escepticismo.
Se desconocen los avances efectivos en el campo de la justicia, el estado de los procesos, la vinculación de funcionarios públicos y empresas privadas en procesos judiciales que evidenciarían los intereses particulares puestos por encima del interés general, las acciones ilegítimas e ilegales en que se sustenta la explotación del territorio, mucho más cuando las precarias informaciones con las que cuenta la comunidad indican que las investigaciones que adelanta la Fiscalía de Riosucio son improbables por la evidente presencia y presión de los grupos paramilitares que se encuentran operando en presencia de todo tipo de autoridades.
Es evidente que los esfuerzos de funcionarios de organismos de control y de la Defensoría del Pueblo, no han sido suficientes para evitar nuevos daños a la vida integral del Cacarica. Son clarísimas las “contradicciones”, que evidencian no simplemente al omisión sino la participación directa de Codechocó en la expedición de resoluciones como la 1488, que atenta contra los Derechos Colectivos de la comunidades acción reiterada tiempo atrás, cuando sus mismas directivas propician que habitantes del Cacarica y de otras comunidades realicen acciones que beneficien a la empresa Maderas de Darién, decisiones tan evidentes en un ente regulador de la disposición ambiental nacional y de los estándares internacionales, que benefician aprovechamientos comerciales y no los aprovechamientos domésticos y tradicionales. ¿Cómo entender que CODECHOCO en el segundo semestre del año pasado expida una resolución de prohibición del aprovechamiento y circulación de maderas provenientes del Cacarica, y sea, el mismo director de CODECHOCO, quien unos pocos meses después a través de resoluciones como la 1488, autorice la explotación por cinco años en la vereda La Balsa, Cacarica, Chocó, de arboles maderables?.
Si la justicia hubiese obrado con prontitud y equidad, lejos estaríamos de presenciar éste gigantesco cortejo fúnebre, nada de lo que se está viviendo se estaría repitiendo.
En sus despachos dejamos constancia histórica y nuestro profunda censura moral, con la convicción de que la esperanza de reconstrucción del Estado de Derecho se esfuma no sólo por los graves atentados sufridos por las comunidades del Cacarica con aquiescencia del Estado y su estrategia paramilitar sino por la grave vulneración de los Derechos Colectivos que esperamos no generen nuevas acciones violentas.
Deseamos que este clamor de justicia sirva algún día para allanar el camino de la justicia construida desde la humanidad.
Con profunda preocupación,
COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