Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado
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SUMATE
Red de Alternativas
A la impunidad y a la globalización del mercado
1. OXACA
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A las Organizaciones Indígenas
A los Organismos de Derechos Humanos.
Hoy 2 de diciembre de 2005, a las 7:00 horas de la mañana fue detenido nuestro
compañero Joel Aquino Maldonado, de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, Villa Alta Oaxaca, por la policía ministerial de la comunidad, previamente apoyada por la sindicatura municipal del municipio de Yalalag.
ANTECEDENTES:
PRIMERO: El 7 de marzo del año 2000, una gran parte de la población yalalteca
inconforme por la forma de administración del municipio, realizó la toma de palacio
municipal, ante esto los aliados de la autoridad de ese año trataron de recuperar el palacio con armas de fuego, en la cual resultó muerto el C. Roberto Limeta Cisneros.
SEGUNDO: Después de este incidente fueron aprehendido 34 compañeros Yalaltecos que habían participado en la toma de Palacio, que tiempo después salieron libres porque las pruebas no fueron suficientes en esta investigación de parte del ministerio publico no hubo una investigación seria pues no hubo aportación de pruebas claves como la pericial, ni de balística, todo se sustento en declaraciones de testigos y sus testimonios falsos, los cuales señalan a Joel Aquino Maldonado, como responsable de la muerte del Sr. Roberto Limeta, siendo que el no estuvo presente en el lugar de los hechos. Sorprende que ahora a 5 años de los sucesos, las Autoridades Municipales y estatales estén removiendo el caso, cuando en los últimos años la comunidad está logrando tener un ambiente de tranquilidad, a partir de la conformación de ayuntamientos plurales, tal es el caso de que para el siguiente años 2006, ya esta integrada el nuevo ayuntamiento y esta elección se dio de manera totalmente pacífica.
Joel Aquino es un compañero que ha luchado por que haya respeto a las\ comunidades Indígenas, a que tanto el gobierno, como al interior de las mismas haya respeto ante todos, por ello estamos indignados por esta injusticia que se está cometiendo. Urgimos al gobierno estatal que tome cartas en el asunto y cuanto antes se ponga en libertad a nuestro compañero Joel Aquino Maldonado.
Les pedimos envíen sus acciones urgentes al juzgado Mixto de Villa Alta, al tel. y fax 50 3 31 32.
Atentamente.
TALLER DE LENGUA Y TRADICION ZAPOTECA DE YALALAG “UKEN KE UKEN”
2. Ahora en Campeche.
DENUNCIAMOS NUEVAS PROVOCACIONES POLICIACAS CONTRA MILITANTES DE “LA OTRA CAMPAÑA”
Agentes de Gobernación federal se presentaron, el sábado pasado, en el negocio de militantes del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) en Candelaria, Campeche, para tratar de intimidarlos y provocarlos con motivo de su participación en “la otra campaña” que ha propuesto el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional).
Baldemar Góngora es el agente de Gobernación que se identificó al presentarse en una farmacia donde trabajan la compañera Sara López y Joaquín Aguilar, ambos integrantes del Comité Municipal del PRT en aquella localidad campechana ya fronteriza con Guatemala.
No es un secreto que el PRT ha asistido en Chiapas a las asambleas preparatorias de “la otra campaña” que ha propuesto el EZLN y que en ese marco ha establecido un compromiso de participación. El agente de Gobernación que interrogó a los compañeros Sara y Joaquín en Candelaria, además de presumir de contar con mucha información personal sobre ellos, les preguntaba sobre la asamblea que realizarían el sábado pasado en una comunidad cercana a “la raya” con Guatemala. Efectivamente, la asamblea es otra más que se realiza en la región para preparar “la otra campaña” que iniciará en enero con la gira del Subcomandante Marcos precisamente en la península de Yucatán. Si bien la realización de estas asambleas y otras labores de difusión de “la otra campaña” no son secretas ni clandestinas, tampoco tienen que ser vigiladas o autorizadas por Gobernación pues se trata de un derecho político que estamos ejerciendo.
Rechazamos todo intento de intimidación contra nuestros militantes activos en “la otra campaña” y en cualquier actividad política. Rechazamos también la insinuación de que estas asambleas en Campeche son supuestamente para el objetivo de preparación militar. El PRT, junto con otras organizaciones políticas de izquierda anticapitalista y movimientos sociales, así como el EZLN, ejercemos un derecho al realizar nuestra actividad política de organización, difusión y propaganda en el marco de “la otra campaña” y no renunciaremos a ese derecho.
