Respaldamos a las gestiones de la Senadora Piedad Córdoba y de Colombianas y Colombianos por la Paz, en los acuerdos humanitarios y en la búsqueda de una salida política al conflicto armado colombiano

Viernes 17 de abril de 2009

Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Ética Internacional por la Verdad en Colombia, de organizaciones internacionales de derechos humanos, intelectuales, agrupaciones y movimientos por la afirmación de los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia, RESPALDAMOS LA DECISIÓN DE LA SENADORA CORDOBA Y DE COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS POR LA PAZ DE AVANZAR EN GESTIONES HACIA EL ACUERDO HUMANITARIO Y LA SOLUCION NEGOCIADA AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO DE COLOMBIA.


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La Comisión Ética por la Verdad, como estrategia del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado – MOVICE – busca la salvaguarda de la Memoria ante la ausencia de garantías actuales para acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en Colombia. Los testimonios, pruebas e informes recogidos o elaborados por la Comisión Ética por la Verdad serán entregados a una futura Comisión de la Verdad en Colombia. La Comisión Ética por la Verdad esta compuesto por 25 organizaciones y personalidades de la mas alta calidad moral y ética, muchos de ellos han sido víctimas o acompañan víctimas que han padecido el flagelo de una dictadura, de la represión o de la guerra.

En Colombia, las condiciones para el esclarecimiento de la verdad no son favorables, mientras continúe el conflicto social y armado con los miles de desaparecidos forzadamente, los millones de desplazados, los cientos de ejecutados extrajudicialmente, los torturados difícilmente habrá condiciones de seguridad para que las víctimas, sus familias y los testigos hablen.

Colombianas y Colombianos por la Paz –CPP- es un grupo amplio y plural de la sociedad civil colombiana que ha logrado poner nuevamente en la agenda pública la humanización de conflicto armado en Colombia y su solución negociada. El reconocimiento de este conflicto es un deber ético. Vemos con esperanza que gracias a CPP se están abriendo espacios de dialogo desde la sociedad civil con los actores de esta guerra colombiana.

Por un lado, las FARC-EP realizaron liberaciones unilaterales y manifestaron estar dispuestas para un acuerdo humanitario lo que aportaría a la humanización de la guerra y es un paso hacia la solución negociada del conflicto armado en Colombia.

Por el otro lado, existe la carta del jefe paramilitar Salvatore Mancuso extraditado a EEUU solicitando una reunión con la Senadora Córdoba para abordar los obstáculos, después de la extradición, para seguir el proceso de la ley 975, llamada ley de Justicia y Paz, afirmando que “a pesar de las dificultades, mi propósito de cumplir con los compromisos de verdad y reparación a las víctimas sigue incólume.”

La Comisión Ética por la Verdad en Colombia objetó públicamente la extradición de los jefes paramilitares por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, denunciándola como otro mecanismo de impunidad jurídica y política. En su momento expresamos nuestra censura ética ante la extradición por ir en contravía de los derechos de las víctimas y de las posibilidades de una real democracia en Colombia, dada una grave situación de paramilitarización que permean al gobierno colombiano, la vida social, política y económica del país.

La verdad de las víctimas ha sido ocultada y tergiversada. En los testimonios recepcionados por la Comisión Ética las víctimas de crímenes de estado nos han compartido esta verdad: los nombres concretos de responsables y beneficiarios de los crímenes, entre ellos políticos, funcionarios públicos, así como empresas nacionales y multinacionales que se apoderan del territorio y de los bienes de las víctimas.

Sabemos desde las seis visitas que ha realizado la Comisión Ética lo que significa la continuidad de la impunidad y la negación de los derechos a las víctimas. Por ello respaldamos la decisión de la Senadora, según la cual deben ser las víctimas de los crímenes de los paramilitares y del Estado los que pongan las condiciones para un posible encuentro con el Señor Mancuso y eventualmente otros jefes extraditados, responsables de crímenes de lesa humanidad.

La senadora Córdoba por su condición ética y la solidaridad con las víctimas goza una alta credibilidad y confiamos que actuará conforme a las solicitudes de las víctimas.

Apelamos al gobierno colombiano abrir la posibilidad de gestiones humanitarias como el intercambio humanitario.

Urgimos al Presidente Uribe de atender la solicitud de la Senadora Córdoba de una reunión personal para buscar acercamientos en pro de las acciones humanitarias propuestas.

Exigimos al gobierno colombiano de abstenerse de estigmatizar como afín al terrorismo a las personas que buscan la humanización del conflicto armado en Colombia.

Solicitamos al gobierno colombiano brindar las garantías de seguridad para todas las personas que participan en el acuerdo humanitario y debates sobre la salida negociada del conflicto, incluyendo los miembros de las FARC – EP.

Apelamos a las FARC-EP seguir avanzando, con pasos concretos, hacia la humanización del conflicto.

Como integrantes de la Comisión Ética por la Verdad reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas y organizaciones pertenecientes al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado e Colombia y las otras víctimas en Colombia. Seguiremos atentos al desarrollo de los posibles diálogos y ofrecemos nuestra presencia y participación en la medida que sea solicitado por las víctimas.

Bogotá, 17 de abril 2009

Firman

Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nóbel de Paz, SERPAJ, Argentina

Madres de la Plaza de Mayo – línea fundadora, Mirta Barravalle, Argentina

Francois Houtart – teologio y sociologo, director del Centro Tricontinetal – Cetri, Bélgica

Asociación France – Amerique – Latine, Francia

Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca – España

Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico – UNAM, Méjico

Comunidad de Santo Tomás de Aquino, Madrid, España.

Enrique Santiago –secretario General del Instituto de Estudios Politicos de Americalatina y Africa – IEPALA, España

Escuela de las Américas – SOA Watch, Charity Ryerson, Elizbeth Deligio, EEUU

Espai Catalunya-Comissió Ètica, Antonio Pilgrau, España

Gilberto López y Rivas; profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Méjico

Miguel Álvarez, SERAPAZ, experto en temas de Paz y Negociación, Méjico

Poor Peoples Economic Human Rights Campaign, Mary Bricker Jenkins; Estados Unidos

Rainer Huhle, centro de DDHH de Núremberg, Alemania

Stephen N. Haymes, St Vincent DePaul, Profesor University DePaul, Chicago, Estados Unidos

Rick Ufford-Chase, Director Ejecutivo, Presbyterian Peace Fellowship, Estados Unidos

Bernardine Dohrn, Northwestern University School of Law, Chicago, Estados Unido