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S.O.S. Buenaventura – Derecho de Petición

Referencia: S.O.S. Buenaventura – Derecho de Petición art 23 de la Constitución Política de Colombia y normas concordantes.

El propósito del pueblo de Buenaventura, de vivir con dignidad y en paz en su territorio, viene siendo violentado por el accionar de los actores armados que se encuentran en el territorio urbano, rural y en el mar, generando pánico y desplazamiento forzado por los enfrentamientos. La presencia de grupos armados ilegales, el fortalecimiento de algunas estructuras y/o la reconfiguración de éstos. Generan, además, asesinatos, riesgo, estigmatización, pánico, desplazamientos intraurbanos, intermunicipales y de las zonas rurales, entre otras situaciones de violaciones contra los civiles.

Queremos recordarles, que desde octubre del año 2018, se había manifestado la necesidad de generar acciones de prevención y protección desde los más altos niveles del gobierno, sin encontrar respuesta efectiva de las autoridades responsables de brindar seguridad y bienestar a la ciudadanía.

Esta situación deja en evidencia la falta de autoridad, por parte de las entidades del Estado, Distrital, Departamental y Nacional, las cuales deben garantizar no solo el derecho a la vida, sino la vida con dignidad del conjunto de los bonaverenses y los colombianos. Estamos a merced de los grupos delincuenciales. Nos preguntamos ¿Dónde está la contingencia de las autoridades que imparten justicia para frenar esta situación de violencia? ¿Por qué la autoridad civil no genera acciones que demuestre que existe presencia del Estado en los barrios? ¿Se dice que hay institucionalidad, dónde se ve reflejada en estas circunstancias?

Los picos de violencia que padece Buenaventura, como en la actualidad, evidencian el problema social estructural e histórico y demuestran el poder continuo del accionar de los actores armados, quienes defienden los intereses de aquellos que los impulsan y soportan, convierten el territorio de Buenaventura en escenarios de guerra con las consecuencias antes mencionadas. Todo esto ha dado origen a diferentes acciones de denuncia, protesta y movilización, como el paro cívico “para vivir con dignidad y en paz en el territorio”.

Ante esta realidad en nombre del pueblo de Buenaventura:

  1. Rechazamos la violencia y el control ilegal de nuestro territorio y nuestra población, en función de intereses económicos y políticos mezquinos.
  2. Exigimos de las autoridades estatales el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar los derechos individuales y colectivos del pueblo de Buenaventura.
  3. De las instituciones constitucionalmente responsables, realizar los procesos de investigación requeridos para establecer los verdaderos responsables de las violaciones a los derechos que padecen los bonaverenses.
  4. Atender las verdaderas causas estructurales, que afectan a la población de Buenaventura y que atentan contra el derecho a la vida con dignidad y se convierten en caldo de cultivo y facilitadores de la presencia y accionar de los actores armados ilegales, en el territorio los cuales en función de intereses externos vinculan a miembros de las comunidades a sus filas. Dicho de otra manera, darle cumplimiento a los acuerdos establecidos entre el gobierno colombiano y el pueblo de Buenaventura, como resultados del paro cívico de 2017.
  5. Al ministerio público y a las entidades nacionales e internacionales de Derechos Humanos, acompañar a las comunidades en sus denuncias, exigencias, movilización, y búsqueda del restablecimiento de sus Derechos.

Finalmente, y con base en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y normas concordantes solicitamos información de las acciones de prevención y protección para la ciudadanía que las diferentes entidades del Estado a nivel Distrital, Departamental y Nacional vienen desarrollando a raíz de las múltiples denuncias que se han presentado desde octubre de 2018 y que se intensificaron en el mes de junio y en lo que va corrido del mes de julio de 2019.

Atentamente,

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Imagen: Noticiero 90 Minutos.

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