Se mata con hambre, se mata con balas, y se quiere matar el alma
Por Comisión de Justicia y Paz [[Escrito por Danilo Rueda para el Grupo Proreparación]]
Violencia Estatal sistemática contra la población
El desarrollo de la estrategia contrainsurgente de la Brigada 17 desde 1996 hasta el 2002 combinó actuaciones con estrategias regulares y encubiertas de tipo paramilitar a través de las llamadas “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” que definió como blanco a la población civil afrodescendiente, indígena, mestiza, concebida como “enemigo interno”. Esas tácticas militares se mantienen hasta el día de hoy, reeditadas y cualificadas en medio de la reingeniería paramilitar iniciada en el 2002 con el proceso de “desmovilización”, el control social y territorial agroindustrial y extractivo, los modelos de seguridad empresarial, las “aguilas negras”, la militarización con una nueva Brigada como la 15 y la presencia policial conforme a la comprensión del Plan de Consolidación de la Seguridad Democrática.
Retomando la experiencia de la Brigada 11 desarrollada con total eficacia desde 1988 y 1995 en una primera fase en Córdoba, “legitimada” en la impunidad de los múltiples crímenes torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, bombardeos, desplazamientos forzosos con técnicas de bloqueos, de sitiamiento de la población, empadronamiento, simulación de reforma agraria, creación de cooperativas, fragmentación comunitaria, nuevas formas de coloniaje, y modelos de reconciliación servil, la estrategia se amplió al norte de Golfo de Urabá en Antioquia – Arboletes, Necoclí, Turbo- el eje bananero – Turbo, Apartadó, Chigorodó, Dabeiba- y el bajo Atrato Cacarica, Salaquí, Curvaradó, Jiguamiandó. Se multiplicaron los bloqueos económicos y retenes, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzosas en Turbo para controlar el Atrato y en Chigorodó y Belén de Bajirá y Mutatá desde 1996 se inició el período de persecución que tiene un punto de climax con la masacre de Brisas de Curvaradó (Chocó), en octubre de 1996.
Desde allí la violencia se hace sistemática contra los pobladores de Curvaradó y Jiguamiandó con una fase de control urbano de Turbo, Belén de Bajirá, Chigorodó, municipio de Riosucio y Murindó. Ese control consolidado en diciembre de 1996 se amplia a una fase de arrasamiento rural en particular en el Cacarica y Salaquí con el desarrollo de una operación militar “Génesis” comandada por el General Rito Alejo del Río, Brigada 17, con bombardeos desde el aire, operaciones acuáticas y terrestres entre estructuras militares y paramilitares entre el 24 y el 27 de Febrero de 1997, que genera el desplazamiento forzoso de cerca de 5 mil personas, mayoritariamente afrodescendientes. Los efectos de la operación militar se amplian de modo indirecto a los habitantes de Truandó, Domingodó, Curvaradóy Jiguamiandó.
Desde mediados de los 90 hasta hoy las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó han sido agredidas con acciones que han causado más de 140 víctimas de asesinatos o desapariciones forzadas y 15 desplazamientos forzados. La casi totalidad de estas violaciones han sido perpetradas por la Fuerza Pública en acciones directas o bajo la estrategia paramilitar. Seis asesinatos y un desplazamiento forzado han sido perpetrados por la guerrilla de las Farc. Es el precio que han pagado por su resistencia civil y su tenacidad en defender su territorio.
En 2001, a los pocos meses de recibir la titulación colectiva de su territorio, de conformidad con la ley 70 de 1993, empezó la implementación en sus tierras de los cultivos extensivos de palma aceitera (y en menor proporción de proyectos de extensión ganadera). Este agronegocio se inició con la ofensiva de control territorial militar-paramilitar que propició el desalojo de los pobladores de Curvaradó en sus cerca de 45 mil hectáreas de tierra, el éxodo de la mayoría a cascos urbanos y un grupo que fue acogido en el río Jiguamiandó.