México, D. F. a 29 de noviembre de 2005
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES
Edgard Sánchez Ramírez
Por el Comité Político del PRT
3. DENUNCIAMOS AGRESIONES EN SAN CRISTÓBAL, CHIAPAS
Somos un grupo de 15 a 20 organizaciones sociales y organismos de la sociedad civil y otras tantas personas a título individual que hemos conformado un espacio, Deliberadamente no estructurado ni constituido formalmente. Nos une desde hace dos meses el interés, la decisión de preparar, difundir, promover, operativizar y poner en marcha en nuestra región de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, LA OTRA CAMPAÑA propuesta por el EZLN en su SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA (Los Zapatistas nos identifican como “La Otra Coleta”).
Los compañeros Gustavo Jiménez Pérez y Luis Gabriel Ramírez Cuevas participan en este grupo. La noche del domingo 20 de noviembre “seis sujetos vestidos de negro, entre 20 y 25 años de edad, con cabello corto, bien vestidos, atléticos…” irrumpieron en el domicilio de estos compañeros y con armas punzocortantes intentaron asesinar a Gustavo, quien en ese momento se encontraba solo, sin llegar a consumar su crimen. En el interior de la casa sólo se apreciaron las pertenencias desordenadas y hurtos menores.
Dos días después, al regresar a su casa Gustavo y Luis Gabriel en compañía de un abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, encontraron adentro a un individuo (probablemente del mismo grupo que el domingo agredió a Gustavo) quien había destrozado una puerta trasera para entrar y el cual, al llegar nuestros compañeros, logró escapar, profiriendo amenazas.
Además de participar en la promoción de La Otra Campaña, Gustavo y Gabriel han venido denunciando manejos poco confiables e ineficiencia en las acciones que el Gobierno del Estado ha emprendido para atender a los damnificados por el huracán Stan. Quienes formamos parte de este espacio abierto de participación política de La Otra Campaña conocemos, por experiencias propias y ajenas de largos años, los usos y costumbres represivas con que el poder suele “restablecer SU estado de derecho”.
Aunque obviamente sin pruebas, tenemos motivos para deducir que los hechos contra Gustavo y Gabriel forman parte de una estrategia contrainsurgente (en los días del 28 de octubre al 2 de noviembre en que conmemoramos a nuestros muertos como preparativos de La Otra Campaña, varios compañeros sufrieron acosos e intentos de intimidación); que esa estrategia puede desatar una escalada represiva mientras más se acerca el inicio formal de La Otra Campaña, que esa escalada naturalmente va subiendo de tono y que será proporcional al miedo que el poder tiene de La Otra Campaña.
Por esta razón, nosotros NO pedimos una “investigación imparcial” a los
encargados federales ni estatales de la justicia (que concluirían seguramente en que lo de Gustavo fue un “intento de suicidio”).. Tampoco “solicitamos” medidas de protección para los compañeros, porque somos muy mal pensados…
Sólo denunciamos ante la opinión pública los hechos descritos y prevenimos a todos cuantos en el país se han adherido a La Otra Campaña de lo que nos puede seguir sucediendo a todos los que nos embarcamos en esta aventura de querer construir otro México de y para todos.
Nuestra Campaña es totalmente legal, transparente y democrática y exigimos el cese de medidas represivas contra los y las que integramos esta alternativa política en construcción.
Responsable(s) de la publicación:
Fernando Michel Corona
(967) 674-0603
En la madrugada del día 26 de setiembre de 2005, 120 familias del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) llevaron a cabo la ocupación de la hacienda AGRIL en Vila do Riacho, municipio de Aracruz. Fue el mayor latifundio ocupado en 20 años de historia del MST en el Estado de Espírito Santo (Brasil). El área posee 8.695 hectáreas de tierras, de las cuales está confirmado que 3.600 son tierras fiscales. A pesar de pertenecer al Estado, la empresa Aracruz Celulose dice ser la verdadera propietaria de dichas tierras y viene utilizándolas para la plantación de eucalipto y como área de preservación ambiental porque grandes extensiones se inundan y se vuelven inadecuadas para la plantación de dicha especie.
