Retos ambientales de lo acordado

Los ambientalistas, como muchos otros sectores, nos hemos movilizado virtual y físicamente para promover el Sí ambiental en el plebiscito. Si, como esperamos, el Sí es mayoritario, debemos pasar del dicho al hecho.


Con la implementación del Acuerdo, se inicia una etapa de retos, oportunidades y riesgos para la gestión ambiental.

Margarita Pacheco, en su columna “El ‘Sí’ ambiental entre cuencas y paisajes urbanos” (Semana Sostenible; 2016, 09,23), señala cómo participando en el plebiscito asumimos la responsabilidad democrática de votar y, una vez aprobado el Acuerdo, debemos pasar a organizarnos para ejercer una eficiente veeduría ciudadana y apoyar el cumplimiento de lo acordado.

Por su complejidad y diversidad, es difícil mencionar la totalidad de los múltiples espacios de gestión ambiental que se abren con la firma y aprobación ciudadana del Acuerdo. Iniciemos por solo tres de los 13 principios que se mencionan y que deben tenerse en cuenta para cumplir con lo referido en el punto “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”.

Un principio dice: “Derecho a la alimentación: la política de desarrollo agraria integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada, y que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles”. ¿Se imaginan la dimensión de la aplicación de solo la parte final de este principio, “que los alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles”? Mucho trabajo de gestión, investigación y transferencia de tecnología se requiere por parte de todos nosotros para aproximarnos satisfactoriamente a la puesta en marcha de este principio.

Otro: “Desarrollo sostenible: es decir, es ambiental y socialmente sostenible y requiere de la protección y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del territorio”. De nuevo retomemos solo la parte final de este principio —“protección y promoción del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del territorio”—. Esto significa revisar el manejo del paisaje y la forma de intervención en todas nuestras cuencas, para lo cual es necesario construir acuerdos locales entre comunidades y propietarios del suelo para hacer realidad el principio constitucional de la función ecológica de la propiedad. Esto, solo para proteger los cauces y fuentes hídricas y así hacer realidad la protección y promoción del acceso al agua. Significa que todos los propietarios rurales deberían ajustar el manejo de su predio a una concepción ordenada del territorio y los habitantes urbanos transferir recursos para compensar al campesino por los cambios de uso, de producción agraria a conservación, que en algunos casos tendrán que darse. Poner en práctica este principio es un gran reto.

El tercer principio —que por falta de espacio no transcribo completo— es aquel que se refiere a la “Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Resalto la parte referida a incentivar “el uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades”. Bonita, pero compleja tarea.

Invito a los ambientalistas para que contando con la voluntad política de Gobierno y Farc y, con la parte positiva de la institucionalidad existente, trabajemos con las organizaciones sociales y las comunidades para hacer realidad estos y otros principios del Acuerdo.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/retos-ambientales-de-acordado