A la ocupación militar con múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario contra los afrodescendientes, se sumaron los medios de presión para la entrega de tierras, la compra y venta ilegal de predios, la conformación de asociaciones campesinas por los paramilitares, el repoblamiento, y el apoyo financiero de Banco Agrario y Finagro para la siembra de palma por parte de 13 empresas conformadas o protegidas por estructuras paramilitares y del tráfico de drogas.
Según el Incoder, el 93% de las áreas sembradas con cultivos de palma aceitera se encuentran dentro de los territorios colectivos y el 7% restante se encuentra ubicado en predios de propiedad privada adjudicados por el Incora antes de la vigencia de la ley 70 de 1993.
El pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP fue solo eso un pretexto para la apropiación territorial. En este caso, los intereses que realmente subyacen a la violencia estatal son los económicos territoriales, tal como sucede en el Cacarica con la organización Cavida de comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Norte de Chocó que forman parte de Acikek. La persecución contra la población usa de pretextos contrainsurgentes para lograr apropiaciones territoriales, imposición de modelos de desarrollo, de mentalidades productivas extractivas y de nuevas formas de colonización y de dominación excluyente. Se trata entonces de terror para imponer un modelo de sociedad y de Estado, que se combina luego con políticas y técnicas de consentimiento y de aceptación de las lógicas criminales para seducir y aceptar ese modelo. Se trata de una violencia socio política que niega las posibilidades de la vida física de comunidades, de un grupo social, de un colectivo, de una identidad, de un modo de vida, y de los espacios de interacción de esa vida, las aguas, los bosques, la biodiversidad, el aire, la siembras de pan coger. Así se comprende la pretensión militar-paramilitar de propiciar las fragmentaciones sociales, la cooptación de organizaciones regionales y locales y la permeabilidad en lo nacional, las judicializaciones contra líderes que han sobrevivido a la represión y se niegan al chantaje, a las prebendas paraempresariales que pretenden consolidar ese modelo de “desarrollo”, de relaciones hombres-mujeres con el ambiente.
Pueblo Afrocolombiano, pueblo mestizo que vive en el Territorio.
Las comunidades afrodescendientes del Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica se autoidentifican como pueblo tribal y han reconocido como tal por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto tienen “estilos de vida tradicionales, cultura y manera de vivir diferentes de otros sectores de la población nacional, y organización social propia y costumbres y leyes tradicionales” [[Artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT y Convenio Número 169 sobre pueblos indígenas y tribales: un manual, Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, Ginebra, 2003, pág.7.]]. Se reconocen como miembros de una “comunidad negra”, y “afrocolombianos” o “afrodescendientes”.
“Nosotros somos descendientes de las negritudes y los que fueron puros negros anteriormente ahora ya no son negros nativos sino que entre los negros habemos indígenas, paisas, habemos chilapos, costeños, la raza está mezclada por eso se dice afro descendiente. Las negritudes vienen del África y eso depende de los españoles en la época de la independencia del descubrimiento de América, entonces de ahí dependió que se introdujo en continente africano en América y ahí vio la mezcla de indígenas, negros, mestizos por eso somos afro colombianos, ya no somos afros puros que son los que vienen de África” [[Palabras de uno de los miembros de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó.]].
Esta identidad propia comprende elementos relacionados con la pertenencia a lo que ellos mismos denominan “comunidad”, articulada por el río y arraigada en un territorio ancestral, que ha adquirido un significado importante para sus vidas en libertad y en el que sobreviven alimentariamente con métodos tradicionales. La relación con el territorio es casi umbilical, una relación vital perceptible en las palabras según las cuales el territorio es su madre y es su padre porque de él reciben todos los beneficios. Tienen una mirada del territorio por fuera de lo meramente instrumental en la medida que lo conciben como un todo, como un tejido integral, que no implica solo tierra, sino también vida de seres humanos, red social, organización comunitaria, formas de subsistencia, resolución de conflictos internos, movilidad frente a eventos que atenten contra sus vidas y una relación propia con la biodiversidad. Su territorio es escuela de la vida, que garantiza la perpetuación de la tradición de sus ancestros, sus costumbres y su forma de vivir, los sentidos rituales, la propiedad comunitaria y la protección ambiental.
