Repatriados ilegalmente afrodescendientes del Cacarica
Por segunda ocasión y contra todos los Pactos y Protocolos suscritos por el Estado Panameño y el de Colombia, habitantes de las comunidades afrodescendientes del Cacarica, junto con campesinos oriundos de las cuencas vecinas del Salaquí, que buscaron refugio en el vecino país, fueron regresados forzosamente a Colombia, en el día de ayer, 21 de abril, por unidades de la fuerza pública.
a. Lunes 21 de abril, hacia las 12:30 hora de Panamá, aproximadamente, arribaron dos helicópteros militares a la localidad de Boca de Cupe, Provincia del Darién. Las fuerzas regulares de Panamá reunieron a cerca de 100 campesinos, la mayoría de ellos afrodescendientes, entre ellos 18 personas , de un total de 35, de la Cuenca del Cacarica, que han huido a ese país debido a las amenazas, a las intimidaciones y a las incursiones de tipo paramilitar que se han desatado en el último año en el bajo Atrato. (Informes Ejecutivo 13 y 14).
b. De acuerdo con las primeras informaciones recibidas telefónicamente por nuestra Comisión Justicia y Paz de parte de los repatriados del Cacarica, que ampliaremos en nuestro próximo informe, las autoridades panameñas les manifestaron que los regresarían a Colombia, “allí la policía, la ACNUR, la iglesia, los recibirían”. Luego les ordenaron que subieran a los helicópteros solamente con lo que llevaban puesto, sin dar tiempo a que pudieran recoger los pocos bienes con los que contaban. A algunos que recogieron sus pocas pertenencias, los obligaron a arrojarlas una vez los helicópteros iniciaron el vuelo.
c. Hacia las 13:00 horas los helicópteros arribaron a la localidad de La Miel territorio panameño allí los abandonaron. Los afrodescendientes caminaron durante unas tres horas. Hacia las 16:00 horas arribaron a la localidad de Sapzurro, localidad colombiana en frontera con Panamá, sobre el mar caribe.
Las amenazas, las incursiones, las actuaciones armadas encubiertas de tipo paramilitar, debido a las omisiones, las complicidades de las estructuras militares regulares de la Brigada XVII durante el último año han producido un éxodo de habitantes del Bajo Atrato hacia Panamá. Desde comienzos de año, luego del asesinato de varios “sailas” de las comunidades indígenas en Panamá en desarrollo de la estrategia militar encubierta, se inició una serie de hostigamientos, de intimidaciones y de amenazas sobre los pobladores que buscaron refugio en Panamá.
Hace seis años, casi que exactamente, los gobiernos de Colombia y Panamá, de común acuerdo, violando los principios humanitarios del refugio, repatriaron ilegalmente hacia Bahía Cupica, poblado sobre el Pacífico, a los afrodescendientes del Cacarica que buscaron condiciones de protección en el vecino país, luego del desarrollo de la Operación Militar Génesis, dirigida por el General RITO ALEJO DEL RIO, desde el 24 de febrero de 1.997. Hoy el Gobierno Panameño, violando el Artículo 33, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, referido a la “prohibición de expulsión y de devolución (“refoulement”). Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Nada de esto sin embargo hubiese sucedido si los compromisos suscritos por el Estado Colombiano con las comunidades del Cacarica en diciembre de 1.999, referentes a la PROTECCIÓN Y A LA JUSTICIA se hubiesen cumplido, si las medidas, cautelares solicitadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al Gobierno Colombiano desde el 17 de diciembre de 1.997, se hubieran adoptado; si en desarrollo de las Audiencias celebradas en el seno de la CIDH en Washington en el 2001 y el 2002, el gobierno colombiano hubiera acogido las recomendaciones y propuestas para dar cumplimiento a las medidas de protección y de justicia requeridas para evitar el desplazamiento o la búsqueda de refugio de los habitantes del Cacarica.
2. Hoy en medio de un estado de temor por la presencia militar encubierta de tipo paramilitar en Zapzurro, en condiciones humanitarias precarias o inexistentes, se encuentran los habitantes del Cacarica y el resto de repatriados; mientras que en el Territorio del Cacarica persiste el bloqueo, las amenazas contra los Coordinadores de la propuesta de Resistencia Civil del Cacarica y el desarrollo de una estrategia de control social con la propuestas de la siembra de Palma Aceitera y Coca
a. Miércoles 26 de marzo, hacia las 10:30 hora local fue detenida, por civiles “armados” que forman parte de la estrategia militar encubierta, en el caserío de Tumaradó, ubicado sobre el río Atrato, una chalupa pequeña que se dirigía al Cacarica. Los armados que realizan acciones de control en este lugar desde 1.999 solicitaron a los pasajeros las facturas de lo que se llevaba. Tres cajas con un mercado no mayor de 130 mil pesos (U.S. $ 35), pertenecientes a una Coordinadora del Cacarica, fueron saqueadas. Le exigieron a los pasajeros que si la señora de CAVIDA, quería el mercado debía presentarse ante ellos, porque “nosotros necesitamos hablar con ella”, luego los amenazaron diciendo: “el control sigue, obedecen o se mueren, ya saben no deben pasar más de 60 mil pesos por familia (U.S $ 20)
b. Entre el miércoles 9 y jueves 11 de abril, sin precisar con exactitud la fuente, en un lugar cercano al estadero “El Caney” en Turbo, los reconocidos integrantes de la estrategia militar encubierta CATALINO SEGURA – uno de los participantes en la masacre de pobladores de las Comunidades de Paz en Abril de1.999 y del asesinato de FREDY GALLEGO en Bahía Cupica- y VICENTE MUENTES – uno de los participantes en la Operación militar Génesis de 1.997 y la incursión de junio del 2001 a las Zonas Humanitarias del Cacarica, se reunieron para acordar detalles de un próxima incursión armada a esta Cuenca, y definir los nombres de los coordinadores y de un grupo de habitantes que deben ser objeto de asesinato y de retención. La misma fuente expresó que con la finalidad de lograr un control de la población y la salida de nuestra Comisión de Justicia y Paz de la región, era necesario acabar con el bloqueo económico al Cacarica, trabajar familia por familia de la organización para invitarla a participar en el proyecto de siembra de coca.
c. La Presencia militar en el territorio titulado a las comunidades del Cacarica desde la base paramilitar de La Balsa, persiste, y desde allí se planea rodear social y militarmente a las zonas humanitarias con la pretensión de imponer el “Progreso” de la Palma aceitera y la coca. La deforestación por parte de la empresa Maderas del Darién continúa en el territorio con la protección encubierta de tipo paramilitar y amparada en la ausencia de actuación de las autoridades ambientales.
Es posible que los repatriados del Cacarica decidan regresar a su territorio en el marco de Proyecto de Vida de las Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, sin embargo, las causas que generaron su búsqueda de refugio en Panamá persisten, no se modifican. Las amenazas de muerte a los Coordinadores, los señalamientos a la Comunidad, la intención de control social de la comunidad, las amenazas sobre nuestra Comisión Justicia y Paz, evidencian que el Estado Colombiano nunca ha adoptado las medidas requeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde 1.997. Posibilitar el regreso de las familias al Cacarica requiere que el Estado Colombiano reconozca nuevamente la condición de desplazados de los repatriados y la respuesta inmediata a las medidas cautelares. La emergencia generada por la repatriación urge el apoyo humanitario nacional internacional que genere las condiciones básicas para sus opciones de vida como población civil.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, 22 de abril del 2003