Sentencia revela cómo pagaban $100 mil por cada ‘falso positivo’

La mañana del 10 de febrero de 2004, Edwin Arias no alcanzó a comprar en Sincelejo un pote de leche para su hija recién nacida: sus vecinos, a bordo de un carro amarillo, lo llamaron y le ofrecieron trabajo en una finca bananera.

Dos días después apareció muerto a 235 kilómetros, en Unguía, Chocó, junto a sus tres vecinos, con otras dos terribles particularidades: sobre su ropa de civil tenía un flamante camuflado nuevo y de los orificios de bala en el tórax no había el mínimo rastro en la ilesa vestimenta castrense.

Por este caso, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, presidido por la togada Dalcy Blanco, condenó, en primera instancia, a dos suboficiales y seis soldados profesionales, así como a uno de los vecinos de Arias, a quien le habían ofrecido 100 mil pesos por cada vida humana que entregara para convertirlas en falsos positivos, casos por los que hoy está muy pendiente la Corte Internacional de Justicia. (Ver La condena). Detalles que quedaron consignados en la sentencia a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Vendedores de verduras o mototaxistas

Cuando sucedieron los hechos, a los uniformados que “dieron de baja a cuatro integrantes del frente 57 de las Farc”, los premiaron con 20 días de descaso y 4 millones de pesos.

Las víctimas, Luis Armando Campo Mercado, Alberto Mario Arias Manjarrés, José Ulises Pérez Pérez y Edwin Enrique Arias Chávez, eran vendedores de verduras o mototaxistas de la capital sucreña, comprobó el despacho.

Sobre la partida de cada uno, la administradora de justicia indica: “lo paradójico es que como ha ocurrido en las investigaciones que se adelantan por falsos positivos, las víctimas de estos cruentos hechos salen de sus viviendas sin equipajes, sin indicar el nombre del propietario del predio rural donde van a prestar sus servicios, ni dirección ni previo contacto con el mismo, sin especificarles las tareas o funciones que iban a cumplir, e incluso salieron a espaldas de sus familiares”.

Cita el juzgado al respecto el testimonio de Adolfo Arias, padre de Edwin Arias:

“Él salió de la casa el día 10 de febrero, a eso de las 10 de la mañana, y le dijo a la mamá que se iba a comprar un pote de leche para la niña de 18 días de nacida, hija de él (…). Al llegar a la esquina, entonces, a él lo llamaron los vecinos que también desaparecieron y que iban en ese carro amarillo, como que lo convencieron de irse con ellos, y entonces también se montó en el carro y se fueron, y desde ese día no se supo nada más de ellos”.

Y Neira Mercado, madre de Luis Mercado, contó así la última vez que escuchó a su hijo: “A eso de las 5:10 de la madrugada salió de la casa. No dijo nada. Sentí cuando cerró la puerta. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno (…). Como a las 10 de la mañana llamó a la vecina Olga Sierra, al teléfono de ella, porque en mi casa cuando eso no había teléfono, y le dijo que me avisara que él estaba en Montería y que él iba a trabajar allá, y que después se comunicaba conmigo”.

Los camuflados sobre la ropa

El coronel José Castrillón García, comandante del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Vélez, reportó al Juzgado 94 de Instrucción Penal Militar lo ocurrido así: “El día 12 de febrero de 2004 a las 5:30 horas, aproximadamente, en la vereda Arizal, municipio de Unguía, Chocó, tropas de esta unidad táctica, en cumplimiento a la orden de operaciones no. 11 ‘Fugaz’, sostuvieron contacto armado contra terroristas pertenecientes al parecer a la cuadrilla 57 de las Farc que delinque en ese sector, dando como resultado la baja de cuatro terroristas de esa organización delictiva y la incautación de material”.

No obstante, los investigadores del CTI, durante la diligencia de inspección judicial a los cuatro cadáveres, realizada en el helipuerto de la Brigada XVII Carepa, según el fallo no se explican “por qué al llegar al lugar de los hechos encontraron los cadáveres por fuera de las bolsas negras plásticas y el material de guerra incautado ubicado sobre una mesa (…), con lo cual los militares contaminaban la escena (…), por lo que no se pudo establecer cuál fue hallado a cada occiso”.