“El territorio es un lugar donde estamos todos, una comunidad campesina ubicada, por lo menos donde tiene su esperanza, es su vida, es el medio por el cual se consigue la salud, la educación. El Territorio es la fortaleza, el ánimo. También es el futuro de nuestros hijos que vienen naciendo. (…) Por eso nuestra lucha, por seguir siendo campesinos. Campesinos negros nacimos y campesinos negros tenemos que morir, porque eso fue que nuestro Dios nos dejó a nosotros” [[Palabras de uno de los miembros de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó.]].
La pretensión de la violencia estatal, la desterritorialización
Las violaciones masivas de sus derechos humanos y el consecuente destierro forzado como pretensión de desterritorialización, descampenización y nueva esclavitud han provocado afecciones integrales en lo personal, lo familiar, lo colectivo, las prácticas sociales y culturales, sus modos de habitación y de ocupación territorial, sus modos de relación con la tierra, los animales, el agua, la cocina, la organización y la relación con los otros, externos.
La desterritorialización esta “comprendida como la forma forzada de romper con la relación armónica existente, marcada por espacios de temporalidades extensos entre un grupo humano y el espacio físico –territorio- donde han construido formas de vida en la ancestralidad, tanto en lo material como en el especto simbólico. Es la ruptura forzada entre el imaginario y el realismo del espacio físico donde ha habitado un grupo humano; negación de toda una historia, negación de los múltiples rostros y voces de los seres que la han construido, imponiendo una nueva forma de vida a la fuerza en tanto que desde la lógica económica del nuevo orden mundial, el territorio es reconfigurado, transformado y rediseñado.
Es incluir el imaginario y la vida de los sujetos de un grupo humano dueño de su territorio en una dinámica transnacional que se apropia del espacio y de sus gentes. Existe otra manera, otra forma de concebir el territorio, como algo a lo que se le puede extraer absolutamente todo, que se puede convertir en reserva de extracción, que se transforma en dinero y en producción de riqueza o reproducción del capital. Lo territorial, aunque esté dentro de una geografía local, regional y nacional, ya no pertenece a estas esferas o bordes geográficos sino a los sectores de poder mundial. La concepción ancestral tradicional, de conservación de la biodiversidad puede ser considerado o es considerado como un problema de seguridad nacional, por el uso que le den los ancestrales pobladores de las localidades territoriales es criminalizado, de modo que el territorio sea asegurado para los victimarios o los postores que imponen las condiciones en nombre del desarrollo. Se mata con hambre, se mata con balas, se mata con mentiras en el discurso del desarrollo y del ambiente sostenible”[[Santiago Mera, Danilo Rueda, Debates y Reflexiones, Hacia lo comunitario, Universidad Marta Abreu, Santa Clara, Cuba, mimeo, 2005.]] . El daño más profundo e inmaterial que se genera es el de la propia identidad, una sensibilidad, un pensamiento, un modo de existir y de ser
Los ataques masivos y sistemáticos contra la vida y la integridad física de estos pobladores les han obligado a cambiar la forma como solían movilizarse en el territorio y vender sus productos. Las lógicas económicas que son las causas que se ocultan detrás de violencia estatal y paraestatal, como son los cultivos extensivos de palma aceitera, banano o ganadería, promovidos por el Estado, los para terratenientes, las corporaciones nacionales y transnacionales, han transformado las interacciones de la propia vida, la de estas comunidades entre si y su ambiente y con los diversos sistemas de vida de su territorio. Dichas lógicas se oponen a la concepción del territorio que Bhan tenido las comunidades afrodescendientes en cuanto éstas habitan y entienden su relación con la naturaleza, el ambiente, los diversos sistemas de vida como un bien de la humanidad del que depende su sobrevivencia cotidiana, la de su existencia y la de su cosmogonía.
La dignificación porque aún no es posible la Reparación.