La actividad formó parte de la Semana Nacional de Lucha por la Reforma
Agraria, articulada en el país entero, con ocupaciones de otros latifundios y de 23 sedes del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Sirvió como forma de protesta y presión contra la lentitud en el cumplimiento del Plan Nacional de Reforma Agraria por parte del gobierno federal, que continúa estimulando solamente al agronegocio, en detrimento de la agricultura familiar y campesina. Dentro de la meta de 400.000 trabajadores rurales asentados prometidos durante la campaña electoral de 2002 y reafirmados ese año, en Brasilia, en la reunión con el MST luego de la Marcha de los Sin Tierra, solamente 117.000 fueron realizados hasta el momento. De estos, solamente 20.000 son del MST.
Inmediatamente un día luego de la acción, el Juez de la 2ª Jurisdicción Civil de
Aracruz, Camilo José D’Ávila Couto, concedió rápidamente el pedido de reintegro de posesión a la empresa Aracruz Celulose, estableciendo un plazo de 5 días para la desocupación del área. “Curiosamente”, inmediatamente después el juez solicitó vacaciones. Aun así, las 120 familias allí presentes decidieron mantenerse firmes en la lucha.
El día 20 de octubre, en reunión en la Secretaría de Agricultura del Estado
(SEAG), el INCRA, en asociación con el Instituto de Defensa Agropecuaria y Forestal de Espírito Santo (IDAF), se comprometió a examinar el área de la hacienda AGRIL para identificar las tierras fiscales e improductivas, apropiadas para Reforma Agraria. En dicha conversación, el gobierno también se comprometió a transferir las tierras, identificadas como suyas, al INCRA para que éste las utilice para la reforma agraria. Se estableció un plazo de 30 días para los trabajos de campo.
La semana pasada otro Juez de la 2ª Jurisdicción Civil de Aracruz, Alexandre Farina Lopes, emitió una segunda medida preliminar. Esta medida preliminar autorizaba en forma completamente ilegal a la mayor latifundista del Estado de Espírito Santo a utilizar la fuerza de su seguridad privada (Visel) para cumplir la orden de desocupación.
Prácticamente luego de un mes de resistencia, en la mañana del día 24/10/05, un ómnibus del Batallón de Choque de la Policía Militar fue hasta la hacienda para evacuar a las familias del MST. Con el fin de evitar el conflicto y firmes en el propósito de mantener el campamento, la dirección del movimiento decidió trasladarse para una zona próxima al lugar, cedida por la Intendencia Municipal de Aracruz. Inclusive sin agua y sin energía eléctrica, las familias solamente aceptaron la propuesta debido al compromiso del INCRA, junto con el IDAF de, en el plazo máximo de 30 días, realizar la inspección del área, lo que proporciona una expectativa favorable de que en breve podrán volver a la tierra y utilizarla en forma más justa y productiva.
De esta forma concluimos la presente carta exigiendo que:
el INCRA realice la inspección, junto con el IDAF, de toda el área, cumpliendo el plazo de 30 días establecido durante la reunión en la Seag el día 20/10/05;
la administración del Gobernador Paulo Hartung recupere las tierras fiscales, invadidas ilegalmente por Aracruz Celulose y que las devuelva al pueblo capixaba para que puedan nuevamente cumplir su función social, garantizando un futuro mejor para las familias sin tierra. Actualmente son usadas para enriquecer al mayor latifundista del Estado, Aracruz Celulose S/A;
Solicitamos a todos(as) enviar en forma urgente cartas al Superintendente del INCRA, al Director del IDAF, al Secretario de Agricultura del Estado y al Gobernador de Espírito Santo, con copia al MST en Espírito Santo. Anexamos la carta modelo (favor enviar copias de su carta al MST a la siguiente dirección electrónica: mst-es@uol.com.br
Vitória, 25 de octubre de 2005
Rede Alerta contra o Deserto Verde – Espírito Santo/Brasil
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Carta modelo
Exmo. Sr. José Gerônimo Brumatti -Superintendente do INCRA-ES
Fax: + 55 27 3388-9102
Fax: + 55 27 3326-4037
Email: josé.brumatti@vta.incra.gov.br
Ilmo. Sr. Ricardo Ferraço – Secretário da Agricultura do estado do ES
Teléfono: +55 27 3132-1433
Fax: +55 27 3132-1431
Email: secretario@seag.es.gov.br
Ilmo. Sr. Paulo Sérgio de Azevedo – Diretor do IDAF-ES
Teléfono: +55 27 3132-1514
Fax: + 55 27 3321-3613
Email: idafdp.vix@terra.com.br
Exmo. Sr. Paulo Hartung – Governador do Estado do ES
Teléfono: +55 27 3321-3650
Fax: +55 27 33213613
Email: governador@es.gov.br
De nuestra consideración:
El día 26 de setiembre la hacienda AGRIL, de 8.695 hectáreas, ubicada en el
Municipio de Aracruz-ES, hasta entonces en poder de la empresa Aracruz Celulose, fue ocupada por 120 familias de trabajadores rurales sin tierra del MST. De esta área, se estima que aproximadamente 3.600 hás. son de tierras fiscales. A pesar de pertenecer al Estado, Aracruz Celulose dice ser su propietaria y viene utilizándolas para la plantación de eucalipto.