Además, de acuerdo con el documento, a los detectives “les causó extrañeza que los camuflados se encontraban en perfecto estado, mientras que el tórax y la camiseta de los occisos presentaban orificios de proyectiles”.

Sobre la forma en que fueron muertas las víctimas, el informe pericial de análisis del comportamiento criminal del 3 de noviembre de 2009 indica: “comportamentalmente, los disparos a corta distancia, los causados en la boca abierta de la víctima, los disparos por la espalda y los disparos realizados a cuerpos inmóviles o en posiciones de cúbito dorsal, concuerdan más con un objetivo de aniquilación que con la conducta esperada en una situación de combate”.

Así mismo, agrega el investigador que al menos dos cadáveres presentan heridas de esquirlas de artefactos explosivos y uno tenía una herida de un arma corta puesta en la boca. Y aunque los militares lo niegan, en el acta de gasto de munición se refleja que usaron dos granadas en el “combate”.

Los familiares de los desaparecidos solo conocieron lo sucedido a principio de 2007.

El capitán que lloró arrodillado

El fiscal del caso, Alfonso Trilleras, advirtió desde un principio que los uniformados mentían y que no hubo ningún combate, y agregó que los mismos militares “aducen lo que sería una maniobra ideada con el entonces capitán Jorge Mauricio Ramírez Rodríguez, en el sentido de que efectuaron el recorrido a lo largo del cual se encontraron con un sujeto guía que se comunicaba con el oficial y que en cierto sitio escucharon una ráfaga y hallaron los cuatro cuerpos sin vida y que Ramírez les pidió que dijeran que se había tratado de un combate”.

La treta de los victimarios era hacer ver que los crímenes los habían cometido paramilitares que, luego, habían amenazado al hoy mayor Ramírez, que se acogió a sentencia anticipada por este mismo caso, para que la fuerza pública presentara a los muertos como guerrilleros abatidos.

En los testimonios se lee cuando los soldados “afirman que Agudelo (sargento), por disposición del oficial, les ordenó que dispararan a la maleza para legalizar el gasto de munición”. El fiscal destaca que el excapitán Ramírez insiste en que por su “afán de recibir información relativa a los responsables de un secuestro verificado en junio de 2003”, afirmó escuchar a unos sujetos de quienes, luego, dice que eran miembros de grupos paramilitares, y que le aseguraron que tenían la ubicación de “los sujetos sobre los cuales estaba indagando”.

Entonces, señala la Fiscalía, el oficial luego de narrar una historia sobre un guía que lo lleva hasta determinado lugar con su tropa, unos disparos y hallar cuatro cuerpos sin vida, decidió hacerlos pasar como bajas en combate, y “se excusa diciendo que estaba amenazado por personas de grupos de autodefensas que lo obligaron a aceptar dichas ‘bajas’, que lo engañaron, que no le dieron información alguna sobre la ubicación de subversivos involucrados en el secuestro que estaba investigando y que no tuvo más alternativa que persistir en la historia del combate por su seguridad y la de su familia”.

Sin embargo, la representante de víctimas Yéssika Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, criticó en el juicio el hecho de que los soldados hayan pretendido decir que “el hoy mayor Ramírez fue una pobre víctima engañada por sus amigos paramilitares, que fue amenazado porque los paramilitares le mencionaron sus hijos, que entonces pidió ayuda a sus subalternos, arrodillado en medio del llanto, para que dijeran que las muertes fueron en combate”.

Tampoco le cree la Fiscalía a los suboficiales y soldados cuando afirman que el capitán los mandó a hacer todo y que ellos desconocían el tema, ya que para los investigadores en la comisión de los hechos hubo “un andamiaje que necesariamente implicaba el conocimiento de los militares sindicados”; como el desplazamiento de las cuatro personas desde Sincelejo hasta Unguía, la ubicación precisa del grupo de militares, el punto exacto donde estarían los cuatro jóvenes para ser ajusticiados y la evidencia de uniformes y armamento llevados y colocados en el lugar.