Zonas Humanitarias[[Zona Humanitaria esta figura se constituyó como concreción del Derecho Humanitario en el Cacarica, luego de la incursión de tipo paramilitar que se desató sobre dos asentamientos en la primera semana de junio de 2001]] y de biodiversidad, Siega de la palma, Comisión Etica
La reparación a los daños causados por un Estado que es el mismo criminal, que se prefigura como autoritario no puede satisfacer los Derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral. Por esa misma razón, el camino construido desde las comunidades afrocolombianas en Bajo Atrato, emulando la iniciada en Cacarica por Cavida, pero con sus propias especificidades, ha sido el de la dignificación, es el ejercicio de los propios Derechos como Autodeterminación. De un Estado criminal, antidemocrático, corrupto no es posible esperar la reparación hasta tanto el Estado sea realmente democrático hay que desarrollar creativamente una construcción propia del Derecho con base en los contenidos concretos de los derechos de los pueblos, basados en el Derecho Interno e Internacional, pero sin depender del reconocimiento de ese Estado que no es democrático.
¿Cómo exigir el Derecho al retorno, cuando la política pública implica aceptar la militarización y los agronegocios, es decir, la convivencia con la criminalidad y el aceptar los propósitos ocultos de los beneficiarios de los crímenes?
¿Cómo exigir el Derecho a la Verdad, cuando la política criminal está diseñada bajo la ley 975 para la impunidad y la mentira, y para obviar la responsabilidad del Estado?
¿Cómo exigir Reparación Administrativa, cuando los decretos están diseñados para asegurar el silencio comunitario, propiciar las divisiones, olvidar la dimensión integral de lo destruido y evitar reparaciones conforme al Derecho Internacional y los Derechos de los pueblos?
Mientras no hay Estado Democrático el camino construido ha sido el de la dignificación, es la afirmación concreta de los derechos, el desarrollo de iniciativas específicas – no discursivas- sino prácticas de los derechos que vayan configurando el Estado Social de Derecho, es la búsqueda de satisfacción de las propias necesidades y el de la proyección de un nuevo tipo de sociedad para cuando sea posible un nuevo tipo de Estado Democrático.
La pretensión de la desterritorializacion, de descampenización e industrialización rural criminal y destructora ambiental ha incidido en el proceso de pérdida de algunas características de su identidad y de sus derechos ha significado el desarrollo de iniciativas de resistencia integral. En esta resistencia se define un proceso de dignificación con prácticas de afirmación de sus derechos y de iniciativas de memoria colectiva, prácticas de economía y de protección ambiental, modelos de soberanía alimentaria y de construcción de experiencias de reconstitución de democracia política, democracia económica y democracia territorial.
Ante las violaciones múltiples de sus derechos humanos han desarrollado procesos legítimos e innovadores de resistencia civil [[ Se comprende por resistencia civil un proceso dinámico intersubjetivo de afrontamiento, de afirmación y de transformación de las causas que han generado rupturas de identidad, de proyectos de vida individuales y colectivos, por acciones militares, proyectos políticos y socio económicos impuestos; en Comisión de Justicia y Paz, Conferencia Red de Alternativas caminos de memoria en la resiliencia, Danilo Rueda, mimeo, Encuentro Territorio, Justicia y Medio Ambiente, Chicago, 11 de noviembre de 2006. ]] dentro de sus lugares titulados colectiva o individualmente, en medio del desarrollo del conflicto armado interno y de la implementación de obras de infraestructura y agronegocios ilegales y criminales, ellas y ellos desarrollan prácticas afirmativas de enfrentamiento y afrontamiento y de restitución.