Apoyamos integralmente la reivindicación del MST para que el gobierno del estado realice la expropiación del área, posibilitando que esta tierra cumpla su función social y garantice un futuro para las familias sin tierra, víctimas de la política de concentración de tierras en manos de empresas del agronegocio como Aracruz Celulose.
Por lo tanto, exigimos al INCRA y al Gobierno del Estado de Espírito Santo que:
el INCRA realice la inspección, junto con el IDAF, de toda el área, cumpliendo el plazo de 30 días establecido durante la reunión en la SEAG el día 20/10/05;
la administración del Gobernador Paulo Hartung recupere las tierras fiscales, invadidas ilegalmente por Aracruz Celulose y que las devuelva al pueblo capixaba para que puedan nuevamente cumplir su función social, garantizando un futuro mejor para las familias sin tierra. Actualmente son usadas para enriquecer al mayor latifundista del Estado, Aracruz Celulose S/A;
Atentamente,
Sigue firma
World Rainforest Movement
Movimiento Mundial por los Bosques
Maldonado 1858
CP 11200 Montevideo
Uruguay
Tel: (598 2) 413 2989
Fax: (598 2) 410 0985
e-mail: teresap@wrm.org.uy
http://www.wrm.org.uy
tildes suprimidos intencionalmente
S E N T E N C Í A
Tras la realización de las tres Vistas Preliminares de Córdoba, Salamanca y Barcelona, ayer, día 22 de octubre, se celebró en Madrid el “Tribunal Internacional de Opinión para juzgar las políticas de Deuda Externa” con la finalidad de enjuiciar la responsabilidad del gobierno español, las empresas transnacionales españolas y las instituciones financieras internacionales en relación con los daños causados por la llamada Deuda Externa en los pueblos del sur.
Esta deuda produce perjuicios desde una perspectiva estrictamente económica, empobreciendo a los pueblos; desde una perspectiva de deterioro del medio ambiente y entorno natural, cuyo daño se trasmite a las futuras generaciones; y desde una perspectiva que fractura la convivencia y la organización política, impidiendo un desarrollo democrático de los pueblos y dañando la sociedad con grave perjuicio y sufrimiento de los sectores menos favorecidos.
Sobre estos puntos versaron los debates, las exposiciones de los testigos, peritos, y los argumentos defensivos o justificativos y sobre los mismos, el Jurado ha emitido un veredicto, tras lo cual, este
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN PARA JUZGAR LA DEUDA EXTERNA
Formula, EN NOMBRE DE LOS PUEBLOS QUE SOPORTAN LA DEUDA EXTERNA y de todos los ciudadanos y ciudadanas solidarios con los mismos, esta SENTENCIA que declara probados los siguientes HECHOS:
1. Constatamos que el monto de la denominada “Deuda Externa” se ha ido acrecentando de forma vertiginosa en las últimas décadas y que supone un claro obstáculo para el desarrollo de una vida digna de los pueblos.
2. Constatamos que el pago de la Deuda Externa cobra diariamente la muerte de personas y es una de las mayores causas de la violencia estructural y de la violación sistemática de los Derechos Humanos de la mayor parte de la población mundial.
3. Constatamos que dicha deuda es ILEGITIMA ya que:
Está pagada con creces.
Los interés son usureros
Se concedió a gobiernos dictatoriales y corruptos sin consultar ni repercutir a sus poblaciones, ya que éstos se destinaron a proyectos improductivos, compra de armamento o se desviaron a cuentas personales en países del Norte y paraísos fiscales.
Es utilizada como instrumento de saqueo permanente del Sur y como medio de presión para imponer políticas neoliberales que lo mantiene entrampado en un ciclo de dependencia y de más deuda.
