Resistencia civil e indignación contra el Estado corporativo

Asoquimbo ha acudido, a través de Derechos de Petición, a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, a los Ministerios del Interior, Ambiente, Trabajo, Cultura, Agricultura, etc, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, entre otros, y con excepción de la Contraloría General de la Nación, mantienen un silencio cómplice o simplemente niegan las demandas de los Afectados por el P.H.


Referencia: Reiterar Derechos de Petición

El Quimbo debido a que el Estado Corporativo (formalmente social de derecho) asume la posición de promotor y facilitador de los negocios de las empresas de capital nacional y transnacional de las cuales hacen parte funcionarios vinculados al gobierno que deciden la implementación de las estrategias de inversión-comercio internacionales e imponen los proyectos minero energéticos y los agronegocios que hoy hacen parte de las “locomotoras del desarrollo” del Gobierno de Santos.

Los afectados son tratados como simples instrumentos u objetos de mercado negando su condición de Sujetos de Derechos y la Protección y Garantías de los mismos, razón por la cual la única alternativa para defender el derecho a una vida digna es la resistencia civil y la movilización social. En tal sentido, Asoquimbo convoca de nuevo a participar en la Jornada de la Indignación, especialmente, el día 12 de octubre con concentraciones y marchas en Garzón, Gigante, Pitalito y Neiva Huila.

Prueba del desconocimiento del Estado a las demandas de las comunidades y su servilismo a favor de las tranasnacionales se registra en los siguientes hechos:

1. El 17 de enero de 2012 se realizó una reunión en el Ministerio de Ambiente y ante la pregunta sobre la convocatoria a la Audiencia Pública Ambiental como mecanismo jurídico para la suspensión de la Licencia al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo solicitada, el 3 de enero de 2012, por ASOQUIMBO- la Corporación COM-UNIDAD, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur -ACAS- y comunidades afectadas, la Directora de La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, LUZ HELENA SARMIENTO expresó que “ fue radicada el 5 de enero y se respondió que la Audiencia de Seguimiento necesitaba otros argumentos …y por eso consideramos, fue una decisión con el Ministro, convocar a esta reunión, yo firme la carta de convocatoria a esta reunión, porque considerábamos que era más efectivo que el tema de las audiencias que es prácticamente un diálogo de sordos porque en un solo día no se va a evacuar todo este tema. Entonces considerábamos que las mesas y que todos estuviéramos sentados en la misma iba a ser más efectivo…” Es decir, no se dieron argumentos de forma ni de fondo como lo establece la Ley para negar la Audiencia ni el Ministerio de Ambiente participó de las Mesas de Control y Seguimiento. (ver registro fílmico en http://www.youtube.com/watch?v=ZJ1XB6CoqwU

2. El 24 de enero de 2012 las mismas organizaciones y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos -ILSA-, solicitaron de nuevo la Audiencia Pública Ambiental y la ANLA, mediante Oficio del 8 de febrero del 2012, No. 2400-E-21140, reiteró la negación a la misma. Como consecuencia de lo anterior, el 18 de febrero en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo se solicitó aclaración frente a la respuesta dada a las dos solicitudes de Audiencia Pública Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico y la realización de un estudio de fondo y de forma sobre la solicitud de la misma presentada el 24 de enero del 2012. La ANLA aún no ha respondido.

3. El 13 de abril de 2012 La Asamblea del Huila “Solicita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la convocatoria de una Audiencia Pública Ambiental y la suspensión de las licencias ambientales otorgadas a Emgesa para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y a la Emerald Energy para la explotación petrolera en la zona de amortiguación del Parque Natural Regional Cerro Páramo Miraflores Rigoberto Urriago, una de las principales áreas naturales protegidas del Huila”. La ANLA mantiene silencio.

4. La Procuraduría General se comprometió a estudiar la problemática generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y los resultados del requerimiento al Ministerio de Ambiente de pronunciamiento a fondo sobre la solicitud de Audiencia Pública Ambiental. Aún no se conocen los resultados.

5. El 23 agosto de 2012 se informó que La Contraloría General de la Nación, ordenó ¨la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos, cerca de 200 millones de dólares comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma¨. Causa indignación el detrimento patrimonial y la ilegalidad para favorecer a las empresas.

6. La Contraloría General de la Nación, mediante Oficio de agosto 23 de 2012, presenta el informe final obtenido en desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-“ y anunció el “envío de comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa. El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo¨. La trampa y la exclusión favorece a las transnacionales Endesa Enel

7. El 15 de septiembre, Asoquimbo mediante derecho de petición, dirigido a la ANLA solicitó se informe que acciones han sido adoptadas por el Ministerio, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental y se ordene a EMGESA actualizar y complementar el CENSO de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y se identifiquen los impactos y medidas a que haya lugar. La ANLA aún no ha respondido. Como consecuencia del silencio oficial, el 22 de septiembre en el Municipio de Gigante-Huila, se reunieron en asamblea los representantes legales de la Fundación Curibano, Tercer Interviniente en el Licenciamiento del P.H. el Quimbo, la Asociación de Afectados por el P.H. el Quimbo, ASOQUIMBO, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, la Corporación Com-Unidad para el Desarrollo Social, con el acompañamiento del Equipo Gestor de la Red de Veedurías Ciudadanas del Departamento del Huila con el fin de constituirse y designar Veedores Ciudadanos para el proceso de elaboración del Censo de población ordenado por la Contraloría General de la República al P.H. El Quimbo. El 24 de septiembre se radicó la Veeduría ante la Personería del Municipio de Gigante.

8. La Fiscalía, Noticia Criminal No. 410016000584201200105, averigua por los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. No se conocen resultados.

9. El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, envió una Comisión de Funcionarios para inspeccionar las obras de El Quimbo, con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país”, sin que aún se conozca el Informe respectivo.

10. El MADS abrió investigación ambiental contra la empresa EMGESA S.A. E.S.P, mediante el Auto 2870 de 13 de septiembre de 2011 que fue aclarado por el Auto 2976 de 13 de septiembre de 2011, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, en el marco del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, como consecuencia de las medidas preventivas impuestas por medio de las Resoluciones 1096 y 1349 del 14 de junio de 2011”. Aún no se conocen los resultados.

11. El ICANH, mediante resolución No. 102 del 10 de agosto de 2011, abrió trámite sancionatorio contra los implicados en el caso de los hallazgos fortuitos realizados en el mes de abril de 2011, vinculando a las empresas EMGESA y Constructora Maja como posibles infractoras del régimen de protección del patrimonio arqueológico. Aún no se conocen los resultados.

12. Mediante Acción Popular interpuesta ante la Jueza Tercera Administrativa de Neiva el día 31 de marzo de 2008, Rad. 41001-33-31-003-2008-00423-00, trasladada posteriormente al Tribunal Administrativo del Huila se solicitó la suspensión provisional del trámite de la licencia ambiental como medida cautelar mientras se realizan los estudios de Impacto Ambiental Alternativos. Aún no se ha proferido el fallo respectivo.

Cabe resaltar que la apertura de procesos de investigación ha sido producto de la argumentación y de los procesos de resistencia adelantados por Asoquimbo y, en ningún momento, por iniciativa de los organismos del Estado en cumplimiento de sus funciones constitucionales.