Para enfrentar la embatida los afrocolombianos cambiaron su modo de habitación y organización espacial, anteriormente dispersos a lo largo del río en un espacio amplio y con las zonas de cultivo alejadas, constituyeron Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
Las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad son lugares específicos de protección de la Vida – humana-colectiva y los ecosistemas- en el territorio, un medio de regreso al territorio y de enfrentamiiento y de afrontamiento ante las pretensiones de las estructuras criminales. Las Zonas Humanitarias son lugares perfectamente visibilizados de protección como civiles, habitados por un grupo humano, que afirma sus derechos como población civil, sus miembros comparten libremente un Proyecto de Vida para defenderse de la militarización insitucional y de ser víctimas de eventuales confrontaciones armadas. Las Zonas de Biodiversidad son áreas de protección y de recuperación de ecosistemas de Territorios Colectivos o privados y de afirmación del derecho a la alimentación de grupos familiares cuyos predios han sido arrasados o están en riesgo de ser destruidos por agronegocios, obras de infraestructura, o explotación de recursos naturales.
Desde ese lugar ejercen la libre expresión, el derecho a la asociación, la discusión democrática que incluye a mujeres, y niñas y niños, y estudian las estrategias de autoprotección, las jurídicas para el respeto de sus derechos a la vida, a la tierra, a la verdad, la justicia y la reparación integral frente a los crímenes padecidos que son de lesa humanidad. Allí desarrollan sus modelos de educación propia – primaria y bachillerato- y de promotoría de salud con la participación y la responsabilidad comunitaria y la planeación de modos de producción de pan coger.
Regresaron al territorio colectivo sin ningún tipo de recurso de Acción Social y exigiendo al Estado el respeto a su vida, y la responsabilidad de cualquier hecho a su vida e integridad personal conforme al espíritu de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al regresar se encuentran con la palma, dan fe y certificación de la propiedad y desarrollan la siega de la palma para poder alimentarse, para poder habitar el territorio, logran recuperar más de 70 hectáreas de su territorio echando la palma a tierra, resembrando, y acorralan la ganadería extensiva, reconstruyen los poblados.
Resignifican la ancestralidad, recuperan los cementerios en los que también se sembró palma, delimitan los lugares en donde se encuentran eventualmente restos de los desaparecidos e igualmente constituyen espacios de memoria, monumentos, rituales de memoria colectiva en fechas específicas, actos culturales ancestrales.
La pretensión de la desterritorializacion incidió en el proceso de pérdida de algunas características de su cultura con la crítica y mediación ante la descampesinización e industrialización criminal lo que ha significado la reconfiguración de nuevas formas de economía de resistencia, nuevas técnicas de trabajo para la producción de pan coger, técnicas de intercambio, pero también el desarrollo de prácticas concretas de ejercicio del derecho a saber, del derecho a la memoria frente a la impunidad existente.
Efectivamente han sido 12 años de violencia física estatal todos los crímenes se encuentran en la impunidad. El ente investigador se ha negado a recaudar pruebas en los centros de operación paramilitar, empresarial, y la sede de la Brigadas 17 y 15 y policíade Urabá. Se ha negado a desarrollar técnicas de persecución de los victimarios que permanecen a la vista de todo el mundo en Necoclí, San Pedro de Urabá, Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Mutatá, Apartadó, Turbo, en Barranquilla, en Santa Marta, en sitios perfectamente conocidos.
Ante la posibilidad de que muchas pruebas se pierdan, que muchos testimonios no sean reconocidos la Comisión Etica ha cumplido un papel importante en el reconocimiento de la verdad de las víctimas, han ido a lugares a donde se encuentran las pruebas que la fiscalía se negó a recaudar, ha recibido múltiples testimonios, ha recogido objetos de las víctimas, han participado en la inauguración de las casas de memoria que prueban la ofensiva criminal estatal, han llevado a sus países pruebas de la impunidad y de la criminalidad, han constituido espacios de memoria en España, Francia y próximamente en USA y Chile y han acompañado el proceso de dignificación y jornadas como la siega de la palma o la construcción de monumentos. La Comisión Etica ha acompañado el proceso de dignficación de la memoria colectiva.
Detrás de las iniciativas diversas en el Curvaradó y Jiguamiandó se desarrolla una concreción de derechos a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación como proceso de dignificación, preámbulo cimientos de la constitución de un auténtico Estado de Derecho.