4. Constatamos la existencia de una DEUDA del Norte CONTRAÍDA CON LOS PUEBLOS DEL SUR que es mucho más profunda y que abarca los valores, el desarrollo de las personas y las comunidades y que legitima los sistemas de dominación y sometimiento de los pueblos. El problema de la deuda es un problema de PODER y de injusta distribución de ese poder a escala mundial, nacional, comunitaria y muchas veces, familiar.
5. Constatamos que la deuda del Norte abarca la inmensa DEUDA HISTÓRICA, contraída tras más de quinientos años de saqueo y destrucción, avasallamiento político y cultural, esclavitud y sometimiento perpetuado hasta el presente por un sistema y ordenamiento mundial que ha institucionalizado la inequidad, el robo, la mentira y la impunidad.
6. Constatamos que los países del Norte han generado una DEUDA ECOLÓGICA la cual tiene importantes impactos sociales y medioambientales, impide la soberanía alimentaría, contamina el aire, el agua y el suelo, provoca enfermedades poniendo en peligro de forma grave la salud pública, y supone una transferencia de carga para las generaciones futuras, además de comprometer seriamente la supervivencia del planeta.
7. Constatamos asimismo una DEUDA SOCIAL por la violación sistemática de los DERECHOS HUMANOS incluyendo los derechos a la vida, al trabajo y un salario digno, la seguridad social, la educación, la salud, el acceso a los medios de subsistencia, la alimentación, agua potable, la vivienda, el derecho a no sufrir destierro, derechos al desarrollo y a la paz.
8. Constatamos la existencia de una DEUDA POLÍTICA de vasta dimensión ya que muchos países tienen usurpada sus derechos a la vida, a la soberanía y a la autodeterminación.
9. Constatamos una DEUDA CULTURAL por el trasvase de valores y perversión del lenguaje que convierte a los acreedores en supuestos deudores; el robo y el saqueo en interdependencia y globalización; la humillación y la auto-complacencia en ayuda y cooperación.
10. Constatamos que el gobierno español así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han participado en la comisión de actos internacionalmente ilícitos, dando apoyo a regímenes criminales, dictatoriales y autoritarios cuando están obligados por el derecho internacional a respetar y hacer respetar los derechos humanos.
11. Constatamos que el Gobierno español, así como la Unión Europea en su conjunto, pone serias trabas a la libre circulación de los trabajadores inmigrantes y viola el Convenio de Ginebra para refugiados, mientras imponen al Sur la libre circulación de capitales y mercancías, a través del FMI, la OMC, el BM y la OECD. La inmigración se produce por la causa de las desigualdades económicas entre los países empobrecidos que tienen, sin embargo, que destinar gran parte de sus recursos al pago de la deuda externa. Así, se condena a buena parte de la población mundial a una situación sin salida. Ni en los países emisores de inmigrantes ni en los receptores encuentran una posibilidad para salir de las condiciones de extrema pobreza que afrontan.
12. Constatamos que el gobierno español ha aumentado la partida de los presupuestos generales del Estado destinada a los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) en un 63,5% respecto al último año. Con ello, sigue utilizando mecanismos de supuesta “ayuda” que perpetúan la generación de Deuda Externa y sirven a la internacionalización de la economía española.
13. Constatamos que el gobierno español utiliza el gasto público y mecanismos públicos de apoyo a la exportación como la CESCE (Compañía Estatal de Seguros de Crédito a la Exportación) para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas que comportan impactos ambientales, económicos y sociales muy negativos en los países destinatarios de la Inversión Extranjera Directa española. Así mismo constatamos la total pasividad e indiferencia del gobierno español ante casos de denuncias por la violación de los derechos humanos y procesos judiciales contra empresas transnacionales españolas tales como Repsol-YPF, Endesa, Union Fenosa, Iberdrola, Gas Natural, BBVA, Grupo Santander, La Caixa, Aguas de Barcelona, Abengoa, FCC, ACS-Dragados, etc.
14. Constatamos que de llevarse a cabo la cancelación de la Deuda Externa del gobierno español al ritmo establecido actualmente, el 4%, necesitaríamos 25 años para alcanzar la cancelación total.
Estos hechos expuestos en el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la Deuda Externa, constituyen una violación grave del Derecho Internacional y sus normas y cuerpos legales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y originarios, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, así como de leyes y normas de carácter nacional e internacional, tales como el Convenio sobre Biodiversidad o el Protocolo de Kioto.