Luis A. Campo Mercado, José Ulises Pérez Pérez, Edwin E. Arias Chávez y Alberto Arias Manjarrés.

Militares pagan a ‘reclutador’

De acuerdo con el ente acusador, Cristóbal Mestra Támara, previo contacto con alias Soldado (el militar Luis Serna Cortés), convenció a las víctimas para abandonar la ciudad bajo falsas promesas de trabajar en una finca bananera del Urabá.

En el proceso, Mestra acepta que los jóvenes fueron obligados a bajar del autobús en que se desplazaban, más de seis horas después de camino, en el sitio conocido como Los Mellitos, en Necoclí, Antioquia, por gente del Ejército, que los llamaron por sus nombres o apodos. “Es decir, que había un conocimiento previo de quiénes eran”.

Alias Soldado les indica entonces hacia dónde van y en qué vehículo, sigue con ellos e incluso paga el transporte. El Soldado es, además, la persona que le entrega a Mestra 100 mil pesos por cada víctima que consiga para presentarla como abatida en combate.

La búsqueda de las familias

Tras el crimen, solo se sabe de la suerte de las víctimas hasta principios de 2007, cuando a Neira Mercado el CTI le informa que había aparecido Edwin, el vecino, muerto en Apartadó, Antioquia. Por lo que viajó a la zona, pero no pudo dar con su paradero.

Entonces, le dejó al CTI una foto y la fotocopia de la cédula de su hijo. En marzo de 2007 la llamaron del CTI y le dieron la mala noticia que paradójicamente estaba esperando: su hijo había aparecido muerto, junto con el resto de víctimas, en Carepa, Antioquia.

Sobre el día de la desaparición, Mestra contó el 13 de marzo de 2009 que conocía a las víctimas, pero que ellas habían sido las que habían hecho el contacto con Soldado; que le contaron de un empleo en una empresa bananera, pero que cuando iban en el bus, cuatro sujetos con radio subieron y bajaron a sus acompañantes, pero a él no.

Llama entonces la atención que a las 6 de la tarde de ese mismo día, Lucy Arias, hermana de una de las víctimas, vio a Mestra de regreso en Sincelejo y le preguntó dónde estaban los demás, a lo que el condenado le respondió que llegarían a las 10 de la noche. Pero a las autoridades judiciales, Mestra les dijo luego que él había seguido ese día viajando hasta Turbo, Antioquia.

Y cuando Lucy le preguntó por qué él había llegado antes, le respondió que era que se sentía enfermo, con “paludismo”. Ese día se quedaron Lucy y su madre, esperando hasta la una de la mañana, en la terraza, a que Alberto regresara.

Al día siguiente, otra hermana, Eladia, indagó donde la madre de Mestra qué era lo que había pasado, y se enteró que Yuyo, como le dicen a Mestra, hacía comentarios en la calle acerca de que estaban muertos.

Plan conjunto con las AUC

Concluye el juzgado que la materia prima de las ejecuciones extrajudiciales es “proveniente de humildes pobladores desempleados y sin un provenir definido”, y que se perpetraron “para incrementar falsamente las estadísticas operacionales de las Fuerzas Militares, y todo por la ínfima suma de 100 mil pesos por cada joven incautado”.

En el contexto de los hechos citado en la decisión, se señala que obedeció a un plan del capitán Ramírez en mancuerna con el bloque Élmer Cárdenas de las AUC que operaba en el Chocó. De hecho, el excapitán Ramírez, en una de las diligencias de este juicio de cinco años, mientras se acogía a sentencia anticipada, es decir, mientras confesaba a cambio de beneficios jurídicos, admitió sentir una profunda admiración por los grupos paramilitares, cuyas prácticas criminales, al igual que la corrupta célula militar en cuestión, incluían el asesinato a inocentes, a inocentes pobres, los mismos que el uniformado juró alguna vez defender ante Dios y la patria.

Fuente: https://www.elheraldo.co/nacional/falsos-positivos-los-pagaban-cien-mil-pesos-en-sucre-176652

Imagen: El diario