Seis falacias gubernamentales sobre el estado de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS)
El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) se encuentra en un estado precario de implementación, caracterizado por la fragmentación y desarticulación de sus com- ponentes. El gobierno de Iván Duque sostiene, no obstante, que está cumpliendo a cabalidad con los compromisos de sustitución.
El presente documento expone seis falacias de la política gubernamental presentadas por el Director Nacional del PNIS, Hernando Londoño, con las cuales ha pretendido explicar los incumplimientos, estancamientos y retrasos en la implementación de este punto del Acuerdo Final de Paz (AFP). Estas falacias son consistentes con la simulación de la implementación propia del gobierno actual. Asimismo evidencian las incoherencias y la instrumentalización de las cifras y la información suministradas por las instancias gubernamentales.
El trabajo se fundamenta en un ejercicio de contraste de afirmaciones hechas por el mencionado funcionario en entrevista concedida al diario El Espectador, publicada el 24 de enero de 2020, con el estado real del proceso de implementación en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Realizado ese constraste, se identificaron las siguientes seis falacias:
Primera Falacia: Las dificultades del PNIS se deben a que el programa fue entre- gado sin asignación presupuestal. Pese a ello, el gobierno de Iván Duque está cum- pliendo con los compromisos de sustitución. Sin embargo, la desfinanciación del programa es tal que para cumplir se tendría que afectar la inversión social.
“Este gobierno recibió el programa sin financiamiento, en el mArco fiscal de gasto no existía el rubro presupuesta para Atender eso (…) Conseguir $3,6 billones es más de lo que vale la reforma tributaria en un Año. ¿Entonces de dónde sale la plata? ¿Se lA quitamos A salud, A educación , a vivienda, A quién se la quitamos que no haya paros ? Pero el presidente Duque lo hA dicho desde un principio: “Voy A Cumplirles A esas familias”. Y Ahí vamos cumpliendo”.
1. Aunque es cierto que el gobierno de Duque recibió un programa desfinanciado1 , a 18 meses del actual mandato presidencial no se justifica que no se hayan tomado las medidas y acciones
correspondientes para garantizar la financiación del programa. La senda tomada por el gobierno de Duque no denota que haya interés alguno en resolver la desfinanciación estructural del AFP. Según el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO) (2018, 2019), en el Presupuesto General de la Nación (PGN) tiende más bien a consolidarse la tendencia de la desfinanciación.
2. Los $3,6 billones referenciados, que corresponden únicamente a los pagos por Plan de Atención Inmediata (PAI) familiar, no representan el costo anual del PNIS, como lo presenta Hernando Londoño. De acuerdo con el Plan Marco de Implementación (PMI), el costo del programa de sustitución es de $8,3 billones, pero proyectado a 15 años de implementación (2017-2031) y no a un solo año. Además, y como lo señaló CEPDIPO (2019), en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la proyección gubernamental del gasto en sustitución es apenas de $43 mil millones de pesos, lo cual deriva en una inversión anual de algo más de $10 mil millones de pesos durante todo el Gobierno de Iván Duque (p. 6).
3. Por otra parte, Londoño plantea una falsa disyuntiva entre la financiación del AFP y la inver- sión social en el país. El AFP no fue concebido para disputar recursos de inversión que el Estado debe destinar en desarrollo de sus funciones misionales. En ese sentido, los recursos para el AFP deben comprenderse como complementarios. Cosa distinta es que desde la formulación del Plan Marco de Implementación —en el gobierno de Juan Manuel Santos— recursos del Sistema General de Participaciones, que ya tienen destinación constitucional y legal específica, se estén considerando como gasto imputable a las inversiones requeridas para la paz. Este ejercicio anti- técnico de doble contabilidad se ha mantenido durante el gobierno de Iván Duque.
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