Por ello se condena al Gobierno español, a las instituciones financieras y comerciales internacionales así como a las empresas transnacionales españolas a:
1. Reconocer política y jurídicamente que las mujeres y hombres de los países del Sur son sujetos de derecho. Se debe garantizar satisfactoriamente los derechos de todas las víctimas de la globalización capitalista a la verdad, la justicia y la reparación integral.
2. Ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa. Prohibir cualquier política económica que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en peligro la vida de los ciudadanos o impida la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía alimentaría, educación, salud, vivienda digna, agua potable, soberanía cultural, etc.).
3. Instalar una moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países del estado español con el fin de realizar Auditorias Públicas Integrales y participativas para determinar la ilegitimidad de la deuda exigida.
4. Abolir de forma inmediata e incondicional todas las deudas impagables e ilegítimas. Establecer un calendario de compromisos para adoptar un proceso que muestre la verdad y las responsabilidades políticas y judiciales de aquellas personas y/o instituciones que permitieron, fomentaron e hicieron uso de los créditos ilegítimos. Restituir los daños causados e indemnizar a las víctimas.
5. Reconocer la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos – lo que implica pedir públicamente perdón por los daños y perjuicios causados -, establecer mecanismos para su restitución y aplicar políticas que eviten su generación.
La prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales. La derogación de todas aquellas políticas que fomentan un modelo de producción, transporte y consumo, dependientes de la importación de energías no renovables o la utilización de espacios ambientales fuera de nuestro territorio.
La cancelación de todos los mecanismos de flexibilidad que permitan incumplir los compromisos adquiridos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
6. Establecer, en los ámbitos que proceda, reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales, por la generación de deudas ecológicas, sociales y políticas.
La creación de un fondo de compensación por los daños producidos a causa de la deuda ecológica adquirida por el gobierno español, sus instituciones públicas y las empresas privadas.
7. La eliminación de los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) como instrumento de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el cierre de la CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y el cese inmediato de sus actividades, así como la no contabilización de la cancelación de la deuda como AOD.
8. La no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva Deuda Externa o de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas.
9. Ejecutar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, así como la reducción radical del gasto público militar. Además del no apoyo a leyes que fomentan la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.
10. La incorporación de los puntos expuestos anteriormente en la Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa, actualmente en tramite en el Parlamento español, así como en los Presupuestos Generales del Estado.
11. Promover en el ámbito internacional el no reconocimiento tanto de la deuda externa multilateral como de la privada, y proceder al desmantelamiento de las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.
12. Replantear completamente el concepto de deuda externa para que los países mal llamados deudores sean considerados acreedores y los países generadores de Deuda Ecológica, Social y Política, como el Estado español, sean considerados deudores.
13. Garantizar el derecho a la información y el derecho a informar de los ciudadanos mediante legislaciones que pongan fin a la concentración de medios y favorezcan a la prensa sin animo de lucro.
14. Encaminar todas las políticas públicas y privadas hacia una profunda transformación del sistema económico capitalista.
Ordenamos a todas las autoridades y funcionarios que cumplan y hagan cumplir la presente sentencia contra la que no cabe recurso alguno.
Y así lo declaramos y firmamos en Madrid, a 22 de octubre de 2005.
Firmado, los jueces:
Juana Calfunao (Lonko de la Comunidad Mapuche Juan Paillalef, Comisión Ética contra la Impunidad, Red de Defensores Comunitarios, Chile),
Itziar Ruiz Jiménez (Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid),
Carlos Berzosa (Rector de la Universidad Complutense de Madrid).
Félix Pantoja (Vocal del Consejo General del Poder Judicial).
El Jurado Popular ha fallo de forma unánime que los acusados son culpables de todos los delitos imputados y acusaciones realizadas por la campaña ¿Quién debe a quién?. Este jurado estuve compuesto por Rosa Regás (Directora de la Biblioteca Nacional), Carlos Taibo (Profesor de Ciencia Política en la UAM), Javier Ortiz (Periodista), César Carrillo (Expresidente del sindcato USO de Colombia, exiliado), Eunice Khanyssa Mabyeka (Jurista, Miembro de la Asociación de Estudios Africanos y Panafricanismo), Chini Rueda (Teóloga, Miembro de Católicas por el Derecho a Decidir y del colectivo Somos Iglesia), Gemma Tarafa (Activista contra la Deuda Externa, Observatorio de la Deuda en la Globalización), Jorge Fonseca (Profesor de economía de la UCM) y Begoña Lalana Alonso (Abogada, miembro de la junta de la Asociación Libre de Abogados).